Los primeros bancos de Pensilvania

Por lo visto, hacia finales del siglo XVIII, existía en Pensilvania un único banco: el Banco de Norteamérica. Tan rentable que los comerciantes – cuáqueros mayormente – que se sentían excluidos del gobierno y de los préstamos del mismo, promovieron la constitución de uno nuevo: el Banco de Pensilvania. Ya pueden suponerse cómo sentó la cosa a los accionistas del Banco de Norteamérica. Dice Schwartz que no sólo porque aparecía alguien con quien habrían de repartir las rentas monopolísticas de las que estaban disfrutando, sino porque temían que se produjera una huida descontrolada de sus depósitos hacia el nuevo banco. En efecto, el capital del Banco de Pensilvania podía desembolsarse por los suscriptores de sus acciones, bien “en una moneda de circulación general” (lo que equivalía a dólares de plata española) “bien en pagarés del Banco de Norteamérica”.

Como puede suponerse, la mayor parte de los suscriptores de las acciones del Banco de Pensilvania eligieron la segunda opción, lo que significaba que “cuando esos pagarés se presentaran al cobro en las oficinas del Banco de Norteamérica, éste se quedaría sin reservas de oro o plata”

William Seton, el cajero del proyectado Banco de Nueva York, que estaba de visita en Filadelfia, escribió a Alexander Hamilton el 27 de marzo: "Se ha retirado oro y plata en tales cantidades que ha habido que suspender las operaciones de descuentos durante quince días…. de manera que, por el bien de todos, fue absolutamente imprescindible abandonar la idea de un nuevo banco, y unirnos en torno al viejo banco para ayudarle a superar el golpe recibido".

El problema parecía ser, pues, que no había suficiente capital para varios bancos, aunque en realidad, hay que suponer que esos pagarés los habían emitido contra los depósitos, no contra el capital del Banco de Norteamérica, de manera que, como dice la autora, nada impedía que, con dos bancos en funcionamiento, los particulares confiaran las monedas de oro y plata guardadas en cajas fuerte a las dos instituciones. Al parecer, el oro y la plata escaseaban en los EEUU por el déficit comercial que mantenían con Gran Bretaña en esos años – hacia 1780/90 -, déficit que se tornó superávit en pocos años. El Banco de Norteamérica siguió repartiendo grandes dividendos durante la década hasta que se dieron cuenta de que no les convenía ser tan generoso con sus accionistas:

"Otra consecuencia probable de dos altos dividendos sucesivos había de tomarse en consideración; ¿no sería probable que indujera a otros a entrar en un negocio que rendía tan pingües beneficios, y si esos otros hacían una oferta ventajosa a los legisladores, ¿no sería probable que el Estado de Pensilvania acabara dando una autorización para abrir otro banco?

Recuérdese que estamos en la época en que las corporaciones, como “criaturas del Estado” necesitaban de una autorización singular emitida por el Rey o por el Parlamento para quedar constituidas como personas jurídicas. Pero, obsérvese que, en EE.UU. el otorgamiento de un charter ya no va asociado a privilegios monopolísticos.

El Estado de Pensilvania tuvo, en 1792 un superávit y, además, no tenía deuda porque había vendido tierras públicas. De modo que quiso invertir en el Banco de Norteamérica una suma notable (en parte, exigiendo al Banco que le diera un préstamo para suscribir las acciones del propio banco ¡negocio prohibido mucho después, claro!). No llegaron a un acuerdo y el gobierno de Pensilvania

El estado llegó a un acuerdo con la nueva institución, el Banco de Pensilvania, al que otorgó una autorización para operar por veinte años…  y utilizó posteriormente como su agente fiscal. El gobernador suscribió un millón de dólares en nombre del estado, pagando parte con deuda pública del gobierno federal de propiedad del estado al valor fijado por el parlamento; parte en especie; y el resto con los fondos de un préstamo de 250.000 dólares del propio banco.

El caso es que la competencia no sentó mal al Banco de Norteamérica. Parece que la demanda de servicios y préstamos bancarios crecía tanto que había negocio para los dos.

Y entonces aparece el Banco de Filadelfia. Primero, como una “non incorporated association”, lo que quiere decir que funcionaban como si fueran una sociedad anónima pero sin el reconocimiento de su personalidad jurídica porque carecían del charter o autorización estatal. El grupo de promotores eran comerciantes de menor envergadura y, para atraer a este tipo de inversor, las acciones tenían un nominal más pequeño pero la demanda de sus acciones fue espectacular entre septiembre y diciembre de 1803, se había desembolsado un total de 1 millón de dólares de capital a base de acciones de 100 dólares de valor nominal. El nuevo banco tuvo éxito y se comportó de forma cooperativa con los preexistentes en la ciudad y con los creados en otros lugares, por ejemplo, aceptando los pagarés emitidos por el Banco de Norteamérica y el Banco de Pensilvania. Pero éstos, especialmente el segundo, no correspondieron lo que llevó al Banco de Filadelfia a “retaliar” sacando sus fondos en oro y plata del Banco de Pensilvania y presentando inmediatamente al cobro en oro o plata cualquier pagaré emitido por el Banco de Pensilvania. Además, solicitó al Estado de Pensilvania una autorización para operar como banco “incorporado”. Con tal solicitud, el conflicto de interés en el que se encontraba el Estado quedaba de manifiesto: otro banco significaba más competencia para los preexistentes y menos rentabilidad para los accionistas de éstos y el Estado de Pensilvania era un accionista principal del banco de igual nombre. Todo el mundo era consciente de cuál era la cuestión. Dice la autora que se leyó en la cámara parlamentaria el siguiente texto

Dado que que la íntima conexión y unión de intereses pecuniarios entre un gobierno y las grandes instituciones monetarias tiende a crear una influencia, favorable a las segundas y altamente perjudicial para el primero. Siendo el deber del gobierno consultar al público y actuar en bien de todos, con frecuencia el cumplimiento de este deber se ve dificultado si los intereses del gobierno se vinculan a los de las instituciones que disfrutan de un privilegio monopolístico y cuya prosperidad depende de que se excluya la existencia y se supriman instituciones similares. En tales casos, el gobierno se identifica con estas instituciones, y los instrumentos que favorecen y extienden el comercio, las manufacturas y la agricultura por igual en todo el estado en aras del bien común se malogran con demasiada frecuencia por esta peligrosa y antinatural unión.

Aunque la cámara aprobó la autorización del nuevo banco (a cambio de una sustanciosa cantidad de dinero para el Estado y una participación en el propio capital), los del Banco de Pensilvania reaccionaron y consiguieron que se suspendiera la autorización hasta que la cámara hubiera oído el memorial correspondiente que estaban preparando, memorial que llamaba la atención sobre el perjuicio para el valor de las acciones del Estado en el Banco de Pensilvania que suponía la intensificación de la competencia. Lo que siguió fue una auténtica subasta entre los promotores del Banco de Filadelfia y los del Banco de Pensilvania para conseguir la autorización o su denegación. Las ofertas consistían en atribuciones a fondo perdido al Estado, préstamos gratuitos y participación en el capital social mediante la suscripción de acciones a un tipo ventajoso para el Estado. El Banco de Filadelfia ganó la partida.

Dice la autora que la resistencia a la incorporación de nuevos bancos desapareció prácticamente una vez que ya había 3 en la ciudad, señal de que, con tres, el mercado era lo suficientemente competitivo como para que un nuevo entrante no tuviera tantos incentivos para entrar en el mercado ni los incumbentes tanto temor a ver reducida significativamente la rentabilidad de su negocio. El cuarto banco incorporado fue el Banco de los granjeros y mecánicos (Farmers’ and Mechanics’ Bank). No hubo tanta oposición pero

La oferta de incentivos monetarios a cambio del otorgamiento de una autorización, que empezó siendo una iniciativa voluntaria, pasó a ser considerada como un complemento necesario de cualquier solicitud de autorización. El comité de la cámara decidió que, dado que los peticionarios buscaban una autorización con fines de lucro, el Estado tenía derecho a exigir el pago de una cantidad por los privilegios que confería.

Anna J. Schwartz, The Beginning of Competitive Banking in Philadelphia, 1782-1809, 1987