A finales de la década de 1950, hubo un importante caso antimonopolio contra los fabricantes de equipos eléctricos que supuestamente se habían puesto de acuerdo y habían fijado los precios. En un artículo inédito y sin fecha, presumiblemente escrito poco después del caso, Alchian muestra que lo que sucedió era coherente con la teoría económica. La colusión tuvo éxito, señala, principalmente porque parte de la demanda provenía de la Administración Pública que utilizaba subastas para adjudicar los contratos con ofertas selladas, esto es, secretas por parte de cada fabricante ¿Por qué eso era relevante? Alchian explica que uno de los mayores problemas que tienen los que participan en un cártel es hacer cumplir sus acuerdos colusorios. Si no pueden saber si alguno de ellos incumplió e hizo una oferta a un precio más bajo del acordado, es fácil para las autoridades de competencia descubrir y sancionar el cártel dados los incentivos de los cartelistas para incumplir y quedarse con todo el mercado. Lo que hace que sea relativamente fácil para los cartelistas saber quién ha incumplido (y desincentiva, por tanto, el incumplimiento dando estabilidad al cártel) es que el comprador del producto cartelizado publique las ofertas de cada uno de los participantes. Y eso es exactamente lo que hacía la Administración Pública, publicar todas las ofertas con los nombres de los oferentes y el precio ofrecido por cada uno de ellos. Los compradores particulares, por el contrario, señala Alchian, no utilizan este tipo de licitación lo que los hace menos vulnerables a la colusión de sus proveedores. … se dan cuenta de que la publicación de todas las ofertas a todos los licitadores socavaría esa estrategia.
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