La venta del inmueble tras el siniestro no reduce la indemnización por pérdida de alquileres

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 La sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, núm. 1411/2026, de 10 de septiembre de 2026, resuelve cómo debe calcularse la indemnización por pérdida de alquileres cuando una nave industrial asegurada es destruida por un incendio y su propietaria vende posteriormente el terreno y los restos de la construcción. La cuestión consiste en determinar si la indemnización debe comprender las rentas correspondientes al período máximo de doce meses previsto en la póliza o solamente las dejadas de percibir hasta la venta. El Tribunal Supremo considera aplicable el artículo 26 de la Ley de Contrato de Seguro, conforme al cual 

«para la determinación del daño se atenderá al valor del interés asegurado en el momento inmediatamente anterior a la realización del siniestro».

Vicolozano Explotaciones y Concesiones, S.L.U. había adquirido en 2012 una nave industrial por 4.177.500 euros y se había subrogado en un arrendamiento cuya duración obligatoria se extendía hasta 2032. En octubre de 2015 contrató con Reale Seguros Generales, S.A. una póliza multirriesgo industrial que aseguraba el continente por 5.328.750 euros e incluía una garantía suplementaria por pérdida de alquileres, limitada al 10 % del capital asegurado y a un máximo de doce meses. La cláusula garantizaba «la pérdida de los ingresos por alquiler del edificio o local descrito en las Condiciones Particulares, como consecuencia de un siniestro cubierto por la póliza», siempre que el continente estuviera asegurado y existiera un contrato de arrendamiento vigente inmediatamente antes del siniestro.

El 5 de noviembre de 2017, un incendio destruyó completamente la nave. El 30 de noviembre, la arrendataria, Ornua Ingredientes España, S.L., comunicó a Vicolozano la extinción del arrendamiento por destrucción de su objeto. El 16 de febrero de 2018, Vicolozano vendió a Ornua por 2.500.000 euros el terreno y los restos del incendio. Reale entendió que la pérdida indemnizable de alquileres terminaba en la fecha de la venta y reconoció 105.670,73 euros, correspondientes a los tres meses y medio transcurridos entre el incendio y la transmisión. Vicolozano reclamó 379.898,64 euros, equivalentes a doce meses de rentas, además de otras partidas relacionadas con los daños materiales y los intereses.

El Juzgado de Primera Instancia estimó la demanda y concedió íntegramente la indemnización reclamada por pérdida de alquileres. Consideró que la causa de esa pérdida había sido la destrucción de la nave por el incendio, no la posterior venta del terreno. También tuvo en cuenta que el perito de la propia aseguradora había declarado que era imposible reconstruir la nave dentro de los doce meses cubiertos por la póliza. En consecuencia, entendió acreditado que, de no haberse producido el incendio, Vicolozano habría percibido las rentas durante todo ese período.

La Audiencia Provincial de Madrid revocó esta decisión. A su juicio, la garantía cubría los alquileres dejados de percibir por Vicolozano mientras siguiera siendo propietaria del inmueble. Tras la venta, «ya no hay perjuicio por impago de rentas, porque no tendría derecho alguno a su percepción». Por ello limitó la indemnización a los 105.670,73 euros reconocidos por Reale y describió las rentas posteriores a la venta como «sueños de ganancia, carentes de toda realidad».

Vicolozano formuló tres motivos de casación, pero el Tribunal Supremo solo admitió el primero, basado en la infracción del artículo 26 LCS. La recurrente sostuvo que el arrendamiento no se había extinguido por la venta, sino por la destrucción de la nave, y que el daño debía determinarse atendiendo al interés asegurado existente inmediatamente antes del incendio. Por tanto, la venta posterior no podía reducir un daño que ya había quedado producido y cuantificado en el momento del siniestro.

El Tribunal Supremo acoge este razonamiento. Parte de que, en los seguros de daños, el objeto del seguro no es simplemente la cosa, sino el interés económico del asegurado en que no se produzca el siniestro. Define el interés asegurado como «la relación económica que existe entre un sujeto —el asegurado— y un bien o derecho, que tiene un valor económico, y que, a consecuencia de un evento o suceso determinado, puede sufrir una disminución, lesión o pérdida». En este caso, el interés asegurado era el derecho de Vicolozano a percibir las rentas del arrendamiento, limitado contractualmente a doce meses. Ese interés existía tanto al celebrarse el seguro como inmediatamente antes de producirse el incendio.

El incendio destruyó la nave; la destrucción provocó la extinción del arrendamiento; y la extinción produjo la pérdida de los alquileres. Por ello, «la pérdida de alquileres deriva de un riesgo cubierto en la póliza». La venta posterior no fue la causa de la extinción del arrendamiento ni del perjuicio asegurado. 

Las personas adoptan creencias erróneas porque facilitan la obtención de status dentro de la tribu a la que el individuo quiere pertenecer

El principal problema de las irracionalidades colectivas no son las malas creencias que circulan en ellas, sino la falta de confianza que reflejan esas malas creencias. Abordar la desinformación es una estrategia que solo se enfoca en el síntoma; lo que hay que hacer en primer lugar es restaurar la confianza

La cooperación afecta a muchos aspectos de nuestra vida, incluido cómo formamos nuestras creencias. Para asegurar oportunidades de cooperación, alineamos nuestras creencias con las supuestas expectativas normativas de nuestro entorno social. Estas expectativas se gestionan, estabilizan y transforman continuamente mediante el razonamiento interactivo, un proceso que genera conjuntos o poblaciones dinámicas de razones. En determinadas circunstancias, como ocurre en la Ciencia, estos conjuntos pueden orientar a los individuos hacia creencias acertadas. Sin embargo, cuando los individuos se preocupan más por su posición social y su reputación que por la verdad, esos conjuntos generan formas de irracionalidad colectiva. 

Partiré de la distinción entre creencias intuitivas y creencias reflexivas introducida por Dan Sperber (1997). Las primeras se adoptan de manera espontánea y en gran medida irreflexiva. Las segundas, en cambio, se aceptan debido a su «contexto de validación», es decir, cuando encontramos alguna justificación para aceptarlas. Como quedará claro más adelante, esa validación o justificación no depende simplemente de que las creencias sean verdaderas. Además, las creencias reflexivas admiten grados y pueden ser bastante superficiales, hasta el punto de que a veces cabe preguntarse si quienes las sostienen realmente creen en ellas. 

Las creencias funcionan como mapas que nos permiten orientarnos e interactuar con el mundo que nos rodea. Si quiero sobrevivir al tráfico, más vale que tenga una idea bastante precisa de dónde están los vehículos pesados y potencialmente letales. Y si uno quiere evitar una infección, más vale que sepa si el agua es potable o no. La evolución no nos ha dotado de un cerebro que proporcione un modelo científicamente exacto del mundo, sino de un modelo suficientemente exacto para permitirnos interactuar eficazmente con nuestro entorno. Demasiada información, o información excesivamente detallada, aporta beneficios marginales y acaba resultando demasiado costosa. Además, puede dejarnos perplejos e incapaces de actuar. 

El hecho de que las personas modernas adopten creencias erróneas es el resultado de un análisis evolutivo de costes y beneficios. 

Como estas creencias erróneas aprovechan mecanismos de cognición moldeados por la evolución, suelen encajar bien con nuestras expectativas intuitivas acerca del mundo y, por ello, producen una percepción sesgada de la realidad. El creacionismo, por ejemplo, puede apoyarse en nuestra inclinación hacia formas esencialistas y teleológicas de pensamiento. 

Lo que tienen en común estas explicaciones es que ponen el acento en la cognición individual. (pero)... las personas adquieren gran parte de sus creencias y conocimientos a partir de otros... Esta perspectiva social ofrece también una nueva forma de entender la adopción de creencias erróneas...no es que las personas sean crédulas y estén dispuestas a creer cualquier cosa que oigan. Por el contrario, son epistemológicamente vigilantes y se apoyan en diversos indicios para valorar qué información es fiable, como la competencia, la benevolencia y la reputación de la fuente o el grado de difusión de la creencia.... (además)... las personas utilizan atajos cognitivos, como el sesgo hacia el prestigio o hacia la conformidad, para evaluar esas evidencias de segundo orden acerca de qué fuentes merecen confianza....  estos mecanismos no son infalibles. Cuando fuentes aparentemente fiables o la mayoría sostienen creencias erróneas, el individuo termina confiando en las fuentes equivocadas y adquiriendo creencias falsas. En este escenario, los individuos no son plenamente responsables de sus errores, sino que tienen la mala suerte de encontrarse en un entorno social equivocado. La irracionalidad deja entonces de ser un fracaso individual para convertirse en una característica del entorno social en que vive la persona

Funciones no epistémicas de las creencias

Al valorar la relevancia de una idea, la verdad es importante, pero no es la única consideración.

La verdad es decisiva cuando te va la vida en que sea verdad o mentira lo que te están contando o te estás creyendo. 

El ejemplo de Tomasello de la discusión sobre qué dirección tomar para cazar antílopes. Uno dice que hacia el norte y el otro que hacia el sur. Que los dos cazadores coman o perezcan de inanición depende de que sea verdad que los antílopes están en el norte o en el sur. Es lo que Lorenzo Warby llama el reality check de todas las ideas o creencias que circulan en un grupo social. La mayoría de las ideas de los escritores de ficción referidas a cómo debería organizarse la vida social prosperan porque proporcionan status a los que las mantienen y no se extinguen porque no sufren los efectos de la selección natural (los individuos que las 'portan', a diferencia de los cazadores del ejemplo de Tomasello, no se mueren de hambre ni son rechazados automáticamente por el grupo). 

A veces puede resultar más útil desde el punto de vista social adoptar una creencia falsa. El individuo puede comunicar o expresar esa creencia para producir un efecto concreto en la mente de quien le escucha: proyectar una imagen positiva de sí mismo como miembro fiable del grupo.

Véase Plácido Domingo, Clara Ponsatí e Iceta

En particular, si las creencias facilitan la cooperación, cabe esperar que intervengan al menos otros dos tipos de motivación estrechamente relacionados. El primero consiste en preocupaciones de carácter coalicional: qué creencias permiten alinearse con el propio grupo y oponerse al grupo rival. El segundo consiste en preocupaciones reputacionales, es decir, relacionadas con la posición que se ocupa dentro del grupo. Poseer una buena reputación es fundamental en un contexto humano de cooperación. De ella depende que las personas relevantes de nuestro entorno nos consideren dignos de confianza y quieran colaborar con nosotros. 

En resumen, las personas adoptan creencias no porque sean verdaderas, sino porque son instrumentos útiles para la interacción social y para facilitar la cooperación. Estas creencias ayudan a orientarse en el entorno social más que en el entorno natural. O, como afirmó Williams, son «socialmente adaptativas». Con ello hemos modificado la concepción epistemológica tradicional de la irracionalidad en dos sentidos. En primer lugar, la irracionalidad es una propiedad del colectivo al que pertenece el individuo. En segundo lugar, las creencias no siempre cumplen funciones epistémicas; con frecuencia cumplen funciones sociales . Sin embargo, ambas perspectivas no se han integrado adecuadamente. El enfoque colectivo sigue suponiendo que las creencias sirven primordialmente para conocer la verdad, mientras que la teoría de las creencias socialmente adaptativas continúa centrada en el individuo. Ha llegado el momento de combinarlas y examinar exactamente a qué entorno se adaptan las creencias. 

La cooperación requiere que los individuos compartan una misma creencia acerca de cuál es la situación y qué debe hacerse... Ello exige capacidades cognitivas para evaluar las propias creencias y las ajenas y determinar cuáles consideran aceptables. 

Hay creencias que la realidad no refuta nunca y, por tanto, son 'baratas' de mantener 

Un católico puede apreciar profundamente la idea de que María es la madre de Dios, aunque de ello no se desprendan muchas consecuencias prácticas. Un estudiante puede creer que la teoría cuántica es correcta, aunque ello no afecte a su vida cotidiana. La validación de una creencia reflexiva puede proceder de la confianza depositada en la fuente de información («Acepto la teoría de la evolución porque me la enseñó el profesor») o de las razones que apoyan la creencia («Acepto la teoría de la evolución por las pruebas que la respaldan, incluidos los fósiles, la biogeografía, la embriología, la genética, etc.»). En ambos casos, llegamos a aceptar una creencia reflexiva cuando disponemos de una justificación adecuada para hacerlo. Podemos remitirnos a la fiabilidad de la fuente o a la razonabilidad del contenido...  

.. el enfoque epidemiológico se aplica... a las creencias científicas, y a las razones que las respaldan. Cuando los científicos se convencen de una determinada creencia, adoptan también sus justificaciones y posteriormente pueden utilizarlas para persuadir a otros. Si tienen éxito, esos otros adoptarán a su vez tanto la creencia como las razones que la sustentan. De este modo, no solo se difunden las creencias, sino también las razones que los científicos invocan de forma sistemática como justificaciones y argumentos. Las razones que logran difundirse determinan qué creencias son aceptables para los científicos y cuáles no. En conjunto forman una población de razones que ejerce una fuerte presión selectiva sobre las creencias: elimina las irracionales y favorece las racionales... 

¿por qué las poblaciones de razones no tienden a resistir y eliminar las creencias erróneas?...  Los individuos no determinan por sí solos esos criterios de evaluación. Más bien, tienden a ajustar sus creencias a los criterios que consideran predominantes en los círculos sociales relevantes para ellos. Solo así sus creencias pueden producir el efecto social deseado. Si Amy, por ejemplo, justifica su negativa a cumplir las restricciones impuestas durante la pandemia invocando una conspiración gubernamental, supone que esa razón será bien recibida en la comunidad con la que se identifica y mal recibida en aquella a la que se opone. Conoce los criterios que el grupo propio y el grupo rival aplicarán al evaluar su creencia. Dicho de otro modo, los criterios mediante los que valoramos las creencias no son individuales, sino culturalmente compartidos... 

Quien desea ser reconocido como un ecologista comprometido debe alinear sus creencias con las expectativas normativas del grupo al que quiere pertenecer. Solo así puede conservar su reputación como miembro fiable. Estas expectativas surgen de aquello que el grupo considera defendible mediante razones y, por tanto, justificable. La energía nuclear y la modificación genética son consideradas peligrosas por una variedad de razones relacionadas con la seguridad, las consecuencias socioeconómicas y los impactos ambientales. Además, la evidencia científica se vuelve sospechosa debido a acusaciones acerca de posibles intereses financieros o industriales de los científicos implicados... las personas adoptan creencias que señalan su pertenencia al grupo, preservan su reputación y refuerzan la función de las creencias como marcadores de identidad que permiten coordinar acciones y diferenciarse de los grupos rivales... la adopción de creencias erróneas, incluidas las teorías conspirativas, está vinculada a la identidad moral y a la moralidad entendida como cooperación... Las creencias de las personas no son simplemente el resultado de «sesgos cognitivos o fallos de razonamiento», sino que están relacionadas con las normas morales y los grupos con los que desean o no desean asociarse. ... suelen reaccionar de manera defensiva cuando sus creencias son cuestionadas o atacadas. También experimentan vergüenza cuando se demuestra que estaban equivocadas y se enfadan cuando otros se niegan a ver las cosas como ellas. 

La calificación de un colectivo como irracional procede siempre de alguien situado fuera de ese colectivo (el cuento del traje del emperador: es el niño el que grita que el rey está desnudo)

Stefaan Blancke, Nothing about collective irrationalities makes sense except in the light of cooperation, 2023

Turchin completa a Heath contra Harari con Richerson: la ventaja comparativa de la evolución cultural frente a la evolución genética

En este post What Came First in Human Evolution: Intelligence or Culture?, (donde reproduce la imagen de esta entrada) Peter Turchin explica con la claridad que le caracteriza por qué está de acuerdo con Heath, por qué Harari está equivocado Un excelente post de Joseph Heath sobre Harari vs. Henrich y qué le falta a la exposición de Heath para ser correcta a su juicio. Y lo que le falta es señalar que la evolución cultural, al ser mucho más rápida que la evolución genética, permitió a los homínidos adaptarse a un cambio climático muy rápido como el que sufrió la tierra en los últimos cien mil años. Los genes no hubieran sido tan rápidos adaptándose (como la gran fauna euroasiática sufrió cuando llegaron de repente los humanos procedentes de África y la condujeron a la extinción). La cultura nos salvó entonces del cambio climático y la cultura nos salvará del cambio climático producido por el hombre. 

Aquí van algunos extractos del post de Turchin. Sus dos libros (Ultrasociety: How 10,000 Years of War Made Humans the Greatest Cooperators on Earth y, sobre todo, War and Peace and War: The Rise and Fall of Empires, son entretenidísimos y se aprende mucho)

... cuáles fueron las fuerzas selectivas que impulsaron la evolución de la capacidad humana para la imitación “automática” que posibilitó la cultura acumulativa. Esta explicación fue desarrollada por Pete Richerson y Rob Boyd hace algunos años, y continúan perfeccionándola... Russ Genet y Pete Richerson...  

El período más reciente (a la izquierda del gráfico), el Holoceno (últimos 11 700 años), ha tenido un clima notablemente estable (y cálido). Por el contrario, la época geológica precedente, el Pleistoceno , fue una época de violento caos climático, con glaciaciones recurrentes separadas por períodos interglaciales relativamente cálidos (pero breves). El argumento de Richerson y Boyd es que la adaptación a condiciones tan cambiantes mediante la evolución genética no podría funcionar... La evolución genética, sencillamente, no es lo suficientemente rápida como para adaptarse a un entorno que cambia rápidamente. 

... la evolución cultural... fue lo suficientemente rápida como para permitir que los humanos desarrollaran comportamientos transmitidos culturalmente que les permitieron sobrevivir durante el Pleistoceno. ...  nuestra especie estuvo al borde de la extinción en varias ocasiones. Un artículo reciente, « Un modelo coalescente estructurado revela una profunda estructura ancestral compartida por todos los humanos modernos» , estima que el número de humanos en la Tierra durante el Pleistoceno podría haber descendido a tan solo unos pocos miles, o incluso menos. 

...  la cultura acumulativa no requiere lenguaje, ya que la información social se transmite simplemente observando e imitando el comportamiento de otras personas. De hecho, la siguiente adaptación que la cultura acumulativa posibilitó no fue el lenguaje, sino la cooperación.

(aquí es donde pueden leer las cosas de Tomasello a las que he dedicado varias entradas. Turchin explicó estas cosas en el libro Ultrasociety)

 La cooperación produce beneficios colectivos, pero tiene un coste individual. Es difícil que evolucione porque los "agentes" se ven tentados a aprovecharse del esfuerzo ajeno. El mecanismo general por el que evoluciona la cooperación es la selección multinivel. Lo que muchos no especialistas no comprenden es la importancia clave de la variación . Para que la cooperación evolucione, la variación dentro de los grupos debe minimizarse, mientras que la variación entre grupos debe maximizarse. Y eso es precisamente lo que hace la imitación "irreflexiva" de otros miembros del grupo. 

O sea, que un grupo funciona mejor - coopera mejor - cuanta menos variación en la conducta de sus miembros hay. La imitación "intragrupo" es, por tanto, eficiente. Pero con poca variación entre grupos, no hay fuentes de innovación y si cambia el entorno, no solo perece el grupo cuyas reglas de conducta no se adaptan al nuevo entorno, sino que perece toda la especie porque sus comportamientos son homogéneos. Todos, por ejemplo, explotan determinados ecosistemas que se ven afectados por una bajada o subida de las temperaturas. Sin embargo, si las conductas de captura de alimentos son distintas en los distintos grupos, una subida o bajada de las temperaturas hará perecer a algunos grupos, pero no a todos.  

La cadena causal que defienden los evolucionistas culturales comienza, por lo tanto, con el caos climático del Pleistoceno que impulsó la evolución de la cultura. La cultura posibilitó la evolución de la cooperación al concentrar la variación entre grupos y minimizarla dentro de ellos. A continuación, a medida que la cooperación se profundiza y se vuelve más compleja, requiere medios de comunicación mucho más sofisticados, lo que constituye una fuerte fuerza selectiva para el lenguaje.

Esta es la tesis fundamental de Tomasello: la cooperación forzó la aparición del lenguaje. No al revés. 

Finalmente, la cultura acumulativa masiva, la cooperación entre grupos cada vez más grandes y la capacidad de comunicación sofisticada impulsaron la evolución de la inteligencia; este rasgo aparece al final, no al principio como creían Harari (y los pensadores del siglo XX).

Cuando el legislador empodera a los accionistas, los administradores ajustan sus propuestas para retener el máximo posible de control

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¿Cómo reacciona el mercado a un cambio legislativo que da más poder formal a los accionistas para imponer cambios estatutarios o de gobierno que la dirección no desea?

La reforma legislativa que analizan los autores convierte en vinculantes para los administradores determinados acuerdos adoptados a iniciativa de los accionistas en los EE.UU. En concreto, se centran en las propuestas para implantar el sistema de majority voting en la elección de administradores.

Tradicionalmente, en muchas sociedades estadounidenses un candidato al consejo resultaba elegido si obtenía más votos a favor que cualquier competidor, aunque recibiera una cantidad muy elevada de abstenciones o votos en contra. El sistema de majority voting exige que el candidato obtenga una mayoría efectiva de los votos emitidos. Si no la alcanza, debe dimitir o someterse a algún mecanismo de sustitución. Los inversores institucionales llevan años impulsando este sistema como una forma de aumentar la rendición de cuentas de los consejeros ante los accionistas.

Los autores estudian los efectos del aumento de poder de los accionistas y encuentran que ambas partes - accionistas y administradores - se adaptan a las nuevas reglas. Cuando los administradores perciben que los accionistas tienen ahora capacidad jurídica para imponerles el majority voting, reaccionan de forma preventiva. Antes de que los accionistas presenten y aprueben propuestas vinculantes, los propios administradores introducen reformas similares por iniciativa propia.

Lo hacen a través de dos vías. Una consiste en presentar ellos mismos una propuesta de la administración para implantar el majority voting. La otra consiste en adoptar reglas de gobierno corporativo o directrices internas que aparentemente satisfacen la demanda de los accionistas sin necesidad de someterla a una votación por parte de los accionistas.

Por eso los autores dicen que la actuación anticipada de la dirección sustituye (crowds out) las propuestas de los accionistas o que el cambio en la distribución de poder actúa automáticamente: los accionistas dejan de presentar propuestas porque los administradores ya ha hecho algo en esa dirección.

Ahora bien, los administradores tienen incentivos para 'suavizar' la propuesta en relación con la que impondrían eventualmente los accionistas y es eso lo que encuentran los autores: se introduce el majority voting, pero la dirección diseña mecanismos que le permiten conservar capacidad de maniobra. Por ejemplo, adopta versiones de la regla que conceden al propio consejo un papel decisivo en la aplicación práctica de los resultados electorales. También introduce excepciones o procedimientos que permiten mantener en su puesto a consejeros que no han obtenido la mayoría exigida de votos.

En otras palabras, los accionistas consiguen la reforma en apariencia, pero la dirección conserva influencia sobre sus consecuencias reales.

 Cuñat, Vicente & Lü, Yiqing & Wu, Hong, 2025. "Managerial Response to Shareholder Empowerment: Evidence from Majority-Voting Legislation Changes," Journal of Financial and Quantitative Analysis, Cambridge University Press, vol. 60(5), pages 2500-2525, August.

Dar a los accionistas un poder vinculante sobre la remuneración de los directivos reduce algunos costes de agencia, pero también puede destruir valor al debilitar los incentivos de los directivos.

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La hipótesis del artículo es que aumentar el poder directo de los accionistas sobre la remuneración de los directivos reduce los costes de agencia porque dificulta que los directivos se paguen remuneraciones excesivas a costa de posibles incentivos perversos sobre los administradores, en particular si los accionistas pueden bloquear ex post el cobro de bonus ya devengados: los directivos pueden dejar de realizar inversiones específicas de la empresa o esfuerzos difícilmente verificables si temen no recibir después la recompensa esperada. Es, en esencia, un problema de hold-up. 

Para probarlo utilizan un cambio legislativo que se produjo en Suiza en 2008 y 2013. El cambio consistió, en 2008, en la introducción de un sistema muy estricto de say-on-pay vinculante y retrospectivo: los accionistas votarían después de terminado el ejercicio sobre los bonus en efectivo de los directivos. Más tarde, en 2013, la Ordenanza definitiva suavizó el sistema y permitió un modelo prospectivo, en el que los accionistas aprueban por adelantado la cantidad máxima que se repartiría por el consejo entre los ejecutivos como bonus

La hipótesis es que la regulación puesta en vigor en 2008 haría aumentar el valor de cotización de las sociedades con elevados costes de agencia para medir el cual los autores utilizan el exceso de remuneración variable del primer ejecutivo respecto de compañías comparables en tamaño, resultado y características. Y, efectivamente, las compañías cuyos directivos cobraban remuneraciones anormalmente elevadas recibieron reacciones bursátiles más favorables cuando se anunció el régimen vinculante y retrospectivo. 

Para identificar las empresas donde los ejecutivos podían sentirse explotados si se les privaba o reducía el bonus a posteriori, los autores utilizan varios indicadores: volatilidad elevada (entornos más inciertos donde el esfuerzo directivo es más difícil de contratar ex ante), sistemas retributivos basados exclusivamente en bonus en efectivo, empresas con mucha actividad internacional (cuyos ejecutivos tienen más alternativas externas) y sociedades con accionariado más disperso. En todos estos casos las reacciones bursátiles fueron significativamente más negativas.

La prueba más convincente es quizá la del bonus en efectivo. Como la votación retrospectiva afectaba precisamente a esos bonus, las empresas que utilizaban exclusivamente incentivos monetarios experimentaron reacciones claramente peores que las que remuneraban también con acciones. Además, este efecto negativo era más intenso cuando el accionariado estaba disperso, precisamente donde el riesgo de que futuros accionistas bloqueen ex post la remuneración es mayor.  Cuando el régimen se flexibiliza en 2013 y se permite la votación prospectiva, las diferencias negativas asociadas a la volatilidad o a los bonus en efectivo se reducen o revierten . 

Finalmente examinan los efectos reales. Las empresas más expuestas a los costes del sistema retrospectivo eligieron con mayor frecuencia el régimen prospectivo y muchas modificaron sus planes retributivos, reduciendo el peso de los bonus en efectivo. A la vez, las empresas con remuneraciones excesivas redujeron significativamente esos excesos tras la reforma. 

Cuñat, Vicente, Lü, Yiqing, y Wu, Hong (2025), “Managerial Response to Shareholder Empowerment: Evidence from Majority-Voting Legislation Changes”, Journal of Financial and Quantitative Analysis, vol. 60, núm. 5, pp. 2500-2525

La función epistémica de la junta general: evidencia desde la Noruega de 1900

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En un paper que estoy preparando y que se titulará "Acuerdos corporativos vs decisiones conjuntas" trato de demostrar que el único objetivo de someter a votación y acordar por mayoría las decisiones en una corporación - en una sociedad anónima, una cooperativa o una asociación - es acumular la información de la que disponen los miembros de la corporación. La sabiduría de las masas. Trato de argumentar que ese es el sentido que tuvo históricamente en la elaboración de las decisiones de las corporaciones por parte de los canonistas en la Edad Media la regla Quod omnes tangit y que aproximarse a la verdad (obtener la mejor decisión para el interés general de la corporación) era el objetivo de recurrir a una votación.

Las decisiones del grupo no se orientan por las preferencias de sus miembros, sino que agregan la información (la ‘opinión’) de la que disponen sus miembros de lo que es mejor para el bien común y las preferencias de los miembros de un grupo son irrelevantes cuando hay un objetivo común a los miembros del grupo porque ya se han puesto de acuerdo, al formar el grupo, en relación con la preferencia que desean satisfacer . Si se trata de construir un granero o de cazar un antílope, el criterio de evaluación y adopción de decisiones es, exclusivamente el que maximiza el resultado colectivo perseguido (en términos de calidad y coste – tiempo empleado – de la construcción del granero o de la caza del antílope). 

En definitiva, los acuerdos corporativos tienen una función epistémica (adoptar la decisión más correcta, esto es, la 'mejor informada') y no trata de maximizar la compatibilización de las preferencias de los miembros. Eso es lo que persiguen las decisiones 'contractuales' (por oposición a las decisiones corporativas) que son las que adopta un grupo de personas cuando tienen, por ejemplo, que decidir si van a cenar a un restaurante japonés o a un italiano o cuando los socios tienen que decidir cómo se reparten las ganancias obtenidas gracias a la puesta en común. 

El trabajo al que pertenecen estos párrafos confirma la tesis epistémica examinando la distribución de competencias 'pactada' por los accionistas de sociedades anónimas noruegas de principios del siglo XX. Los autores descubren que, cuanto más disperso está el accionariado - lo que puede tomarse como una indicación de bajo nivel de información de los accionistas sobre las decisiones de gestión de la empresa - más competencias se reservan a los administradores. Y viceversa. 

Debo hacer notar que, a mi juicio, el reparto de dividendos es una decisión 'contractual' (aunque no exclusivamente porque repartirlos o reservarlos es una decisión también sobre la financiación de la empresa - autofinanciación o financiación recurriendo a terceros -). Pues bien, como se verá a continuación, la decisión de distribuir dividendos queda en manos de los socios incluso en sociedades con muchos accionistas en las que es razonable pensar que los administradores tienen mucha y mejor información que los accionistas dispersos. Esto revela que, cuando los accionistas deciden sobre la aplicación del resultado y el reparto de beneficios no están acumulando información, están expresando sus preferencias, de ahí que, según los autores, su delegación a favor del consejo se explique por la función de éste de mediador y componedor de las diferencias entre accionistas, justamente, la función de compatibilizar preferencias divergentes que es razonable que existan respecto al destino de los beneficios de la compañía en función de las distintas necesidades de liquidez de los distintos accionistas. 

El trabajo tiene interés también porque proporciona indicios de que, dejados a su voluntad, los promotores de compañías y los inversores llegan a 'arreglos' eficientes lo que disminuye la legitimidad de la legislación imperativa respecto de las relaciones internas de una corporación como la sociedad anónima. 

Los autores explican que atribuir la competencia a los accionistas para tomar todas las decisiones no solo tiene un coste en el sentido de que los accionistas no son los que están en posición de tomar las mejores decisiones (por falta de información) sino que puede desincentivar la adquisición de información por parte de los administradores (no deciden ellos, así que...)

El contenido del trabajo es el siguiente:

En este trabajo estudiamos cómo la estructura de la propiedad afecta a la distribución del control sobre cinco decisiones empresariales fundamentales: la adquisición o venta de activos de la sociedad, el endeudamiento con garantías reales, las emisiones de capital, la liquidación de la empresa y el reparto de dividendos, entre los accionistas y los directivos de 85 sociedades industriales noruegas cotizadas a comienzos del siglo XX. En concreto, investigamos cómo la presencia predominante de pequeños accionistas favorece la delegación del control sobre estas decisiones en los administradores, a través de su incidencia sobre la cantidad de información específica de la empresa de la que disponen los accionistas. 

... dado que en algunas regiones de Noruega la oferta de inversores acomodados era escasa, las empresas de esas zonas se vieron obligadas a emitir acciones entre inversores de menor capacidad económica, lo que generó una variación exógena en la composición del accionariado. En segundo lugar, la Noruega de comienzos del siglo XX carecía de una legislación societaria imperativa que regulase el diseño del gobierno corporativo, de modo que las sociedades podían distribuir libremente el control sobre las decisiones estratégicas mediante sus propios estatutos. En tercer lugar, durante este período la ley no exigía la existencia de consejos de administración, y Burkart, Miglietta y Ostergaard (2023) muestran que una de las principales razones para su creación fue la necesidad de mediar en los conflictos entre accionistas heterogéneos.

En ese trabajo se lee:  

 Los consejos surgen en empresas con una base de accionistas amplia y heterogénea. ...  una función importante de los consejos es mediar entre accionistas heterogéneos con intereses divergentes. Las limitaciones al número de votos que puede emitir un accionista son frecuentes y garantizan que los consejos sean representativos y no estén controlados por grandes accionistas

Y continúan los autores 

 Una junta general atravesada por desacuerdos entre los accionistas tiende a ser un órgano de decisión ineficiente. En consecuencia, los accionistas pueden optar por transferir el control de decisiones estratégicas a un consejo de administración que esté en mejores condiciones para conciliar objetivos contrapuestos.

La constitución de un consejo de administración sirve, por tanto, como indicador observable de la posibilidad de conflictos dentro de la junta general, lo que nos permite distinguir el efecto de la desventaja informativa de los accionistas sobre la delegación del control del efecto derivado de las discrepancias entre ellos. 

Nuestros resultados muestran que la junta general sigue siendo el órgano de decisión más poderoso, pues conserva el control sobre el mayor número de decisiones estratégicas, lo que es coherente con la idea de que los accionistas protegen sus intereses frente al oportunismo de los directivos. No obstante... los administradores reciben un grado considerable de control sobre decisiones estratégicas. 

Lo importante es que las sociedades con predominio de pequeños accionistas tienen una probabilidad significativamente mayor de delegar en la dirección el control sobre cuestiones estratégicas de la empresa, incluso cuando se controlan los posibles conflictos entre accionistas utilizando como indicador la existencia de un consejo de administración. 

Si esta delegación obedece a la ventaja informativa de los administradores respecto de los accionistas, cabría esperar que la reserva de competencias a la junta general y las cláusulas estatutarias que facilitan la obtención de información por los accionistas se comportasen como mecanismos complementarios. Investigamos la importancia de la información en la asignación del control mediante dos tipos de pruebas complementarias. 

(La primera es que).. Las decisiones más estrechamente vinculadas a la actividad ordinaria de la empresa, como la adquisición y venta de activos, la obtención de financiación o las ampliaciones de capital, son precisamente aquellas respecto de las cuales los ejecutivos poseen una ventaja informativa considerable debido a su participación cotidiana en la gestión. De acuerdo con esta hipótesis, comprobamos que la presencia predominante de pequeños accionistas predice de forma significativa la delegación de estas decisiones a la dirección, mientras que no tiene capacidad explicativa alguna respecto de la decisión sobre dividendos. Esta última constituye una materia especialmente conflictiva entre los propietarios y su delegación aparece asociada, en cambio, a la existencia de un consejo de administración, nuestro indicador de conflicto entre accionistas. 

En segundo lugar, ofrecemos una comprobación más directa aprovechando la complementariedad entre control e información. Cuando la junta general conserva el control sobre un mayor número de decisiones estratégicas, los estatutos muestran una mayor tendencia a incluir disposiciones que facilitan la adquisición de información por parte de los accionistas. Entre ellas figuran un acceso más prolongado a los libros sociales antes de la celebración de la junta, plazos de convocatoria más amplios y la atribución a la junta general de la facultad de nombrar a los auditores de la sociedad. 

Una característica destacable de nuestra base de datos es que algunas sociedades dejan sin atribuir expresamente el control sobre una o varias decisiones estratégicas. Dada la importancia de estas materias, tales omisiones deben reflejar opciones deliberadas. Comprobamos que los estatutos que dejan sin asignar un mayor número de decisiones estratégicas tienen más probabilidades de contener una cláusula destinada a alinear los intereses de accionistas y administradores: la exigencia de que todos los cargos directivos sean accionistas de la sociedad. Esta asociación positiva es coherente con la idea de que la asignación formal del control pierde importancia cuando los intereses de los propietarios y de sus agentes están más estrechamente alineados. 

Por último, mostramos que la atribución formal del control a la junta general no se traduce automáticamente en un poder efectivo de los accionistas. Los estatutos que reservan más decisiones a la junta suelen también exigir porcentajes de capital más elevados para solicitar la convocatoria de una junta extraordinaria, lo que sugiere que los derechos de control y la facilidad para ejercerlos se diseñan conjuntamente.

 Burkart, Mike C. and Miglietta, Salvatore and Ostergaard, Charlotte, Shareholder Empowerment and Ownership Structure in a Free-Contracting Environment, 2025

Administradores devenidos liquidadores y nombramiento de liquidador

Anders Zorn

Es la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 17 de julio de 2026

D. Benigno interpuso demanda de juicio ordinario frente a GLOBAL LOGISTICS TRANSOCEÁNICA S.L. por la que solicitaba la declaración de nulidad del acuerdo adoptado en el punto sexto del orden del día de la Junta General de dicha sociedad celebrada en fecha 11 de diciembre de 2020 por el que se nombra como liquidador a D. Remigio , con expresa imposición de costas a la parte demandada. Sostiene la demanda que el acuerdo adoptado era contrario a la disposición estatutaria prevista para el caso de disolución - artículo 18 -, por la que se establece que quienes fueren Administradores o Consejeros quedarán convertidos en liquidadores. 

La sociedad demandada formuló declinatoria de jurisdicción, alegando la disposición establecida en los estatutos sociales - artículo 19 - por la que se someten a arbitraje los conflictos entre la sociedad y sus socios, y cuyo tenor es el siguiente: Artículo 19. - ARBITRAJE -. Toda cuestión que pudiera surgir entre la Sociedad y los socios o entre éstos en su calidad de tales, será resuelta en el domicilio social por arbitraje de equidad, de conformidad con las normas establecidas en la Ley sobre la materia, sin perjuicio del derecho de las partes a acudir a los Tribunales de justicia... 

el Juzgado de lo Mercantil dictó Auto de fecha 1 de julio de 2021 por el que desestimó la declinatoria, al entender que la impugnación de acuerdos sociales del art. 204 de la Ley de Sociedades de Capital no es una materia de libre disposición de las partes, sino que se tiene que ventilar necesariamente por la vía jurisdiccional. 

Interpuesto recurso de reposición frente a dicha resolución el Juzgado de lo Mercantil dictó Auto de fecha 30 de septiembre de 2021 por el que desestimó el recurso de reposición. Considera, en relación a la disposición estatutaria, que permite a las partes acudir a los tribunales, por lo que aquel sometimiento al arbitraje únicamente tendría lugar, conforme a los Estatutos, cuando ambas partes estuviesen de acuerdo en el caso concreto en tal extremo. Añade que el artículo 19 tampoco prevé la institución arbitral encargada del nombramiento de los árbitros, como sí prevé el art. 11 bis apartado tercero expresamente para la impugnación de acuerdos sociales. De este apartado tercero debe deducirse que el sometimiento a arbitraje de la impugnación de los acuerdos sociales requiere de dicha designación en la cláusula estatutaria habilitante. La contestación a la demanda señala que el artículo 376.1 TRLSC permite el nombramiento de liquidador por la Junta General (punto 6º del orden del día) al primar la autonomía de la voluntad sobre la regla general supletoria del citado precepto. 

La Junta General de GLOBAL LOGISTIC acordó la disolución de la Sociedad en el punto 4º del orden del día y, precisamente para garantizar la efectiva existencia de órgano de liquidación desde el momento mismo de la disolución, se produjo la conversión automática de los administradores en liquidadores. Cuestión distinta es que, al amparo de lo dispuesto en el artículo 380.1 TRLSC para la separación de los liquidadores, la Junta General pueda acordar, como así se hizo en el punto 5º del orden del día, el cese de los liquidadores designados en los Estatutos Sociales. Añade que el artículo 11 de los Estatutos Sociales permite, a elección de la Junta General, cambiar la estructura del órgano de administración y, en consecuencia, de la Comisión Liquidadora, estando debidamente reflejado este acuerdo en el punto 6º del orden del día. 

El Juzgado de lo Mercantil dictó "sentencia" de 16 de junio de 2023 por la que desestimó la demanda, con imposición de costas a la parte demandante. El fallo de esta sentencia no se correspondía con el presente procedimiento. La fundamentación incluia notas sobre las cuestiones debatidas. En la fundamentación se indicaba que el nombramiento de D. Remigio es contrario a los estatutos porque la norma estatutaria atribuye tal condición a todos los administradores, no pudiendo desplazarse su aplicación acudiendo a un cese que la Ley no ampara. El artículo 380.1 LSC no resulta de aplicación porque este precepto regula la separación de los liquidadores designados por la junta general o designados en los estatutos, no siendo este el caso. La parte demandada solicitó la rectificación del fallo en fecha 27 de junio de 2023. La rectificación fue posteriormente denegada. La parte actora se opuso alegando que se había notificado un borrador de sentencia. Mediante Providencia de 22 de junio de 2023 ya se puso de manifiesto que lo notificado era un mero borrador archivado en la carpeta destinada a guardar las sentencias. El documento notificado contiene incluso apuntes de la juez y el fallo no se refiere a las partes del pleito. Interpuesto recurso de reposición frente a la mencionada providencia por la parte demandada, el recurso fue desestimado. Señala dicha resolución que la providencia que se recurre no ha modificado ninguna resolución, sino que advertía que el documento notificado no era la sentencia sino un mero borrador de la misma y que, en consecuencia, no podía tenerse en consideración. Ninguna vulneración del artículo 214 LEC hay en dicha resolución. 

El Juzgado de lo Mercantil dictó sentencia de 19 de junio de 2023 que estimó la demanda, con imposición de costas al demandante. Señala que la demanda debe ser estimada porque no puede admitirse que el nombramiento del Sr. Remigio como liquidador estuviera precedido del cese de los liquidadores nombrados por conversión automática, que es en lo que se ampara la demandada para pasar de la designación como liquidadores de todos los administradores por aplicación de la cláusula de conversión automática a la designación como único liquidador del Sr. Remigio . 

El acuerdo 5º no se refiere al cese de los liquidadores sino al cese de los miembros del órgano de administración, y la referencia a "los miembros del órgano de administración" no puede considerarse un mero error desde el momento en que la aprobación de la gestión realizada por los administradores es tratada en el mismo acuerdo. 

Es decir, el punto 5º alude al cese de los administradores y a la aprobación de la gestión social realizada por dichos administradores. Luego cuando en el acuerdo 5º se hace referencia a los administradores y a su gestión, no estuvo pensando la Junta, o al menos todos los socios, en que se estaba acordando el cese de los liquidadores nombrados en aplicación del artículo 18 de los estatutos. Acordada la disolución, no es necesario un acuerdo expreso de cese de los administradores porque su cese se produce por ministerio de la ley. 

La Audiencia sobre la cláusula de sometimiento a arbitraje en los estatutos

....Como establece la STS 1097/2008, de 20 de noviembre, con cita de otras anteriores, la sumisión a la decisión arbitral ha de entenderse con carácter decisorio y exclusivo, no de forma concurrente o alternativa con otras jurisdicciones. 

 la falta de designación de la institución arbitral en la clausula estatutaria resulta contraria al artículo 11 bis de la Ley de Arbitraje y que en consecuencia no resulta aplicable. Esta cuestión ya resulta irrelevante, atendiendo a lo expuesto, dado que la cláusula estatutaria no excluye la posibilidad de acudir a los tribunales. No obstante, sostiene el recurso que la falta de designación de Institución arbitral no convierte en nula o inoperante la cláusula de sumisión la institución arbitral, antes al contrario, se debe acudir a la propia norma legal para proceder a su designación de acuerdo con lo que en la misma se prevé. Se remite el recurso a la Sentencia núm. 1/2020, de 6 de febrero, de la Sala de lo Civil y Penal, Secc. 1ª, del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Canarias, según la cual correspondería a la Sala designar la institución arbitral que habrá de dirimir la controversia. Sin embargo, non es ese el criterio que mantiene la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. La Ley 11/2011, de 20 de mayo, de reforma de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, como señala su Preámbulo, establece que el sometimiento a arbitraje de la impugnación de acuerdos societarios requiere la administración y designación de los árbitros por una institución arbitral - artículo 11 bis, apartado tercero de la Ley de Arbitraje -... En definitiva, la desestimación de la declinatoria fue correcta.

Sobre el hecho de que se notificara un borrador de sentencia  

No podemos aceptar la premisa de la que parte el recurso, puesto que lo notificado no era la sentencia definitiva del procedimiento sino un borrador, como muestra el hecho que que (i) el fallo no se refiere a las partes del procedimiento y que (ii) la fundamentación jurídica incluye notas tales como: (ojo, que no se ha impugnado ese acuerdo...) Pero, además, YO CREO QUE SE PUEDE ADOPTAR EL ACUERDO NOMBRANDO A OTRO SIEMPRE Y CUANDO SE ALCANCE LA MAYORÍA NECESARIA PARA MODIFICAR LOS ESTATUTOS. El texto, analizado en su conjunto, muestra que se trata de un borrador, por lo que no es posible apreciar el motivo del recurso. 

Sobre si el acuerdo por el que se destituye a los administradores tras haber adoptado el acuerdo de disolución implica que los administradores han sido destituidos también como liquidadores, condición que han alcanzado automáticamente por disposición legal (art. 376 LSC que ordena que si no se nombra liquidador, lo sean los administradores)

 Señala al efecto (el recurso) que... El cese de los miembros del órgano de administración únicamente puede referirse a quienes eran liquidadores, pues sencillamente no existían ya administradores. Finalmente sostiene el recurso que, al amparo de lo dispuesto en el artículo 380.1 TRLSC, la Junta General puede acordar, como así se hizo en el punto 5º del orden del día, el cese de los liquidadores designados en los Estatutos Sociales. Valoración del Tribunal. De acuerdo con el orden del dia, los extremos sometidos a la Junta fueron los siguientes: 4. Aprobación de la disolución de la Sociedad al amparo de lo establecido en el artículo 368 de la Ley de Sociedades de Capital ; 5. Cese de los miembros del órgano de administración y aprobación de la gestión social realizada hasta la fecha; 6. Nombramiento de liquidador de la Sociedad; 

Es relevante que los estatutos sociales reproducían la norma legal y establecían que en caso de disolución, los administradores devenían liquidadores 

Ciertamente, los estatutos - artículo 18 - reproducen lo que disponía el artículo 110, apartado primero, de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada: "En caso de disolución de la Sociedad, quienes fueren Administradores o Consejeros quedarán convertidos en liquidadores" 

Pero la Audiencia interpreta los términos de los acuerdos adoptados en el sentido de que la voluntad de la junta con el punto 5º del orden del día   

Debemos advertir que la contestación a la demanda sustentaba que el acuerdo referido al extremo quinto del orden del día suponía que se había adoptado un acuerdo de cese de los liquidadores del artículo 380 TRLSC previo al acuerdo de nombramiento de liquidador. Así fue su planteamiento (énfasis añadido): Y también omite que en el punto 5º del orden del día, se aprobó con el 66,66% de los votos a favor del capital social el "Cese de los miembros del órgano de administración y aprobación de la gestión social realizada hasta la fecha". Dicho acuerdo... tampoco fue impugnado por el demandante. 

... Como señala acertadamente la sentencia recurrida, el apartado quinto del orden del día de la Junta de socios no se refiere al cese o separación de los liquidadores sino al "Cese de los miembros del órgano de administración" y por ello incluye la "aprobación de la gestión social realizada hasta la fecha". A continuación se incluye un acuerdo (sexto) de nombramiento de liquidador de la Sociedad tras la disolución (acuerdo cuarto) y cese de los administradores (acuerdo quinto). Y este acuerdo de nombramiento como liquidador del Sr. Remigio , resulta contrario al artículo 18 de los estatutos -.

 O sea que, si entiendo bien a la Audiencia, lo que se reprocha a la mayoría es que engañó a la minoría que creía, al votar el acuerdo nº 5 que la sociedad estaba aceptando que los administradores cesaran en su condición de tales pero que se convirtieran en liquidadores. 

Impugnación del acuerdo de la socia única de disolver y liquidar la sociedad

Amy Werntz

Creo que la impugnación de acuerdos sociales no es la vía para resolver este conflicto entre no sé sabe quién y la hija de la socia única incapacitada. Alguien, que no es la hija única de Adela, tenía capacidad para gestionar el patrimonio de Adela y no es Cándida, su hija, lo cual no se entiende. Así que supongo que la madre y la hija no se llevaban y la hija contempla cómo su herencia acaba en manos de terceros. 

Su abogado lo intenta por vía de la impugnación de acuerdos sociales. Pero las normas sobre impugnación de acuerdos sociales no están diseñadas para resolver estos conflictos. Sobre todo, porque en sociedades unipersonales no hay propiamente acuerdos sociales. Hay decisiones del socio único que son idénticas a las que toma cualquier individuo sobre su patrimonio. Por tanto, el conflicto debió enmarcarse en las normas sobre actos dispositivos sobre su patrimonio de un 'incapaz natural'. 

La contrariedad 'al orden público' ha de entenderse, en el marco del artículo 204 LSC simplemente como nulidad de pleno derecho porque el órgano corporativo - la Junta - ha sobrepasado los límites de la autonomía que el ordenamiento concede a los órganos corporativos, esto es, la capacidad de autoorganización y autogestión que se reconoce a todas las corporaciones privadas. Por eso, el legislador no emplea, directamente, la categoría de nulidad de pleno derecho y recurre al derecho de obligaciones y contratos y a los límites a la autonomía privada (art. 1255 CC: libertad de pactos siempre que no sean "contrarios a las leyes, a la moral ni al orden público"). 

La Audiencia examina someramente la posibilidad de que la hija estuviera tratando de proteger a la madre incapacitada pero descarta que los acuerdos sociales adoptados hubieran perjudicado a la madre porque, dice, la liquidación de la sociedad no fue impugnada. Pero, en tal caso, ¿qué interés tenía la hija en impugnar el acuerdo de disolución y liquidación?

Es la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 14 de julio de 2026

Cándida impugna el acuerdo social de La Monjara SL de disolver y liquidar adoptado por Adela, socia única. Cándida dice que Adela está incapacitada por sentencia de unos pocos meses después (el acuerdo es de junio y la sentencia de incapacitación es de noviembre de 2016). Cándida pierde porque ni el juzgado ni la Audiencia le reconocen legitimación para impugnar. En un informe médico-forense de 2015 Adela presentaba "deterioro cognitivo leve-moderado por demencia senil". Cándida sostiene que, en tales condiciones, el acuerdo de disolución y liquidación es nulo de pleno derecho, o sea, contrario al orden público en la terminología del artículo 204.3 d) LSC por lo que su impugnación no caduca (art. 205.1 LSC). 

Cándida es la única hija de Adela y su legitimación se le había reconocido en las diligencias previas. 

El juzgado concluyó que, en el momento de adoptar el acuerdo, Adela tenía capacidad suficiente para entender lo que estaba haciendo.

La Audiencia dice que "la parte apelada sostiene que la excepción de caducidad debió ser estimada" y que debería haber sido apreciada de oficio pero la Audiencia replica que 

"a pesar de que la caducidad es una excepción que puede apreciarse de oficio, el tribunal de apelación sólo podría hacerlo en el marco de los motivos invocados en el recurso de apelación o en la impugnación de la sentencia... Lo que no es admisible es que el tribunal de apelación estime de oficio una excepción procesal que ha sido expresamente rechazada por el juzgador de primera instancia y cuyo pronunciamiento ha quedado incólume"

En cuanto a la contrariedad al orden público, la Audiencia examina el requisito del interés legítimo del artículo 206 LSC y lo interpreta diciendo que el demandante debe probar que el acuerdo le afecta directa o indirectamente en sentido perjudicial. 

En el caso que nos ocupa, la demandante fundamentó su legitimación en el artículo 206.1 LSC (no en elartículo 206.2 LSC) y, a tales efectos, alegó en su demanda un interés legítimo basado en que la actora era hija de la socia única. La parte contraria, sin negar el parentesco, se opuso al alegato argumentado que ello no atribuye, per se, un interés legítimo. Planteada así la cuestión, debemos colegir que fue la propia demandante la que delimitó el debate procesal focalizando la legitimación en su relación materno filial con la socia única.De ese modo, quedaba fuera de la controversia cualquier otro motivo fundamentador de la legitimación activa. 

La recurrente insiste en que su interés en la causa deriva del deber de atención y guarda que corresponde a la hija, a la vista del deterioro cognitivo que padece la madre. Sin embargo, ello no se traduce en un interés legítimo en impugnar el acuerdo de disolución y liquidación societario, porque es preciso que el acto impugnado provoque algún tipo de afectación negativa en la esfera patrimonial de la accionante. En el caso de autos esa afectación no se vislumbra en la esfera patrimonial de la actora. Ni siquiera en la esfera patrimonial de su madre, pues, tal y como señala el juez "a quo", el proceso liquidador y la propuesta de destino de la cuota liquidativa se han desarrollado sin que conste impugnación alguna al respecto. 

También se alega por la recurrente que su legitimación había sido reconocida en las diligencias preliminares tramitadas con anterioridad. Sin embargo, el argumento no es hábil a los fines pretendidos, pues lo acordado en esas diligencias no genera ninguna suerte de cosa juzgada respecto de la demanda que se pretende interponer.

La capacidad de Roma para cooptar a las élites locales fue decisiva para la estabilidad y duración del Imperio

 

Anders Zorn

 

 Al final de la República, Cicerón define el gobierno imperial romano como una forma de patronazgo, realizada mediante el esfuerzo continuo por proteger a Roma y a sus aliados: «el Senado era un refugio para reyes, pueblos y naciones; y la máxima aspiración de nuestros magistrados y generales era defender nuestras provincias y aliados con justicia y honor. Por eso, nuestro régimen podría llamarse con más propiedad un protectorado del mundo que una dominación» (De officiis II, 26-27). 

En el siglo I d. C., Plinio el Viejo enumera los deberes sagrados del imperio romano. Según él, la providencia de los dioses había elegido a los romanos para encargarse de la unificación política de los distintos imperios dispersos, de la difusión del latín como lengua universal y de la civilización de los pueblos sometidos (Plinio, Naturalis Historia III, 39). Algunas décadas después, Tácito describió favorablemente la política de pacificación de Agrícola, su suegro, en Britania: «El invierno siguiente lo empleó en medidas muy acertadas. Para que una población dispersa e incivilizada, y por ello inclinada a la guerra, se acostumbrara por medio de las comodidades a la paz y al sosiego, exhortaba a unos, ayudaba a las comunidades, a construir templos, foros y viviendas; alababa a los diligentes, reprendía a los remisos, y la rivalidad por obtener sus elogios sustituyó a la coacción.» (Agrícola 21). De este modo, las tribus sometidas fueron animadas y apoyadas para crear un entorno social semejante al romano, tanto en la esfera pública como en la privada, y para adquirir instituciones y formas de urbanización similares. También se estimuló a las élites indígenas para que compitieran entre sí en ese tipo de inversiones. En el mismo pasaje, Tácito menciona asimismo la adopción del latín y de la toga romana, así como los esfuerzos realizados para proporcionar una educación romana a los hijos de los jefes locales. Estas medidas destinadas a llevar la civilización (humanitas) a los bárbaros no tenían por finalidad prestar un servicio elevado a los sometidos, sino hacer más llevadera su situación de dependencia. Y concluye:

«Aquellos ingenuos llamaban “civilización” a lo que era una parte de su esclavitud.» (Agrícola 21).

Las élites aceptaban de buen grado la cooptación porque significaba la incorporación a una coalición ganadora.

La interpretación tradicional de la romanización de la población indígena llevó a estudiar los rasgos romanos adoptados como aspectos fundamentales de la integración social, cultural y política de las periferias. Así, la influencia cultural se medía, por ejemplo, por la difusión del latín y de las formas romanas de entretenimiento, así como por la aceptación del panteón romano, manifestada en la construcción de templos dedicados a divinidades romanas. La aparición de foros, curias y basílicas indicaba la adopción de las instituciones políticas romanas y, junto con los teatros y anfiteatros, transformó el marco de la vida social. En conjunto, todo el proceso de urbanización fue considerado, y sigue siéndolo, una característica distintiva de las sociedades romanizadas (Revell 2009: 36-79). Hasta el siglo III d. C., la práctica de erigir inscripciones en latín se difundió como una novedad sociocultural en muchas regiones de Occidente. Estos tituli conmemoraban públicamente la vida de los difuntos, los logros políticos o militares, las donaciones hechas a las comunidades, las dedicatorias a los dioses, las leyes imperiales y municipales, entre otras muchas cosas (MacMullen 1982: 238). 

 Estas adquisiciones culturales se produjeron paralelamente a la adopción de las estratificaciones sociales romanas. Un instrumento fundamental que señalaba y fomentaba la integración social y política era la concesión de la ciudadanía romana. Los peregrini o extranjeros podían adquirir, individual o colectivamente, una ciudadanía limitada o plena. La concesión de la plena ciudadanía romana, o ius civile, comprendía un amplio conjunto de derechos, entre ellos el derecho a contraer matrimonio válido conforme al Derecho romano y a celebrar contratos y negocios jurídicos válidos, el derecho a fijar libremente el domicilio y el derecho a votar en las asambleas populares de Roma. A las comunidades indígenas de la periferia se les concedía con frecuencia una ciudadanía limitada, o ius Latii, por lo que carecían de algunos de los derechos propios de los ciudadanos romanos de pleno derecho. 

En las provincias, la adquisición de la ciudadanía romana aumentaba el prestigio y la posición social tanto de los individuos como de las comunidades. La ciudadanía plena se concedía a particulares por méritos personales y también a los auxiliarii, los soldados de las tropas auxiliares reclutadas entre los no ciudadanos, una vez cumplidos los veinticinco años de servicio exigidos. 

En los municipios provinciales que habían obtenido el derecho latino, la ciudadanía romana plena podía alcanzarse asimismo mediante el desempeño de magistraturas locales. Adriano dispuso que los decuriones, es decir, los miembros de la curia o consejo municipal, también pudieran obtener la ciudadanía romana mediante la concesión del llamado Latium maius. La manumisión formal permitía igualmente que los esclavos privados se incorporasen a la comunidad de ciudadanos (Wiedemann 1985: 162).

La ciudadanía operaba como un mecanismo selectivo de integración. El acceso privilegiado se producía precisamente a través de los grupos que Roma tenía más interés en incorporar: militares auxiliares, magistrados municipales, decuriones y, en otro plano, esclavos manumitidos. No se trata de una extensión indiscriminada de la ciudadanía a toda la población provincial, sino de una integración gradual a través de posiciones que vinculaban a sus titulares con el funcionamiento del sistema romano. Roma ampliaba la coalición romana incorporando primero a individuos y élites locales 

Como el ejército regular de legionarios estaba compuesto exclusivamente por ciudadanos romanos, esta política inclusiva constituyó una de las estrategias que distinguieron la construcción del imperio romano de la de las ciudades-estado griegas. El Senado y el emperador podían apoyarse en un cuerpo de ciudadanos cada vez más numeroso para satisfacer las necesidades militares de un imperio en expansión.

O sea, la ampliación de la ciudadanía aumentaba la capacidad militar de Roma, y el aumento de la capacidad militar hacía posible seguir ampliando la ciudadanía. Si uno quisiera formularlo en términos de economía política, podría decir que Roma resolvió parcialmente un problema que muchos estados premodernos no resolvieron: logró que una parte de los conquistados tuviera incentivos para integrarse en el grupo de los conquistadores porque existía una vía relativamente creíble de acceso a ese grupo. Esa permeabilidad producía recursos militares adicionales y, por tanto, más capacidad de expansión. Sherwin-White habría reconocido inmediatamente este argumento. En realidad, detrás de mucha de la historia de la ciudadanía romana está precisamente la idea de que Roma creció porque transformó aliados en ciudadanos en una medida que las poleis griegas rara vez estuvieron dispuestas a aceptar. 

Permite concebir la condición de romano como una identidad que podía experimentarse de formas muy distintas en las diversas provincias. Así, la cultura romana era una cultura «compartida por un grupo ampliamente extendido de élites gobernantes, pero que siempre y en todas partes estaba expuesta a interpretaciones alternativas» (Hingley 2005: 71). 

Como consecuencia de las diferencias en la cultura existente antes de la conquista, en la categoría administrativa, la situación geográfica, el momento de la conquista y las «trayectorias históricas específicas de las distintas comunidades», se han observado interpretaciones diversas de la identidad romana en las diferentes regiones de la periferia (Revell 2009: 192-193). 

Estas experiencias divergentes de la romanidad no se percibían únicamente entre comunidades distintas. La asunción de una identidad romana, exteriorizada a través de prácticas adoptadas como la erección de inscripciones, el uso socialmente regulado del espacio urbano o la aceptación de magistraturas municipales, se convirtió en un instrumento para estructurar la jerarquía social dentro de la sociedad local. 

El teatro romano puede servir de ejemplo de cómo las estructuras urbanas romanas podían expresar la jerarquía social. Existían normas estrictas sobre la distribución de los asientos según la clase social. Asimismo, el uso de accesos y escaleras estaba regulado en función del estatus. Se imponían cuantiosas multas a quienes infringían estas normas, que buscaban claramente hacer visible el orden social. Cada representación teatral implicaba así una reafirmación simbólica de la jerarquía social existente. La identidad de las élites también se expresaba en el anfiteatro. Para los libertos acomodados, excluidos del acceso a las magistraturas, la organización de costosos espectáculos constituía un importante medio de compensar la falta de prestigio social asociada a sus modestos orígenes... 

 Dentro de la vasta y heterogénea periferia del Imperio, la identificación con el poder romano dominante constituyó con frecuencia un importante medio para acumular y exhibir posición social una vez superadas las fases iniciales de sometimiento. 

¿Formaban parte de una estrategia deliberada de Roma los esfuerzos de Agrícola en Britania, descritos por Tácito... así como los de muchos otros gobernadores, encaminados a fomentar la incorporación de las poblaciones indígenas, especialmente de sus élites, al sistema imperial y a difundir la cultura romana por todo el Imperio? Un ejemplo particularmente claro de una estrategia de este tipo podría encontrarse en la organización del culto imperial en las provincias. Dado que tanto hombres (seviri Augustales y flamines Augustorum) como mujeres (flaminicae Augustorum) pertenecientes a las élites locales ejercían las funciones sacerdotales, este culto contribuía al mantenimiento de la cohesión del Imperio y, al mismo tiempo, respondía a la aspiración de esas élites de aumentar su prestigio local mediante su vinculación a las instituciones imperiales.

La incorporación podía llegar muy lejos: no sólo permitía a las élites locales adquirir prestigio municipal o ciudadanía, sino también acceder al orden ecuestre, al Senado y, en casos excepcionales, al propio trono imperial.

La adquisición de la ciudadanía romana permitía a sus beneficiarios participar en el sistema de arrendamiento de bienes públicos y de actividades tales como la explotación de minas y la recaudación de impuestos.

Este sistema presentaba múltiples ventajas tanto para el gobierno imperial romano como para las élites locales. Reducía la posibilidad de una explotación excesiva por parte de forasteros ajenos a la comunidad y, con ello, el riesgo subsiguiente de rebelión, al tiempo que las clases dirigentes locales no eran privadas de su riqueza, puesto que participaban de manera decisiva en la extracción de recursos. Un aumento de la producción era además una consecuencia necesaria del sistema, ya que Roma reclamaba igualmente una parte del excedente generado. Ørsted, que estudió estas formas de colaboración política y económica, llegó a definir la romanización como «una política económica deliberada» y concluyó: «el lobo y la oveja pacen juntos».  

Ørsted... considera que... la abolición del arrendamiento de los impuestos a particulares, fue un factor importante que contribuyó a la desintegración del Imperio romano tardío. Para entonces,... la ciudadanía romana reconocida a todos los hombres libres, era «una carga, no un privilegio», pues comportaba únicamente obligaciones financieras y sociales (Ørsted 1985: 371-372). 

La cooperación entre el gobierno romano y las élites locales ha sido considerada, por tanto, crucial para la integración social y económica de los pueblos sometidos. El objetivo y el resultado del sistema tributario eran la afluencia de recursos desde las provincias hacia Roma.

Pero este flujo cambia en el Imperio 

donde una enorme cantidad de recursos no se consumía en Roma, sino en la periferia interior más extrema del Imperio: la zona fronteriza.

para pertrechar y pagar a los ejércitos que defendían esas fronteras. 

Aquí es donde estaban acantonados cientos de miles de soldados, encargados de proteger las provincias y de impedir las invasiones exteriores, y cuyos salarios era necesario pagar. La existencia de mercados de semejante magnitud en las fronteras provocó un notable aumento de la producción local en las proximidades de los campamentos militares (MacMullen 1968). 

También estimuló el comercio a larga distancia con el norte y el centro de Europa, tanto de productos básicos como de bienes de lujo procedentes de las provincias meridionales, donde la comercialización de excedentes cada vez mayores se veía favorecida por la exigencia de pagar los impuestos en dinero (sobre el desarrollo económico y la tributación véanse Jones 1974, Hopkins 1980, Millett 1990: 6-7, Leveau 2007). 

Ello condujo al desarrollo de actividades económicas fuera del sector primario o agrario, ya que un número creciente de personas pasó a dedicarse al comercio, la banca y el transporte. 

El auge del comercio interregional queda acreditado por el notable incremento de los naufragios documentados y por la difusión de recipientes cerámicos de transporte (amphorae).  

Hasta el siglo III d. C., Roma exigió principalmente el pago de impuestos en dinero, mientras que los tributos en especie tuvieron una importancia limitada.  

Aunque la economía de la periferia imperial conservó fundamentalmente los rasgos de una economía de subsistencia, experimentó un crecimiento significativo en términos de producción, mercados e interconexión regional. Este desarrollo fue una respuesta a la extracción de trabajo (esclavos, aunque sólo inicialmente) y de recursos (primero mediante el saqueo y posteriormente mediante los impuestos) por parte del centro, y fue posible gracias al sistema fiscal, al diseño estratégico-militar del Imperio romano, a la mejora de las redes viarias y a la estabilidad política predominante. No obstante, la periferia también sufrió otros efectos económicos derivados del Imperio, como la expropiación de tierras en beneficio de colonos romanos e inversores propietarios de grandes latifundios. 

El Imperio romano se caracterizó por un grado de integración extraordinariamente elevado. Al igual que la adhesión a la cultura romana, la adquisición de la ciudadanía romana ofrecía a las élites indígenas de la periferia oportunidades para conservar el poder local, social, político y económico, así como para desarrollar una carrera dentro de las estructuras imperiales.

Estos procesos pudieron dar lugar al surgimiento, dentro de las propias comunidades locales, de nuevas formas de centralidad y periferia, definidas por la adopción deliberada de rasgos romanos.

La capacidad del Imperio romano para incorporar a las clases sociales superiores fue crucial para su prolongada existencia.

La promoción jurídica de determinadas comunidades por encima de otras menos favorecidas, así como la aparición de colonias romanas, dio lugar a un paisaje sociocultural complejo en la periferia, donde los rasgos sociales y culturales procedentes del centro se mezclaban con los existentes y eran a menudo reinterpretados.

Lo interesante es que Vanacker parece combinar explícitamente dos ideas: primero, que la ciudadanía permitía a las élites provinciales mantener su poder económico y político local; segundo, que esas mismas élites podían acceder a oportunidades imperiales. No presenta la romanización como una sustitución de las élites indígenas por élites romanas, sino como una integración de las primeras en la estructura imperial.

Además, Roma generaba competencia entre ciudades por el acceso a estatus privilegiados: colonia, municipio, derecho latino, ciudadanía, etc. Eso encaja bastante bien con la idea tradicional que describía el imperio romano como una coalición de ciudades con un poder central de carácter militar 

VANACKER, Wouter, «Aspects of the Integration of the Periphery in the Roman Empire», Kultura i Polityka, núm. 8, 2010, pp. 69-84