¡Qué vergüenza! (para España y para Cataluña)

Conclusiones de la Abogado General Sharpston

Declare que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 43 CE al adoptar o mantener en vigor las siguientes disposiciones:

–        Artículo 4, apartado 1, de la Ley catalana 18/2005, en la medida en que prohíbe implantar grandes establecimientos comerciales fuera de la trama urbana consolidada de un número limitado de municipios.

–        Artículos 7 y 10, apartado 2, del Decreto catalán 379/2006, junto con el anexo 1 de dicho Decreto, en la medida en que tales disposiciones limitan la autorización de nuevos hipermercados y exigen que tales hipermercados no absorban más del 9 % del consumo de productos de uso cotidiano o el 7 % del consumo de productos de uso no cotidiano.

–        Artículo 6, apartado 2, de la Ley estatal 7/1996, artículo 8 de la Ley catalana 18/2005 y artículo 14, apartado 1, letra b), del Decreto catalán 378/2006, en la medida en que dichas disposiciones exigen la aplicación de un límite de cuota de mercado y un límite de efectos sobre el comercio minorista existente, más allá de los cuales no podrán crearse nuevos establecimientos comerciales grandes o medianos.

–        Artículos 6 y 7 de la Ley 18/2005, en la medida en que disponen que una solicitud de licencia se entenderá tácitamente desestimada si no ha sido expresamente estimada dentro de un plazo determinado, y, por consiguiente, restringen más la libertad de establecimiento que un régimen con arreglo al cual una solicitud sea tácitamente estimada si no ha sido expresamente desestimada dentro del referido plazo.

–        El artículo 26 del Decreto 378/2006, en la medida en que regula la composición de la Comisión de Equipamientos Comerciales de tal forma que confiere un peso significativo a los intereses del comercio anteriormente existente, excluyendo a los grupos de interés medioambiental y de protección de los consumidores.

Es una vergüenza para España – porque toda esta normativa debió ser declarada inconstitucional hace tiempo por infracción del derecho a la libertad de empresa. Aquí la vergüenza debe ir a los políticos catalanes, a los sucesivos Ministros de Industria y Comercio y al parlamento español que, una vez más, se ha dejado convencer por intereses particulares y ha sacrificado el interés general (hay muchos otros casos).

Las normas contrarias a la libertad de establecimiento han sido derogadas. Pero, en otro acto por el que debieran sentirse igualmente avergonzados nuestros políticos, catalanes y nacionales, la nueva Ley sigue limitando la libertad de comercio para proteger intereses particulares. Y el Gobierno catalán ha sustituido la Ley 18/2005 por un Decreto-ley que sigue infringiendo la libertad de empresa y la libertad de establecimiento

Actualización 24 de marzo de 2011: El Tribunal de Justicia ha seguido las conclusiones de la abogada general y ha condenado a España