La devolución del préstamo no es una prestación

Ulrich Wackerbarth ha publicado hace unos meses un post en el que trata de argumentar por qué el derecho que tiene el prestamista a la devolución de lo prestado no constituye una contraprestación y, por tanto, a los retrasos en la devolución de los préstamos – mora del prestatario – no se le aplica la ley sobre morosidad y los deudores financieros morosos no tienen que pagar 7 puntos sobre el interés legal del dinero.

 

El punto de partida es que el contrato de préstamo no es un contrato sinalagmático en el que haya prestaciones recíprocas. La obligación del prestatario de devolver lo prestado no es una “prestación” del prestatario a favor del prestamista, sino la liquidación del contrato mediante la devolución de lo que ha sido objeto de prestación por parte del prestamista. Cuando el arrendatario devuelve el objeto arrendado al arrendador, al terminar el contrato está liquidando el contrato, no prestando y, por tanto, no realizando un acto de cumplimiento mediante la entrega de una cosa. No puede hablarse de contraprestación cuando el deudor se limita a devolver a su titular una cosa que le pertenece.

 

Concluye Wackerbarth que la ratio de la Directiva sobre morosidad en las relaciones comerciales habla precisamente en contra de su aplicación a la obligación de devolución del capital prestado porque se trata de mejorar la liquidez de las empresas para promover el intercambio de bienes y servicios (las empresas vendedoras estarán más dispuestas a dar crédito a las compradoras si pueden asegurarse que cobrarán el precio tempestivamente o que serán compensadas por el retraso en recibirlo y que los compradores tienen incentivos para pagar en tiempo y forma por la amenaza de tener que pagar una penalización en forma de un interés elevado sobre las cantidades respecto de las que se encuentra en mora). Pero esa finalidad no se encuentra presente en el contrato de préstamo: “pero el intercambio de prestaciones no se promueve cuando se aplica la Directiva a los créditos consistentes en el derecho a que le devuelvan a uno una cantidad de dinero que ha prestado. Porque, en estos casos, la liquidez ganada por el acreedor es siempre una liquidez lograda a costa de que la pierda el deudor”. En el caso de una compraventa y el pago del precio, por el contrario, el deudor retiene la “liquidez” en cuanto que retiene la cosa vendida, de modo que su retraso en pagar el precio perjudica la posición de liquidez del acreedor. El precio de la cosa no es, ni siquiera parcialmente “una recuperación parcial de sus costes por el vendedor”.

El derecho fundamental a elegir lo que consumimos

 

 

El texto entero de la visita del autor a "El Corte Inglés" de Pyong-yang en 1989 puede leerse aquí, vía  Newmarksdoor. Es digno de leerse porque encierra una sorpresa acerca de la verdadera naturaleza de estos grandes almacenes.

 

Department Store Number 1 was a tacit admission of the desirability of an abundance of material goods, consumption of which was very much a proper goal of mankind. Such an admission of the obvious would not have been in any way remarkable were it not that socialists so frequently deny it, criticising liberal capitalist democracy because of its wastefulness and its inculcation of artificial desires in its citizens, thereby obscuring their ‘true’ interests. By stocking Department Store Number 1 with as many goods as they could find, in order to impress foreign visitors, the North Koreans admitted that material plenty was morally preferable to shortage, and that scarcity was not a sign of abstemious virtue; rather it was proof of economic inefficiency. Choice, even in small matters, gives meaning to life. However well fed, however comfortable modern man might be without it, he demands choice as a right, not because it is economically superior, but as an end in itself. By pretending to offer it, the North Koreans acknowledged as much; and in doing so, recognised that they were consciously committed to the denial of what everyone wants.

Theodore Dalrymple

La foto más triste que he hecho en mi vida

Las reformas posibles según Rodrik

Albert O. Hirschman

”Especially in the first few years of the democratic government 
we may have to do something to show that the system has got an inbuilt mechanism
 which makes it impossible for one group to suppress the other”

Nelson Mandela

Dani Rodrik es un economista peculiar. Parece como si hubiese hecho su carrera al revés. Algunos juristas (muchos en el Antiguo Régimen) acababan “haciendo” Economía. En el siglo XX, algún jurista se llevó el premio Nobel de Economía (Hayek) y otro hizo sus aportaciones fundamentales a la Economía a partir de sus estudios jurídicos (Coase formuló su teorema a partir de casos del tort law). Rodrik, que ha dedicado buena parte de los estudios que le han dado la cátedra al comercio internacional y al desarrollo económico, lleva años preocupado por temas más cercanos al Derecho y a la Ciencia Política.

El año pasado publicó un interesante ensayo – no en vano era el Albert O. Hirschman profesor de Princeton – sobre la influencia de las ideas en las decisiones de política económica. Aunque es una buena estrategia suponer que en la vida colectiva los resultados distributivos y redistributivos se explican en función de la capacidad de los distintos grupos sociales para salirse con la suya; su capacidad para capturar al regulador o para influir sobre los que toman las decisiones, capacidad que, a su vez, depende de los medios económicos de los que dispongan y de lo organizados que estén, hay algo más entre el cielo y la tierra que la descarnada persecución de los intereses económicos. Las ideas importan y la gente está dispuesta a invertir tiempo y esfuerzo y a sacrificar sus intereses económicos en aras de conseguir objetivos ideológicos o de otro tipo: somos instrumentalmente racionales pero no perseguimos objetivos únicamente económicos.

El interés propio presupone la idea de un "yo", es decir, una concepción de lo que soy y cuáles son mis propósitos en la vida. En muchas aplicaciones económicas, lo que ha de ser maximizado es evidente. Por ejemplo, es razonable suponer que los hogares – las familias – tratan de maximizar el excedente del consumidor y que los productores tratan de maximizar sus beneficios. Pero estas suposiciones no son indiscutibles en otras circunstancias. En la esfera política, decidir qué es lo que se maximiza por los actores que participan en ella no es, ni mucho menos evidente. Según el contexto, puede ser el honor, la gloria, la reputación el respeto, el acceso y la conservación del poder, el bienestar del país etc. Todas estas motivaciones son plausibles. Como ha dicho Elster… la nobleza francesa del siglo XVII estaba tan interesada en el honor y la gloria como en la obtención de beneficios materiales. Gran parte del comportamiento humano está impulsado por ideales abstractos, por valores sagrados o deberes de lealtad que no pueden ser reducidos a objetivos económicos. Los estudios realizados por antropólogos y psicólogos sugieren que "los seres humanos van a matar y morir no sólo para proteger sus propias vidas o defender a los de su clan o linaje, sino también por la concepción moral que se forman de sí mismo, de quiénes somos”"(Atran y Ginges 2012, p. 855). Es ésta, una conclusión que no debería discutirse demasiado en una época en la que asistimos a atentados suicidas”

Nuestros intereses se forman, pues, endógenamente, a partir de nuestra identidad (cómo nos concebimos a nosotros mismos), de las normas que nos parecen preferibles, de nuestra ideología y de nuestras creencias y nuestros intereses son más amplios que la maximización de la riqueza. Si los trabajadores de una empresa actuaran exclusivamente con la vista puesta en maximizar sus ingresos, asistiríamos a una conflictividad laboral muy superior a la realmente existente. Un análisis jurídico o económico de la conducta de los trabajadores que se limite a explicarla sobre la base exclusiva de este interés no daría cuenta de la realidad social. Y lo propio puede decirse de los empleadores. Y, más estrictamente, la creencia más o menos intensa de los gobernantes en la eficacia de los incentivos monetarios influirá en las medidas de política económica que adopten. Si pensamos que los pobres responden a incentivos igual que los ricos, tenderemos a favorecer políticas de mercado para reducir la pobreza. Y los individuos cambian de opinión – no siempre en la dirección racional – cuando reciben nueva información. Las ideas dominantes en un momento dado – Rodrik se refiere a las que veían la liberalización y desregulación financiera como algo bueno – pueden facilitar la adopción de unas medidas que benefician a unos grupos de interés determinado (los bancos): “Al fin y al cabo, los grupos de interés más poderosos rara vez consiguen sus objetivos en una democracia simplemente argumentando que las medidas deben adoptarse porque va en su interés” Han de añadir que esas medidas benefician a toda la Sociedad.

¿Por qué se adoptan políticas económicas equivocadas o acertadas? 

Rodrik sostiene que las “innovaciones” en el plano de las ideas permiten mejorar la política económica. El esquema preponderante explica la redistribución de los que tienen menos poder sobre los que toman esas decisiones a favor de los que tienen más poder, pero no explican las medidas ineficientes, es decir, no explican por qué no se adoptan medidas igualmente redistributivas a favor de las élites pero que reduzcan el despilfarro de recursos. Es decir, podrían adoptarse medidas que son mejoras de Pareto (Kaldor-Hicks) como la supresión de un arancel o la necesidad de una licencia para el ejercicio de una actividad si pudiera compensarse a las élites que resultan perjudicadas por la liberalización (piénsese en Uber). Por tanto, hay que suponer que esa compensación no es posible (a menudo por la incertidumbre de los que habrían de recibirla respecto a que, efectivamente, se les “abone” y sea completa, esto es, les deje indemnes en relación con el cambio). Y, segundo y más interesante: el problema no está sólo en que no sea posible compensar a las élites por la pérdida que les supone en términos de riqueza la medida que mejora la eficiencia de esa Economía sino que esa medida que incrementa el bienestar “puede reducir el poder de las élites” y su control sobre las decisiones futuras de política económica: “las élites preferirán asegurarse que su poder no será puesto en cuestión incluso si eso implica más ineficiencia y menos crecimiento”.

Pues bien, - dice Rodrik – las élites no pueden ser tan tontas. Tienen que ser capaces de darse cuenta que es posible obtener los beneficios del crecimiento sin poner en riesgo su posición de poder y deberían favorecer esos cambios puesto que, percibiendo rentas de lo producido en esa Sociedad, sus rentas se verán aumentadas si el funcionamiento de la Economía es más eficiente. Aquí es donde entran las innovaciones políticas. Dejemos a un lado las innovaciones que empeoran la situación de la Sociedad en su conjunto (como la idea de que Dios castiga a los cristianos viejos que se dedican al comercio). Si las élites son capaces de descubrir aquellas decisiones de política económica que podrían aumentar la riqueza conjunta de la Sociedad y pudieran medir el riesgo y la probabilidad de que la innovación política reduzca su capacidad futura para extraer rentas, adoptarían aquellas innovaciones  que fueran Pareto-eficientes, es decir, que mejoraran la posición de los ciudadanos que no pertenecen a la élite sin empeorar la posición de la élite o aquellas que les perjudicaran si pueden asegurarse de ser compensados, lo que es más factible que en otros ámbitos ya que, por definición, los que están en el poder pueden configurar la medida de política económica de tal manera que sea seguro que serán compensados.

Un ejemplo. La legislación bursátil española otorgaba un monopolio a los agentes de cambio y bolsa en la compraventa de acciones de sociedades cotizadas. Era un monopolio ineficiente – como todos –. La ley del mercado de valores de 1989 convirtió la “concesión” en una “licencia”: cualquiera que se constituyera en sociedad o en agencia de valores podía intermediar en la compra y venta de acciones cotizadas. Se redujeron así los costes de transacción y aumentó el volumen de acciones que se intercambiaban con todos los beneficios consiguientes para la Sociedad en general (“mejores” precios para las acciones; aumento de la inversión, reducción del coste de capital de las empresas…). Los agentes de cambio y bolsa eran los perdedores con el cambio legislativo. Habían hecho una oposición muy difícil, invirtiendo varios años de su vida, y ahora se veían privados de las rentas correspondientes a su profesión. El legislador lo resolvió exigiendo a las agencias y sociedades de valores un capital mínimo elevado, en garantía de los clientes de éstas, y eximió del capital mínimo a los agentes de cambio y bolsa.

En su trabajo, Rodrik narra algunos ejemplos históricos tales como la industrialización de Japón o el fin del apartheid en Sudáfrica (y la suerte que corrieron los blancos que fueron respetados gracias a que conservaron el poder en una de las provincias, la de Ciudad del Cabo) o las políticas liberalizadoras en América Latina acompañadas de medidas antiinflacionistas (Cardozo en Brasil) y se podrían añadir las que narra Fukuyama (Prusia). El caso de la liberalización de la agricultura China es especialmente llamativo (y para ver otros, aquí):

“A finales de los setenta, utilizó innovaciones políticas tales como la fijación de precios duales y las zonas económicas especiales (para)… reformar la agricultura. En lugar de abolir las entregas obligatorias de cereales por parte de los campesinos a los precios fijados por las autoridades, simplemente, se injertó un mercado en lo alto del sistema centralizado de producción y distribución agrícola: entregadas las cantidades exigidas por el plan al precio fijado por el Ministerio, los agricultores podían vender libremente en el mercado, al precio que pudieran obtener, cualquier cantidad adicional que fueran capaces de producir… el Estado no perdía sus ingresos y los trabajadores de las zonas urbanas seguían recibiendo sus raciones alimenticias a precios bajos”

Dice Rodrik que todas estas estrategias “representan innovaciones que desplazan la frontera de la transformación política. Permiten obtener las ganancias de eficiencia y, a las élites, conservar el poder y proteger sus rentas. Estas reformas que compensan a los insiders o a los rentistas por las rentas que pierden son las más hacederas en los sistemas políticos realmente-existentes. Uber debería pensar en cómo compensar a los taxistas y el Ministro de Justicia debería pensar en cómo compensar a los Notarios y a los Registradores. Las fuentes de semejantes “ideas” o “reformas posibles” que permiten obtener las ganancias de eficiencia y obtener el consentimiento de los insiders o rentistas provienen de los lugares que uno puede imaginarse: la aparición de “emprendedores políticos”; mutaciones políticas (se refiere Rodrik al equivalente social de una mutación genética. Algo que aparece en el margen de una Sociedad, que tiene éxito y que “contamina” toda la política nacional al respecto); learning by doing y la emulación de lo hecho en otros países. Los tiempos de crisis son especialmente idóneos para llevar a cabo las reformas posibles. Recuerden aquello de no desaprovechar una buena crisis y la frase de Hirschman

“Una crisis óptima es una crisis suficientemente profunda como para generar cambios y no tan profunda como para destruir los medios que nos  permitan salir de ella”

Rodrik, Dani. 2014. "When Ideas Trump Interests: Preferences, Worldviews, and Policy Innovations." Journal of Economic Perspectives, 28(1): 189-208.

El origen del Estado: del bandido errante al bandido sedentario

Fuente: Wikipedia

Lo que caracteriza a un Estado es el monopolio de la violencia en manos de una “coalición” formada por el gobernante y un grupo – nobles – coordinado con éste. El gobernante proporciona seguridad física a los súbditos y entregan una parte de su producción al gobernante. No lo hacen voluntariamente pero basta la amenaza de usar la fuerza para que el “cumplimiento” fiscal se produzca sin que sea necesario el uso efectivo de aquélla para mantener la ausencia de violencia. 

En otras entradas (y aquí) hemos expuesto la tesis de Olson sobre la formación de los Estados y el paso del bandido nómada – que se dedica al pillaje de los grupos a los que puede vencer violentamente y que en otras entradas hemos llamado señor de la guerra – y el bandido sedentario o "con residencia" que está interesado en aumentar la producción de los sometidos a su monopolio de la violencia en la medida en que, al aumentar la producción de sus súbditos, aumenten los ingresos del gobernante.

Pero no cualquier aumento de la producción beneficia al bandido sedentario. Si los súbditos, para evitar tener que pagar impuestos al gobierno, dedican su trabajo a la producción de bienes que son más difíciles de gravar porque pueden ocultarse o porque no se aprecian fácilmente por los encargados de cobrar los tributos, los incentivos del bandido nómada para convertirse en bandido sedentario y proporcionar seguridad física a los súbditos – la seguridad física es el más elemental servicio que presta un Estado primitivo – se reducen.

Dice Raúl Sánchez de la Sierra en un trabajo titulado “On the Origin of States: Stationary Bandits and Taxation in Eastern Congo” (v., aquí para otras notas sobre el trabajo) que, efectivamente, los grupos armados en el Congo toman el control de más pueblos cuando en esos pueblos se encuentra un mineral, el coltán, un mineral del que se extrae el tantalio que tiene un gran valor económico porque se usa para hacer condensadores y resistencias eléctricas. Por el contrario, el número de pueblos tomados por estos grupos es menor cuando aparece oro en esos pueblos porque el mineral de oro es más fácil de ocultar y de hacer contrabando con él y, por tanto, más difícil para el bandido estacionario hacerse con una parte del oro producido.

Si los grupos violentos forman Estados para gravar a la población, la decisión de formar un Estado en un lugar concreto debe depender de la capacidad esperada para recaudar ingresos tributarios en ese pueblo. La intuición fundamental que está detrás dl modelo es que el valor de la producción en un lugar determinado aumenta los rendimientos derivados de obtener el monopolio de la violencia en esa localidad y en mayor medida cuanto más observable sea la producción para el que recauda los impuestos. En el año 2000 se produjo un aumento brusco de la demanda de coltán y tal aumento del precio llevó a los grupos armados a apoderarse de los pueblos en los que había yacimientos de coltán y a establecer en ellos un monopolio de la violencia y un sistema fiscal estable. Sin embargo, un aumento de la demanda de oro, - el oro es fácil de esconder y más difícil de gravar – no tuvo tal efecto sobre los pueblos en los que había yacimientos de oro

A pesar de la ausencia de un Estado central propiamente dicho, en el Congo se produce este mineral de una forma bastante organizada

Los grupos armados y, en menor medida las agencias estatales en las áreas controladas por el Estado, afirman su derecho a gravar la producción de las minas. A pesar de la aparentemente caótica distribución d los derechos, el proceso de producción está estrictamente organizado jerárquicamente y los mineros son titulares residuales al menos de forma parcial. Como la extracción del mineral es intensiva en mano de obra, los grupos armados casi nunca hacen el trabajo de las minas por sí mismos. Para obtener ingresos, lo que hacen es exigir tributos calculados en función de la producción. Todo el mundo sabe que hay que pagar tales impuestos y los grupos armados cooperan a menudo con la población ofreciendo protección a comunidades enteras a cambio de que se les paguen tales impuestos.

La comparación con el oro le permite descartar que fueran otras las razones que explican la “constitución” de Estados. El autor explica, por ejemplo, que si el producto – el mineral en este caso – requiere el uso intensivo de mano de obra, la “competencia” por formar un Estado y monopolizar la violencia será más intensa. Esta conclusión tiene sentido si la mano de obra es escasa o tiene una “opción de salida” a bajo coste, es decir, puede abandonar la zona. Pacificarla – y cobrar impuestos – inducirá a la población a quedarse lo que incrementará la producción de este tipo de bienes. El autor critica la tesis de la “maldición de los recursos naturales” según la cual, cuando un Estado tiene acceso a recursos naturales valiosos depende menos de la población para obtener impuestos y, por tanto, desarrollará instituciones predatorio y habrá más violencia. Esta tesis – dice el autor – no distingue el caso de los recursos naturales cuya extracción requiere un uso intensivo de la mano de obra. En tales casos, el gobernante tendrá incentivos para monopolizar la violencia, pacificar la zona y retener una parte de la producción mediante un sistema fiscal. Lo que puede resultar interesante es aplicar a este caso la idea del torneo que desarrolla Hoffman en el libro del que nos hemos ocupado en otra entrada. 

¿Cómo se desarrolla la competencia entre estos grupos armados? 

El autor nos dice que 

define un bandido sedentario como aquel grupo armado que mantiene el monopolio de la violencia en un determinado lugar por, al menos, seis meses. Los bandidos sedentarios están frecuentemente sólo cuando ocupan un lugar. Los bandidos sedentarios - a los que los observadores y habitantes de los pueblos llaman <> - son un fenómeno muy frecuente en el Congo Oriental. Los habitantes distinguen fácilmente a los bandidos sedentarios y a los nómadas. Los intentos de conquista ocurren cuando un actor violento inicia una lucha armada con otro grupo armado con el objetivo de obtener el monopolio de la violencia en ese pueblo"

Y esas "conquistas" son claramente distintas de las meras razzias o saqueos de pueblos para apoderarse de cualquier cosa de valor (los saqueadores llegan al anochecer y permanecen no más de 30 minutos). Nos dice también que estos grupos armados no son ejércitos disciplinados. Cada pelotón goza de una amplia autonomía, de manera que es difícil que estos bandidos sedentarios logren controlar un territorio muy grande. Pero "la estancia media de un bandido sedentario es de cuatro años" y también lo es la duración media en la que un pueblo está sin ningún bandido sedentario. Lo que aumentaron, cuando subió el precio del coltán, fue el número de "conquistas" y, por tanto, el número de pueblos que estaban controlados por un rudimento de Estado. 

Un aspecto interesante del trabajo es que permite barruntar por qué se forman Estados en unos lugares y no en otros y por qué los Estados aparecen asociados a la extensión de la agricultura. Los cazadores-recolectores eran más difíciles de gravar. La producción agrícola es medible y previsible (tanto cuando hay buenas como cuando hay malas cosechas) lo que hace fácil establecer un sistema fiscal basado en una proporción de lo producido. Por tanto, en una comunidad sedentaria que se dedica a la agricultura, “merece la pena” hacerse con el monopolio de la violencia y participar en la producción de los agricultores. No es extraño que los pueblos de la frontera pasen de hacer razzias para apoderarse de los bienes de los pueblos del otro lado de la frontera a convertirse en los gobernantes de ese otro pueblo y que las fronteras sean los lugares en los que se forman los imperios. El caso de España no es especial: la mayoría de las invasiones desde la época romana lo fueron de grupos muy reducidos en comparación con la población existente en la península y los invasores resultaron asimilados aunque impusieran (en el caso de los árabes y magrebíes) su lengua, su religión y su cultura. El análisis del trabajo que comentamos, sin embargo, se refiere a una etapa previa a la de la conquista de un territorio ya organizado como estado por parte de unos invasores concretos. Se refiere a cómo se pasa de ser una sociedad sin Estado a una en la que hay quien aspira y obtiene el monopolio de la violencia y qué circunstancias favorecen tal evolución.

Derechos humanos y política

Leyendo a Ignatieff “Human Rights as Politics”

“El progreso moral puede definirse como un incremento en nuestra capacidad para vermás y más diferencias entre los seres humanos como irrelevantes ”

Richard Rorty

No deja de ser contradictorio que el continente en el que más se guerreó históricamente; el que dio lugar a los más importantes desarrollos tecnológicos e institucionales en el arte de la guerra; el que justificó en la fe y en la gloria la destrucción de los prójimos; el que teorizó más acerca de las justificaciones para matar y esclavizar a poblaciones enteras fuera también el continente de los derechos humanos, de la democracia y de la igualdad.

No es contradictorio, porque las mismas bases que llevaron a los europeos a matarse inmisericordemente durante siglos y, a partir del siglo XVI, a someter, esclavizar y matar a poblaciones de otros continentes, llevaron igualmente a limitar el poder de los gobernantes obligándolos a reconocer los derechos de sus súbditos, a los que necesitaban para financiar y llevar a cabo las campañas militares y de conquista. Una vez que se reconoce que no hay poderes absolutos y que los súbditos tienen derechos y dignidad, es fácil que la competencia entre gobernantes aumente la protección de tales derechos y su extensión a grupos de súbditos cada vez más extensos hasta abrazar a toda la población. Simplemente, esos súbditos tenían una opción de salida trasladándose del campo a la ciudad y de los dominios de un gobernante a los de otro. La inexistencia de un gobernante hegemónico en Europa y la presencia del Papado y la Iglesia católica como la única institución con jurisdicción internacional pero sin ejército permitieron el desarrollo de una dinámica que se consolidó en la Ilustración y, con el paréntesis del siglo XIX, culminó en el reconocimiento universal, en Europa, de la igual dignidad de todos los seres humanos (incluyendo a las mujeres y a los que no eran propietarios de nada) y el respeto y la protección de los derechos humanos. La capacidad de universalización de estas ideas permitieron extender, ya en el siglo XX, a toda la población mundial las ideas de igual dignidad, libertad individual y poderes limitados del Estado. Falta China por ser conquistada. Costará mucho porque su historia no puede ser más diferente: un imperio hegemónico en Asia durante – casi – miles de años sin “guerras civiles” generan unas relaciones entre los ciudadanos y el poder político muy diferentes.

Y es que, como dice Ignatieff, no hay nada malo en el particularismo en materia de derechos. Porque el universalismo se basa, en última instancia, en un compromiso con un grupo en cuyo bienestar estamos especialmente interesados. El particularismo es un problema cuando nuestra vinculación con un grupo nos lleva a negar iguales derechos a los que no forman parte del grupo. Tomar partido – añade – no está mal siempre que, al hacerlo, nos sintamos vinculados por los mismos límites en relación con aquellos cuyo partido no hemos tomado.

“La función del universalismo moral no es es excluir el activismo fuera de la política, sino disciplinar a los activistas en su parcialidad, es decir, en su convicción de que una de las partes tiene razón, obligándolos a asumir un idéntico compromiso con los derechos d la otra parte”.

Y, por tanto, obligar a los activistas a realizar un “autoexamen” para comprobar que, efectivamente, no están siendo parciales.

La relación de los derechos humanos con el nacionalismo es muy estrecha. La ausencia de protección internacional de los derechos humanos llevó a las minorías sojuzgadas – dice Ignatieff – a buscar la vía del Estado propio para asegurar la protección de sus derechos y, en consecuencia, fomentó el nacionalismo en todo el mundo. Pero no es una comida gratis porque, naturalmente, crea nuevas minorías o genera Estados a costa de los derechos de poblaciones desplazadas o “minorizadas” como consecuencia de la nueva estructura política. “Los nacionalistas tienden a proteger los derechos de las mayorías y a negar los derechos de las minorías” y las que se convertirán en minorías tienen legítimo derecho a sospechar que su situación sólo puede ir a peor con el nuevo Estado. De ahí que esté justificado exigir una situación de opresión para reconocer el derecho de un territorio – y la población que vive en él – a escindirse del Estado al que pertenecen y unas mayorías muy claras para permitir la secesión. El riesgo de pérdida de derechos para la población que desea mantener el status quo es muy elevada. En sentido contrario, por lo tanto, el reconocimiento y protección internacional de los derechos humanos deslegitima a la vez al nacionalismo – en cuanto hace menos justificado el cambio de status político – y a las quejas de los que no desean la secesión. Idealmente, la cuestión sería irrelevante cuando se haya sustituido plenamente al Estado-nación por una federación europea porque la vigencia de los derechos individuales – y eventualmente, colectivos tales como los asociados al uso de la lengua materna – no dependerá del Estado y de los derechos de participación de los ciudadanos en el mismo, sino que se habrán juridificado internacionalmente. Pero el reconocimiento del derecho del Estado – de su población actual – a la estabilidad de sus fronteras impide las soluciones “todo o nada” (reconocimiento de los derechos humanos de los pueblos que desean la constitución de un Estado y respeto por el derecho del Estado a mantener su estabilidad e integridad territorial). Dice Ignatieff, poniendo el ejemplo de los kurdos que la única solución es una prolongada negociación en la que los kurdos de Turquía renuncien al Estado que lesionaría la integridad territorial de Turquía y Turquía reconozca los derechos – lingüísticos – y el derecho a la autonomía de los kurdos que viven en su territorio. Escrito en el año 2000, el texto de Ignatieff que comentamos puede “volver a leerse” a la luz de la primavera árabe y la desestabilización de los Estados árabes, desestabilización saludada por el pésimo record en materia de derechos humanos de esos estados. La estabilidad del Estado es un presupuesto de la protección de los derechos fundamentales. Una condición sine qua non. Aunque no sea, obviamente, suficiente. Obviamente también, hay integridades territoriales más meritorias que otras (piénsese en la antigua Unión Soviética).

En todo caso, la supervisión internacional de lo que hacen los Estados – incluso los plenamente democráticos y respetuosos de los derechos humanos – tiene una gran utilidad para reducir las violaciones de derechos, especialmente, para los grupos minoritarios. Piénsese en los rusos en Estonia, los árabes en Israel (por no hablar de los habitantes de los territorios ocupados que están sometidos, en realidad, a una potencia colonial), los gitanos en Hungría o cualquier otro grupo minoritario pero diferenciado en el seno de una población más o menos homogénea. El sistema internacional de protección de los derechos humanos – dice Ignatieff – nos permite hacer sonar la alarma ante cualquier desarrollo legislativo nacional discutible moralmente. Piénsese en las propuestas de grupos como la Liga Norte o las del gobierno de Hungría.

La exposición de Ignatieff es interesante en otro sentido: si la función del reconocimiento de los derechos humanos es permitir la autodeterminación individual y de los grupos humanos, hay una relación directa entre la posibilidad de elegir el grupo al que se desea pertenecer y el reconocimiento de derechos colectivos, es decir, cuyo titular no es el individuo, sino un grupo de individuos. Que los cuáqueros tengan unas reglas de convivencia que nos parecen absurdas o que no otorguen igual papel social a la mujer y al hombre es mucho más aceptable si la “entrada” y “salida” del grupo es poco costosa. La pluralidad valorativa en una sociedad – y el libre desarrollo de la personalidad individual – se expresa así a través del reconocimiento de los grupos sociales y de su autonomía (capacidad para autodictarse normas de comportamiento). El grupo comprensivo de todos los grupos sociales – el Estado nación – ha de garantizar la libre entrada y salida en estos grupos sociales y la protección de los derechos individuales irrenunciables, esto es, aquellos que no son disponibles por la voluntad individual (incluso si esos grupos se forman sobre una base étnica. No está escrito que deba existir una sola asociación o comunidad kurda, árabe o armenia en un país). Pero nada más. Si lo hiciéramos, estaríamos infringiendo el art. 10 de la Constitución porque tales intervenciones serían contrarias a la dignidad de las personas y a su derecho a desarrollar libremente (y en compañía de otros) su personalidad. Como decía Cercas recientemente, la política no debe traernos la felicidad, debe limitarse a crear las condiciones para que cada uno la busque por su cuenta. 

Ignatieff también nos recuerda la superioridad de la concepción relativa de los derechos fundamentales frente a las concepciones absolutistas. Si la apelación a un derecho termina la discusión, porque se pone sobre la mesa un “triunfo”, los conflictos no pueden resolverse. Por el contrario, una concepción relativa – à la Alexy – permite resolver los conflictos sin resolver la relación entre los derechos alegados por cada parte de forma definitiva: en este contexto, triunfa uno sobre otro, pero en un contexto distinto, el resultado de la ponderación podría ser distinto. Hasta que – dice Ignatieff – la discusión deja de ser posible y la apelación a los derechos humanos es una “llamada a las armas”, es decir, al uso de la fuerza para su defensa. 

Tres consejos para escribir mejor

 

Escribir es como comer. Una dieta de comida basura debilita el cuerpo. Con una dieta de prosa atiborrada de jerga, es sólo cuestión de tiempo que nuestra propia prosa se llene de "postulados", "delineados" e "imbricados". 

Imparto un curso sobre redacción académica para estudiantes al final de su programa de doctorado. Defino el estadio 4 de la decadencia de la prosa como el momento en que "mediar" es el único verbo que les queda en el vocabulario. Empiezo la clase con un ejercicio. Tomo una página al azar de una prestigiosa revista académica y les hago calcular el número medio de palabras de cada frase del tema. Luego tomo una página del artículo de Jill Lepore en el New Yorker que sea mi favorito y les pido que hagan lo mismo. La última vez que lo hice, la media de la "prestigiosa" revista era de 46 palabras por frase (frente a las 15 de The New Yorker), una cifra tan escandalosa que, fueran cuales fueran los objetivos del autor, la comunicación no era uno de ellos. Cuando terminamos, veo las caras de perplejidad de los estudiantes. ¿En qué nos hemos convertido?  

Wineburg: En un curso del semestre pasado, pedí a los estudiantes de tercer año de doctorado que escribieran un resumen de un artículo que aspiraban a publicar. En clase, les pedí que dejaran a un lado sus resúmenes, sacaran una hoja de papel y reescribieran el mismo resumen en un lenguaje que pudieran entender sus vecinos de al lado o sus tías abuelas. Luego los puse por parejas y les pedí que intercambiaran sus originales impresos con láser y sus resúmenes escritos a mano. Como era de esperar, los alumnos preferían leer las versiones manuscritas. Eran más directas, menos farragosas y más precisas. Pero lo que no esperaba eran las sinceras confesiones que siguieron. A una, los estudiantes declararon que reescribir sus resúmenes en lenguaje llano les ayudaba a comprender a un nivel más profundo de qué trataba su estudio. En otras palabras, las cadenas polisilábicas de "mediaciones", "participaciones periféricas", "hegemonías" y "herramientas culturales" les confundían.

Scholars Talk Writing: Sam Wineburg How a Stanford professor, known for his work on "historical thinking," learned to trust his own voice, By Rachel Too

Por qué Europa conquistó el mundo

Este es el título del libro de Philip T. Hoffman, que bien podía haber escrito un artículo largo pero que, al darle forma de libro, lo ha hecho accesible a cualquier lector medianamente cultivado. La idea básica - el modelo - es simple. Si se dan las condiciones, puede descartarse la "hipótesis cero" y argumentar convincentemente por qué Europa extendió sus imperios por todo el mundo entre los siglos XVI y XIX. Cuando uno empieza a leerlo, lo hace con escepticismo, pero al llegar a los últimos capítulos, tiende a dar la razón al autor. El libro solo tiene una idea - como casi todos los buenos libros - y es muy respetuoso con todos los que se han dedicado con anterioridad al tema que aborda . Especialmente, con los que no son de la disciplina del autor. El autor es profesor de una escuela de negocios, lo que no habla precisamente a su favor, pero reivindica los estudios de los historiadores militares (Geoffrey Parker) y políticos (Tilly); de los antropólogos y de los estudiosos de la evolución cultural. Está muy bien escrito, con las repeticiones justas para no obligar al lector a volver para atrás sin aburrirlo. Lo he leído tras terminar el estupendo War & Peace & War de Peter Turchin que es absolutamente recomendable y al que complementa muy bien.  

Las condiciones que deben darse prolongadamente en una zona geográfica para que sus habitantes procedan a aventurarse y lanzarse a la conquista del mundo son las siguientes: Debe haber frecuentes guerras entre los Estados que comparten una región geográfica delimitada. Pero no solo: 

"los gobernantes deben enfrentarse a costes políticos semejantes para movilizar recursos y deben guerrear por un premio que sea valioso en proporción a los costes fijos de establecer un sistema de impuestos y un aparato militar". 

No puede haber enormes diferencias en el tamaño de los países o de las economías o en su capacidad para obtener préstamos, aunque si un país pequeño tiene una gran capacidad de financiación (piénsese en Holanda en el siglo XVI y XVII), podrá enfrentarse a un país mucho mayor (España, Inglaterra o Suecia en el caso de Holanda)" 

Además, los costes de los gobernantes para allegar los recursos necesarios deben ser semejantes pero bajos; los gobernantes deben hacer abundante e intenso uso de la tecnología militar "de punta"; no de la tradicional (p. ej., la bayoneta fue una innovación que permitía que un solo soldado hiciera el trabajo de dos - el lancero y el arcabucero). Y, por último, la tecnología militar "de punta" debe estar a disposición de los gobernantes que guerrean entre sí (los monarcas europeos se "robaban" ingenieros y arquitectos militares continuamente). En estas condiciones, se puede desarrollar una competencia muy intensa por ser "un poco mejor" que los rivales y esta competencia intensa inducirá la innovación en todos los aspectos relacionados con la actividad militar. 

Hoffman sostiene que los reyes europeos mantuvieron una "competición" (tournament) a lo largo de cuatrocientos años por la hegemonía en Europa sin que nadie la lograra por razones no tanto geográficas como históricas (la división en Europa tras la caída del Imperio romano) y jurídico-político-religiosas (la centralización de la autoridad eclesiástica cristiana en el Papado que logró que la Iglesia prevaleciera sobre los reyes gracias al divide et impera; la debilidad de los líderes y la necesidad de éstos de contar con la aquiescencia y colaboración de las élites propia de la "constitución" europea desde la Edad Media hasta el fin de la Edad Moderna; la ideología cristiana de lucha contra el Islam y la extensión de la fe cristiana como obligación de cualquier monarca). En este sentido, el libro de Hoffman "casa" bien con las mejores explicaciones de la evolución histórica europea. 

Quizá lo más interesante sea que los "Estados" europeos no tenían más tareas frente a sus súbditos que la de garantizar su seguridad física. Europa no fue más rica que el resto del mundo civilizado, probablemente, hasta la Revolución Industrial. Los gastos de los Estados eran militares prácticamente en su totalidad. Pero los Estados europeos, a diferencia de los del medio oriente y los asiáticos tenían una capacidad fiscal muy superior para allegar recursos y destinarlos a la guerra (lo que, a su vez, hizo de Europa la cuna de las innovaciones financieras). Y, curiosamente, aquellos Estados más "democráticos", en el sentido de poder de los reyes más limitado por la nobleza y la burguesía, eran los que tenían mayor capacidad para extraer recursos de sus poblaciones con destinos militares. Francia, España, Holanda y, finalmente, Inglaterra fueron capaces de mantener ejércitos enormes - Carlos I llegó a tener 300.000 soldados desplegados por Europa - a costa de sangrar a sus súbditos. Los gobernantes islámicos - el imperio otomano es el más estudiado por el autor - y los asiáticos - fundamentalmente China y la India aunque también Japón - no dedicaron todas sus energías a la guerra y prestaban "servicios" a sus súbditos en mayor medida y volumen que los europeos. 

En Asia, por el contrario, China fue siempre una potencia hegemónica y la única amenaza seria para su estabilidad provenía de las estepas lo que condujo a China a desarrollar una estrategia militar concreta: utilizar arqueros abandonando las técnicas que desarrollaron continuadamente los europeos. Las técnicas militares que proporcionaban ventajas en el tournament europeo no eran de utilidad a los emperadores chinos para enfrentarse a los pueblos nómadas. Además, ni en Asia ni en el imperio otomano el poder de los reyes estaba limitado suficientemente por los nobles o los comerciantes lo que redujo la capacidad fiscal de esos estados en relación con los europeos. Y lo más notable es que estas condiciones europeas se prolongaron ininterrumpidamente durante varios siglos. Aunque pudieron darse esporádicamente en algunas otras regiones del mundo, en ninguna se mantuvieron durante suficiente tiempo. 

Las técnicas militares a las que Hoffman hace referencia incluyen no solo los avances en artillería (cañones) o en armas de fuego sino sobre todo en técnicas logísticas y de estrategia y organización de la infantería y en lo relativo a barcos de guerra y construcción de fortalezas militares. 

Tampoco hay duda de que los europeos tenían no solo la capacidad sino también los incentivos para lanzarse a las conquistas extraeuropeas (es decir, en los términos de Hoffman, el "premio" de lanzarse a las conquistas ultramarinas era enorme) mientras los asiáticos nunca consideraron que hubiera nada en Europa que fuera de su interés al margen de los metales preciosos que los europeos les traían en abundancia a cambio de sus sedas, algodones, te y, sobre todo al principio, especias.

Los particulares como conquistadores

Para el que suscribe, lo más interesante del libro se encuentra en el capítulo 5 titulado "From the Gunpowder Technology to Private Expeditions". En este capítulo, el autor narra cómo las innovaciones en tecnología militar desarrolladas por los gobernantes a base de impuestos se difundió y se hizo accesible también a los particulares. Europa fue siempre un continente de guerreros y los particulares disponían de armas generalizadamente (la 2ª enmienda de la Constitución norteamericana es de origen inglés y las leyes españolas del siglo XVI reconocían a los cristianos viejos el derecho a portar armas). Estos pudieron organizar en Europa, desde bien temprano, ejércitos y armadas privadas que actuaban con patrocinio real y que se remuneraban con el botín de las conquistas que pudieran realizar. Desde los condottieri italianos hasta el private trade de los "funcionarios" de la East India Company pasando por el privateering que tan buenos resultados dio a Holanda e Inglaterra en su lucha contra el Imperio español por romper el monopolio del comercio con América y por los conquistadores españoles de América que, como bien sabemos por las historias de Colón, Cortés o Pizarro consideraban legítimo retener derechos feudales y de propiedad sobre los territorios y las riquezas conquistados. No es, pues, solo que el "sector público" invirtiera mucho en guerrear. Es que el "sector privado" también lo hizo de forma excepcional en Europa. Excepcional porque estos emprendedores privados no eran bandidos ni asaltadores de caminos. Actuaban de acuerdo con una licencia real, una licencia bastante semejante a los charters que recibieron las primeras sociedades anónimas para establecer nuevas rutas comerciales y proceder a la conquista de los territorios correspondientes. Las compañías de indias holandesa e inglesa eran lo más parecido a un Estado que pueda imaginarse y, desde el principio, se constituyeron como organizaciones con bases territoriales. Los enormes premios que recibían estos particulares cuando tenían éxito (incluyendo los premios a los ingenieros y estrategas militares) generó incentivos en la población para buscar la "gloria" y la fortuna en las expediciones extraeuropeas. En otras regiones de Eurasia, no hubo tal emprendimiento, entre otras razones, porque ¡no existió la sociedad anónima!. Y la organización del comercio con Indias por parte de la corona española no fue muy diferente. Simplemente, los reyes de España y Portugal eran más ricos y poderosos que sus homólogos holandeses e ingleses y pudieron desarrollar las conquistas embebiendo los medios y las personas en el aparato del Estado en lugar de atribuir monopolios a corporaciones de comerciantes. 

Colau y el top manta

La alcaldesa de Barcelona, tan poco respetuosa con la legalidad y con sus competencias cuando de sacudirle a España, a los borbones, a los empresarios turísticos o a los bancos se refiere, se nos ha vuelto prudente cuando ha abordado el problema de los inmigrantes irregulares senegaleses que se ganan la vida en Barcelona - en barrios donde viven muchos votantes de su partido - mediante la venta ambulante. 

La venta ambulante es una trampa para los políticos de izquierda. Los de derechas no tienen problema. Se prohíbe y ya está, se detiene a los vendedores y se les requisa la mercancía. Los de izquierdas lo tienen más difícil. Por un lado, está el problema de la propiedad intelectual que infringen muchos de los productos que venden estos inmigrantes por la calle. Por otro, están los comerciantes y los vecinos de los barrios donde estos vendedores ocupan la calle. La gente se vuelve muy de derechas cuando empieza a haber demasiados extranjeros concentrados en un barrio periférico de una ciudad. Lo de Salou es buena muestra de lo difícil que es quedar bien para cualquier político de izquierdas. Lo de ser "duros con la ilegalidad" es de derechas. De izquierdas es meter en la cárcel a los banqueros pero no a los pequeños delincuentes. Y, mucho menos, impedir a los inmigrantes ilegales ganarse la vida. Y, por supuesto, darles tarjeta sanitaria aunque carezcan de derecho a residir legalmente en el país.

La hipocresía de la Sra. Colau se refleja perfectamente en sus declaraciones sobre el tema. Por un lado, se avergüenza de que "su" policía esté requisando la mercancía de los manteros en cumplimiento de la ordenanza correspondiente. Y afirma que no ha dado orden a la policía para que deje de hacerlo. Sorprende que a la Sra. Colau le parezca bien la ordenanza que impide a esos pobres inmigrantes ganarse la vida sin delinquir y que no la haya derogado inmediatamente después de haber alcanzado el puesto de alcaldesa. ¿Tanta prisa para quitar el busto del rey que abdicó y tan poca para derogar una normativa que reprime e impide ganarse la vida a los más pobres de la Sociedad?

Por otro - coherente en su incoherencia - dice que la solución al problema no es policial. ¿Cuál es la solución? Un liberal diría que la solución pasa por dar a todos estos inmigrantes un permiso de residencia y de trabajo y permitirles que se ganen la vida (art. 10 CE). Y, si no es competencia de la alcaldesa, decir que hablará con la delegación del gobierno y con la Generalitat - que no sé quien tiene las competencias en Cataluña - para hacer un censo de esos inmigrantes irregulares y facilitar su regularización. Eso es lo único compatible con el respeto debido a la dignidad de esos inmigrantes por parte de una activista que acusaba de terroristas a los banqueros que hacían cumplir sus contratos a los prestatarios y que lleva años afirmando que la "gente" tiene derecho a que el Estado les mantenga y les dé una vivienda, un trabajo con un buen salario y toda clase de servicios sociales. Lo que sus declaraciones reflejan es que para Colau, los inmigrantes senegaleses no son "gente". Son negros venidos de muy lejos a los que hay que mantener ocupados sin que molesten a los de aquí y procurarles asistencia social. El discurso de los derechos y de la igual dignidad ya no toca, en el fondo, porque los senegaleses no votan. 

Para empezar, dejemos de gritar

No tengo ni idea de lo que debe de ser que tu pareja, tu padre, tu hermano, tu hijo o tu madre te insulten, vejen o te den palizas. Ni idea de lo que debe de ser que te humillen o te lesionen. Ni idea, naturalmente, de que te peguen un tiro o te degüellen. Ni siquiera tengo conocidas o amigas que hayan pasado por alguna de esas cosas. He visto, algunas veces, a hombres tratar incorrectamente a sus parejas, a sus hijos. Ayer, en la playa, una madre inglesa discutía a gritos con su hijo de unos doce años y le decía, más o menos, que lo que tenía que hacer era callarse la puta boca. He visto a muchos hijos tratar desconsideradamente a sus padres. Una amiga me contó que a una conocida común su marido la había agarrado por el brazo y la insultaba. Mi reacción es siempre la misma. Igual que los pederastas y los violadores, los violentos no tienen enmienda. Mi consejo era siempre el mismo. Lárgate. Mándalo a tomar por saco y ni siquiera se lo adviertas. El que insulta y pega una vez lo hará otras. Es inevitable. Hay mucho enfermo mental y mucha gente con tendencias violentas y los hombres son más fuertes que las mujeres, por lo que éstas tienen las de perder. No esperes que cambie. No lo hará. Pedirá perdón, en el mejor de los casos, y volverá a hacerlo. Esas personas tienen que medicarse y vivir solos y, cuando cometan uno, el primero de sus delitos, hay que aplicarles medidas de seguridad. Se acabó su libertad igual a la de los demás. Pero nada será suficiente para que no haya un caso más. 

En el último caso conocido, el sospechoso de haber asesinado a las dos chicas tenía antecedentes por haber secuestrado a una chica. Resulta muy difícil de entender que la chica asesinada hubiera empezado a salir con alguien con esos antecedentes. ¿No lo sabía? En un pueblo tan pequeño, esta pregunta requiere una respuesta. 

Es posible que la ausencia prácticamente total de violencia en España nos haya hecho, felizmente, a todos más confiados en que no nos pasará nada. ¿Quién puede creer que una madre degüelle a su hijo? ¿Quién que alguien puede degollar a una persona en plena calle y a plena luz del día? Madrid es más segura que Estocolmo. Nuestras cifras de homicidios - y las de parricidios y asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o exparejas - son de las más bajas del mundo. En este ambiente, las mujeres se vuelven confiadas. Como debe ser. Hay que ser imbécil para sospechar que la pareja que has elegido para vivir podría hacerte daño. Nadie, en su sano juicio, cree que su madre le maltratará. Los niños de orfanatos no lloran. Se han acostumbrado a que no les hagan caso y, simplemente, se ahorran el llanto. Pero sigue habiendo casos y seguirá habiéndolos. Madres que degüellan a sus hijos y maridos que asesinan a sus mujeres. Porque la violencia dentro de la familia está con nosotros desde el principio de los tiempos y podremos reducirla pero no eliminarla. 

Por eso me indigna la reacción de los biempensantes. Llamo biempensantes a los que creen que el origen de esa violencia no está en la naturaleza humana y en nuestras redes neuronales y nuestros genes, sino en el predominio de una presunta ideología patriarcal y machista. La ideología patriarcal no mata a las mujeres. Las tiene sometidas pero con buena salud. Y los padres no toleran que los yernos maltraten a sus hijas. En un mundo dominado por esa ideología, las mujeres ocupan un lugar inferior en la sociedad y reciben humillaciones y, seguramente, golpes. Pero no son asesinadas porque el machista no necesita matarlas para afirmar su autoridad y las mujeres saben "lo que les conviene", de manera que no se rebelan. Es tan absurdo que, si así fuera, los países mediterráneos deberían tener mucha más violencia hacia las mujeres que los países nórdicos. Y no es así. ¿Se ha comprobado si los que son violentos con sus parejas lo son también con sus hijos o con sus conocidos? ¿o hay violentos que lo son sólo con su mujer? Sin duda que habrá mucho miserable que encuentra en su mujer la única ocasión en la que "ser algo" en la vida. Pero no creo que ese "tipo" explique ni siquiera una parte significativa de los casos de asesinatos de mujeres. 

Un diagnóstico equivocado va seguido, naturalmente, de tratamientos de política legislativa también equivocados. Las idiotas de ambos sexos proponen inmediatamente que pongamos policías de "igualdad" en los colegios; que enseñemos a los niños a los colegios que hombres y mujeres son iguales o que reeduquemos a todos los varones para explicarles que tienen que tratar bien a las mujeres. ¿Nos van a enseñar a querer a nuestros padres o a nuestros hijos o a nuestra pareja? Hay que ser imbécil para creer que eso puede reducir estos delitos más de lo que lo ha hecho la aplicación del Código Penal y la utilización de medios policiales y judiciales para perseguir todos los delitos violentos. 

Estoy dispuesto a escuchar medidas sensatas y me parece que, las que no se han puesto en práctica ya, deberían ir en la línea de aumentar la autoprotección de las mujeres porque la alternativa es privarles - a las mujeres - de libertad o convertir en sospechosos a todos los varones de más de doce años. Por ejemplo, enseñar a las niñas técnicas de defensa personal, además de divertirlas, puede hacerlas más conscientes de que no deben estar ni un minuto con alguien que les ha insultado, aunque lo haya hecho una sola vez. Prohibir la retirada de denuncias puede ser contraproducente (no denunciarán en primer lugar). Las familias de las mujeres tienen que tener más protagonismo (la bendita liberación de las mujeres las ha expuesto a un mayor riesgo de maltrato porque los padres tienen menos posibilidades de protegerlas frente a novios indeseables). La más intensa vida social y familiar explica, probablemente, que tengamos menos mujeres asesinadas en el Mediterráneo que en el norte de Europa. Quizá haya que pensar en aplicar a los violentos con las mujeres y los menores las técnicas que se aplican con los violadores. Desde la castración química a los registros públicos. Si Sergio Morate hubiera figurado en un registro semejante ¿habría salido con él la chica asesinada? Hay que proteger, naturalmente, al varón al que injustamente se le aplican ese tipo de medidas, pero es un riesgo que se puede manejar como lo hacemos con los errores judiciales que acaban con inocentes en la cárcel durante largas temporadas o con las denuncias falsas. No se trata tanto de convencer a los varones para ¿que no maten? como de convencer a las mujeres de que no deben tolerar ni el más mínimo gesto que indique que su pareja es una persona violenta. Este post de Tsevan Rabtan es, probablemente, típico. de que muchos de los casos que acaban con la muerte de la mujer han empezado con la aceptación por la mujer de comportamientos violentos o humillantes de su pareja. Si es así, el Estado tendría que ocuparse de que cada mujer que quiere dejar a su pareja violenta pueda hacerlo rápida y eficazmente. 

Pero no estoy dispuesto a escuchar a los que hablan de "fracaso de la sociedad" y a los que piden "un pacto de estado" o a los que gritan "nos están matando". Son gritos irracionales, erróneos y contraproducentes. No hay sociedades absolutamente pacíficas. Y la nuestra es una de las más pacíficas del mundo. Una donde la igualdad entre hombres y mujeres está por encima de nuestro nivel de desarrollo económico. Donde la tolerancia hacia los que viven de forma diferente es mayor. Los imbéciles (y los buscadores de rentas) que solo saben gritar ante una desgracia y pedir "que se haga algo" acabarán con nuestra libertad sin ganancia alguna en seguridad. ¿Cuántos de estos que pegan alaridos verán a partir de ahora la prisión permanente revisable como una medida aceptable? Cuando pensaban que se la aplicarían a otro tipo de delincuentes, se pusieron garantistas. Pero aplicada a psicópatas, violadores e hijos de puta que maltratan y asesinan a sus hijos y a sus parejas, les parecerá aceptable.

Aprendamos de Estados Unidos. Unos políticos populistas en este ámbito han llevado a que sea la sociedad occidental con más homicidios y mayores índices de encarcelamiento de personas. La vieja Europa, una vez más, resulta un entorno preferible. Veamos qué países han tenido más éxito reduciendo el número de uxoricidios y averigüemos por qué. Lo que hicimos con los transplantes, con los gitanos y con los accidentes de tráfico, lo hemos - casi - hecho con los asesinatos de mujeres. No nos convertimos en el país con mayor número de transplantes de órganos incluyendo asignaturas en el currículum escolar u obligando a la gente a donar sus órganos. Cambiamos la norma supletoria (si no dices que no, eres donante) y organizamos el sistema sanitario para aprovechar cada órgano disponible asignándolo de una manera equitativa y eficiente. Los medios de comunicación le hicieron "gratis" la campaña de sensibilización a los organizadores del sistema. Los problemas graves no tienen soluciones fáciles y, en España, los políticos parecen incapaces de formular soluciones que no lo sean. Se aprobó hace diez años una "Ley Integral contra la violencia de género". Evaluemos su aplicación, veamos lo que ha funcionado y lo que no y modifiquemos lo que haya que modificar en la línea de lo que he explicado más arriba. Y dejemos de gritar. 

Uber: sigue sin haber comidas gratis

Explica el gran periodista Felix Salmon en este artículo publicado en Fusion, que, en realidad, y para el caso de Nueva York, los grandes perjudicados por la irrupción de Uber no han sido los taxistas - es decir, los conductores de taxis - sino los dueños de los taxis. En EE.UU., los taxis son empresas titulares de la licencia para poner un coche amarillo en la calle y utilizarlo para transportar gente (medallions) y se pueden acumular licencias bajo una misma empresa. En España, nadie puede acumular licencias de taxis, y el titular de la licencia no puede ceder el uso del taxi a un tercero sino en forma de contrato de trabajo con el que conduzca efectivamente el taxi. El efecto más inmediato de la irrupción de Uber ha sido que las empresas dueñas de taxis de Nueva York se han declarado en quiebra. Por eso nadie ha derramado una lágrima al otro lado del Atlántico. Al fin y al cabo, los bancos que prestaron dinero a estas empresas para que, con él, adquirieran los medallions darán por fallidos los créditos correspondientes y pasaremos a lo siguiente.

Para los conductores de taxis, la cosa no ha sido tan mala. Ahora, en lugar de arrendar un taxi (es decir, ser arrendatarios de los taxis que explotan las empresas titulares de las licencias), se convierten en conductores de Uber. El cambio no es tan malo incluso aunque Uber sea el peor empleador del mundo porque los dueños de los taxis eran ya los peores empleadores del mundo lo que se demuestra por quiénes trabajan como conductores de taxi en Nueva York. No se olvide que los taxistas en Europa son empresarios individuales bien situados en la clase media.

El segundo efecto inmediato de la irrupción de Uber es que ha desaparecido el mercado de licencias o medallions. Demasiada incertidumbre sobre su valor futuro. Como la posición de Uber no es todavía firme, ni siquiera han pasado a valer "cero". 

Como nos recuerda Chris Dillow, crear mercados es muy complicado y mejorar las cosas respecto del status quo no es obvio, como puede comprenderse, por ejemplo, examinando lo que ha ocurrido con los mercados eléctricos. El modelo vigente - el "destrozado" por la innovación - puede ser muy ineficiente y, sin embargo, preferible a un modelo liberalizado. No es solo que acabemos todos peor, ni siquiera que haya personas que tienen "property rights" atribuidos por el Derecho y que no son compensados, sino que los costes de disrupción a los que se refería Trimarchi pueden ser muy elevados. Esta columna de Harford es espléndida.

El caso de Uber es muy sospechoso desde todos estos puntos de vista, lo que induce a la prudencia en relación con si debemos liberalizar el transporte de viajeros para permitir su expansión por nuestras ciudades. Admitamos que Uber constituye una innovación que mejora el bienestar de los consumidores en cuanto que proporciona un servicio de transporte más eficiente - menos costoso de producir y con más calidad de servicio en términos de comodidad, prontitud y precio - que la alternativa actual, es decir, que los taxis. Hay que centrarse en eso porque Uber no tiene problema para participar, en igualdad de condiciones, en el transporte interurbano discrecional que, en España, está liberalizado. Sólo tiene que asegurarse que sus conductores cumplen con la Ley. 

En un mundo coasiano en el que los costes de transacción no fueran muy elevados, Uber debería negociar con los taxistas para introducirse en el mercado. Que los taxistas tengan atribuido por el legislador nacional o local el property right (monopolio) sobre el transporte discrecional de personas dentro del territorio de un municipio no afecta a la obtención del resultado eficiente - la utilización de la aplicación informática de Uber - porque Uber tiene incentivos para "sobornar" a los taxistas para que le permitan entrar en el mercado. Sólo tiene que "sobornarlos" ofreciéndoles una parte de la ganancia de la innovación superior al valor de su property right. Los taxistas - monopolio bilateral - tendrán incentivos para extraer de Uber la totalidad de la ganancia de la introducción de la innovación menos un euro. Pero, en realidad, los taxistas no tienen incentivo para hacer tal cosa porque, si se comportan así, se arriesgan a que, como ha ocurrido en los EE.UU., el regulador se "rinda" ante Uber y el valor de su property right pase a ser cero, es decir, Uber no necesite pactar con ellos para introducir su innovación. Además, en la medida en que Uber renuncie a ser el titular residual de los beneficios de su innovación - cediendo su software a cambio de un precio fijo a los taxistas - no puede resultar expropiado por éstos. Lo más plausible, por tanto, en esa negociación coasiana sería un reparto de las ganancias de la innovación entre Uber y los taxistas.

A mi juicio, pero esto requeriría un desarrollo mayor, Uber, racionalmente, pretende retener la porción más grande posible de los beneficios que genera su innovación y, tal pretensión es ilegítima por dos tipos de razones. 

1. En primer lugar, porque muchas de esas ganancias derivan de la fuerte tendencia monopolística que tienen estas innovaciones (economías de red o de escala por el lado de la demanda), lo que exige que se examine cuidadosamente si vamos a sustituir un monopolio ineficiente - el de los taxistas - por otro que - como veremos inmediatamente - no es preferible desde el punto de vista del bienestar social. 
2. Desde el punto de vista del bienestar social, sin embargo, incluso aunque Uber se introdujera previo pacto con los taxistas, puede haber externalidades negativas sobre los consumidores y la Sociedad en general. Hemos advertido del riesgo de un monopolio por parte de Uber que reduzca la innovación. Además, la eficiencia del servicio de taxi es muy variada geográficamente. Hay ciudades donde el taxi es seguro, rápido y barato y otras donde es inseguro, lento y caro. Por tanto, los beneficios o costes de una disrupción del mercado por la entrada de Uber son muy diferentes en cada localidad, de manera que no se justifica, en absoluto, establecer una regulación uniforme para todo un país (¡y mucho menos para toda Europa!). Como ha dicho Heath en otro contexto, el análisis coste-beneficio se hace sobre la base de los precios medios,sin prestar suficiente atención a la desutilidad para los consumidores que deriva de la volatilidad de los precios. Y eso es aseguramiento, pero el valor del "seguro" que el monopolio estatal proporciona a los consumidores no es tenido en cuenta al calcular la eficiencia de la innovación. 
3. En fin, los conductores de Uber se convierten en trabajadores sin derechos laborales, proclives a endeudarse - para comprarse el coche - y a los que la Sociedad deberá rescatar más pronto o más tarde. Cuando hablo de rescatar quiero decir que sus ingresos como conductor no les permitirán pagarse la Seguridad Social y contribuir, como cualquier otro trabajador a los servicios públicos y a la protección social. Y digo esto porque si Uber tiene que cobrar precios a los consumidores más bajos que los actuales taxistas y ha de mantener at bay a competidores potenciales, tendrá que reducir los precios de los viajes para lo que ahorrará en el principal y único coste marginal de su actividad: lo que reciben los conductores.

El modelo de negocio de Uber se basa, pues, en maximizar la competencia entre los conductores, lo que implicará, a largo plazo - recuérdese el caso de las gruas - que todos ellos estén a pérdida, es decir, que acaben siendo conductores aquellos dispuestos a cobrar el precio más bajo posible por hora de trabajo. Del mismo modo que los "chinos" se han apoderado de la mayor parte de los locales en el centro de muchas ciudades - están a pérdida porque trabajan 15 horas al día pero cubren, con sus ingresos, sus costes monetarios de alquiler, luz y precio de la mercancía que revenden - los conductores de Uber serán cada vez más los dispuestos a trabajar a cambio de unos ingresos más bajos. La leyenda según la cual los conductores pueden elegir cuántas horas trabajan en función de los ingresos que quieren obtener, supone que tenemos un ejército de jóvenes que andan buscando dinero de bolsillo o el mínimo para permitirse la "barata" vida de estudiante. Pero, al igual que sucede con los conductores de taxis en Nueva York, los inmigrantes y los trabajadores menos cualificados los desplazarán del mercado rápidamente. 

Uber extrae para sí la mayor parte de la ganancia generada por la innovación, a costa de los conductores y a costa - en el futuro - de los consumidores. Y, como sociedad, debemos preocuparnos mucho por la distribución de las ganancias sociales que generan las innovaciones. Hasta ahora no teníamos que hacerlo porque la parte del aumento del bienestar social que genera una innovación que retiene el innovador es ridícula (un 3 %) y, normalmente, ni siquiera eso - los innovadores sobreestiman la parte de esa ganancia que podrán retener. Los inversores más astutos invierten en compañías que tienen un foso muy ancho, es decir, que están protegidas frente a la competencia actual o potencial y los inversores han considerado que Uber tiene la posibilidad de retener una parte significativa de las ganancias derivadas de esa innovación, ya que, en otro caso, no se entendería que haya alcanzado valoraciones superiores a los 50.000 millones de dólares. 

Los nuevos modelos de negocio de las empresas basadas en el software han de escrutinizarse con más intensidad que los antiguos. Hasta ahora, las enormes economías de escala que presentan estos negocios (porque el mercado es mundial, porque el coste marginal de servir a un cliente más es prácticamente cero) llevaban a los innovadores a preocuparse poco por el hecho de que los consumidores u otros empresarios ya presentes en el mercado retuvieran la inmensa mayor parte de los beneficios de la innovación. Piénsese en las empresas que mejoran la gestión empresarial en cualquier ámbito, desde el que permite a los médicos mejorar sus diagnósticos a los sistemas para gestionar el pago de los impuestos o los recursos humanos y todos los mercados B2B que reducen los costes de contratar. AirBnB es el más extraordinario ejemplo (otro día hablaremos de las diferencias entre AirBnB y Uber). Pero Uber representa un modelo de negocio "full stack" o en el que se produce una integración vertical completa (lean este excelente post de Simón González de la Riva). Uber no quiere ser una empresa que proporciona un software a los transportistas que aumenta la eficiencia en la prestación del servicio de transporte por parte de éstos. Uber quiere ser el transportista del mundo, de un mundo en el que los coches no tendrán conductor. Los conductores son un "coste" que hay que reducir al mínimo y del que hay que prescindir tan pronto como sea posible. 

Desde que se empezaron a otorgar patentes y derechos de propiedad intelectual, nuestras Sociedades han tenido que preguntarse acerca de los mejores "arreglos" institucionales para favorecer las innovaciones porque las innovaciones son la fuente del desarrollo económico y, por tanto, del bienestar social. Los innovadores no tenían forma de impedir que otros utilizaran sus innovaciones pero eso era "justo" porque todas las innovaciones se generan, en buena medida, sobre los hombros de los gigantes que preceden al innovador y la Sociedad que le permite desarrollar la innovación y la recompensa naturalmente ofrecida por el mercado al innovador era suficientemente grande. No obstante, tuvimos que inventarnos el sistema de patentes para fomentar la innovación en algunos campos del saber. 

Quizá las nuevas tecnologías sean diferentes de las antiguas en algún aspecto. Si este es el de que los que introducen una innovación pueden retener una parte significativa de los beneficios sin contribuir a los costes sociales que generan, tendremos que idear un nuevo Derecho de Patentes, esta vez, para proteger a la Sociedad frente a las innovaciones predatorias. Se llama regulación.

Actualización: v., este artículo de the awl
Actualización 2: v., este artículo en Medium
Actualización 3: v., este artículo en The Economist
Actualización 4. v., Geradin, Damien, Should Uber Be Allowed to Compete in Europe? And If so How? (June 7, 2015).
Actualización 5., v., Gabriel Domenech La regulación de la economía colaborativa (El caso «Uber contra el taxi»)
Actualización 6., Brishen Rogers, The Social Costs of Uber 
Actualización 7: La regulación contractual de Uber con sus conductores
Actualización 8: Economía colaborativa y teoría de las organizaciones
Actualización 9:  Cheap cab ride? You must have missed Uber's true cost
Actualización 10: Carta abierta al Consejo de Administración de UBER de parte del sindicato de conductores