De nuevo sobre los efectos de la cancelación registral respecto de la extinción de la sociedad

Combarro, David Espada

Por Aurora Martínez y Andrés Recalde

Jesús Alfaro es un profesor que piensa bien y con gran agilidad; tanto o más veloz es su escritura. Otros buscamos excusarnos en que somos más pausados; pero quizá seamos, simplemente, más lentos. En marzo de este año comentaba un artículo nuestro sobre los efectos de la cancelación registral en relación con la extinción de las sociedades de capital, que incluía elogios y, también, críticas a buena parte de nuestra tesis. Con ánimo de progresar en el conocimiento de la materia nos hemos decidido, finalmente, a discutir sus argumentos.

Dudas de los alumnos sobre Derecho de Sociedades (ii)

Sociedad colectiva: derecho de separación y derecho a la denuncia unilateral

La existencia de ambos derechos por separado parece derivar del hecho de que la denuncia unilateral de la sociedad daría lugar a la disolución de la misma de modo que, aunque los demás socios quisieran permanecer en la empresa, tendrían que disolverla y crear una nueva. Ello coincidiría con el carácter personalista de las sociedades colectivas, en las cuales quiénes y cómo sean los socios resultan caracteres esenciales para la sociedad. De este modo, el derecho a la separación permite que el socio que no desee permanecer en la sociedad se desvincule de esta sin impedir que esta siga existiendo.

No obstante, la teoría planteada en el manual sugiere que no hay diferencia alguna entre derecho de separación y derecho de denuncia unilateral y que, por tanto, el reconocimiento del derecho de separación en el art. 225 C de C es irrelevante.

“Siendo ello así, se comprende que, en realidad, la separación no puede verse como una facultad adicional del socio respecto de su derecho a disolver, sino como derecho a disolver. Y si es así, no resulta claro el motivo por el que una legislación habría de reconocer, simultáneamente, el derecho a denunciar el contrato de sociedad – derecho a disolver la sociedad - y el derecho de separación – derecho a disolver - (v., arts. 224 y 225 C de c). El reconocimiento del derecho de separación en el artículo 225 resulta en buena medida irrelevante. En efecto, aún cuando no estuviese reconocido, el socio que quisiera siempre podría separarse sin que la sociedad tenga que disolverse. Bastaría con que los demás desearan permanecer en ella. Por el contrario, si los demás no desean permanecer en sociedad, el socio no puede ejercitar su derecho de separación, porque los demás socios podrían, simultáneamente, separarse o denunciar la sociedad con lo que el resultado inevitable resulta ser la disolución (en lo único que podría reconocérsele un contenido autónomo es en la pequeña ventaja que proporciona al primero que lo ejercita).”

Si se trata del mismo derecho, al suprimir uno, se estaría suprimiendo el otro. Pero esto no es lo que se dice en el manual al hablar del derecho de denuncia (pág. 83):

“No puede ser suprimido en el contrato, aunque sí condicionado y, desde luego, transformado en un simple derecho de separación.”

En definitiva, me gustaría obtener una aclaración acerca de la diferencia entre el derecho de denuncia y el derecho de separación, si es que existe tal diferencia.

Dudas de los alumnos sobre Derecho de Sociedades (i)

Sociedades civiles y sociedades mercantiles

En relación con el sistema español de mercantilidad de las sociedades se dice en primer lugar que:

“Son sociedades objetiva y subjetivamente mercantiles las que se dedican a una actividad mercantil y, además, son objetivamente mercantiles pero no son comerciantes (no son subjetivamente mercantiles) las sociedades cuyo objeto sea civil pero cuyos socios hayan elegido un tipo mercantil. Es decir, hayan elegido constituir su sociedad (con objeto civil) como sociedad colectiva o comanditaria (lo contrario no cabe: no se permite que una sociedad mercantil adopte un tipo civil).”

Esto se entiende mejor si se atiende a la regulación al respecto. El Código de Comercio establece que solo pueden constituirse conforme al C de C las que se dediquen al comercio. Pero el art. 1670 CC eliminó esta restricción permitiendo que, aunque no se dediquen al comercio, las sociedades se constituyan conforme al C de C (sociedades objetivamente mercantiles y subjetivamente civiles).

Sin embargo, también se habla de sociedades objetivamente civiles y subjetivamente mercantiles (asociaciones, fundación empresa y tipos mutualistas), lo cual entra claramente en contradicción con lo mencionado previamente.

Entonces, ¿es incorrecta la aclaración hecha en el apartado 5 cuando se dice que “no se permite que una sociedad mercantil adopte un tipo civil”? Si es incorrecta, ¿cabría concluir que cabe todo tipo de combinación a la hora de determinar el carácter objetivo o subjetivo del contrato o esto solo es posible cuando se establece legalmente como ocurre en el caso de las asociaciones, las fundaciones empresa o las mutuas?

“En una situación de iliquidez o insolvencia, los que ponen dinero nuevo nunca lo ponen para comprar sus créditos a la par a los actuales acreedores. Nunca”

Salvo que seas el FMI o la Unión Europea y quieras salvar a Grecia y evitar caídas sucesivas de la solvencia de otros países. Si eres el FMI o la Unión Europea, pondrás dinero nuevo que no se destinará a sacar al país de la insolvencia, sino a pagar, íntegramente, a los acreedores anteriores (bueno, salvo en 2012).

Igual es cosa mía

La responsabilidad administrativa de las entidades de gestión

Por Antonio Perdices. Catedrático de Derecho Mercantil. UAM

La nueva Ley de propiedad intelectual castiga como falta muy grave de una entidad de gestión de derechos de propiedad intelectual “la ineficacia manifiesta y notoria en la administración de los derechos que la entidad de gestión tenga encomendados, circunstancia que habrá de apreciarse respecto del conjunto de los usuarios y de los titulares de dichos derechos y no de forma aislada o individual.” [art. 162 ter 2. a) LPI]. La sanción en tal caso será la posibilidad de inhabilitación para actuar como entidad de gestión –término que parece diverso (¿o no?) del de revocación de la autorización ex art. 149 LPI por incumplimientos graves- o multa no inferior a 400.000 euros. E interesa destacar que la responsabilidad administrativa no es de los gestores o administradores de estas asociaciones, que no aparecen por ninguna parte en la ley, sino de las propias entidades de gestión (art. 162 bis 1 LPI).

El derecho de oposición de los acreedores en la escisión

La RDGRN de 15 de octubre de 2014 revoca la calificación del registrador que había denegado la inscripción de una escisión porque, aunque los administradores de las sociedades escindidas y beneficiaria decían que los créditos estaban suficientemente garantizados, un acreedor se había opuesto a la escisión. La cuestión es si la oposición de un acreedor impide la inscripción de la escisión tras la reforma legislativa que – parece – remite al acreedor a una reclamación posterior a la inscripción para exigir el pago de su crédito o su afianzamiento. En la citada entrada, habíamos concluido que

(Si se ha)… ejercido el derecho de oposición por parte de un acreedor “legítimo” (entendemos que se refiere a un acreedor cuyo crédito fuera válido, existente y no vencido) pero los administradores … (han) ofrecido garantías “suficientes” que el acreedor haya rechazado o… los administradores … (consideran) suficientemente garantizado… no procede la oposición.

En el caso, se trataba de un acreedor que tenía una garantía hipotecaria. Los administradores, en consecuencia, afirmaron en la escritura de escisión que el crédito correspondiente a dicho acreedor se hallaba suficientemente garantizado, por lo que no procedía reconocerle más derechos (garantía bancaria) ni pagarlo para poder inscribir la fusión.

… publicada la operación de escisión por segregación, un acreedor con garantía hipotecaria se opone en los términos del artículo 44 por entender que sus créditos contra las sociedades involucradas no están suficientemente garantizados siendo reiterada su postura una vez requerida notarialmente al efecto. Las sociedades afirman por el contrario que las hipotecas existentes y el resto de circunstancias que se citan en la escritura garantizan suficientemente los créditos existentes; es decir, afirman que la acreedora carece de derecho de oposición a la reforma estructural que se lleva a cabo (artículo 44.2 «in fine» de la Ley 3/2009).

La DGRN da la razón a los administradores sobre la base de la modificación legislativa indicada

cuál debe ser el sentido y alcance de la oposición de un acreedor en una operación de reforma estructural en la que dos sociedades de responsabilidad limitada segregan determinadas unidades económicas de sus respectivos patrimonios para transmitirlas a otra sociedad de responsabilidad limitada que, como beneficiaria, aumenta su capital. Los representantes de las sociedades implicadas afirman que los créditos están suficientemente garantizados; el acreedor afirma lo contrario a requerimiento de las deudoras. El registrador Mercantil entiende que no procede la inscripción hasta que se garantice o afiance suficientemente el crédito de la actora por impedirlo el número 3 del artículo 44 de la Ley 3/2009 y porque la nota marginal del número 4 del mismo precepto se refiere al supuesto de operación ya inscrita. Los recurrentes y el notario autorizante sostienen lo contrario

.La novedad consiste en que cuando, a pesar de la oposición del acreedor, las sociedades llevasen a cabo la fusión sin prestar garantía a su satisfacción o sin presentar fianza solidaria de entidad de crédito («se hubiera llevado a efecto» dice el precepto), se reconoce al acreedor el derecho a dirigirse al Juzgado de lo Mercantil en reclamación de la prestación de garantía de pago de su crédito e incluso a hacer constar con anterioridad en el folio correspondiente del Registro Mercantil el hecho del ejercicio de su derecho de oposición pero sin que en ningún caso se impida la eficacia del negocio de fusión.

A falta de acuerdo o de prestación de fianza por entidad de crédito, el conflicto generado entre los acreedores y las sociedades involucradas en la fusión o escisión tendrá su adecuada respuesta en el ámbito que le es propio, el judicial, sin perjuicio de la plena eficacia de la fusión alcanzada mediante su inscripción en el Registro Mercantil (artículo 46.1 de la Ley 3/2009). … No puede ser impedimento a las afirmaciones anteriores la dicción del artículo 227 del Reglamento del Registro Mercantil pues como ha afirmado recientemente esta Dirección General (Resolución de 9 de mayo de 2014), la interpretación de dicho artículo, por ser adjetivo, debe acomodarse a la dicción actual de la Ley 3/2009 por lo que resultando ahora que el derecho de oposición no satisfecho no es impedimento a la inscripción, esta debe llevarse a cabo sin perjuicio de que el registrador practique la nota marginal a que se refiere el párrafo cuarto del artículo 44 si así lo solicita el acreedor...

Cláusula estatutaria de retribución de administradores

La única cuestión objeto de debate consiste en determinar si puede acceder al Registro Mercantil un artículo estatutario relativo a la remuneración de los administradores redactado en los siguientes términos: «Artículo 21:… El cargo de Administrador será retribuido con una cantidad máxima de hasta 124.484,04 euros brutos anuales. Dicha retribución será automáticamente revisada cada año, conforme al Índice de Precios al Consumo (I.P.C.).» A juicio del registrador Mercantil la redacción es contraria a la previsión del artículo 217 de la Ley de Sociedades de Capital mientras que el recurrente opina lo contrario

El Registrador, lacónicamente, deniega la inscripción por considerar la cláusula contraria a lo previsto en el art. 217 LSC. La DGRN, tras echar un rapapolvo al Registrador por no motivar, resume su propia doctrina sobre las cláusulas estatutarias que regulan la retribución de los administradores que, como hemos dicho en otras entradas, es una tarea hercúlea.

la previsión de retribución del cargo de administrador no consistente en una distribución de beneficios requiere a efectos de inscripción en el Registro Mercantil de dos requisitos: su expresa previsión estatutaria y la determinación del concreto sistema retributivo (vid. Resolución de 15 de septiembre de 1999). Las anteriores exigencias se traducen como afirmara la Resolución de 12 de noviembre de 2003 (cuyo criterio ha sido reiterado en las Resoluciones de 16 de febrero y 7 de marzo de 2013 y 17 de junio de 2014), en la exigencia de que se prevea en estatutos, de forma expresa, que el administrador es retribuido, para así destruir la presunción de gratuidad, así como la determinación de uno o más sistemas concretos de retribución (sueldo mensual o anual, seguros de vida, planes de pensiones, utilización en beneficio propio de bienes sociales, entrega de acciones o derechos de opción,…), de suerte que en ningún caso quede a la voluntad de la junta general su elección o la opción entre los distintos sistemas retributivos, que pueden ser cumulativos pero no alternativos. De este modo cuando la previsión estatutaria es que el órgano de administración sea retribuido mediante una cantidad fija, no le corresponde a la junta decidir si la cantidad se ha de satisfacer o no (vid. Resoluciones de 15 de septiembre de 1999 y 15 de abril de 2000), sino tan sólo la fijación de la cuantía concreta de la misma para el ejercicio correspondiente, de acuerdo con el sistema o sistemas de retribución previstos en los estatutos, y ello como garantía tanto para los socios como para los propios administradores.

En el supuesto que da lugar a la presente se cumplen debidamente las exigencias que para la inscripción en el Registro Mercantil exige el artículo 217 de la Ley de Sociedades de Capital: la cláusula estatutaria determina que el órgano de administración será retribuido y que el sistema de retribución será una cantidad anual, cantidad respecto de la que se establece un máximo actualizable conforme a la evolución del Índice de Precios al Consumo. Una previsión semejante Una previsión semejante no establece en estatutos la cuantía concreta y determinada que haya de devengarse a favor del órgano de administración por lo que, sin necesidad de pronunciarse sobre la eventual validez de una cláusula que así lo hiciera, no cabe sino afirmar que se ajusta exactamente a las previsiones del artículo 217 de la Ley de Sociedades de Capital en cuanto determina el criterio (el máximo de cantidad), al cual debe ceñirse la decisión de la junta general o como dice el propio artículo «de conformidad con lo previsto en los estatutos».

Es la Resolución de la DGRN de 26 de septiembre de 2014

Disolución/extinción de Sociedad Anónima: efectos sobre una opción de venta de sus acciones

Por Miguel Iribarren

La siguiente entrada constituye un adelanto del comentario de una sentencia del TS (22.4.14, RJ 2014, 2345), cuya publicación está prevista en el número 97 de la revista CCJC

"Procesos Metalúrgicos Samobeco, S.A." (en adelante, SAMOBECO) era una sociedad en cuyo capital participaban un grupo de empresarios e inversores privados (51%) y la Junta de Extremadura a través de una entidad llamada "Sociedad de Fomento Industrial de Extremadura, S.A." (en adelante, SOFIEX) (49%). Al constituirla, con objeto de asegurar la salida de SOFIEX, ambas partes se comprometieron a celebrar una compraventa sobre las acciones suscritas por dicha entidad al cabo de un determinado período de tiempo, o antes si los primeros incumplían alguno de los compromisos pactados. Esto último sucedió y SOFIEX ejerció su derecho de opción. Entretanto, la sociedad estaba disuelta tras haber sido declarada en concurso y los demandados alegaron que como la sociedad estaba disuelta, era imposible entregar las acciones y ello justificaba la resolución del compromiso.

Catalá, ¡tus ordenadores no tienen vergüenza!

Tras haber rellenado el formulario correspondiente para comunicar al Ministerio mi fracaso al intentar realizar un trámite on-line, recibo el siguiente mensaje:

noreply.ministeriojusticia@sertel.es escribió:
En atención a su correo le informamos que, para poder realizar las comprobaciones oportunas e indicar lo que proceda a su petición, agradeceremos nos aporte más datos sobre la incidencia producida:
- Certificado que intenta solicitar
- Paso exacto en el que obtiene el error.
- Trascripción del error que obtiene.
- Nombre y apellidos del causante
- Fecha de fallecimiento
- Lugar (municipio) de defunción del causante
- Registro Civil en el que consta la inscripción de fallecimiento
- Tipo de certificado electrónico de usuario que está utilizando y fecha de caducidad.
- Tipo de pago (por adeudo en cuenta o tarjeta de crédito) y nombre del Banco o Caja que utiliza.
- Sistema operativo y versión
- Tipo de navegador y versión que está utilizando.
- Versión de la Máquina Virtual Java que tiene instalada en el equipo
Recordamos además que será necesario tener el bloqueo de ventanas emergentes deshabilitado y el JavaScript activado en el Navegador.
Asimismo le sugerimos que acceda desde la Sede Electrónica al enlace “Comprueba si tu equipo cumple con los requisitos necesarios para realizar el trámite”
Para aclarar dudas sobre este trámite podrá encontrar información de su interés en https://sede.mjusticia.gob.es >   Trámites https://legacy.mjusticia.es/exchweb/bin/redir.asp?URL=https://legacy.mjusticia.es/exchweb/bin/redir.asp?URL=https://legacy.mjusticia.es/exchweb/bin/redir.asp?URL=https://legacy.mjusticia.es/exchweb/bin/redir.asp? URLhttps://legacy.mjusticia.es/exchweb/bin/redir.asp?URL=https://legacy.mjusticia.es/exchweb/bin/redir.asp URL=https://legacy.mjusticia.es/exchweb/bin/redir.asp?URL=https://correoweb.mjusticia.es/exchweb/bin/redir.asp?
URL=https://sede.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Sede/es/1215197884559/DetalleInicioT>  > Certificado de Actos de Última Voluntad / Contratos de Seguros de Cobertura de Fallecimiento? Resuelva sus dudas
Lamentamos las molestias que haya podido sufrir y, en todo caso,agradecemos su escrito porque nos permite corregir las deficiencias e intentar mejorar continuamente el servicio y la información que prestamos a los ciudadanos.
Y añade, no sé si con recochineo:
Para responder a este correo, por favor cumplimente un nuevo formulario de contacto desde la página Web del Ministerio de Justicia https://sede.mjusticia.gob.es <https://legacy.mjusticia.es/exchweb/bin/redir.asp?URL=https://legacy.mjusticia.es/exchweb/bin/redir.asp?URL=https://legacy.mjusticia.es/exchweb/bin/redir.asp?URL=https://legacy.mjusticia.es/exchweb/bin/redir.asp?URL=https://legacy.mjusticia.es/exchweb/bin/redir.asp?URL=https://legacy.mjusticia.es/exchweb/bin/redir.asp?URL=https://legacy.mjusticia.es/exchweb
/bin/redir.asp?URL=https://legacy.mjusticia.es/exchweb/bin/redir.asp?URLhttps://legacy.mjusticia.es/exchweb/bin/redir.asp?URL=https://correowebmjusticia., de lo contrario su respuesta no se recibirá correctamente en el Departamento.

Atentamente
La sinvergonzonería de los ordenadores del Ministerio de Justicia se encuentra en que mi correo electrónico era el siguiente:

-----Mensaje original-----
> De: Contacto
> Enviado el: jueves, 06 de noviembre de 2014 13:07
> Asunto: Petición de Contacto
>> Sede Electrónica del Ministerio de Justicia
> <https://sede.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Sede/es/1215197869883/Detall
> eInicio.html>
> jesus alfaro aguila-real les envia esta solicitud de Contacto:
>
> Servicio o trámite objeto del contacto: Certificado de Actos de Última
> Voluntad
>
> Nombre: jesus alfaro aguila-real
>
> Email: jesus.alfaro@uam.es
>
> DNI/NIE : XXXXXXXX
>
> Teléfono: +XXXXXXX
>
> Navegador y versión: chrome
>
> Sistema Operativo y versión: windows 8
>
> Versión de java: 8
>
> Certificado digital: FNMT
>
> Comentarios: (RCER-1002) No es posible recuperar los datos registrales
> con la información proporcionada
>
> Conforme a recibir informacion de interes: SI
>
> Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
> Gecko) Chrome/38.0.2125.111 Safari/537.36

Actualización: he hecho un pan como unas tortas. No me sirve de nada el certificado digital porque mi sistema operativo es windows 8 que no es soportado (esta es la jerga) por la oficina electrónica del Ministerio de Justicia. Parece que la empresa que lleva este servicio es sertel, ¿una empresa de la ONCE?

Del juego y de la apuesta: Andreas Wacke

 

Cuándo leen el artículo 1800 de nuestro Código Civil, ¿qué entienden?

Un lector prejuicioso diría que no se prohíbe hacer deporte de competición. Pero no dice sólo eso. Dice que las apuestas deportivas son contratos válidos y vinculantes y que el que pierde una apuesta deportiva está obligado a pagar, mientras que las ganancias en juegos de azar no pueden reclamarse judicialmente, pero si se pagan voluntariamente, tampoco puede exigirse su restitución (art. 1798). El Código Civil chileno dice lacónicamente pero con gran precisión en su artículo 2260.1 que “el juego y la apuesta no producen acción sino solamente excepción”). Que sólo produzcan excepción (no devolver lo recibido y no pagar lo apostado cuando se pierde) y no acción no significa que surja, de la apuesta, una obligación natural.

La representación en la Junta de la sociedad limitada y las sociedades unipersonales

He dicho en alguna ocasión, que la regla del artículo 183 LSC, en relación con la representación del socio en la Junta de la Sociedad Limitada es una norma demencial (y aquí) que hace prácticamente imposible que los socios de una limitada puedan hacerse representar, para asistir a una junta, por un extraño.

El deber de lealtad del administrador: no conflict, no profit

En otras entradas hemos explicado el sentido del deber de lealtad de los administradores sociales y, refiriéndonos a un trabajo de Paz-Ares, hemos recogido la formulación del mismo más aceptada:

¡Déjenos vivir, señor Catalá!

Espero que no tenga que hacer trámites ante su propio Ministerio. Yo, por desgracia, tengo que presentar la autoliquidación – cero – del Impuesto de Sucesiones ante la Comunidad de Madrid. Para lo cual, tengo que acumular certificados de todas clases. El testamento, un certificado del Registro de Últimas Voluntades que acredite que, efectivamente, el testamento que también presento es el último que hizo el difunto y, para que el Ministerio que Vd., dirige me emita el certificado de últimas voluntades, necesito presentar un certificado de defunción que lo emite un organismo que Vd., también dirige como es el Registro Civil. Además, para hacer la autoliquidación del impuesto, hay que presentar la escritura del inmueble que heredamos, certificados bancarios con el saldo de las cuentas de las que fuera titular el difunto y el número de DNI de cada uno de los hijos. Y lo que es peor, para que el banco te emita el certificado bancario, requiere, también, que se le presente el testamento, el certificado de defunción y el certificado del registro de últimas voluntades.

Cómo se obtienen los certificados de defunción, no lo sé porque no he tenido que ocuparme. Pero, para que te den el certificado de últimas voluntades hay que rellenar el impreso 790, irse a un banco a pagar la fastuosa suma de 3,66 € de tasa y meterlo todo en un sobre, junto con el certificado de defunción y enviarlo al caserón de la Plaza de Jacinto Benavente en el caso de Madrid, donde unos expeditivos y eficientes funcionarios te emitirán el certificado en unos 20 o 30 días. Respecto a tramitarlo todo on-line, forget about it. La sede electrónica del Ministerio de Justicia ni siquiera soporta Windows 8. Requiere de DNI electrónico – que tenemos todos pero nuestros ordenadores personales no tienen tarjetero –. El certificado me lo ofrece una entidad privada por 28 €.

Todavía no he empezado con la Comunidad de Madrid. Me temo lo peor. He tenido que bajarme un programa para hacer la autoliquidación del impuesto.

Le propongo una forma de resolver todo esto de un plumazo: una declaración jurada del interesado en la que diga que su causante ha muerto, cuándo ha muerto, que el testamento es el último, que los bienes son estos y estos y que jura por su causante que todo es verdad y que se lo lleven los diablos si no lo es. Y autoriza a la Administración a comprobar la veracidad de los datos. Luego, esos funcionarios que están ahí para emitir y entregar toda clase de certificados pueden comprobar, aleatoriamente si los datos son verdaderos o no. Y al que mienta a sabiendas, multazo.

¡Déjenos vivir!

Actualización: Tras obtener el certificado digital (cuya comprensión está fuera del alcance de la gente de letras porque se "incorpora" al navegador que uno utilice y "exportarlo" es algo que requiere algo más que la ESO, de manera que uno no vé el puñetero certificado digital) e intentar el trámite telemático, el Ministerio te obliga a rellenar el formulario 790. Lo rellenas y envías los datos y... se acabó, sale (RCER-1002) No es posible recuperar los datos registrales con la información proporcionada. Por favor, verifique que los datos son correctos o inténtelo de nuevo con otro de los grupos de búsqueda. Si el problema persiste contacte a través de los canales especificados en el siguiente enlace ) Y vuelta a empezar. 

Microentrada: cambiando el concepto de enfermedad

Fuente: @cblatts

No hace mucho leía que la explicación más plausible del autismo es una configuración cerebral en la que el cerebro reacciona desproporcionadamene a los estímulos, de manera que cualquier estímulo exterior provoca angustia y dolor. Ahora leo que lo de la hiperactividad puede deberse a que el cerebro de estos niños está configurado de manera que lo novedoso les atrae extraordinariamente y lo cotidiano les aburre sobremanera porque su circuito cerebral de las recompensas está sobreexcitado por las novedades pero no produce dopamina al mismo nivel que una persona normal cuando se trata de tareas normales que, normalmente son satisfactorias. Lo interesante de la hipótesis es que la hiperactividad podía ser ventajosa en el entorno de los cazadores-recolectores, cuya vida debía de ser mucho menos aburrida y previsible que la de los agricultores. Y la aparente “epidemia” de síndrome de hiperactividad en nuestros niños puede deberse, según el autor, al contraste, cada vez mayor, entre lo aburrido del colegio y lo excitante del mundo digital

Los posmodernos

Pregunta el periodista

Què n'opina dels atacs lingüístics al català?

Obsérvese que la pregunta supone dar por supuesto que hay “ataques lingüísticos” al catalán. Es decir, no ataques físicos o ataques verbales. “Lingüísticos” significaría, en realidad, que se escribe o se habla incorrectamente el catalán. Como cuando decimos que Fulano le da patadas al diccionario. Pero no es eso lo que dice el periodista. Se refiere a que el Gobierno español o el gobierno balear, en este caso, están tomando medidas que impiden a los catalanoparlantes expresarse en su propia lengua. Al plantear la cuestión en esos términos, no se discute ya de si esos ataques existen o no y el entrevistado puede opinar acerca de las causas de un fenómeno cuya existencia no se discute.

Y he aquí la respuesta:

És un problema d'hegemonia perquè durant molts segles, a Espanya, quan el castellà s'ha trobat altres llengües regionals, les altres llengües sempre han hagut de renunciar. I des de fa un temps no és sempre l'altra llengua la que renuncia. Molta gent no vol renunciar, perquè per fer-ho has de ser generós i no ho són, aquí a les Balears hi ha molta gent que no és generosa com per renunciar a l'hegemonia lingüística.

De nuevo. La hegemonía del castellano en toda la península ibérica excepto en Portugal se debe a su hegemonía militar, política y cultural durante siglos en los que los derechos humanos no existían y el ganador tenía derecho sobre la vida y la muerte del perdedor. Nada que no haya ocurrido en todo el mundo y con todas las lenguas normalizadas antes del siglo XIX. De manera que la “renuncia” por parte de las otras lenguas que competían con el castellano, aparte de un antropomorfismo poco aceptable, no tiene nada de particular. No renunciaron los que las hablaban. Simplemente, murieron o fueron sometidos o reconocieron que era preferible hablar la lengua del ganador. Ni las lenguas renuncian a nada ni uno es generoso porque renuncie a hablar la propia lengua. Lo hace por conveniencia, necesidad o imposición. Hirschman dejó de hablar y escribir alemán – su lengua materna – y siempre se consideró “en casa” con el francés a pesar de que vivió la mayor parte de su vida en Estados Unidos.

Lo que quieren algunos es cambiar la Historia porque, en esa Historia, sus posiciones – la de que en Cataluña o Baleares el catalán debería ser la lengua hegemónica – perdieron. Igual que se perdió Cuba. Y llevamos treinta y cinco años siendo generosos y obligando a niños que hablan castellano en su casa a hablar catalán en la escuela. Por generosidad y en aras del consenso. Y la respuesta ha sido la de calificar de fascistas y de “ataques a la lengua” cualquier medida que asegure el derecho individual a recibir, en tu propio país, la educación en tu lengua materna. Hay que pasar página y no tratar de volver a la Edad Media.