Joaquín Urías quiere ser comisario político de la judicatura

Parque Juan Carlos I, Madrid, @thefromthetree

En eldiario.es

El debate que está en la calle pone en duda la idoneidad de nuestro sistema para garantizar la calidad y la neutralidad de la función judicial. Es un debate que molesta muchísimo a los jueces y juezas, acostumbrados a imponer sus decisiones sin ningún tipo de crítica ni comentario social. La judicatura, indignadísima, sigue amparándose en que ellos se limitan a aplicar la ley; no se dan cuenta de que ese argumento formal ya no vale; la ciudadanía ha tomado conciencia de que hay muchas maneras de aplicar la ley y de que la ideología y la forma de pensar de los magistrados influye de manera importante en sus decisiones. La propia incapacidad de aceptar críticas por parte de los jueces demuestra las carencias democráticas de ese poder del Estado.

¿Qué es este párrafo? Una opinión. ¿Basada en hechos? Basada en hechos “potenciales”. Es decir, es posible que nuestros jueces estén acostumbrados a imponer sus decisiones sin crítica, pero ¿es probable que sea así? No lo sabemos, porque Urías no aporta ningún dato mínimamente indicativo de que los jueces estén acostumbrados a “imponer” sus decisiones sin críticas. Ni que sean “incapaces” de aceptar críticas. Aquí, en este blog, somos moderados en nuestras críticas a los jueces. Eso es verdad. Pero, aún así, estoy seguro de que muchos jueces por ahí se preguntarán que si Alfaro es moderado criticando a los jueces, cómo será cuando critica “sin moderación”.

Urías ha sido letrado del Tribunal Constitucional, lo que da una pátina de competencia técnica a sus opiniones. Pero éstas son, últimamente, auténticas barbaridades. Veamos

El poder judicial carece de controles externos. A los jueces sólo los juzgan otros jueces. Ello implica un riesgo tremendo para el Estado democrático que, necesariamente, está siempre en manos de sus tribunales: si se exceden en sus funciones, si manejan la ley a su antojo, siempre está el riesgo de que se vuelva un poder despótico. El único control democrático sobre los jueces es el que se deriva de la legitimación social de sus decisiones. Las sentencias deben ser ajustadas a derecho y transmitir la sensación de que se adaptan al sistema democrático de gobierno. Sólo así el poder judicial sigue percibiéndose como un poder legítimo. Si la ciudadanía pone masivamente en duda la legitimidad de las decisiones judiciales, el sistema entra en crisis.

En primer lugar, el poder judicial, como institución, tiene poderes muy limitados (apenas los de aplicar el régimen disciplinario de los jueces y nombrar a los de los tribunales superiores). El poder judicial, de verdad, el de aplicar las leyes y hacerlas cumplir, el de condenar penalmente etc no está en manos de ningún órgano o institución del Estado. Está en manos de los miles de jueces que deben actuar independientemente. Esa es la gran bendición de nuestros sistemas judiciales.

El peligro para la democracia derivaría de que los jueces actuaran coordinadamente (los 5000 jueces y magistrados). Es decir, que los 5000 votaran si condenan o no a los de la manada o si los dejan en libertad provisional.

Podemos atribuir tanto poder a cada juez individualmente porque (i) no elige los casos sobre los que decide (ii) no puede coordinarse con otros jueces (iii) sus decisiones están sometidas a un sistema de recursos. Urías tiene que saber todas estas cosas. Si no las sabe, no debería escribir. Por tanto, el control de los jueces deriva de su sometimiento a la Ley (de cuyo cumplimiento se ocupan los tribunales superiores) y el poder del legislador para modificar la ley – y con ello la interpretación que estuvieran haciendo los jueces – si no le gusta la interpretación de la Ley que están haciendo los jueces.

La referencia a que los jueces actuales son herederos del franquismo (“la continuidad entre el poder judicial franquista y el actual”) es una ofensa gratuita y tan disparatada como decir que los profesores universitarios también somos franquistas porque ha habido continuidad entre la universidad bajo Franco y la actual.

A continuación, vuelve a mezclar algo perfectamente discutible (la perfectibilidad de

las oposiciones como forma de selección de los jueces

y el coste social e individual de preparar oposiciones durante años) con mensajes amenazantes o simplemente, ayunos de cualquier prueba.

El primero: según Urías hay que elegir sistemas de selección

“que incidan más en la capacidad de empatía, en el conocimiento de la realidad y las habilidades sociales de los jueces”.

¿Cómo se mide eso? ¿Los antipáticos como yo – “a mi no me gusta que me hable la gente” -  estaremos penalizados para ser jueces? Es más, creo que los jueces se autoseleccionan por sus escasas habilidades sociales. La primera cualidad de un abogado – decía Rodrigo Uría – es ser simpático. Yo creo que ser simpático no es una cualidad que debamos exigir en alto grado de los jueces. Alguien que va a desestimarte la demanda o condenarte lo hará con más dificultad si ha entablado relaciones “simpáticas” contigo.

Lo segundo:

El sistema propicia que accedan a la escuela judicial personas alejadas de la realidad, que aún van a necesitar algunos años para desarrollar su madurez social y sobre todo que, aparte de la capacidad memorística de repetición de normas y sentencias, no han demostrado unas habilidades sociales especiales.

Urías dice estas cosas, supongo, porque él preparó alguna oposición, no la sacó y se dio cuenta de que era alguien “sin habilidades sociales”, “inmaduro” y “alejado de la realidad”. Pero no creo que esa sea la experiencia de la inmensa mayoría de los opositores.

¿Por qué son tan bordes estos posmodernos con los “gremios” que consideran de derechas?

La actual Ministra de Justicia es una de las personas más dotadas de habilidades sociales que conozco. Preparó fiscalía durante dos años en Barcelona encerrada en un piso del Ensanche con muy pocas amistades en la ciudad condal en aquella época. Urías debería dejar de ofender a los alumnos de la escuela judicial haciendo juicios generales y gratuitos. Según Urías, los jueces españoles no tienen

Ni capacidad de empatía, ni de mediación, ni de comprensión de la estructura y los valores de la sociedad a la que deben servir. Los jueces españoles saben mucho derecho. En su mayoría son buenos profesionales, responsables y conscientes de su papel. Pero a menudo carecen de los instrumentos que les permitirían ser justos.

Fíjense que yo pensaba que

el mayor problema de los jueces españoles es, precisamente, que saben poco Derecho

(saben mucho Derecho Procesal). Ese es el principal defecto del sistema de oposiciones. Y creo que los jueces, en general, estarán de acuerdo conmigo en que, cuando acceden a su primer puesto, lo ignoran casi todo del Derecho. Pero esto es lo peor,

para qué están los jueces en un Estado de Derecho

No están para impartir justicia. No están para ser “justos”. Están para aplicar la Ley. Son funcionarios, no jueces elegidos por el pueblo. No son cadíes. Son modestos servidores de las normas jurídicas que el legislador ha tenido a bien promulgar.

Y, por fin, Urías asoma “la patita”.

A Urías parece fastidiarle que, a diferencia de los periodistas, de los politólogos y casi de cualquier profesión en España, los jueces sean mayoritariamente conservadores

No se atreve a decir claramente que los partidos políticos deberían elegir a los jueces pero acaba diciendo que las oposiciones son de derechas.

Seguramente, el sistema de acceso tiene algo que ver con este sesgo ideológico que no se debería percibir en sus sentencias, pero que se percibe. La connivencia entre jueces y policías que hace tan difícil perseguir en España los abusos policiales, y que ha sido puesta reiteradamente de manifiesto incluso por la justicia europea, tiene que ver sin duda con este sesgo ideológico. 

La persecución de determinados tuiteros o músicos que ejercen su libertad de expresión. La falta de empatía con las mujeres víctimas de violencia. La defensa a ultranza de España. Todos esos vicios tienen que ver con determinada manera de acceder a la carrera judicial, entre otras cosas.

La primera frase en negrita es una afirmación – una vez más – gratuita y ofensiva. Con tanta aparición en los medios, es imposible que Urías haya hecho un estudio para determinar si el talante conservador de la mayoría de nuestros jueces se refleja o no en el (cerca del) millón de decisiones judiciales. Pero le invito a pasarse por los juzgados de lo social y por la Sala IV del Tribunal Supremo. ¡Son más rojos que Lenin! (es broma) Y son seleccionados igual que el resto de los jueces ¿no habrá algo de autoselección?

La siguiente frase en negrita es asquerosita. Naturalmente que los jueces y policías actúan en “connivencia”: los policías son policía judicial. Y, de nuevo, ¿qué pruebas tiene Urías de que investigar los abusos policiales es más “difícil” en España que en cualquier otro país de Europa? ¿De dónde saca la relación de causalidad entre las oposiciones y la condena de los tuiteros o “la falta de empatía con las mujeres víctimas de la violencia”?

Habrá quien considere que atribuir a los 5000 jueces españoles – la mayoría de ellos mujeres – falta de empatía con las mujeres asesinadas o lesionadas por sus parejas es una afirmación machista. Y hay que disparatar mucho para creer que el sistema de oposiciones tiene algo que ver al respecto.

Y el final, indica que Urías es un riesgo para el Estado de Derecho. Esperemos que no le nombren nunca para un puesto en el que pueda influir sobre la selección de los jueces. Porque si Urías ha de controlar que “cuando la ley o la realidad permitan distintas interpretaciones” los jueces “no se inclinen siempre por la más conservadora, la menos democrática o la que menos permite el progreso de la sociedad” decidiendo él y sus amigos la que es menos conservadora, más democrática o más permite el progreso de la sociedad, y haciéndolo - lo que es mucho más grave - centralizadamente (desde el Comité Central del Posmodernismo Feminista), entonces sí que habremos abandonado ya cualquier apariencia de Estado de Derecho