La conjura contra España (x): "En la UPF, en catalán" y los deberes de los profesores universitarios

Las universidades públicas catalanas están dominadas por nacionalistas fascistoides dispuestos a someter los valores universitarios de libertad de cátedra e ideológica al proyecto nacionalista de construcción de la nación catalana, proyecto claramente inconstitucional cuando se lleva a cabo desde instituciones públicas. 

Todos los rectores de las universidades públicas catalanas firmaron un manifiesto en 2021 pidiendo la libertad de Puigdemont, esto es, defendieron, desde cargos públicos, a un delincuente fugado de la justicia española. El predecesor de la actual rectora de la UPF era un forofo nacionalista independentista. La actual es veterinaria.

La UPF, una corporación de Derecho Público que, como tal, forma parte de la Administración Pública y carece de derechos (solo pesan sobre ella deberes de prestación del servicio público con eficacia e imparcialidad) dice orgullosamente que 

Coincidiendo con el inicio del curso académico, la Universidad Pompeu Fabra inicia este año la campaña “A la UPF, en català!“ (“¡En la UPF, en catalán!”) con un doble objetivo. Por un lado, quiere promover y normalizar el uso del catalán como lengua propia y oficial de la Universidad. Por otro lado, quiere dar a conocer a los estudiantes y al conjunto de la comunidad universitaria sus derechos lingüísticos y los canales con los que cuenta la UPF para tramitar y dar respuesta a las quejas sobre su posible vulneración.

La UPF es una universidad, a la vez, paleta y cosmopolita: tiene el catalán como lengua propia y el inglés como lengua de trabajo.

La UPF, como parte de la Administración pública catalana, tiene dos lenguas cooficiales: el español y el catalán. Que se llame al catalán lengua propia de Cataluña - para indicar que era el dialecto del latín que hablaban en la Edad Media los que vivían en lo que hoy es Barcelona - no permite a la Universidad romper la igualdad entre las dos lenguas cooficiales. Y se rompe la igualdad cuando la UPF decide promocionar una de las dos lenguas cooficiales (no estamos en la enseñanza obligatoria). Por la sencilla razón de que esto de las lenguas es un juego de suma cero: cuanto más catalán en la Pompeu, menos español. No cabe otra. De modo que toda la política lingüística de la Universidad va dirigida, en realidad, a reducir la presencia del español. Esto no va, pues, de "promover y normalizar" el catalán. Va de expulsar el castellano. Porque no se puede promover el catalán sin reducir la presencia del castellano.

Pero el problema es más general. Las muy fascistoides autoridades académicas catalanas han decidido que la lengua en la que se imparten las clases es una cuestión que ha de ser regulada por las autoridades públicas nacionalistas. Que la lengua no es, simplemente, el vehículo de comunicación, sino que es una herramienta política de primer orden para construir la nación catalana y las Universidades Públicas deben comprometerse, esto es, obligarse a hacer todo lo que esté en su mano para contribuir a dicha construcción nacional ("El compromís amb la llengua catalana: irrenunciable".). Y han creado una farfolla conceptual llena de eufemismos y falacias. En la página web correspondiente se lee

En cuanto al marco normativo propio de la UPF, hay que destacar que el Plan de Acción por el Multilingüismo de la Universidad (2007) recoge el principio de seguridad lingüística y que define el catalán como lengua propia y oficial en la Universidad. El castellano es cooficial y el inglés tiene el estatus de lengua de trabajo en la Universidad. Además, la Regulación y fomento del uso del catalán en la UPF (2000) establece que cualquier miembro de la comunidad universitaria que considere afectados sus derechos lingüísticos puede tramitar sus quejas por los canales expuestos anteriormente.

¿Habían oído hablar del principio de seguridad lingüística? 

Se trata de hacer simpática una política autoritaria jugando con la idea de "seguridad jurídica". Quieren decir los constructores de la nación catalana que si en la guía docente, el profesor ha dicho que el curso se dicta en catalán, 'ficha en la mesa, presa', y si profesor y alumnos deciden el primer día que mejor dan las clases en español, el alumno-comisario político de turno puede dirigir la correspondiente queja al "comisario de la lengua", perdón, "comisionado". 

El comisionado actual es un forofo de extrema izquierda nacionalista feroz enemigo del Estat Espanyol y vicepresidente de una organización que protagonizó muchos de los hechos de octubre de 2017 y cuyos dirigentes de entonces fueron encarcelados por cometer graves delitos. ¿Qué imparcialidad cabe esperar si pones a un forofo nacionalista al mando del órgano que ha de velar por los derechos lingüísticos? ¿Hay alguna esperanza de que Marcel Mauri de los Ríos atienda una queja de un alumno cuyo profesor ha rechazado atenderle en castellano? 

Se trata - según la Pompeu - de garantizar los "derechos lingüísticos" y la pregunta inmediata es si los derechos lingüísticos son sólo de los catalanohablantes. ¿Qué hacemos con los estudiantes que son monolingües en la lengua más hablada en Cataluña y materna de la mayoría de los catalanes? ¿Cómo defiende la UPF sus derechos lingüísticos? ¿Hay un plan de promoción del uso del castellano de manera que este alumno monolingüe pueda 'vivir en castellano' en la Pompeu? No, por supuesto que no. Lo que hay es un correccional. Se pondrán los medios para que deje de ser monolingüe, porque no tiene derecho a ser monolingüe, a pesar de lo que dice el art. 3.1 de la CE y a pesar de que es la lengua materna de la mayoría de los vecinos de Barcelona, sede de la UPF. 

La injusticia no puede ser mayor porque es este estudiante monolingüe en castellano el que ha de ser especialmente protegido. No el bilingüe en castellano y catalán. Un estudiante que sea bilingüe - perfectamente bilingüe a decir de los nacionalistas catalanes - no puede sufrir daño alguno porque su profesor le dé clase en castellano. Ningún daño. De ahí el interés de estos fascistoides ideólogos nacionalistas por plantear la cuestión en términos de "derechos" y hablar de "seguridad lingüística". El alumno monolingüe en castellano - o imperfectamente bilingüe - sí sufre daño si su profesor da la clase en catalán y tiene que expresarse en catalán (porque sea obligatorio o por la presión social) porque, como todo el mundo sabe, yo hablo bastante bien inglés pero "I am much less idiot in spanish". 

De modo que la farfolla sobre la "promoción y normalización" del catalán esconde una política repugnante que es justo la contraria de la llamada "discriminación positiva" o affirmative action. No se trata de proteger al que puede sufrir daño, sino al que no puede sufrir ninguno a costa de dañar al más débil. Pero no se preocupen, en pocos años, los jóvenes 'inmersionados' dejarán de ser perfectamente bilingües en catalán y español y se convertirán en "víctimas" de los profesores que les den clase (que "hagan la clase" dice el texto publicado por la UPF, ¡cielo santo!) en castellano. Entonces sí; el nacionalismo habrá creado las víctimas - jóvenes que no dominan el castellano - para excluir definitivamente el español de la institución universitaria. 

Si no tuvieran el seso sorbido por el nacionalismo, las autoridades académicas se darían cuenta de que la lengua que se hable en clase es cosa de los alumnos y el profesor. No de las autoridades académicas ni de las autoridades políticas. Las autoridades universitarias no deben ocuparse de la lengua en la que se expresan sus profesores y sus alumnos. Y sobre todo, no deben inducir a éstos a utilizar con preferencia una sobre otra. Si el profesor es monolingüe (yo hablo cinco lenguas, pero entre ellas no se encuentra el catalán, a ver si me entienden), no hay nada más que hablar. Si los alumnos son monolingües, tampoco hay más que hablar. Si el profesor es bilingüe y sus alumnos lo son también, el profesor debe poder elegir en qué lengua considera más adecuado dar las clases. Eso dependerá de la calidad de su bilingüismo, de la materia que explique y de la calidad del bilingüismo de los estudiantes. Pero el profesor no puede decidir arbitrariamente en qué lengua explica. Debe tomar la decisión siguiendo el juramento hipocrático - mucho más exigible a los profesores que a los médicos - Primum non nocere y, sobre todo escogiendo la lengua que asegure de la mejor forma el aprendizaje de los alumnos. Porque, como los médicos, los profesores tenemos un deber fiduciario: hemos de actuar, de buena fe, en el mejor interés de nuestros alumnos. No en interés de la nación catalana y tampoco en el interés de los profesores nacionalistas.