Son los precios, ¡idiota!

“No puedo recalcar esto lo suficiente. Una recesión no significa que algo malo ha sucedido. Una recesión no quiere decir que la gente es pobre. Hay una recesión cuando los mercados no ajustan oferta y demanda. Cuando hay obreros sin fábricas y fábricas sin obreros. Cuando hay coches que no tienen quien los conduzca y conductores de coches que querrían tener uno. O cuando hay casas vacías y familias que querrían comprar una. Los precios ajustan la oferta y la demanda en el mercado. Si hay una recesión, hay un problema con los precios”

Karl Smith

¿Quién dijo que la historia no se repite? el caso argentino

Confrontado a un conflicto ya enquistado y publicitado sobre la prevalencia de los intereses petroleros privados e YPF, la opinión pública en Buenos Aires se convirtió a la hostilidad hacia el capital extranjero. De manera general, entusiasta y vivaz [el partido de gobierno] se lanzó a una campaña para obtener dividendos políticos de ese estado de ánimo popular. Pusieron el asunto ante el electorado con garbo característico, cultivando sin pausa las aspiraciones populares para que hubiera control nacional de los recusos del país y el resentimiento latente contra las empresas extranjeras. Se describió la nacionalización del petróleo  como la gran solución a los males de la nación. Se hicieron grandes promesas en el sentido de que una vez que los ingresos procedentes del petróleo estuvieran bajo control nacional, se podría cancelar la deuda externa, y no sería necesario emitir nueva deuda en el futuro. Los fabricantes nacionales dispondrían de una fuente ilimitada de energía barata, lo que permitiría una transición milagrosa y sin dolor hacia una sociedad industrial. El monopolio estatal del petróleo haría posible la eliminación de los impuestos incluidos los aranceles a las importaciones que generaban inflación y fastidiaban a las clases populares. La causa de la nacionalización se hizo enormemente popular entre las clases medias; los ingresos del Estado, procedentes del petróleo no estarían sujetos a vaivenes impredecibles ni al flujo de comercio exterior; a partir de entonces, no habría prácticamente ningún límite a la expansión del sector público y de la burocracia. Con las regalías del petróleo en sus propias manos, [el partido gobernante] se sentía seguro de perpetuar su supremacía.

 Este párrafo lo hemos traducido de un post de Michael Heller titulado "Oil, Keynes and Argentine History" y está sacado de un libro de historia de Argentina titulado "Argentina desde la independencia" editado por Leslie Bethell. Y lo sorprendente es que no se refiere a la situación actual y a la actuación de CFK y su ministro-economista-keinesiano Axel Kiciloff, sino que se refiere a la situación argentina a mediados de los años 20 del pasado siglo bajo el gobierno de Hipólito Yrigoyen. ¿Cómo era eso de que los pueblos que no recuerdan su Historia están condenados a repetirla? Cuando los mejores gobiernos han abandonado el estatismo, el capitalismo de Estado florece, como transformación del "capitalismo de amiguetes" en paises dictatoriales. Lo peculiar de América Latina es que también lo hace en países democráticos. Signo inequívoco de la baja calidad de la democracia argentina.

De Kiciloff, se dice aquí (¡este Carlos Pagni es magnífico!) que "Durante los años en que manejó las finanzas de Aerolíneas, Kicillof no pudo presentar un solo balance. Y fue necesario que el Estado lo auxiliara con un 50% más que lo que él mismo le pedía en cada presupuesto". He volado con Aerolineas Argentinas en semana santa. El avión (jumbo) no había sido reparado desde el año catapúm, había asientos destartalados, el video no funcionaba y tampoco muchas luces individuales. El del viaje de vuelta era algo más moderno y estaba en mejores condiciones. Pero lo que me maravilló fue la infame calidad de la comida a bordo. Como me gusta pensar mal, no pude mas que concluir que el proveedor estaba pagando comisiones a cambio del contrato de suministro y tenía que rebajar la calidad de los productos hasta el extremo para no perder dinero con la ejecución del contrato.

Desahogo: austeridad, crecimiento y salida del euro

Con el agravamiento de la situación, crece el consenso sobre las opciones de las que dispone España: (i) una cura de austeridad de caballo (superavit primario ¡ya!) junto a reformas del mercado de trabajo, financiero, de los mercados de productos y servicios y de todo el sector público que permitan a la economía española recuperar competitividad vía reducción de salarios y precios y vía reducción del sector público y de sus gastos a un nivel sostenible con los ingresos “normales” del Estado (devaluación interna) o (ii) salir del euro, devaluación de la peseta y reestructuración de la deuda. Esas son las opciones de España. Las opciones, para España, de Europa son la de exigir que España adopte una de las dos y apoyarla sólo si adopta la primera. El apoyo adopta la forma de proporcionar liquidez a nuestros bancos durante la fase de reforma y reducción – desendeudamiento – y garantías a nuestros acreedores en relación con las nuevas emisiones de deuda.

A casi todo el mundo menos a Merkel le parece cada vez más que Europa debería mandar un mensaje clarísimo a los que compran deuda pública de que cobrarán la emitida por el Reino de España. Pero a Merkel le parece que en el minuto siguiente, España abandonaría el camino de la devaluación interna. El New York Times, el Financial Times y muchos otros dicen que la misión en la que se ha embarcado el gobierno es una misión imposible. La imposibilidad no es física, ni siquiera – creemos – económica. Al final, lo que se dice es que es políticamente imposible (esto ya lo avisó Pettis hace bastante tiempo) porque provocará tal caos en la sociedad española que la revuelta se hace inevitable.

Si examinamos la cuestión desde el punto de vista de lo que puede y debe hacer España por sí sola, creo que no nos conviene nada salirnos del euro y reestructurar la deuda. Y que tampoco nos conviene que nos sigan dando cuerda, en forma de liquidez sin límite por parte del ECB, para que nos ahorquemos. O nos perdonan parte de la deuda contraída dentro del euro (para lo que podría recurrirse a elevar la inflación en la zona euro de manera significativa) o nos conviene más la primera solución: devaluación interna.

La razón es la siguiente. Decía Jarcha en su famosa canción de la transición que los españoles éramos “gente muy obediente, hasta en la cama”. Y podemos aguantar una cura de caballo si, con un buen colchón, protegemos a los verdaderamente pobres (los que ahora están acudiendo a Cáritas). Por tanto, lo único que no debería reducirse, sino aumentarse, son los gastos verdaderamente sociales, esto es, los que se dedican a garantizar alimentación, habitación, educación y sanidad a los que no pueden autoproporcionársela. Si el pacto nacional recogiera claramente este compromiso, las revueltas podrían evitarse.

El problema de España es que el Estado español no es sostenible y que la economía española es muy poco competitiva (los costes de producir en España son muy elevados relativamente). Ni siquiera podíamos atender a los gastos con los ingresos corrientes en años de bonanza. Los superávit de principios de siglo eran ficticios. Estaban basados en un aumento extraordinario y coyuntural de los ingresos públicos como consecuencia de la burbuja. Los políticos se dedicaron a generar derechos y gastos estructurales contando con tal volumen de ingresos, ingresos que no van a volver ni siquiera aunque volvamos a crecer de modo sostenido. Por tanto, el sector público español tiene que reducir significativamente sus gastos estructurales. Y eso hay que hacerlo sea cual sea la salida de la crisis. Se equivocan, pues, los que sostienen que con más gasto público será posible el crecimiento futuro de la economía y, por tanto, de los ingresos públicos y la eliminación del déficit y del pago de la deuda. No es verdad. Si se vendían 700.000 viviendas en el año 2005 y el sector público se llevaba el 7 % de su precio, suponiendo un precio medio de 150.000 euros por vivienda, se trata de más de diez mil millones de euros de ingresos que no volverán nunca ¡sólo del ITP/IVA!. Si añadimos los impuestos pagados por quienes vieron incrementado su patrimonio por el aumento de precio del suelo y el precio de las viviendas que vendieron, los pagados por notarios y registradores, agentes de la propiedad inmobiliaria y empleados del sector más todos los pagados por los empleados del sector servicios que trabajaban para constructoras e inmobiliarias, se comprende fácilmente que nunca volveremos a ver ingresos públicos tan elevados.

En cuanto al endeudamiento privado, puede considerarse – a diferencia del público – como un acontecimiento histórico concreto y perfectamente irrepetible: hay que reducir notablemente el tamaño de nuestros bancos sobreendeudados y facilitar el desendeudamiento de los particulares. Si el conjunto del sistema vale “algo” en términos netos, hay que ir cerrando los bancos que valen menos de cero y concentrarlo en unas cuantas instituciones grandes y unas pocas medianas que estén saneadas.

Por tanto, y con independencia de la soga de la Merkel, nos conviene aplicarnos una cura de caballo: volver al Estado que teníamos en los años 90, que es el que podemos costearnos sin los ingresos extraordinarios de una burbuja inmobiliaria; adoptar todas las reformas que permitan reducir los costes de producir en España de manera que exportemos algo más que casas (vendiéndoselas a extranjeros), nuestro sol y nuestras playas (turismo) y jóvenes titulados (emigración).

Las devaluaciones del pasado siglo eran un autoengaño que impidió que la competencia internacional nos obligara a ser más competitivos. Lo que tiene que hacer Europa por nosotros (porque los españoles no tenemos la culpa de que nuestros bancos pidieran prestadas cantidades enormes de dinero a los alemanes y franceses y éstos se las prestasen a muy bajo interés. Tanta culpa tuvo el Banco de España que no limitó la actividad de los bancos como las autoridades bancarias alemanas o el Banco de Francia que no limitaron la actividad crediticia de sus propios bancos) es ayudarnos con la reforma del sistema financiero para que éste no nos cueste un potosí a los españoles.

Y, repito, sólo hay una vaca sagrada: los gastos destinados a garantizar que no hay gente durmiendo en la calle, sin poder comprar lo necesario para vivir o con hijos sin escuela o sin médico. Todo lo demás es reducible, incluidas las pensiones, todas las subvenciones a las empresas, todas las inversiones en infraestructura, todos los parlamentos regionales y todas las regulaciones que protegen a grupos de interés.

Desahogo: austeridad, estímulo, crecimiento

El mantra de los últimos meses es que las estrategias para desendeudarnos basadas en la austeridad no funcionan porque acentúan la depresión, impiden el crecimiento y, por lo tanto, reducen los ingresos que los particulares y el Estado pueden destinar a pagar la deuda. El problema con esta afirmación es que no sabemos cuál es la alternativa a la austeridad, o sea, cómo se crece. Si el Estado se metiera, otra vez, a estimular la actividad económica incrementando el gasto público, el resultado seguro es un aumento del déficit, una negativa de los prestamistas a seguir acumulando deuda pública española y la quiebra. Además, no está probado ni es verosímil que estímulos por parte del Estado funcionen en el caso español. No hay ninguna garantía de que el dinero inyectado en la economía no acabe en Alemania tras un aumento de las importaciones, como nos ha ocurrido en el pasado.

Así que, los que dicen que hay que poner en marcha una "estrategia de crecimiento" y no solo de austeridad, me gustaría que explicaran cómo se hace tal cosa.

Entretanto, el Gobierno no está haciendo "lo que hay que hacer" y lo que se suponía que "sabían" que "había que hacer". Recortar linealmente los gastos de los ministerios y las inversiones no es una buena idea.

Si no se suprimen actividades e instituciones públicas, si el Estado, las CC.AA. y los ayuntamientos "no dejan de hacer cosas", los recursos públicos destinados a esas actividades se reducen solo un poco. Por ejemplo, cuesta casi lo mismo gestionar 5000 becas que gestionar 1000. Por tanto, reducir el número de becas no reduce significativamente los "costes fijos" que soporta el Estado. Reducir los programas de producción ajena y la compra de series o películas en una televisión pública no reduce significativamente el presupuesto de dicha televisión. Tiene que seguir pagando todos sus costes fijos. Lo correcto no es obligar a todas las televisiones públicas a ajustarse el cinturón. Lo correcto es cerrar todas excepto las más "eficientes", esto es, las que prestan un servicio de interés general valioso (en el caso de España, probablemente, solo las cadenas públicas que emiten en gallego, euskera y catalán). Todas las televisiones locales deben cerrarse, todas las autonómicas también y TVE quedar reducida a la 2 (¿necesitamos que las transmisiones deportivas las realice una televisión pública?). Así ahorraríamos 2000 millones al año, intensificaríamos la competencia entre las privadas (todo el espacio radioeléctrico liberado quedaría para que particulares lo explotaran) y evitaríamos mucha corrupción y mangoneo político (habría tantas privadas que a quíen le dieran la concesión sería irrelevante). En otros términos, lo que hay que hacer es someter cada negociado, cada empresa pública, cada "Consejo", cada "comité", cada servicio al siguiente test: ¿cumple una función muy valiosa desde el punto de vista del interés general que no está siendo atendida por otras instituciones públicas o privadas? ¿lo hace de manera eficiente? Y si la respuesta no es claramente "sí" a las dos preguntas, proceder - no a su reforma sino - a su cierre. Y no recortar en los presupuestos de aquellas actividades que generan mayor bienestar social. Por ejemplo, Cantabria podría cerrar sus cuatro Filmotecas pero no reducir el presupuesto de su Festival Internacional si éste atrae turistas y publicidad para la región.

Por lo demás, crecen las voces que le dicen al Gobierno que, mientras Alemania no decida cambiar su visión de los problemas europeos, lo que España puede hacer por sí misma es convencer a los prestamistas de que vamos a pagar pronto y bien todas nuestras deudas. Hay quien dice que deberíamos hacer un presupuesto para 2013 con déficit cero.

Y para eso, dicen estas voces, el Gobierno tiene que subir, y mucho, el IVA y bajar, y mucho, los costes de contratar (reducción drástica de la cuota empresarial a la seguridad social y aumento de la cuota del trabajador). Es la única forma de lograr una "devaluación interna", esto es, que los precios y los salarios bajen en España en relación con los precios y salarios en la Europa rica. Que vamos a ser más pobres durante unos cuantos años deberíamos darlo por descontado, pero si los precios y los salarios bajan lo suficiente y si las exportaciones aumentan, la actividad económica puede volver a crecer. Esta es la única "estrategia de crecimiento" que he oido que tenga algo de plausible.La reforma laboral ha sido un primer paso, pero hace falta que contratar sea tan sencillo y barato que, cuando al trabajador le parezca que hay otro sitio donde le pagan un poquito más, sólo un poquito más, deje la empresa inmediatamente. O sea, que los costes de cambiar de trabajo sean lo más reducidos posible. Esto hará más competitivas nuestras empresas que podrán exportar más. Un IVA muy elevado encarece las importaciones. A la vez, los inspectores de Hacienda deben dedicarse a perseguir a los que no declaran y no a hacer la vida más complicada a los que cumplen razonablemente.

Y solo entonces empezaremos a crecer. Si hemos podido vender 2000 millones de euros en vino, podríamos vender 4000 y así, con las lechugas, los coches, las batas, los zumos, los capones, las máquinas - herramientas o las desalinizadoras. Hay mercados que crecen y que comprarían productos españoles a buen precio y hay empresas que pueden crecer muy rápido gracias a esa demanda (recuérdese, no necesitamos microempresas. En España, necesitamos empresas grandes y estas solo existen cuando las pequeñas crecen: hay que suprimir los obstáculos que impiden que las empresas crezcan).

Que la deuda "más gorda" sea la de los particulares y la de los bancos no cambia la conclusión. Al final, es deuda pública si los particulares la traspasan a los bancos (cuando dejan de pagar sus créditos hipotecarios) y los bancos al Estado (cuando tienen que ser rescatados). Por eso es por la deuda pública por la que hay que preocuparse, de que los que tienen ahorros quieran comprarla. De la deuda de los bancos, debe ocuparse el Gobierno haciendo con ellos lo que hace Alemania con nosotros.

Por último, si de verdad el Gobierno tuviera arrestos (ya ha demostrado que está dispuesto a cambiar de opinión las veces que haga falta) para "hacer lo que hay que hacer", prepararía un presupuesto para 2013 con déficit cero, reformaría el seguro de desempleo, reduciría los presupuestos de comunidades autónomas y ayuntamientos en un 30 % dejando a estas instituciones que decidan cómo quieren gastar su dinero (recortar prestaciones sociales o suprimir el Parlamento regional) y rebajaría significativamente las pensiones durante 3 años (excepto las mínimas), suprimiría las de viudedad para el futuro y reduciría la pensión máxima a 1.500 euros al mes durante tres años (al que me diga que, con un sistema de reparto, el jubilado de 2013 "ha pagado" por su pensión, le mando a primero de bachillerato); endurecería las de incapacidad, vendería uno a uno los aeropuertos y cerraría los invendibles, paralizaría todas las obras del AVE; cerraría TVE y todas las teles autonómicas, subiría a 3500 euros las tasas para los estudios universitarios no científicos o técnicos y dejaría de fastidiar a los que realizan una "actividad productiva". Al común de los mortales, ya nos quita la mitad de lo que ganamos.

Si los incentivos son suficientemente potentes, la gente cambia sus hábitos de conducta

Dice el WSJ que Alemania es el gran motor de la economía europea pero que no está moviéndola y que el problema es la fractura entre Alemania y el Sur de Europa. Alemania se está quedando sola en el crecimiento, no ya frente al Sur, sino frente a otras economías del norte como la francesa o la holandesa.

Hace unos años se decía que el gran problema de la zona euro para ser una unidad monetaria es la falta de movilidad de los factores de la producción. Los shocks asimétricos provocan, en los EE.UU., que los trabajadores abandonen las zonas de paro elevado y se trasladen a las que zonas que crecen. En Europa eso no ocurría y las zonas deprimidas se mantienen en la depresión y el paro elevado.

Black decía hace algunos años que para comprobar que la calidad del gobierno corporativo influye en el valor de las empresas había que comparar conjuntos de empresas que se diferenciasen mucho en la calidad de dicho gobierno corporativo. Por ejemplo, las empresas rusas en los años noventa - controladas por depredadores próximos al Kremlin - y las empresas semejantes por sector de actividad de los EE.UU., controladas por administradores que las gestionan en un entorno competitivo y donde se cumplen, en general, las leyes que limitan el robo y la holgazanería de los gestores. Una empresa norteamericana del sector de los hidrocarburos podía valer hasta cien veces más que una empresa rusa semejante. Simplemente, los inversores "esperaban" que el gestor de la empresa rusa se quedase con el 99 % de los beneficios. Un poco más de optimismo es lo que hizo que el gestor del fondo Hermitage se forrara invirtiendo en empresas rusas y tratando de mejorar su gobierno corporativo. Con que consiguiera que los gestores robaran un poco menos, el valor de su inversión se multiplicaría.

La creciente emigración desde España y Grecia hacia el norte de Europa demuestra que los incentivos funcionan. Cuando la diferencia en salarios es suficientemente grande y prolongada en el tiempo; cuando el nivel de paro es suficientemente alto, la gente acaba por hacer las maletas. Y, probablemente, la extensión del programa Erasmus y que la gente viaja más y más barato, reducirán, en el futuro, la diferencia salarial necesaria para que la gente se mueva. No digamos, ya dentro de un país. Los datos de Italia, en este sentido, son espectaculares: millones de sureños siguen emigrando década tras década hacia el norte. Como los gaditanos.

No se trata de hacer más con menos. Se trata de hacer menos con menos

Si tuviera que explicar cuando me di cuenta de que España se estaba desarrollando rápidamente y que los niveles de bienestar aumentaban, diría que fue, a finales de los años ochenta del pasado siglo cuando empecé a notar que los edificios, los jardines y, en general, las instalaciones que utilizaba en mi vida cotidiana eran objeto de mantenimiento. Durante toda mi infancia en Carabanchel, nunca vi que se sustituyeran las plantas de los jardines o que se regara y cortara el cesped. Tampoco, durante mis años de universidad, vi que se “mantuvieran” los edificios donde dábamos clase o que se repararan las ventanas o las puertas; que se pintaran las paredes… Un país medio rico se caracteriza, además, porque desarrolla políticas públicas que van más allá de los servicios mínimos. Cuando yo era joven, el Estado solo te proporcionaba un puesto escolar (y solo a 2/3 de los niños porque las escuelas católicas eran escuelas privadas que los padres tenían que pagar); asistencia sanitaria (muy incompleta como lo prueba la enorme extensión en aquellos años de la “sociedad”, o sea del seguro médico privado) una pensión mínima bastante miserable y poco más. No hablo de las infraestructuras.

A partir de finales de los ochenta, todo cambió. El país se pudo permitir invertir en mantenimiento en general de las instalaciones y espacios públicos y en mejorar sustancialmente esos “servicios esenciales”: la educación obligatoria se hizo gratuita para todo el mundo (los famosos “conciertos”), la asistencia sanitaria se hizo universal y se ampliaron – de hecho – las coberturas por vía de mejora de la oferta y se extendieron y elevaron extraordinariamente las pensiones. El último episodio de esta evolución fue la Ley de Dependencia.

Obsérvese que el mantenimiento de las instalaciones y espacios públicos y la educación y la sanidad son servicios públicos generales, esto es, los beneficiarios son los ciudadanos en general, no un determinado grupo.

Pero también es propio de un país rico que el Estado – el sector público – desarrolle iniciativas dirigidas a proporcionar prestaciones a los ciudadanos que van más allá de la educación obligatoria y la asistencia sanitaria (más el sistema de pensiones). No hablaremos de las infraestructuras. Y esas iniciativas se ponen en marcha porque el Estado controla una parte cada vez más importante de lo producido en el país y ha de justificarse ante su “clientela” ofreciendo más y más servicios. Los políticos tienen todos los incentivos para gastar dinero público en este tipo de prestaciones.

El problema más grave de estas prestaciones es que raramente son universales. Los políticos prefieren prestaciones particulares con grupos de beneficiarios concretos a los que puedan “comprar” mediante tal reparto. Se entenderá pues, inmediatamente, que la corrupción aparezca estrechamente ligada a este tipo de prestaciones públicas.

Si España no va a salir de esta crisis de forma inmediata y ha de reducir estructuralmente su gasto (y aumentar sus ingresos modificando el sistema fiscal pero ese es otro tema), la única forma de hacerlo es reduciendo selectivamente. Cortar el gasto linealmente es un grave error, por lo menos, respecto de todas las partidas que, quizá, no deberían haberse reducido sino, por qué no, aumentado. Pero reducir el gasto linealmente es lo más fácil. Lo más difícil – pero lo correcto – es suprimir políticas públicas.

Estos días se habla de que el programa de becas para que estudiantes universitarios puedan estudiar idiomas en el extranjero se va a reducir a la mitad. Grave error. En primer lugar, es una desvergüenza moral que, cuando no hay dinero para pagar ni a los proveedores, un estudiante universitario pueda irse a Gran Bretaña o a Australia con el dinero de mis impuestos. El programa debe suprimirse. Ya sé que sería deseable que los estudiantes universitarios listos y pobres puedan estudiar inglés en Inglaterra. Pero el Estado – la sociedad – no tiene una obligación de proporcionar a los pobres cursos de idiomas en el extranjero. Si solo se reduce la cuantía de las becas, seguiremos teniendo a cargo de los impuestos los “overheads”, o sea el negociado en el ministerio y en las universidades dedicado a su gestión. Si suprimimos el programa, en un par de años, podremos suprimir el negociado correspondiente.

Podríamos reforzar el argumento con centenares si no miles de programas públicos que deben desaparecer y que desarrollan actualmente. Citaré unas cuantas políticas que han generado muchos de esos programas públicos: política de protección de los consumidores (no corresponde a la Administración sino a las leyes y a los jueces); políticas de vivienda (ni compra ni alquiler); políticas de desarrollo rural (“centro de interpretación de la naturaleza”); política de deportes (los pueblos no pueden mantener los polideportivos que se han construido en estos años. Hay que cerrarlos salvo que haya algún particular que quiera gestionarlos), políticas de la mujer, políticas de la infancia, políticas de juventud, políticas de las personas mayores; ayuda al desarrollo (permitiendo que una parte de los impuestos sea entregada a la entidad privada de elección del contribuyente); política industrial: el Estado no da subvenciones ni participa en el capital de empresas (por ejemplo, aeropuertos). Si se prohíbe al sector público “emprender”, nos ahorraremos el dinero, la infraestructura administrativa para su gestión y bastante corrupción. Si, además, reformamos radicalmente el seguro de desempleo, suprimimos la pensiones de viudedad y las de invalidez (sustituyéndolas por ayudas sociales hasta que cumplan los beneficiarios la edad en que pueden acceder a la pensión de jubilación), suprimimos 5000 municipios y, en general, reforzamos los incentivos para trabajar (y para estudiar lo que puede facilitarnos la obtención de un trabajo) podremos volver a crecer porque nos habremos desendeudado. Sin tocar los servicios esenciales.

¿Qué medida es preferible? Nordhaus: la que proporciona mayores beneficios netos, no mayores beneficios en proporción a su coste

“Suppose we were thinking about two policies. Policy A has a small investment in abatement of CO2 emissions. It costs relatively little (say $1 billion) but has substantial benefits (say $10 billion), for a net benefit of $9 billion. Now compare this with a very effective and larger investment, Policy B. This second investment costs more (say $10 billion) but has substantial benefits (say $50 billion), for a net benefit of $40 billion. B is preferable because it has higher net benefits ($40 billion for B as compared with $9 for A), but A has a higher benefit-cost ratio (a ratio of 10 for A as compared with 5 for B). This example shows why we should, in designing the most effective policies, look at benefits minus costs, not benefits divided by costs.”

Aquí

No parece que pueda haber desendeudamiento de las familias sin algún tipo de “perdón de las deudas”

Tradicionalmente, que el sector privado estuviera endeudado era irrelevante porque las deudas de unos eran créditos de otro. Bueno, siempre que los acreedores y los deudores fueran residentes en el mismo país y pagaran impuestos al mismo Estado. En Europa, parece que los residentes en los países del sur se han endeudado y que los que les han prestado dinero (indirectamente, esto es, son bancos españoles los que han dado los créditos) han sido los del norte (también indirectamente porque los noreuropeos le han dado su dinero a sus bancos que se lo han prestado a los bancos del sur).

Algunos economistas están revisando esta tesis y afirman que el sobreendeudamiento de los hogares prolonga las etapas de recesión porque los hogares sobreendeudados reducen su consumo (porque sus activos valen menos, por ejemplo) y los que no lo están tampoco lo aumentan en proporción suficiente para compensar la reducción de los primeros. Los problemas crecen cuando los activos no son líquidos porque los mercados correspondientes desaparecen o se estrechan (swaps, inmuebles, suelo). En tal caso, los hogares tienen que pagar sus deudas tirando de sus ingresos corrientes.

¿Hay alternativa a la austeridad?

Un sector importante de la opinión publicada (Krugman a la cabeza) sostiene que la austeridad es contraproducente. Que si no hay crecimiento, la carga de la deuda aumenta relativamente porque la deuda no deja de crecer aunque los ingresos que permiten pagarla permanezcan estancados. Hoy, José Carlos Díez, en EL PAIS, vuelve a la carga citando esta vez a Blanchard, que, por supuesto, no propone aumentar el gasto público. Intuitivamente, sin embargo, resulta evidente que hay países que tienen más opciones y países que tienen menos. EE.UU puede permitirse aumentar el gasto público y hacer grandes inversiones en infraestructura para combatir la recesión. Y la razón es muy simple: EE.UU. tiene un potencial de crecimiento muy elevado por muchas razones, entre otras, porque es número uno en la industria de mayor potencial, toda la que tiene que ver con internet y nuevas tecnologías. Y no tiene que hacer transformaciones ni reformas estructurales para asegurarse dicho crecimiento (bueno, sí, su sistema jurídico, en particular, el Derecho de Patentes y de propiedad intelectual y todo su sistema de resolución de conflictos a través de litigios que le cuestan varios puntos de su PIB y, en general, todo su sistema de producción legislativa que es muy ineficiente). Además, EE.UU puede reducir su gasto público de manera muy relevante, simplemente, dejando de hacer guerras fuera de su territorio.

Pero en España, Portugal, Italia etc., estimular la economía para aumentar el crecimiento no es una alternativa disponible. Simplemente, hemos estado viviendo durante una década por encima de nuestras posibilidades, esto es, gastando de forma permanente unos ingresos que eran coyunturales a lo que se ha unido un sobreendeudamiento privado que tendrá que ser “socializado” en mayor o menor medida (esperemos que en “menor medida”). Tenemos que aceptar que vamos a volver a los niveles de bienestar de hace quince años durante unos cuantos. Porque no podemos devaluar la moneda y nadie está proponiendo salir del euro.

A la vez, las reformas estructurales tienen que ir dirigidas a reducir los costes de funcionamiento de la Economía, esto es, reducir el coste de producir y comerciar en España. Esa es la única forma fácil de volver a crecer. Es la que permitió a Alemania salir de su estancamiento. Eso se hace reduciendo los costes de transacción: que sea más “barato” producir y contratar. Que haya que pedir menos permisos, rellenar menos papeles, realizar menos trámites, utilizar menos intermediarios etc. Que los que prestan los servicios públicos lo hagan a menor coste y que se dejen de prestar servicios no básicos.

Hay otra forma de volver a crecer, pero no somos tan listos – y, desde luego, no lo son los Gobiernos – como para asegurar el éxito. Es lo que se dice de fomentar la innovación, mejorar la educación, promover la investigación, apoyar a los sectores de futuro etc. Nadie sabe cómo hacerlo rápido y bien. Así que, mejor dejamos de autoengañarnos. ¿Quién hubiera dicho hace 20 años que Telefonica sería la primera empresa de telecomunicaciones de Europa? ¿quién habría dicho que seríamos muy potentes en el sector textil hace 20 años? (Desigual factura ya 400 millones de euros). Hemos vendido vino al exterior por más de 2000 millones de euros en 2011. Uno puede barruntar que es más fácil hacer crecer significativamente las exportaciones en el sector agroalimentario pero no mucho más. No hay apuesta sin riesgo. Piénsese en las energías renovables y, en particular, en la termosolar.

La deuda pública española puede pagarse con unos cuantos años de austeridad y si no aumenta en los próximos años y si los tipos de interés que se pagan no se elevan. .. Lo dice Blanchard. Los Estados tienen deudas líquidas y créditos ilíquidos (los impuestos que recaudan de sus ciudadanos). Mientras los inversores crean que los segundos son mucho más elevados que los primeros, seguirán prestando. Pero cuando sospechen que un Estado tendrá dificultades para atender al pago de su deuda con lo que recauda (porque la primera aumente mucho y rápidamente como sucede cuando el Estado se hace cargo de las deudas de su sector bancario, por ejemplo), el riesgo de quiebra se aproxima. Y lo que hay que hacer es lo que ha empezado a hacer el Banco Central Europeo: "proporcionar liquidez para asegurar que no suben los tipos de interés que pagan los Estados por su deuda”. Esta es la única mano que nos van a echar nuestros amigos europeos a través del Banco Central Europeo. Y lo que haga Italia nos afecta pero el diferencial no solo no ha disminuido con la llegada de Monti, sino que ha aumentado. Afortunadamente, tenemos una clase política mucho menos ineficiente que la italiana.

Por eso, hace falta llegar al déficit cero con rapidez. Simplemente para que no aumente la deuda pública. No ya para reducirla.

No podemos, seguramente, pagar toda la deuda de los bancos (de nuevo, ¿por qué son los residentes en España los que tienen que pagar las deudas contraídas por otros residentes en España con acreedores no residentes en España?). Por eso, si se crea el banco malo con los solares de todos los bancos, deberíamos hacer, al menos, como en Gran Bretaña y entregar al Banco de España las acciones correspondientes a los dineros que el sector público aporte a ese banco malo para que, si las cosas mejoran en el futuro, los beneficios se los queden los ciudadanos. Es más, si hay bancos o cajas que tienen un valor neto negativo, deberían liquidarse.

Pero los que opinan que no deberían aplicarse políticas de austeridad, deberían explicarnos cómo se ejecuta una política distinta.

Y el colmo es que, desde el otro lado, se critique la subida de impuestos. La acusación según la cual la sufre la clase media es ya ridícula y cualquiera con algo más que el título de ESO debería evitarla. En un país en el que el 80/90 % de la población es “clase media” ¿quién ha de soportar la subida de impuestos? Es pura demagogia. No se han subido los impuestos a las empresas (por ahora) y la forma de recargo – en lugar de modificación de los tipos – en el IRPF hace más creíble el carácter temporal. Se ha subido el IBI y debería subirse más (los bancos tienen ahora un incentivo añadido para deshacerse de las viviendas que tienen en sus balances). En el largo plazo, deberíamos volver a niveles de participación del Estado en el PIB del 35 %. Por eso es importante que la gente se crea que las subidas de impuestos son temporales.

Carta de Margaret Thatcher a Hayek

 

17 de febrero 1982
Gracias por su carta de 5 de febrero. Me alegró que pudiera asistir a la cena que, con tanto cuidado, organizó Walter Salomon. No sólo fue un gran placer sino como siempre, aleccionador y gratificante escuchar sus puntos de vista sobre los grandes temas de nuestro tiempo.
Soy consciente del notable éxito de la economía chilena en la reducción sustancial del gasto público en la década de los años 70. La progresión desde el socialismo de Allende a la economía capitalista de libre empresa de la década de 1980 es un ejemplo notable de reforma económica de la que podemos aprender muchas lecciones.
Sin embargo, estoy segura de que estará de acuerdo en que, en Gran Bretaña con nuestras instituciones democráticas y la necesidad de un alto grado de consenso, algunas de las medidas adoptadas en Chile son inaceptables. Nuestra reforma debe estar en línea con nuestras tradiciones y nuestra Constitución. A veces el proceso puede parecer muy lento. Pero estoy segura de que haremos nuestras reformas a nuestra manera y a nuestro ritmo. Y así, serán duraderas..

Aquí

Me alegra comunicarle que el proyecto para el que Vd. nos hizo una donación tan generosa ha sido un completo fracaso

La charla de TED que incluyo a continuación llama la atención sobre lo importante que es para el aprendizaje no solo publicar nuestros éxitos sino también nuestros fracasos. Lo de “aprender en cabeza ajena” sólo puede hacerse si hemos visto a la cabeza ajena cometer el error que le ha generado el fracaso. Solo analizando por qué le han salido las cosas mal al otro podemos no tropezar nosotros en la piedra que a él le tumbó.

La “extensión de las buenas prácticas” es un mantra en todos los escritos elaborados por administraciones. Pero tan importante como extender las buenas es reducir las malas. Cuando las prácticas son incorrectas, corruptas, desleales o predatorias, es muy fácil identificarlas como malas prácticas. Ahí, lo difícil es descubrirlas. Pero cuando lo que tenemos es negligencia o ignorancia, cuando lo que ha habido es un error de juicio, identificarlo no es tan fácil. A nadie le gusta reconocer sus errores y, a menudo, es muy fácil taparlo o atribuir el fracaso – si se ha producido – a otras causas distintas del error. Los éxitos se comunican y se imitan. Los errores y los fracasos se ocultan.

Y, en este punto, (capacidad para identificar los errores, comunicarlos y corregirlos) también las reglas de gobierno de la organización son importantes. Si los incentivos de los titulares residuales (los donantes en el caso de una ONG) favorecen que las ONGs gasten el dinero en proyectos tangibles, podemos predecir que no se gastará bastante en asegurar la sostenibilidad del proyecto, esto es, en que haya alguien en el pueblo de África que pueda arreglar la red de agua cuando se estropee, que cuente con los incentivos, los conocimientos y los materiales necesarios para mantener la infraestructura en funcionamiento. Porque, para cuando se rompa la tubería, la ONG habrá abandonado el lugar. Y, aunque comprueben años después que el proyecto fue un fracaso, ninguna ONG querrá contar a sus donantes que el proyecto fracasó. De eso va la charla. Y para la diferencia entre fracaso (failure) y error (mistake), mirad este vínculo

Hacer reformas: un listado de las cosas respecto de las que sé un poco

Cada vez lee uno más análisis de cuestiones muy diversas con resultados muy parecidos: no hay grandes ganancias o mejoras como consecuencia de las reformas. En educación, en los mercados energéticos, en la lucha contra la corrupción… Y la explicación parece sencilla. Grandes mejoras solo las hay cuando partes de un nivel muy bajo. Un sistema educativo desastroso, un sector eléctrico muy ineficiente o un país muy corrupto. Cuando se alcanza, digamos, un cierto nivel de mediocridad, las mejoras consecuencia de reformas no están garantizadas porque no es sólo que te equivoques con las medidas sino que las variables que no controlas son muchas.

Si es así, los reformistas en países desarrollados deberían apostar por la simplicidad, la experimentación y la imitación. La simplicidad de las medidas. Si tienes que hacer una ley de 200 páginas (es en lo que ha acabado la Volcker Rule en EE.UU) es probable que los objetivos se logren en muy poca medida y a un coste alto. Recuérdese la inefable Ley de Economía Sostenible, expresión del bajísimo nivel de la Administración bajo el último gobierno. La experimentación significa que las reformas deben dar el máximo de libertad posible para asegurarse de que nos aprovechamos – todos – del mayor número posible de cerebros. Y la imitación debe seguir siendo libre. Al mismo tiempo, las reformas sencillas de hacer (low hanging fruits) y que se han demostrado eficaces, deberían realizarse rápidamente.

Por otra parte, debe ponerse presión sobre las administraciones públicas para que no sean palos en las ruedas de la actividad de los particulares. Hay que pasar del control ex ante y pasivo por parte de la Administración al control ex post y activo. O sea, que la Administración sea más como la Guardia Civil, que previene la comisión de infracciones y sanciona a los culpables vigilando la circulación pero sin entorpecer el tráfico.

Por otra parte, la revolución pendiente en España es la de los incentivos para trabajar.

Sobre estas bases, se proponen algunas reformas

1. Incrementar en un 25 % durante cuatro años las plazas en las facultades de medicina. Existe una demanda insatisfecha. Las notas de corte son muy elevadas y la medicina es la carrera de ciencias más atractiva para los jóvenes españoles que, por lo demás, no muestran un especial interés por las Ciencias y la Ingeniería. El Gobierno podría trasvasar recursos desde las otras disciplinas, singularmente, desde las Ciencias Sociales y las Humanidades para permitir que las facultades de Medicina tengan más grupos. Progresivamente, debería ampliarse el número de hospitales que realizan actividades de docencia. Las ganancias de una reforma semejante son claras: tendríamos menos jóvenes frustrados en su elección y más gente formada científicamente. Si se crean especialidades más allá de la medicina clínica, el número de investigadores y de gestores de empresas de base tecnológica podría aumentar.

2. Todas las películas, series y documentales que se emitan en canales regionales o nacionales deberán emitirse en versión original y subtitularse en español y en la lengua original. La versión original aparecerá por defecto cuando se encienda la televisión.

3. Sustituir los certificados por declaraciones juradas. Cada vez que la Administración exige documentos originales en cualquier procedimiento administrativo (desde los fiscales hasta la concesión de ayudas, becas etc pasando por la matriculación en escuelas y universidades o la inscripción en cualquier registro público – se siguen creando registros a mansalva –) se obliga a los ciudadanos a gastar tiempo y dinero en obtener los documentos que certifican unos datos que los ciudadanos conocen (estado civil, pagos, cobros, actividades desarrolladas, títulos obtenidos….). Por ejemplo, los profesores universitarios que quieren acreditarse deben proporcionar a la agencia de evaluación las pruebas de todas las actividades que han desarrollado en su vida académica. Una declaración jurada, acompañada de una previsión en el Código Penal que sancione como delito la falsedad en estas declaraciones juradas y un control selectivo ex post de la veracidad de las mismas sería suficiente y se ahorrarían enormes cantidades de dinero (el tiempo es oro).

4. Unificar notarios y registradores eliminando el doble control de legalidad.

5. Prohibir la creación de registros públicos salvo que sean on-line (que registrarse sea tan fácil como poner un anuncio en idealista). Quedará suprimida la obligación de inscripción en cualquier registro público que a fecha de 1 de enero de 2015 no esté on-line y organizado de forma que todas las inscripciones puedan realizarse on-line.

6. Tramitación on-line de todos los procesos judiciales de cuantía inferior a 10.000 euros a partir del 1 de enero de 2015.

7. Obligación a la administración de permitir la realización de todos los trámites on-line: pago de impuestos, obtención de certificados, autorizaciones, licencias etc. Todos los documentos necesarios (formularios, fundamentalmente) deben estar disponibles on-line y, de no estarlo, la Administración no podrá imponer sanciones por los incumplimientos correspondientes.

8. Prohibición de exigir a los particulares cualquier información que esté disponible en un registro público bajo responsabilidad del funcionario.

9. Los ayuntamientos deben financiarse con un único impuesto, el impuesto sobre bienes inmuebles cuya cuantía debe aumentarse hasta el nivel necesario para absorber los ingresos por los demás conceptos. Ni el Estado ni las CC.AA. deben gravar los inmuebles. Las tasas por licencias deben eliminarse.

10. Prohibición a todas las Administraciones Públicas de realizar actividades económicas. Las Administraciones Públicas no deben ser propietarias de empresas. No deben prestar servicios que se presten por el sector privado. Han de garantizar que todos los ciudadanos tienen acceso a los servicios que se consideren básicos pero no prestar ella misma servicios no básicos. Los servicios no básicos han de prestarse en régimen de competencia y corresponde a la Administración velar por su calidad y la transparencia en la adjudicación de fondos públicos. Todos los contratos administrativos deben estar disponibles on line. Las instalaciones propiedad de las Administraciones públicas que prestan servicios no básicos deberán ser gestionadas por empresas particulares elegidas mediante procedimientos transparentes y sobre la base de la cobertura de costes (piscinas, polideportivos, teatros, aeropuertos, puertos, estaciones, salas de exposiciones, centros de información)

11. Todos los borradores de normas deben colgarse en internet. Las Administraciones que los elaboren deben explicar quién sale beneficiado y quién perjudicado con cada cambio normativo. Los servicios jurídicos de las Cortes deberán elaborar un memorando explicando los cambios en los proyectos o proposiciones de ley realizados durante su tramitación parlamentaria señalando quién sale beneficiado y quién sale perjudicado con las modificaciones. Dichos informes se publicarán inmediatamente on line.

12. Todos los nombramientos de personal de confianza y de autoridades (directores generales, subsecretarios, secretarios generales técnicos y todo el personal directivo de las agencias públicas, organismos autónomos, magistrados cuya designación corresponde ahora al CGPJ y, en general, todos los altos cargos) deben ir precedidos de la publicación de los currículos de los designados on line con un memorando explicativo de la idoneidad del candidato para el puesto, firmado por la autoridad designadora. La publicación permitirá la realización de alegaciones (como los comentarios de un blog) y de propuestas alternativas por parte de los ciudadanos. La omisión de esta publicación, 15 días antes a su nombramiento, hará radicalmente nulo el nombramiento y la autoridad no podrá volver a designarlo.

13. Reducción radical del número de Ayuntamientos. Cada CC.AA. publicará on-line una propuesta de reducción que garantice que, al menos, se suprime el 40 % de los actuales para no más tarde del 1 de enero de 2015.

14. Supresión de todos los organismos administrativos cuya productividad sea inferior a la media nacional. Sus tareas serán asumidas por la Administración General del Estado o de la Comunidad Autónoma.

15. Los ciudadanos no podrán ser sancionados por no disponer de permisos, licencias, documentos etc si la Administración no les ha notificado previa y específicamente el deber de tramitarlos, el procedimiento on-line para hacerlo y les ha dado un plazo para cumplir con los trámites.

16. Las Administraciones Públicas no interferirán en las relaciones entre particulares. No pondrán en marcha – y eliminarán los existentes – ningún tipo de servicio dirigido a resolver conflictos entre particulares. Resolver conflictos entre particulares es competencia exclusiva de los jueces. Se suprimirán todas las administraciones públicas dirigidas a la defensa de los intereses económicos de los consumidores. Se suprimirán todas las agencias regionales de defensa de la competencia. Se suprimirán todos los consejos económico-sociales. Se suprimirán todas las autoridades con competencia sobre medios de comunicación excepto la CMT. Se suprimirán todas las agencias o autoridades de comercio interior. Se suprimirán todos los consejos de la juventud, de consumidores y similares.

17. Los Abogados del Estado deberán allanarse cuando, de acuerdo con su propio criterio, consideren que el administrado tiene razón. Las Administraciones no podrán recurrir las sentencias que reconozcan derechos a los particulares frente a las Administraciones públicas salvo a través del recurso en interés de Ley. Las Autoridades administrativas que vean revocadas sus resoluciones en más de un 25 % de los casos en un período de tres años por sentencias firmes serán suprimidas (o sus titulares destituidos) automáticamente.

18. Se reformará el art. 122 CE para convertir el CGPJ en algo semejante a la CMT o a la CNC: Un consejo de 5/7 miembros de perfil técnico-político.

19. Se suprimen todas las reservas de actividad excepto las de ejercicio de la medicina por graduados en Medicina y la abogacía por graduados en Derecho. Se reconocen automáticamente los títulos obtenidos en cualquier país de la Unión Europea. La Administración podrá, mediante informe razonado, dictar exclusiones a este reconocimiento automático respecto de títulos y países concretos. El acceso a la profesión de abogado no podrá hacerse depender de ningún requisito adicional a la obtención del grado en Derecho. Se suprime la colegiación obligatoria salvo para abogados y médicos. Todos los colegios profesionales creados por las Comunidades Autónomas o por el Estado se convertirán en asociaciones de Derecho Privado.

20. Se suprimen todas las referencias a los procuradores que aparecen en todas las Leyes y Reglamentos con efectos 1 de enero de 2015.

21. Corresponde a las empresas de distribución y comercialización de gas o electricidad la realización de todos los trámites exigidos por la legislación para realizar el suministro. No podrá exigirse al usuario la realización de ningún tramite salvo la expresión de su consentimiento en cualquier forma.

22. Se suprimen todas las referencias a los fiscales fuera de los procedimientos penales (incluidos los procesos constitucionales). En los procesos de Derecho de Familia, serán sustituidos por la autoridad administrativa que tenga asignadas las competencias en dicha materia.

23. La realización de cualquier actividad económica que no se encuentre en la lista de actividades peligrosas podrá realizarse libremente y no podrá someterse su ejercicio a ningún requisito previo. Incurrirá en responsabilidad personal el funcionario que exija el cumplimiento de requisitos previos aunque los mismos estén incluidos en la regulación que deba aplicar.

24. Las Universidades elegirán libremente a su profesorado, a su personal de administración y servicios y a sus alumnos. Las escuelas podrán decidir libremente el 50 % del curriculum. Seleccionarán entre los que hubieran aprobado el Examen Nacional de Acceso a la Docencia (semejante el MIR) a sus profesores y, si tienen más demanda que plazas disponibles, podrán seleccionar a sus alumnos. Podrán obtener ingresos extrapresupuestarios.

25. Las Comunidades Autónomas podrán legislar por remisión a las Leyes del Estado o de otras Comunidades Autónomas. Los servicios jurídicos de las cámaras autonómicas explicarán y publicarán inmediatamente on-line un memorando que se acompañará a cada Ley autonómica en el que se explique por qué se ha establecido una regulación diferente de la estatal o de la de otra comunidad autónoma.

26. La apertura de establecimientos comerciales, cualquiera que sea su tamaño, quedará sometido a los mismos requisitos. No podrán exigirse requisitos adicionales por tratarse de establecimientos de gran dimensión.

27. Todas las autorizaciones, licencias, permisos, etc emitidas por una autoridad competente serán válidas en todo el territorio nacional. Abierto un procedimiento sancionador contra un particular por una autoridad autonómica o nacional, ninguna de las restantes autoridades autonómicas podrá abrir otro por los mismos hechos aunque la actuación infractora se haya producido en más de una Comunidad Autónoma. La C.A. que así lo desee podrá dirigirse a la autoridad que haya iniciado el expediente sancionador y ser considerada interesada en el procedimiento. Todas las Administraciones Públicas publicarán on-line la apertura de todos los procedimientos sancionadores.

28. Será de aplicación al contrato de trabajo el art. 1255 CC. El Estatuto de los Trabajadores y la Ley del Contrato de Trabajo tendrán carácter supletorio de la regulación pactada.

29. Los tres primeros días de baja serán a cargo del trabajador y serán descontados de su nómina.

30. El seguro de desempleo tendrá una duración de 3 meses y será, en la cantidad concurrente, incompatible con la percepción de cantidades por terminación del contrato de trabajo. Los tres meses se abonarán inmediatamente por la Administración tras la comunicación por la empresa de la terminación del contrato de trabajo y el trabajador será libre para trabajar para cualquier otro empleador desde el día que cause baja por despido en el empleo previo y podrá compatibilizar el salario con la percepción del seguro de desempleo durante esos tres meses. Los trabajadores que, transcurridos los tres meses no hayan encontrado trabajo podrán solicitar prestaciones de asistencia social dirigidas a cubrir sus necesidades básicas. Se garantiza que las Administraciones públicas dedicarán el 75 % de los fondos que han dedicado en el año 2011 a abonar prestaciones de desempleo a la asistencia social en el 2012 y el 60 % en el 2013. Dicha cantidad incluirá las actuales prestaciones por dependencia.

30. Se suprime la pensión de viudedad para nuevos perceptores que tengan menos de 67 años en el momento de enviudar.

31. Las pensiones por invalidez serán un 25 % inferiores a las pensiones por jubilación, sin perjuicio de las ayudas que, por dependencia, puedan otorgarse a las personas que las necesiten.

32. Se suprimen las oposiciones y se sustituyen por el examen jurídico nacional en la línea del MIR.  Se crea el examen nacional de docencia para la enseñanza no universitaria. Las CC.AA podrán establecer un examen jurídico o de docencia regional para la selección de su personal pero reconocerán la nota obtenida por el candidato en el examen jurídico nacional y sólo exigirán pruebas añadidas para verificar el conocimiento de la lengua o el Derecho regional.

33. El privilegio concursal del salario de los trabajadores se limitará a un mes. Se trata de que los trabajadores de una empresa en dificultades la abandonen cuanto antes y se reasignen los recursos humanos de manera rápida. La legislación en vigor incentiva a permanecer – sin trabajar – vinculado a la empresa quebrada.

Una prueba más: lo que se necesita es capitalismo de libre acceso

En esta columna de Campanella se analiza la figura de Berlusconi

According to Machiavelli, a leading citizen is chosen as prince by the favor of his fellow citizens if his authority is perceived as arising from his ability to defend them from the elite (at that time, the nobility). When Berlusconi started his political adventure in 1994, Italians wanted protection from a ruling class that had been revealed to be utterly corrupt. He presented himself as a self-made billionaire, willing to enter politics for the good of the country. His huge wealth was the collateral for his honesty.

Esta explicación encaja con lo que mantuvimos en nuestras entradas aquí y aquí. Para saber por qué los venezolanos votaron a Chaves o los bolivianos a Evo Morales o los italianos a Berlusconi hay que comprender cuáles eran las alternativas que tenían los votantes. Y el sistema era el de un “Estado natural” en el que bandadas de intereses particulares se coaligaban y apoderaban de los ingresos del Estado y los repartían entre un sector de la población vinculado a los grupos más cercanos al poder. Ese reparto del botín (“la casta”) ha alcanzado en Italia una escala espectacular y en Bolivia o Venezuela, también, solo que en Italia son millones los beneficiados por el sistema mientras que en Bolivia o Venezuela eran unos pocos miles. Hay que recordar el discurso del Rey en su entronización: “que nadie espere ni una ventaja ni un privilegio”.

Estos profes de management…

He estado en la Conferencia de la Rafael del Pino con cuatro lumbreras de la Sloan Business School, del MIT. Y, nuevamente, bastante decepcionante. Quizá sea como lo de Pavarotti cantando en Gijón (nada contra Gijón), que solo iba si le pagaban una pasta y no cantaba demasiado bien. No digo que les hayan pagado una pasta, que conste. No lo sé.

Un montón de lugares comunes. Sólo Myers (sí el del Manual de Corporate Finance y la teoría del pecking order) ha dicho algo interesante. El decano – catedrático de Marketing – y los otros dos han dicho lo que les ha parecido. Lo bueno de estas mesas redondas es que no hay ni que preparárselas. Lo mejor es que, a pesar del vicio español de preguntar qué opinan los extranjeros sobre nuestro país, con razón y sin ella, ellos han contestado que no tenían nada interesante que decir al respecto salvo generalidades.

Pero eso es lo que han dicho respecto del resto de los temas (crisis del euro y fomento de las actividades empresariales). El planteamiento era ya disparatado: comparar a los Estados europeos con divisiones dentro de una compañía que tienen problemas de solvencia o iliquidez. La comparación es absurda porque una compañía (aunque sea la cabeza de un grupo y no responda de las deudas de sus filiales) tiene los mismos propietarios residuales, que lo son de todas las divisiones del grupo que, por tanto, tienen incentivos para maximizar el valor del conjunto mientras que los países europeos tienen incentivos (costes de agencia descontados) para maximizar el bienestar de sus ciudadanos y no el de los ciudadanos de los demás países ni el del conjunto de Europa. Y, en relación con los acreedores (cuando una empresa está en quiebra, sus dueños en sentido económico son sus acreedores), lo mismo, mutatis mutandis.

Toda la crisis del euro podría explicarse en términos de costes de coordinación: Alemania estaría dispuesta a que el BCE le diera a la maquinita de imprimir euros para ayudar a España e Italia y a perdonar toda la deuda a los griegos si estuviera completamente segura de que eso no iba a ser el comienzo de un nuevo ciclo de descontrol de las finanzas públicas y sobreendeudamiento o provocar una desvalorización brutal del euro. Y no hay forma de que los países del sur contraigan una promesa creíble de que vivirán de lo que tienen y no de lo que no tienen. Porque hay elecciones. Recuérdese lo que ha venido diciendo Pettis acerca de la difícil compatibilidad entre la democracia y la imposición de austeridad por mucho tiempo. Pero todo el mundo está de acuerdo en que la solución más rápida a la crisis pasa por darle a la máquina de imprimir euros. O sea, la solución preferible no se implementa porque – como siempre – no es una mejora de Pareto.

Pero ya lo del fomento de la actividad empresarial (entrepreneurship) fue lamentable. Para empezar, no sé a quién se le ocurrió que los dos temas tenían algo que ver más allá de que para crecer económicamente tienen que abrirse nuevos negocios. Tras explicar que son muchos los elementos que configuran un entorno propicio para el desarrollo de empresas (buenas instituciones jurídicas, financiación, expertos en prestar servicios a las empresas, demanda para los productos, formación y una cultura favorable a la actividad empresarial) se centró el profesor en la “cultura”. E hizo una referencia a esa famosa encuesta de la que resulta que los niños andaluces quieren ser funcionarios y no empresarios. Y los de Stanford, al parecer, banqueros de inversión.

El profesor usó la expresión “celebrate entrepreneurship”, esto es, alabar y festejar a quien emprende para referirse a cómo se puede cambiar esa cultura antiempresarial que se refleja en ese tipo de encuestas. A mí, esto de la cultura favorable a la actividad empresarial me parece mercancía de segunda. Nuestras plazas – y las de todo el mundo – están llenas de estatuas dedicadas a militares, santos, políticos y, en el mejor de los casos, a científicos o artistas. No hay plazas dedicadas a empresarios que se hicieron ricos (bueno, quizá sí, en su pueblo). Por una buena razón: hacemos estatuas y les damos premios Nobel a los que hacen cosas que nos parecen extraordinarias y no ganan muchísimo dinero haciéndolas. A los empresarios los festejamos haciéndolos millonarios. Y si quieren que los festejemos de otra forma, que hagan como Bill Gates y donen lo que han ganado a sus semejantes. Por eso yo no festejo a Steve Jobs. Si acaso, le pago un precio desorbitado por sus magníficos y bonitos productos.

El problema no es de “cultura”. Es, como siempre, de incentivos. Lo que hay que hacer es cambiar el entorno institucional para que – como dice Sabina - “ser valiente no salga tan caro, ser cobarde no valga la pena”. Los emprendedores – como los que se fueron a América en el siglo XVI o los que fundaron órdenes religiosas – no necesitan que les festejen. Necesitan que les demuestren que siendo empresario podrán ganarse la vida de la mejor forma posible (sin jefe, trabajando en algo que será tuyo, pudiendo tomar decisiones, eligiendo con quién trabajas) porque harán dinero y cambiarán – un poco – el mundo para mejor. Y aunque sólo consigan lo primero, siempre podrán destinar el dinero a que el mundo sea un poco más como a ellos les gusta. 

En definitiva, que no vuelvo a la Rafael del Pino salvo que me juren que el conferenciante no ha pisado una Business School, por muy alto que esté en el ranking. Es mucho más interesante una sesión de twitter siguiendo a los que yo sigo.

La eficiencia de nuestro mercado laboral

Este cuadro lo he sacado de aquí . Lo ha elaborado uno de JPM y lo pone Kedrosky en su blog. Portugal no aparece pero hay una cierta relación entre países con problemas de liquidez y eficiencia del mercado laboral. Lo que es un mercado laboral eficiente lo explica el WEFCR – fuente de los datos del cuadro – como sigue

The efficiency and flexibility of the labor market are critical for ensuring that workers are allocated to their most efficient use in the economy and provided with incentives to give their best effort in their jobs. Labor markets must therefore have the flexibility to shift workers from one economic activity to another rapidly and at low cost, and to allow for wage fluctuations without much social disruption. The importance of the latter has been dramatically highlighted by the difficulties countries with particularly rigid labor markets—such as Spain—have encountered in recovering from the recent major economic downturn. Efficient labor markets must also ensure a clear relationship between worker incentives and their efforts, as well as equity in the business environment between women and men.

Más efectos no pretendidos de las medidas de control (Argentina)

Es indefectible que cuando se restringe el acceso a un bien en el mercado oficial, el mercado negro incremente su actividad y los precios suban. Es lo que parece que está pasando en Argentina tras la introducción de las medidas restrictivas de la libre adquisición de dólares. Al parecer, los argentinos se fían tanto de su moneda que, cuando compran o venden una casa, el pago del precio se hace en dólares. Como ahora no pueden comprar dólares libremente, las transacciones inmobiliarias se han parado.

El sector del turismo – como otros sectores que reciben pagos en dólares y pagan en dólares a sus proveedores – han creado un mercado paralelo cuyas cotizaciones no se corresponden con las oficiales.

Y, al parecer también, las casas de cambio no atienden el teléfono, probablemente, porque tienen a los funcionarios de la Agencia oficial en la propia a AFIP en casa.

El siguiente efecto es que la gente, que no puede obtener fácilmente dólares cuando los necesita (y en Argentina parece que se necesitan para muchas cosas), pretenderá retirar sus depósitos en dólares de los bancos. Es decir, más dinero en el colchón y menos control de las autoridades sobre el volumen de dólares. Como el gobierno se sienta tentado de poner restricciones a dichas retiradas, será inevitable pensar en que se está preparando un nuevo corralito.

The Economist contra Pettis

En la entrada anterior nos hacíamos eco de la opinión de dos economistas acerca de los beneficios que Alemania ha obtenido del euro. Pettis sostenía que la política de tipos de interés (ultrabajos) condujo a las burbujas en los países del Sur como España cuando Alemania reducía su consumo. Los países del sur como España, según The Economist, tenían

“a third, sensible choice: prevent hot money inflows into unproductive sectors like real estate and government consumption by balancing the budget over a sensible business cycle (taking into account the large cycles in currency unions, and booms in unproductive sectors), and through aggressive macro-prudential regulation”.

Sigo más de acuerdo con Pettis: ¿no es la fijación de tipos de interés la principal herramienta de un gobierno soberano para controlar el volumen de crédito que hay en la Economía? ¿no tuvo España superavit en los años de bonanza? La política monetaria del euro benefició claramente a Alemania, que estaba saliendo de años de recesión y facilitó sobremanera la formación de la burbuja en España. Si los tipos de interés hubieran sido más altos, las Cajas no habrían podido financiarse a tipos tan bajos en el mercado mayoristas y la demanda de viviendas se habría reducido. Y decir, a continuación, que los tipos eran excesivamente altos para Alemania, es contradictorio con la visión general de que esta recesión la causó el exceso de crédito fundado en tipos de interés reales negativos.

En el mismo día, dos dicen lo mismo: hay que “rebalancear” los flujos en el seno de la zona euro

Los dos tratan de desmontar la historia de “nórdicos europeos buenos ahorradores y trabajadores infatigables” y “sureños vagos y despilfarradores”. El primero explica que justo con la introducción del euro, los alemanes dejaron de tener déficit comercial y que la política del Banco Central Europeo favoreció a Alemania descaradamente. Vean los cuadros que recoge Pettis que son muy significativos: los alemanes se volvieron ahorradores justo cuando se introdujo el euro. El segundo explica que el plan europeo (es decir, alemán) puede funcionar muy difícilmente y a costa de muchos años de recesión en buena parte de Europa. Y los dos coinciden en que noli foras ire, in interiore Europae habitat veritas, o sea, que no hay que pedir a países terceros que aporten capital a Europa, porque Europa no lo necesita. Son Pettis y Gavyn Davies. Que España debe reformar su economía, sanear los bancos etc., es evidente pero no por la crisis de la deuda, sino porque con las reglas vigentes en nuestro país, ni siquiera creciendo al 5 % hemos conseguido bajar la cifra de paro a menos del 9 % que, en los EE.UU, por ejemplo, se considera una desgracia nacional. Las reformas que ahora se le piden al nuevo gobierno se le pedían también en los años de bonanza (y hubiera sido mucho más fácil hacerlas).

La conclusión de ambos

PETTIS The only way to save the euro (and incidentally to prevent Germany’s banks from being forced to absorb huge losses on peripheral European debt) is for Germany to spur consumption and investment enough to reverse the current account surplus.

DAVIES Is there any way of improving the chances of success for the eurozone’s chosen strategy? Theoretically, yes. Germany, as the main creditor nation could choose to grow faster, and accept higher domestic inflation for a while, in order to ease the process of adjustment. In practice, Germany shows no sign of accepting this, but it is the best solution available, not only for the debtor economies, but also for Germany itself.

PS.  Cinco Días se ocupa de lo mismo

Desligarnos de Italia

En LA VOCE donde se señala que los 140 puntos de subida de la deuda italiana en relación con la española (de pagar 70 menos a pagar 70 más) suponen, para los italianos, 27 mil millones de euros. ¡Ay que caro es Berlusconi!

Argentina: efectos no pretendidos

El Diario La Nación publicaba ayer sábado que, desde hoy, los argentinos no pueden cambiar pesos en dólares libremente. El banco deberá solicitar autorización a la AFIB (Administración Federal de Ingresos Públicos) que la dará en función del uso que el ciudadano quiera dar a los dólares de modo que, si se adquieren para guardarlos en el colchón (y protegerse frente a la inflación), la AFIB la denegará como lo hará siempre que “el comprador no pueda demostrar capacidad patrimonial acorde con el monto de divisas que demande o no pueda justificar adecuadamente el origen o destino de los fondos involucrados en la operación”.

Además, sólo se podrán obtener divisas personándose en un banco. Las vías alternativas (cajeros, banca por internet) que suponían el 20 % de las transacciones, quedan cegadas. Esto, al día siguiente de que la Sra. Fernández haya ganado las elecciones (¿por qué no lo hizo antes?).

La pregunta es: ¿qué efectos tendrá una medida semejante? Parecen claros, dos. El primero es que perjudica a los más pobres ya que les priva de la única vía que tienen para proteger sus ahorros de la inflación (entre el 20 y el 30 % anual en Argentina). El segundo – podemos predecir – es que aumentará la delincuencia y el tráfico ilegal de divisas porque las llamadas “cuevas” o casas de cambio irregulares harán su agosto. Y lo primero, porque más gente será estafada en esos circuitos irregulares y más gente andará por la calle con efectivo en cantidades no despreciables lo que entenderán inmediatamente los amigos de lo ajeno que incrementarán su actividad en las vías públicas (es más, los empleados en dicho circuito se asociarán con los delincuentes).

El Gobierno dice que no pasa nada y que todos los argentinos podrán comprar divisas. Pero claro, cuando lo dice un gobierno que pesificó todos los depósitos en dólares y que impidió a los ahorradores sacar su dinero de los bancos, se comprenderá inmediatamente que los argentinos crean que hay un “Corralito 2” en marcha.

Eso sí 4000 funcionarios de la AFIB estarán el lunes en las 4700 oficinas bancarias (¿sólo hay 4700? ¡ah claro!, para qué quieren bancos los argentinos si no hay crédito ni – ahora – posibilidad de cambiar divisas!) del país para ayudar a los empleados bancarios a aplicar la medida.

Cualquiera que crea que un país europeo se puede salir “ordenadamente” del euro, debería pensárselo dos veces.

¡Gracias, Rosa por el vínculo al artículo de LA NACIÓN!

 

PS. The Economist, sobre el tema