Don Quijote enloqueció por leer demasiada ficción, pero no por ello vamos a prohibir a Uclés o a Juan del Val que publiquen otra novela, a pesar del evidente daño que —según algunos— están causando a nuestras adolescentes
Según una encuesta a usuarios de Instagram, solo el 2 %presentaba riesgo clínico de adicción. Sin embargo, el 18 % afirmaba que «se sentía» adicto. Según el estudio más amplio que se ha realizado hasta ahora, no hay una relación de causalidad significativa entre el uso de tecnología —especialmente del móvil— y el bienestar mental. Más bien parece que tenemos, por un lado, un problema de sobrediagnóstico de enfermedades mentales y, por otro, uno de causalidad inversa: las redes sociales atraen a determinados perfiles psicológicos que puntúan alto en ansiedad o depresión.
Al respecto, uno está convencido de dos cosas.
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La primera es que casi todo es potencialmente adictivo, pero que solo algunas adicciones son gravemente peligrosas por la rapidez con la que producen efectos físicos sobre nuestro cerebro. Al parecer, la nicotina tarda siete segundos en llegar a las neuronas, porque pasa muy rápidamente de los pulmones al torrente sanguíneo y, de ahí, al cerebro. Estos efectos físicos permiten establecer relaciones de causalidad —y determinar su dirección—, algo que resulta muy difícil en cualquiera de los problemas que estudian las ciencias sociales. En esta columna, Arcadi Espada explica muy bien la relación causal establecida entre fumar y el cáncer de pulmón.
Así que nos queda la especulación basada en indicios.
Y parece plausible que el principal efecto negativo de las
redes sociales —como sugiere Olympia Campbell— no sea el enloquecimiento de los
adolescentes, sino su coste de oportunidad, es decir, aquello que los
adolescentes dejan de hacer por estar en TikTok o WhatsApp. Al respecto, no
creo que quienes se pasan varias horas al día viendo vídeos estén dejando de
estudiar física cuántica, teoría de la evolución o la Revolución Papal del
siglo XII. Están dejando de ver la televisión (¿no les extraña que las televisiones sean las principales detractoras de las redes sociales?). Y eso no es malo. Lo malo parece
ser que los niños están socializando menos, jugando menos al aire libre y sin
vigilancia de adultos, o distrayéndose más cuando deberían estar concentrados.
El efecto no sería un deterioro de la salud mental, sino una prolongación de la
ya larguísima infancia del ser humano, lo que tiene sentido si tenemos en
cuenta que hoy nos morimos mucho más tarde que antaño.
De los beneficios de las redes sociales, sin embargo, oímos
muy poco —de los beneficios de leer ficción, en cambio, oímos mucho—. Pero los
tienen y son probablemente inmensos. El más importante es el acceso a la
información. Casi todos los artículos que he utilizado para redactar esta
columna proceden de redes sociales.
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La segunda es que, como recuerda Alison Gopnik, nuestra
capacidad de adaptación, proporcionada por la evolución, es siempre mayor de lo
que pensamos. Gopnik cuenta que, de niña, sufrió una terrible adicción a los
libros (hasta el punto de que, cuando ingresaron a su hijo en el hospital, lo
primero en que pensó fue en no olvidarse de meter en el bolso el libro que
estaba leyendo esos días). Y conviene recordar que Don Quijote se volvió loco
por leer demasiada ficción.
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La conclusión que uno extrae de estas dos cosas es que,
mientras no se demuestre algo parecido a lo que experimentamos al fumar
respecto de cualquier actividad que se diga que es adictiva y que daña
psicológicamente, deberíamos ser muy escépticos, especialmente cuando quienes
advierten de la adicción son miembros de grupos conflictuados o académicos cuya
«ciencia» está todavía en pañales, como ocurre con las ciencias sociales. Estos
académicos tienen incentivos —y una determinada ideología— para crear
cotidianamente nuevas categorías de «víctimas» o «colectivos vulnerables» a los
que proteger del capitalismo y del progreso tecnológico.
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En las últimas semanas, hemos conocido que un jurado norteamericano ha condenado a Meta y a otros propietarios de redes sociales por dos tipos de conductas concretas: por intensificar los elementos adictivos de las plataformas, en un caso californiano, y por la insuficiencia de las barreras a los contactos entre pedófilos y menores, en un caso en Nuevo México. Los litigantes han copiado la estrategia que se utilizó contra las compañías tabaqueras: la culpa no es del fumador, sino del «diseño» del producto por parte de los productores de cigarrillos. Las condenas son «provisionales» porque han sido recurridas. En cualquier caso, las empresas condenadas pueden continuar con su actividad. En contraste, en bastantes países con gobiernos progresistas se pretende prohibir el acceso a las plataformas por parte de los menores. Es decir, se pretende prohibir una actividad, al menos para una parte significativa de la población.
¿Qué estrategia es preferible? Salvo para casos como los de los medicamentos que pueden causar la muerte o graves malformaciones, sin duda, la norteamericana.
La litigación ex post para exigir la indemnización de los daños es más
eficiente que la regulación ex ante, que es la técnica que se tiende a utilizar
en Europa, y que, en la práctica, prohíbe actividades que tienen efectos
positivos sobre el bienestar general, aunque también tengan —o puedan tener—
efectos negativos. Los americanos no tiran al bebé con el agua sucia de la
bañera y, sobre todo, no suprimen innovaciones en sentido amplio antes de
comprender, junto a sus efectos negativos, su potencial para mejorar la vida de
las personas. Meta corregirá algunos elementos de sus plataformas —como ha ido
haciendo en materia de protección de datos y publicidad—, pero las condenas no
tendrán como efecto la desaparición de las redes sociales. Este coste de la
regulación puede ser enorme, dado el carácter cumulativo y cultural de las
innovaciones. ¿Cuántas empresas se han dejado de constituir en España porque laregulación laboral impide cerrar rápidamente las que fracasan? ¿Cuántas de
ellas valdrían miles de millones de euros? Nunca lo sabremos, porque nuestro
Derecho del Trabajo impide esos cierres.
La regulación tiene, en principio, la ventaja de permitir
una evaluación mucho más cuidadosa de los costes y beneficios de la actividad
regulada. Pero si se tiene en cuenta cómo se produce realmente la regulación
—recuerden lo de Bismarck, las salchichas y las leyes, y piensen en la
regulación europea de la inteligencia artificial o de la protección de datos—;
la bajísima calidad intelectual y moral de nuestros legisladores —piénsese en
cualquier ley aprobada por Yolanda Díaz, Irene Montero o Ione Belarra, pero
también en las aprobadas por Putin o por el gobierno de Senegal— y la enorme
influencia que grupos de presión identitarios o muy ideologizados pueden tener
sobre la regulación que efectivamente se pone en vigor, la conclusión sobre la
superioridad del modelo norteamericano se refuerza.
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En fin, la regulación no garantiza que quienes sufren daños reales —en el sentido de pérdidas económicas o de calidad de vida— sean indemnizados, ni que lo sean por quienes han causado esos daños, lo que destruye los incentivos para no producirlos en primer lugar. Que yo sepa, no hay ninguna sentencia dictada por un tribunal civil en la que se ventile la responsabilidad civil de nadie por los daños sufridos por millones de españoles como consecuencia del gran apagón. La razón es que los procesos penales tienen precedencia y la responsabilidad civil se ventila en esos procesos, pero solo cuando se afirma la existencia de delitos. Si, tras años de investigación, el procedimiento penal se archiva, los incentivos para presentar entonces una demanda de responsabilidad civil —con miles o cientos de miles de afectados y cuantías individuales no demasiado altas— se diluyen. Me parece evidente, por ejemplo, que Red Eléctrica es culpable del apagón en el sentido del artículo 1902 CC. (véanse los argumentos en esta entrada y sobre todo en esta)
La investigación penal se cerró en enero de
2026, pero, que yo sepa, no hay ninguna demanda civil presentada contra Red
Eléctrica, a pesar de que los daños han sido ingentes (res ipsa loquitur). La
connivencia entre políticos, reguladores y empresas en un caso como este, en
perjuicio de los ciudadanos, es evidente. Pero esa connivencia es inocua si,
como ocurre en los Estados Unidos, cualquier abogado tiene incentivos para
presentar una demanda civil y obtener una condena multimillonaria. Lo que a
nadie se le ha ocurrido como solución para acabar con los apagones —ni siquiera
a Yolanda Díaz—es cerrar la red eléctrica.
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