Esta es la columna que publiqué en Voz Populi allá por 2014 y que, creo, es de actualidad ante el nombramiento de cuatro chisgarabises por parte del Congreso para magistrados del Tribunal Constitucional
En la cuarta temporada de The Good Wife, Diane Lockhard, la jefa del Despacho de Abogados en el que trabaja Alicia, recibe una oferta del futuro Gobernador de Illinois para convertirse en Magistrada del Tribunal Supremo del Estado. Emocionada, llama a Kalinda – la “super” investigadora del bufete – para encargarle un trabajo: quiere que la investigue para adelantarse a una posible campaña de desprestigio cuando su candidatura se haga pública: “Quiero saber en qué soy vulnerable”
"El PP ha hecho todo lo que podía, no podemos meter a la gente en la cárcel"
Esto es lo que ha dicho Cospedal esta semana en relación con la Operación Púnica. Y la pregunta es, efectivamente, si el PP puede hacer algo más. No en su condición de partido que disfruta de una mayoría absoluta en el Parlamento. Como ha recordado Víctor Lapuente, no necesitamos más leyes contra la corrupción. Necesitamos ajustarlas (por ejemplo, alargando los plazos de prescripción de los delitos de corrupción, reorganizando el proceso penal para que no se conviertan en “macroprocesos” todos los procesos de corrupción o limitando los poderes de los jueces para suspender el ingreso en prisión y del Gobierno para indultar a los corruptos) y necesitamos reducir el poder de los políticos para llenar de acólitos todas las instituciones pero esa es otra cuestión.
Muchos considerarán que Cospedal es una hipócrita. Que el PP no sólo no está haciendo todo lo que puede para combatir la corrupción en su seno, sino que se ha empeñado vigorosamente en impedir que la policía y los jueces puedan averiguar si hay corrupción y quiénes son los corruptos dentro del PP. Que el comportamiento del PP en relación con la operación Gürtel y la protección que ha otorgado a los malolientes de su partido, no se corresponde con la conducta que esperamos de alguien que hace todo-lo-que-puede por combatir la corrupción.
Por si Cospedal habla de buena fe, le voy a sugerir lo que podría hacer el PP para combatir la corrupción en su seno. No hay que inventarse nada. Los mismos partidos políticos que están plagados de episodios de corrupción aprueban leyes para que las organizaciones privadas no se vuelvan corruptas. Siemens, condenada a pagar una multa de casi mil millones de dólares, se gastó el doble de esa cantidad en asegurarse que “esas cosas” (que consistían en un cuarto en el que había maletines llenos de dinero para ser entregados a funcionarios extranjeros a cambio de concesiones y contratos públicos en todo el mundo), “no volvieran a pasar”.
Se llama implantar un programa de compliance o cumplimiento normativo en toda la organización. Un sistema de cumplimiento normativo tiene como objetivo garantizar que la organización funciona de acuerdo con la legalidad, que las infracciones de la legalidad son detectadas rápidamente y que se corrigen y sancionan las conductas infractoras. Las empresas privadas están obligadas a implantar ese sistema para evitar conductas corruptas relacionadas con el soborno de funcionarios extranjeros, el blanqueo de dinero o el incumplimiento de las normas que rigen el mercado de valores.
En los términos más breves, lo que tiene que hacer Cospedal es nombrar un jefe de cumplimiento normativo, un “chief compliance officer” que reporte directamente al Comité ejecutivo del PP, a su Secretaria General y al Presidente. El CCO tiene que ocupar el tercer puesto en el “escalafón” y ha de ser seleccionado mediante un concurso que garantice su honestidad y su capacidad (haber sido CCO en una empresa privada con reputación debería ser decisivo). El CCO ha de disponer de una red de compliance officers en toda la organización. En el caso de los partidos, en cada sección regional, por lo menos, y, convenientemente, en cada organización provincial o local de cierto tamaño.
El CCO tiene que elaborar un manual de cumplimiento normativo adaptado a los riesgos que soporta la organización. En el caso de los Partidos, el riesgo fundamental es el de que sus miembros incurran en conductas corruptas, pero también, que se infrinja la legislación electoral, por ejemplo. El Manual debe recoger las reglas de comportamiento de los cargos públicos del Partido y de los miembros de la organización en sus relaciones con particulares (grupos de interés, empresas que se relacionan con la Administración, prensa y funcionarios públicos en general, deberes de los cargos públicos de comunicar todo su patrimonio al partido al tomar posesión, lista de personas relacionadas con él – parientes – con los que no podrá contratar desde su cargo, decisiones en relación con las cuales exista riesgo de cohecho), es decir, debe contener un reglamento de conducta del cargo público y del cargo del partido. El Manual debe publicarse y entregarse a todos los miembros de la organización que no sean meros militantes, en particular, a todos los cargos públicos del partido. Todos los cargos públicos deben firmar la entrega del Manual y hacer cursos de formación (on-line) en los que demuestren que han entendido cuáles son las reglas del juego.
El sistema debe prever una línea de comunicación directa entre cualquier miembro de la organización y el CCO a través de la cual se notifiquen a éste cualesquiera hechos que puedan poner en peligro el funcionamiento lícito de la organización, incluyendo consultas sobre cómo proceder a denuncias de comportamientos dudosos o ilícitos por parte de cualquier miembro. En relación con las denuncias, el Partido debe poner en marcha una “hot line” que permita denunciar anónimamente esos comportamientos. El CCO debe asegurarse que las denuncias son verificadas y que se adopta una resolución al respecto, desestimándolas o adoptando las medidas sancionatorias o de comunicación al Fiscal que procedan según los casos. El reglamento disciplinario del partido debe prever, en fin, el procedimiento sancionador y las sanciones a los que infrinjan las normas legales aplicables o el reglamento de conducta.
Pero lo más específico de un sistema de compliance para los partidos políticos tiene que ver con la elección de sus cargos internos y la selección de sus candidatos para cargos políticos (listas electorales). Para que alguien del partido acceda a un cargo público relevante (porque maneje mucho dinero o tenga influencia) o sea designado para ocupar una posición relevante dentro del Partido, el CCO debería encargar y presentar a la Dirección un “informe” que reduzca los riesgos de que sea un sinvergüenza, como el de Kalinda sobre Diane, con una recomendación propia sobre si se debe proceder o no al nombramiento. Naturalmente, el trabajo de la Kalinda del PP es fácil porque hay que suponer que contará con toda la colaboración del candidato ya que, de la emisión de dicho informe depende que sea designado para el cargo público o el cargo dentro del partido.
Si Rajoy hubiera encargado ese informe sobre Bonilla, seguro que no lo habría designado jefe del partido en Andalucía al descubrir que había falseado su currículo. Si la “lideresa” hubiera encargado un informe sobre Granados, no lo habría designado Secretario General, porque el Informe incluiría indicios de que su comportamiento como alcalde de Valdemoro podría no haber sido limpio o que tenía “amistades peligrosas”. Y, si no lo hubiera designado, no habría tenido que pedir perdón y decir que se había equivocado. No, Aguirre, no. Tu decisión era discrecional pero sólo podías adoptarla siguiendo un protocolo adecuado para garantizar que no ponías a un sinvergüenza al mando del partido en Madrid. Y no seguiste el protocolo. Hiciste lo que te pareció. Apechuga con ello.
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