El otro blog para cosas más serias

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sábado, 20 de noviembre de 2021

El CIDE de la Universidad Nacional Autónoma de México en peligro



Por Pablo Mijangos

Queridos colegas,

Me apena mucho enviarles periódicamente esta clase de mensajes, pero estamos viviendo una crisis muy grave en el CIDE y creo que es importante que se conozca también fuera de México. Ustedes son excelentes historiadores y podrán advertir rápidamente que esta historia se inserta en el mismo patrón de hostigamiento y arbitrariedades que ha caracterizado a nuestro gobierno actual.

Como podrán ver en las notas periodísticas que les adjunto más abajo, el Director General interino del CIDE, José Romero Tellaeche, destituyó el martes 16 de noviembre a nuestra secretaria académica, la historiadora Catherine Andrews, porque, en un acto de enorme valentía, Catherine se negó a suspender las evaluaciones de profesores correspondientes a este semestre. ¿Por qué es tan grave la suspensión de nuestras evaluaciones y la destitución de la Dra. Andrews?

Al igual que sucede en la mayoría de las instituciones académicas, todos los profesores del CIDE debemos ser evaluados periódicamente por una “comisión académica dictaminadora” (o CADI). Como podrán imaginar, estas evaluaciones son el proceso interno más delicado del CIDE, pues definen nuestro estatus laboral y también nuestra permanencia en la institución. Se trata de procedimientos cuidadosamente regulados y preparados con meses de antelación, en los cuales participan no solamente las principales autoridades del centro (el director general, la secretaria académica y el director divisional correspondiente), sino también un representante de todos los profesores y tres evaluadores externos. La idea es reducir al máximo posible la arbitrariedad de las evaluaciones y evitar que se pongan en riesgo los derechos laborales del profesorado.

Pues bien, el pasado viernes por la noche, cuando estaba comenzando el "puente" (fin de semana largo), el director general interino ordenó suspender unilateralmente las evaluaciones programadas para el 16 y 17 de noviembre, alegando que el nuevo director permanente de la institución será nombrado en las próximas semanas. El estatuto no contempla esta hipótesis ni le concede facultad alguna para tomar una decisión de esta naturaleza. Por ello, la Dra. Andrews y la directora de evaluación académica, Céline González Schont, le respondieron que las comisiones dictaminadoras no podían cancelarse y que su suspensión podría acarrear consecuencias legales graves para la institución. En un nuevo arranque de autoritarismo, Romero Tellaeche las declaró “en rebeldía” y, acto seguido, ordenó su destitución. Evidentemente, las evaluaciones no pudieron llevarse a cabo. Esto significa que, al día de hoy, 18 investigadores del CIDE --entre los cuales me encuentro-- no sabemos cuándo será nuestra próxima evaluación ni tenemos certidumbre alguna sobre nuestra permanencia en la institución el próximo año.

Los sucesos del martes pasado no sólo ponen en riesgo el futuro laboral de los investigadores que íbamos a ser evaluados esta semana, sino que afectan gravemente el funcionamiento regular de la institución (pues la ausencia de un secretario académico impide programar el calendario académico y tomar todas las decisiones importantes de la institución) y además sientan un precedente peligrosísimo para todo el personal académico, pues parecería que el director general puede manipular la celebración de evaluaciones a su antojo. El trasfondo de todo esto es bastante evidente: el objetivo real de Romero Tellaeche es postergar las evaluaciones hasta que tenga la capacidad de controlar las comisiones dictaminadoras y, de esa manera, pueda iniciar una purga total de la institución. Estamos ante un comisario político en acción.

Como podrán imaginarse, si Conacyt está dispuesto a tolerar esta clase de violaciones a la normatividad institucional y a las reglas más elementales de conducta académica, ningún académico mexicano está seguro, ni en los centros públicos de investigación ni en las universidades “autónomas”. Estamos tratando de movilizarnos por todos los medios posibles y haremos uso de todas las herramientas legales a nuestro alcance (yo, por mi lado, presentaré un juicio de amparo, y Catherine ya presentó una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública); no obstante, esta ola de hostigamiento no se va a frenar hasta que no exista una presión política e internacional lo suficientemente grande contra la directora de Conacyt (María Elena Álvarez-Buylla), que es la verdadera responsable de este desastre.

Para no romper la costumbre, les dejo algunas notas que han salido en la prensa mexicana y también les adjunto un par de documentos con más información sobre este caso. A nombre de la comunidad del CIDE, les agradecería que nos ayuden a notificar esta situación a las academias y asociaciones profesionales de sus respectivos países.

Pablo Mijangos

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