La conjura contra España (CXVII): el pago de los servicios de prostitutas para atender a las necesidades sexuales de los miembros del Gobierno con dinero y sueldos públicos no es la peor de las prevaricaciones cometidas por el PSOE

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Dice Ignacio Varela

Este asunto de la quita de la deuda autonómica tiene tanto que ver con el interés público como yo con el obispo de Mondoñedo. La batalla no se habría planteado en absoluto si Sánchez no hubiera tenido que comprar la investidura de Salvador Illa a ERC y después armar una coartada a modo de cortafuegos por la espiral de agravios que levantaría en el resto de España el pago de la enésima factura al extorsionador separatista. Cada día se hace evidente con mayor intensidad hasta qué punto todos los pasos que, dentro de su debilidad extrema, se atreve a dar este Gobierno están directamente conectados a la botella de oxígeno que le administran los nacionalistas, enseñoreados como nunca del Boletín Oficial del Estado.

Es la enésima prueba de que hemos dejado de ser un Estado de Derecho donde la ley es suprema porque articula lo que los ciudadanos creen que es mejor para el interés de todos - el interés general -. 

La regla de la mayoría es una regla 'maravillosa' porque, bajo ciertas condiciones (coaliciones cambiantes, que uno esté unas veces con la mayoría y otras con la minoría) produce los mismos resultados que la adopción unánime - o por consenso - de las decisiones colectivas. Pero la regla mayoritaria deja de servir a la maximización del bienestar general cuando se producen coaliciones estables entre minorías que 'componen' colusoriamente (en perjuicio de los que no forman parte de la coalición) sus intereses. (v., infra, entradas relacionadas).

Cuando los diputados de la izquierda junto con los nacionalistas catalanes y vascos aprobaron la ley de amnistía se consumó el atentado más grave de la historia reciente española contra el estado de derecho. Esa ley puso la Ley al servicio de los intereses 'contractuales' de dos coaliciones minoritarias que, conjuntamente componen una mayoría. 

Ahora, la inefable ministra de Hacienda lo ha vuelto a hacer con la condonación de la deuda autonómica. Es una decisión puramente arbitraria. Carece de cualquier justificación desde el punto de vista del interés general y común de todas las regiones y del Estado como han dejado claro FEDEA y la AireF.

¿Cómo sabemos que estas decisiones del Congreso son arbitrarias y corruptas? Porque no son acuerdos sociales (los órganos corporativos adoptan acuerdos, no celebran contratos entre los miembros del órgano). La adopción de acuerdos sociales es la forma en que un órgano corporativo forma y expresa la voluntad de la corporación. Pero si hay grupos - coaliciones - estables en el seno del órgano que negocian entre sí los acuerdos que adoptará el órgano, no hay garantía alguna de que la adopción por mayoría del resultado de dicho pacto entre minorías responda al interés general de la corporación (en nuestro caso, España).

Siguiendo con la analogía corporativa, la condonación de la deuda regional no es un acuerdo social. No es una "distribución de beneficios" o una "aplicación del resultado" (imaginemos que el Estado hubiera recibido un ingreso extraordinario que decide repartir entre las regiones). Es un 'precio'. El Gobierno utiliza los ingresos del Estado para pagar un precio a sus socios de coalición que, a cambio, le entregan sus votos. Exactamente, del mismo modo que la amnistía se concedió a cambio del precio consistente en siete votos a favor de la investidura de Sánchez como presidente del gobierno.

Con el PSOE en el Gobierno, el Congreso de los diputados ha dejado de adoptar "acuerdos" (sociales o corporativos que en el caso de un Parlamento tienen la forma de leyes) y se ha convertido en un zoco donde se celebran contratos de intercambio en los que el precio de las prebendas que obtienen los partidos que apoyan al Gobierno se paga en 'votos'. 

Una corporación que funciona como lo hace el Congreso de los Diputados en estos tiempos es una corporación corrupta en el sentido más clásico de la palabra. Prevarica. Y los 'productos' de esos intercambios no pueden gozar de las cualidades morales y políticas que atribuimos a la Ley. Cuando se tenga que enjuiciar su constitucionalidad, el Tribunal Constitucional debe considerar este tipo de cambalaches de lo de todos a cambio de los votos de algunos como un abuso de la mayoría; como un uso bastardo del derecho de voto por parte de los diputados. Esos intercambios entre grupos nacionalistas y el PSOE no pueden pretender estar revestidos de la majestad de la Ley. Son demasiado repugnantes para calificarse como leyes. Y eso es lo que expresa la idea de arbitrariedad como límite a la validez de las leyes.

Jesucristo expulsó a los mercaderes del templo por el celo de Jesús por la santidad del templo que los mercaderes y cambistas estaban transformando en un mercado. "Mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones" (Mateo 21:13). Y Harold Berman nos recuerda: el Derecho y la Religión están intensamente unidos en la tradición jurídica occidental. Y esa vinculación no puede eliminarse mientras los humanos no nos convirtamos en una especie distinta. Puede transformarse sustituyéndo a la religión por ideologías o puede corromperse sustituyéndose por pagos a prostitutas... o a los nacionalistas. 

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