Lo próximo será un incendio pavoroso, un fallo en una central nuclear, un choque entre aviones en algún aeropuerto, el derrumbe de algún puente como en Génova o el asalto a Ceuta o Melilla por miles de marroquíes y subsaharianos huyendo de su Mahoma VI y el hambre.
España ha perdido capacidad estatal a chorros en los últimos veinte años (La menguante capacidad estatal de España, Derecho Mercantil, 2020) pero, especialmente desde 2015 en que en España dejó de haber un gobierno que hacía algo más que política. El gobierno de Rajoy (Catalá estaba en Justicia) no hizo nada salvo política entre 2015 y 2017. Y en 2018 llegó Sánchez y, tras la estela de Zapatero, llenó la administración de afiliados a "su" PSOE o a Sumar que, además de gente que no había trabajado en su vida, incluía a juristas de quinta y sectarios, mucho sectario.
Lo que funcionaba más o menos se deterioró en su funcionamiento: el INE, la AEMET, las Confederaciones Hidrográficas, la CNMC, la CNMV, Adif, Renfe, AENA, REE, Carreteras, Tráfico, Seguros, Prisiones, defensa, protección civil, la policía nacional (lucha contra el narco y la inmigración ilegal, deportaciones)... Las entidades que prestaban los servicios públicos (justicia, educación y sanidad en sentido amplio, incluyendo servicios sociales) vieron que sus empleados envejecían y que aumentaba la población que había que atender. El gasto en pensiones aumentó exponencialmente porque los votos de los viejos eran imprescindibles de manera que todo el incremento en la recaudación fiscal (enorme) no era suficiente. Había que aumentar los impuestos.
2026. Descubrimos que ADIF era, literal y metafóricamente una casa de putas, llena de corrupción e incompetencia. Que RENFE perdió el contacto con el Alvia y se retrasó la asistencia a los heridos en el accidente durante una hora. Como lo de la DANA. Hasta el cuarto día no aparecieron los servicios de emergencia. Como el apagón.
Cuando pasó lo del apagón escribí en este blog que no había duda alguna de cual había sido la causa en sentido jurídico del apagón (causalidad natural + imputación objetiva): que los directivos de REE incluida la presidenta de Redeia y la Ministra de Energía habían sacrificado el objetivo más importante de cualquier sistema eléctrico (la seguridad del suministro) en el altar de la "transición energética". Pusieron al frente de Redeia a una registradora de la propiedad y ordenaron a los técnicos de REE que maximizaran la integración de energías renovables en la red. Una red saturada y frágil. Hasta que petó. Nadie ha dimitido y Beatriz Corredor sigue ganando medio millón de euros al año. La red no se ha ampliado a pesar de que ¡nunca tienes bastante energía! y los mecanismos que pueden hacer segura la integración de energía solar en la red siguen sin estar disponibles.
En los puestos que deben ocuparse siguiendo criterios de mérito y capacidad, no solo ha de garantizarse que el elegido los tiene, sino que el elegido es el mejor de los disponibles para el puesto: si hay más de uno que puede aspirar al puesto, no basta para cumplir con el artículo 23.2 CE con elegir a alguien que cumple los requisitos. Hay que elegir al mejor. Y en la mayoría de los casos, es posible decir objetivamente que un José Miguel de la Rosa es mejor candidato para fiscal de menores en el Supremo que un Eduardo Esteban. Pero los magistrados del Tribunal Constitucional nombrados gracias a la desaparición de la meritocracia, claro, no están de acuerdo.
La izquierda española y sus intelectuales de tertulia televisiva se han pasado los últimos años despreciando la meritocracia. Resucitando a politólogos de los años cincuenta que tuvieron la suerte de llevar la contraria al sentido común por primera vez. En la última década se ha producido en los medios españoles una presencia constante de politólogos y científicos sociales de izquierda que no se limitan a matizar la meritocracia, sino que la deslegitiman como ideal normativo, la califican de mito o directamente niegan su existencia fáctica, contribuyendo a un discurso público claramente crítico —y a menudo abiertamente despectivo— hacia ese principio. Debo recordar que a Sandel, el azote de la meritocracia y que ha contribuido a deslegitimarla, le dimos el premio Princesa de Asturias en 2018 (¿quiénes dirigen la Fundación?).
En ese contexto, se han justificado nombramientos de donnadies para puestos que requieren conocimientos, formación y experiencia. Recordaré solo a la Empresa Nacional del Uranio (¡el ex-gerente aparentemente corrupto del PSOE!), el Consejo de Seguridad Nuclear (¡una tipa que presumió de que no sabía nada de energía nuclear!), Paradores, Renfe Pero ¡vean el currículum de la jefa de protección civil! No voy a hablar de los nombramientos de altos cargos judiciales o jurisdiccionales.
Pero lo del PSOE y la Renfe (el presidente nombrado por Illa era editor).- Adif es de traca. El milagro es que no hayan pasado cosas peores. De nuevo, como con el apagón, ADIF y Renfe no pusieron la seguridad de los pasajeros por encima de todas las cosas, es decir, fueron elevando progresivamente el riesgo de que se produjera un accidente grave: porque no aumentaron las inversiones en seguridad y mantenimiento; porque no vigilaron la ejecución de las obras por parte de las empresas privadas a las que las encargaron (hay sospechas de corrupción en algunos o muchos de esos contratos); porque no adaptaron la red a un aumento de su utilización y al mayor peso de los trenes que por ellas circulaban etc. El objeto social de ADIF es la gestión de la infraestructura ferroviaria; el desarrollo de ese objeto está presidido por el principio de seguridad ferroviaria, cuya definición, supervisión y garantía última corresponden a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria cuya presidenta es la Secretaria General de Transporte Terrestre, doña Rocío Báguena, a la que no hemos oído abrir la boca desde el accidente. Por no hablar del cv de Luis Pedro Marco de la Peña, actual presidente de Adif tras los escándalos que han asolado a esa empresa con la anterior presidenta procesada.
Así que hoy me ha indignado este tweet de un diputado del PSOE
El Presidente de Renfe fue Secretario General de Movilidad Sostenible en el Ministerio y antes fue Director- Gerente de las empresas municipales de transporte en Madrid y Valladolid. Ingeniero, profesor de universidad, director de tesis y consultor. Quien pueda, que empate su CV.
Pues resulta que, cuando nombraron a Álvaro Fernández Heredia, en enero de 2025, publiqué lo siguiente:
El nuevo presidente de RENFE
Si el gobierno hubiera contratado a un head hunter de prestigio para elegir al presidente de RENFE, ¿cuántas posibilidades habría habido de que el experto hubiera propuesto a éste? RENFE es una empresa de transportes de enorme tamaño y complejidad que se desenvuelve en un entorno competitivo. No es ADIF, que gestiona monopolísticamente las infraestructuras ferroviarias.
Álvaro Fernández Heredia es un político con barniz académico. Al menos, no tiene un grado Mickey Mouse, pero toda su experiencia de gestión se la debe a los políticos de extrema izquierda - en Madrid - y al ministro que le va a nombrar - en Valladolid. Ahora es alto cargo del mismo político que le nombró director de la EMT de Valladolid. En Madrid, fue Carmena, claro, quien le nombró director de la EMT.
Comparen con el cv del presidente de Deutsche Bahn (treinta años de empleado de la empresa). El del consejero delegado de Trenitalia. El presidente de SNCF (cuarenta años de empleado del grupo de empresas). ¿Cómo no van a salir mal las cosas si nos empeñamos en elegir mal a los que tienen que gestionar los asuntos de todos? ¡Y este no es de lo peor! El nivel de nuestra 'dirección pública' está tan degradado que habrá, sin duda, gente que sostenga que el nuevo presidente de RENFE ha subido el nivel medio con su nombramiento.
Empecé a sospechar seriamente que España se iba a la mierda cuando pude hablar, en julio de 2018, con un miembro del "gobierno bonito" de Sánchez. Cuando le sugerí que explicara los objetivos de su departamento, en la comparecencia ante el Congreso, en términos de mejoras incrementales de la calidad de la prestación del servicio público que se le había asignado ("deja las cosas un poco mejor que te las encontraste", solía decir mi madre), la contestación fue que había que feminizar el servicio público, que proteger a las mujeres frente a las violencias machistas y acercar la "Administración al ciudadano" porque esas eran las políticas "progresistas".
Ocho años después, el desastre ha culminado. El Estado español, en sentido amplio, (no como sinónimo de España que es el uso que hacen los borricos periodistas y políticos de Vascongadas), esto es, incluyendo todas las administraciones públicas, es incapaz de cumplir con sus funciones porque al frente de todas ellas están una colección de incompetentes carentes de la formación, experiencia y conocimientos adecuados para esos cargos.
Y se puede generalizar porque, para cada puesto, puedo darles cinco nombres de personas más adecuadas que las que ocupan dichos cargos. Y puedo afirmar tal cosa porque estoy seguro de que los que han nombrado a todos los altos cargos no encargaron a un tercero independiente que les buscara los mejores candidatos.
El gran daño que ha hecho el contubernio politólogico-periodista de izquierdas a nuestro país ha sido anteponer la "política" a la eficacia en la gestión cuando se trata, no de cuestiones políticas, sino de gestión administrativa de los servicios públicos. Vean que, en todos los cv que he vinculado, wikipedia empieza diciendo que se trata de "un político español"...
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