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miércoles, 10 de abril de 2019

No siempre los bancos trasladan a los clientes el coste de cumplir con las normas


Foto: Ilya U. Topper, Estambul

La autora repasa los cambios legislativos introducidos en Estados Unidos para mejorar la protección de los usuarios de tarjetas de crédito. En concreto, se analizan las consecuencias de tres reformas. La primera – en 2009 – consistió en impedir a los bancos emisores de tarjetas cambiar los tipos de interés que cobraban a los usuarios sin aviso previo y limitaba los intereses de demora. Los bancos dijeron inmediatamente que eso reduciría el crédito a los más pobres. Después, también en 2009 se prohibió imponer recargos por descubierto si el consumidor no había aceptado expresa y anticipadamente recibir crédito en forma de descubiertos. De nuevo se dijo que esta reforma perjudicaría a los consumidores. En fin, en 2010 se limitaron por ley – como en Europa más tarde – las comisiones de intercambio (lo que cobran los emisores de la tarjeta a los comerciantes que la aceptan como medio de pago). Se trata, en el fondo, de tres regulaciones de precios (los intereses y las comisiones son precios). Pues bien, el análisis de la autora la lleva a las siguientes conclusiones:

La primera es que, de las tres reformas, sólo la tercera condujo a los bancos a compensar los ingresos dejados de obtener vía tasa de intercambio (supongo que aumentando la cantidad que se cobra al cliente del banco por disponer de una tarjeta) mientras que las otras dos restricciones a su libertad para fijar precio fueron absorbidas por los propios bancos. Es decir, que no se trasladaron a los consumidores. Quizá eso signifique que los bancos se estaban aprovechando de la asimetría informativa padecida por los consumidores para restringir la competencia y cargar precios supracompetitivos a los consumidores lo que llevó a que, tras la intervención del legislador, la competencia existente por la captación de clientes les impidiera recuperar lo perdido por otras vías. Por eso es importante distinguir si esos tipos de interés, penalizaciones etc son “precios competitivos” o supracompetitivos. Podemos suponer que son lo segundo cuando haya elevados costes de información para los consumidores o cualquier otro fallo de la racionalidad de los consumidores. Por ejemplo, era absolutamente previsible que los bancos en España, tras la decisión del gobierno de cargar sobre ellos el ITPyAJD lo trasladaran a los clientes pero dicho traslado no exige suponer que hay un fallo de mercado – o colusión entre los bancos – que permite a los bancos hacerlo. El traslado del coste de cumplir la norma a los consumidores es una respuesta natural del mercado si el precio que pagaban los consumidores antes de la reforma legislativa era competitivo. Una prueba más de lo ignorante que es nuestra política legislativa en la materia.

La segunda conclusión es bien interesante. Se refiere la autora a la presencia de subvenciones cruzadas no equitativas entre clientes ricos y clientes pobres. Igual que los (ricos) vecinos del centro de las ciudades nos beneficiamos de las restricciones que se impone a la circulación de vehículos o a las emisiones en el centro pero no soportamos los costes de tales medidas (porque no tenemos que desplazarnos en coche ya que vivimos y en el centro), los clientes ricos de los bancos “tienen menos probabilidad de tener que pagar penalizaciones ocultas porque tienen más dinero en sus cuentas y, por lo tanto, tienen menos probabilidades de tener un descubierto en su cuenta que generaría la obligación de pagar elevados tipos de interés y porque tienden a vigilar más lo que ocurre con su dinero”. Yo diría que tienen también más formación e información y, por tanto, soportan un coste menor para averiguar si les están ofreciendo un mal producto. Conscientes, los bancos les ofrecen mejores productos. Como decía Susanita la de Mafalda, los pobres siguen siendo pobres porque compran productos de mala calidad. Pues bien, dice la autora que regulaciones como las expuestas pueden provocar un aumento de precio para los clientes ricos y, en tal caso, un aumento del bienestar social al reducirse la subvención de los clientes pobres a los clientes ricos.

En fin, dice la autora que no escuchemos a los bancos. Veamos lo que hacen. Porque hay un largo trecho del dicho al hecho.

Natasha Sarin, Making Consumer Finance Work

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