He respondido al formulario sobre la futura Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación 2028‑2034. Creo que el principal problema del sistema español no es la falta abstracta de recursos, sino la combinación de burocratización, incentivos mal diseñados y subordinación creciente de la política científica a criterios extracientíficos.
No es solo que se financie mal, sino que se ha consolidado un aparato gestor incapaz de distinguir entre excelencia y mediocridad y, en cambio, muy agresivo en la multiplicación de cargas procedimentales, controles previos y exigencias ideológicas o regulatorias ajenas al mérito estrictamente científico.
Esta desviación no afecta únicamente a la gestión de las convocatorias, sino también a la selección misma de lo financiable, porque las prioridades se ordenan en función de agendas de sostenibilidad, transición climática, igualdad en lugar de examinar la calidad intrínseca de la investigación y su capacidad efectiva para generar conocimiento e innovación.
Por ejemplo, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades presenta la perspectiva de género como eje de la planificación y de la evaluación del sistema, y la Agencia Estatal de Investigación ha aprobado directrices específicas para que esa perspectiva se valore en todas las fases de la investigación, incluso en ámbitos tecnológicos. La Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021‑2027 incorpora expresamente entre sus objetivos la igualdad real entre mujeres y hombres y ordena las prioridades temáticas en torno a líneas como clima, energía y movilidad o alimentación, bioeconomía y medio ambiente. A ello se añade que el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación integra en la financiación ordinaria el principio de “no causar un perjuicio significativo”, (Do No Significant Harm (DNSH), un principio del Derecho de la Unión Europea según el cual una actividad financiada con fondos europeos no debe perjudicar de manera importante ninguno de seis objetivos medioambientales definidos por la normativa europea) con memorias y controles de cumplimiento específicos. El resultado es un sistema en el que la investigación ya no compite solo por su calidad, sino también por su capacidad de acomodarse a las prioridades políticas y requisitos adicionales que tienen poco que ver con la ciencia misma y que generan, sin embargo, enorme trabajo burocrático sin ninguna utilidad real. Esperemos que la IA sustituya a los investigadores en el cumplimiento de estas tareas pero me sospecho que también sustituirá a los funcionarios que deben verificar tal cumplimiento.
Como soy muy pesimista respecto a la capacidad de las administraciones públicas españolas de gestionar ni siquiera el reparto de caramelos a la puerta de un colegio, me cuesta encontrar aspectos de la gestión de la Ciencia en España que hayan funcionado bien. Creo que toda la Administración funciona mal (y eso que ahora disfrutamos de todos los avances que nos han proporcionado los "tecno-oligócratas" norteamericanos) y que nadie tiene, en el sector público, los incentivos adecuados para que las cosas funcionen.
A mi juicio, los recursos (del Estado y de las CCAA) deberían concentrarse en unos pocos grupos grandes en tamaño y excelentes en su desempeño en física, matemáticas, bioquímica, biología molecular, medicina e ingeniería, con financiación suficiente y libertad de gestión. La microgestión burocrática ex ante debería sustituirse por una rendición de cuentas rigurosa y posterior, previéndose la contratación de interventores externos especializados cuando el volumen de fondos lo justifique.
Al mismo tiempo, deberían suprimirse todos los proyectos financiados en Derecho, Humanidades y Ciencias Sociales (podría hacerse una excepción para grupos experimentales, por ejemplo en Arqueología o Economía). La financiación por proyectos carece de sentido: esas disciplinas requieren sobre todo elevar el presupuesto ordinario para bibliografía, equipos y movilidad académica, no convocatorias pensadas para las ciencias experimentales.
En fin, en España todas las administraciones públicas y muchos ministerios tienen convocatorias de proyectos de investigación. Los más ridículos, los del Instituto de la Mujer. Pero hasta esos parecen serios cuando se comparan con los proyectos que financian las CCAA, los ayuntamientos ¡o las propias universidades! que se dedican - parece - a otorgar "premios de consolación" a los proyectos que no han conseguido financiación en otras instancias. Es la ideología de café para todos aunque acabemos todos (los que valen y los que no valen) bebiendo un mejunje a base de achicoria.
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