El otro blog para cosas más serias

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jueves, 14 de enero de 2021

Hay que currárselo más


Foto: Pedro Fraile

Dos sentencias recientes de la Audiencia Provincial de Barcelona

La de 13 de noviembre de 2020. El demandante no se molesta en probar ni la relación de causalidad entre la conducta de los administradores y el daño sufrido

7. En el presente caso, el actor alega que el demandado, como hemos dicho, incumplió su deber promover la disolución la compañía o la declaración de concurso, lo que no permitió una liquidación ordenada de su patrimonio y el consiguiente perjuicio. En general, cuando la sociedad incurre en causa de disolución y su administrador incumple el deber de convocar la junta para acordar la disolución de la compañía, conforme lo dispuesto en el art. 367 LSC, el administrador solo responde de las deudas posteriores a la causa de disolución. Sin embargo, el Tribunal Supremo, en sentencia número 472/2016, de 13 de julio (ECLI:ES:TS:2016:3433), admite también la posibilidad que exista una relación causal entre ese incumplimiento legal y el daño directo producido al acreedor por el impago de sus facturas, cuando el actor haya acreditado la desaparición de activos patrimoniales de la compañía, que hubiera podido permitir cobrar sus deudas de haberse seguido una liquidación ordenada. Esa relación de causalidad se basa en una presunción judicial, que admite prueba en contrario que compete al administrador demandado.

Pues bien en este caso, la actora en su demanda se ha limitado a afirmar que "no cabe duda que de haber procedido a liquidar correctamente la sociedad o promover un concurso de acreedores, el crédito que todavía sigue pendiente de cobro, hubiera sido percibido total o parcialmente, con la disposición de los bienes de la sociedad". Añadiendo que "IBI SL, ostenta la titularidad de una patente, la cual, lógicamente tiene unos derechos económicos inherentes, que son perfectamente objeto de negocios jurídicos, que podrían haber otorgado a la empresa, en un hipotético supuesto de disolución o concurso de acreedores, una revalorización y una más que posible compensación económica". La actora no alega que la demandada haya hecho desaparecer sus activos, sino que lo parece que le reprocha es no haber explotado correctamente su derecho de patente. El derecho de patente es un derecho registral, por lo que lo que los actores podrían haberlo embargado y explotarlo correctamente para obtener su indemnización.

Por lo tanto, procede rechazar el recurso y confirmar la sentencia, sin que sea necesario entrar a analizar la infundada pretensión de considerar a Calixto como administrador de hecho de la compañía y la existencia de los demás requisitos.

La de 14 de diciembre de 2020 (se demanda a los anteriores administradores para que entreguen la contabilidad y la documentación societaria. Estos alegan que no la tienen

Los demandados no cuestionan que toda la documentación requerida sea propiedad de la demandante. Sin embargo, alegan que no se encuentra en su poder. El Sr. Saturnino afirma que el auténtico propietario de las participaciones y gestor de hecho era el Sr. Jose Miguel , dando a entender que desconoce donde se encuentra. Este, por su parte, sostiene que toda la documentación se puso a disposición de la compradora de las participaciones sociales NOREN BUSINESS (hecho segundo de la contestación). Al entender de los recurrentes, no se ha acreditado, en definitiva, el tercero de los presupuestos de la acción reivindicatoria, esto es, la posesión de la cosa reivindicada (los libros y documentos contables) por parte de los demandados.

El artículo 25 del Código de Comercio dispone que todo empresario deberá llevar una contabilidad ordenada, adecuada a la actividad de su empresa que permita un seguimiento cronológico de todas sus operaciones, así como la elaboración periódica de balances e inventarios. Por otro lado, el artículo 30 añade que los empresarios conservarán los libros, correspondencia, documentación y justificantes concernientes a su negocio, debidamente ordenados, durante seis años, a partir del último asiento realizado en los libros. El deber legal de diligencia de los administradores comprende el cumplimiento de los deberes impuestos por las leyes y los estatutos, también los referidos a la llevanza de la contabilidad y a la conservación de los documentos contables ( artículo 225 de la LSC) y su incumplimiento puede dar lugar a la correspondiente acción de responsabilidad ( artículo 236 de la citada Ley).

Ahora bien, de esa previsión legal no podemos deducir, sin más, que la contabilidad de VIGILANCIA PROFESIONAL S.L., mientras la sociedad estuvo gestionada por los demandados, se llevara en legal forma y que los documentos contables se conservaran durante el tiempo y en la forma prevista en el artículo 30 del Código de Comercio. No consta, en absoluto, que la documentación contable señalada en la demanda se entregara a NOREN BUSINESS cuando esta adquirió todas las participaciones de la compañía. Sin embargo tampoco consta, como se indica en la demanda, que la documentación sea retenida por los demandados y que la tengan en su poder. No es descartable que la contabilidad no se llevara o se llevara de forma irregular o, simplemente, que se haya extraviado. Por tanto, sin perjuicio de la responsabilidad en que puedan incurrir los demandados caso de haber incumplido un deber legal o caso de haber actuado con negligencia, la acción reivindicatoria no puede prosperar, dado que el éxito de la acción exige que la documentación reclamada sea poseída por el demandado, lo que no ha quedado acreditado. Si se acredita, como parece ser, que los administradores han incumplido sus obligaciones legales en relación con la contabilidad y ese incumplimiento genera algún perjuicio a la sociedad, de índole fiscal o en la determinación de saldos con alguno de sus acreedores, podrá aquélla o sus actuales administradores exigir la responsabilidad de los demandados.

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