Hace unos meses necesité, para unos trámites familiares que me exigió la Agencia Tributaria, el Libro de Familia que, lamentablemente, se había perdido. Un amigo magistrado, pero a pesar de eso muy moderno, me dijo, resolutivo: "No te preocupes. Eso lo obtienes por Internet". Y apelé a Internet, en donde se informaba de que había que ir al Registro Civil Único de Madrid, y que "para obtener un duplicado es necesario que acuda uno de los cónyuges con su DNI". Allí que acudí yo con mi DNI ¡y con el de mi difunta esposa, por si acaso! Cuando llegó mi turno en la cola de la planta quinta, tuve que pasar a la de la cuarta, porque yo no me casé en Madrid, sino en Benimantell (Alicante). Lo pedirían y tardaría unos dos meses. "¿Y ya entonces me dan el duplicado del Libro?", pregunté. "¿Tiene usted hijos?", inquirió el funcionario. "Sí, tres hijas", contesté. "Entonces, según donde nacieran, tendrá que traerme usted una partida de nacimiento de cada una". "Pero yo sólo quería un duplicado del Libro de Familia, porque creía que todos esos datos públicos los tenían ustedes informatizados". "Los trámites son los que yo le he dicho", contestó muy educadamente el funcionario. O sea, tenía que reconstruir yo el Libro de Familia, no hay duplicado que valga. El problema no era de Internet, sino de la Administración, pero mi amigo me había invocado Internet como una panacea. (El desánimo acentuó mi capacidad de búsqueda y terminé encontrando el Libro en un rincón recóndito de un cajón).
Pregunta: ¿Por qué no reacciona indignado el Ministro de Justicia ante tamañas falsedades? Todo el mundo sabe que los trámites ante el Registro Civil se pueden realizar por Internet cómoda, rápida y gratuitamente. Que en las oficinas del Ministerio de Justicia no hay colas que guardar y que jamás te piden un papel que ya tenga la Administración.
¿Cuántos negocios se están dejando de hacer, cuánta riqueza se está dejando de generar porque todos los registros públicos (civil, mercantil, de la propiedad, de asociaciones, de cooperativas, de franquiciadores, de alimentos, de especialidades farmacéuticas, matrículas universitarias, del desempleo, de becarios....) no están disponibles en Internet de forma que cualquiera
pueda acceder y procesar esa información? ¿Cuánta corrupción se evitaría si las Administraciones públicas tuvieran que colgar en Internet toda la información sobre ofertas de contratos, denuncias urbanísticas, informes técnicos etc? Ya sé que se alegarán las normas de protección de datos. Pero para resolver ese problema, basta con pedir a la Agencia de Protección de Datos un certificado previo a la puesta a disposición en Internet.
