La competencia no funciona, porque si lo hiciera, esto no pasaría

Innovate or Legislate By Reihan Salam & Patrick Ruffini

Joe Karaganis, a leading expert on media piracy based at American Assembly, observes that while the transition from CDs to MP3s has dramatically reduced distribution costs for the major record labels, they’ve until recently resisted returning more of the wholesale price to artists — who make the same 15 to 20 percent on wholesale that they did before the collapse of distribution costs — or cutting retail prices for consumers. A number of indie labels and digital-streaming services, in contrast, return 50 to 90 percent of the wholesale price to artists. It is hardly surprising that consumers and artists have been flocking to streaming-music services such as Spotify, which has just reached 3 million members — they offer a much better deal to artist and consumer alike by eliminating the middleman, which is exactly what the Internet does best.

Y aquellos que se ponen de acuerdo con los titulares de los derechos para distribuirlos manteniendo muy elevado el precio contribuyen al mantenimiento del monopolio a cambio de una parte de las rentas monopolísticas

Modesta propuesta (prototipo) sobre un régimen eficiente de lucha contra la piratería en internet sin reducir la oferta disponible ni el consumo

Los casos MEGAUPLOAD y los que le han seguido (Cuevana) parecen marcar un cambio de tendencia en la lucha contra la piratería en internet. Derrotada la SOPA y promulgado el Reglamento de la Ley Sinde en España, están las bases sentadas para acabar con uno de las dos grandes fuentes de acceso a obras protegidas por derechos de autor sin pago alguno: las páginas web que ofrecen directamente los materiales o vínculos a donde dichos materiales se encuentran. La otra bestia negra de las organizaciones que defienden los intereses de los grandes titulares de derechos son los sitios web que permiten el intercambio de archivos (peer to peer).

Doy por descartado que nadie esté pensando en aplicar el Reglamento de la ley Sinde para cerrar buscadores o servicios como los de You tube, Scribd, Dropbox etc, es decir, los sitios que permiten a los particulares almacenar documentos en la “nube” y acceder a ellos como les plazca. Una norma que permitiera cerrar tales sitios sería derechamente inconstitucional. La IFPI ha dirigido la atención de su último informe hacia una mayor colaboración por parte de los buscadores y de los operadores de servicios de pago en internet

La legislación vigente es, pues, suficiente para acabar con los sitios en Internet del tipo descrito más arriba. Quedan los sitios de intercambio de ficheros peer to peer. Y queda, sobre todo, eliminar las restricciones a la competencia en la distribución de materiales con derechos de autor. Queda también la revisión profunda de la extensión, límites y mecanismos de protección de los derechos de autor.

¿Qué tratamiento podría darse de modo general a estas cuestiones? Un “arreglo” equilibrado sería aquel que convirtiese a todos los sitios de intercambio de ficheros en empresas legítimas (al modo de la legalización de la actividad que se desarrolla en la economía sumergida) obligando a sus titulares a cobrar un canon de acceso a los usuarios de los mismos (pongamos, 50 € al año) de manera que funcionasen como los clubes de libros o de intercambio de casas. Parte de esas cantidades se destinarían a los titulares de los derechos que otorgarían una licencia general al sitio web correspondiente.

Para no desincentivar el consumo de productos “premium”, los sitios de intercambios de ficheros no podrían incluir entre el material intercambiado ni libros, ni películas o series o canciones de reciente publicación. Pongamos, por ejemplo, en el caso de las películas, el plazo de un año desde que se lanza al mercado que es el plazo que se corresponde con la exhibición en cines y videoclub e incluso televisión de pago. Es decir, los sitios de intercambio de ficheros tendrían lo que se conoce como material de “biblioteca” o de “catálogo”.

El titular del sitio de intercambio debería establecer mecanismos que permitieran asegurar que no se cuela este material premium entre lo intercambiado.

Los titulares de derecho (las “majors” de cine y música y las grandes editoriales) deberían venir obligadas a contratar en condiciones “fair, reasonable and non discriminatory” (FRAND) ofreciendo licencias de sus catálogos completos a todo el que se lo solicitase y diese garantías de utilización adecuada (por ejemplo, que no pueda participar en el intercambio de ficheros nadie que no abone la fee de pertenencia al “club”). Naturalmente, una vez puesto en marcha el esquema, la protección de las obras premium puede intensificarse alcanzando incluso el carácter penal.

La distinción entre productos premium y productos de catálogo permite contestar a los argumentos sobre la pérdida de incentivos para crear nuevas obras. Y es una exigencia de justicia. Los derechos de autor se han ampliado de manera desaforada y los costes de asegurar el respeto de los mismos son estratosféricos, de manera que ha de buscarse un equilibrio que garantice una remuneración adecuada de los titulares y el más amplio disfrute posible por parte del público.

Este sistema podría ser puesto en marcha por la Unión Europea y los demás países vendrían detrás.

El libro electrónico es al libro impreso lo que el libro impreso fue al manuscrito

En este trabajo se analizan algunas tendencias generadas por el auge del libro electrónico. El riesgo de desaparición de los libreros con establecimiento a pie de calle es ya un riesgo real si, a la venta de libros impresos por internet se añade el libro electrónico. Más interesante (también han desaparecido las tiendas que cambiaban novelas de Corín Tellado) es cómo la aparición de grandísimos distribuidores minoristas como Amazon ha alterado las relaciones negociales con los titulares de los derechos de autor (las grandes editoriales) que ven amenazada seriamente su posición de oligopolistas amparados por una regulación de los derechos de autor que fomenta la concentración y el control de la distribución por su parte. Por último, la “autopublicación” que el formato electrónico ha abaratado hasta la insignificancia permitiendo nacer un canal alternativo de distribución de los libros puede dar la puntilla, en el largo plazo, al modelo de negocio de producción y distribución de los libros tal como lo conocemos desde la invención de la imprenta. Los libros impresos quedarán como objeto de colección y regalo.

El trabajo analiza la relación entre el libro impreso y el libro electrónico y saca algunas conclusiones llamativas. La primera es que los “best-sellers” impresos y electrónicos no coinciden mas que en un tercio de los casos. Es decir, hay dos mercados en el sentido de que el producto impreso y el producto electrónico no son perfectamente sustitutivos. (si muchos de los libros que se compran, se compran para regalar, nunca serán perfectamente sustitutivos). Lo que explica que haya dos precios y, por el carácter muy cercano de ambos mercados, que uno influya sobre el otro: libros que tienen éxito en el mercado electrónico pero no lo tendrían o no lo han tenido en el mercado impreso. El formato electrónico permite recuperar títulos impresos fuera de los canales de distribución gracias a esa reducción brutal de los costes de publicación que permite la electrónica. O sea que hay una expansión del mercado. Y una 2ª oportunidad para todos los libros descatalogados y fuera de distribución. ¿Tenemos que respetar los derechos de autor en los mismos términos para esos libros que no se distribuyen?

Bounie, David, Eang , B. , Sirbu, Marvin A. and Waelbroeck, Patrick, Superstars and Outsiders in Online Markets: An Empirical Analysis of Electronic Books (December 2, 2011). Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1967426 or doi:10.2139/ssrn.1967426

Por qué la SOPA es una mala idea y de cómo hay que aplicar la Ley Sinde para que no sea inconstitucional

Tras haber ampliado el círculo de sujetos a los que se reconocen derechos de autor, haber ampliado temporalmente la vigencia de los derechos; haber controlado la distribución de los derechos, la última batalla de los que controlan grandes volúmenes de derechos  es la de los mecanismos de enforcement de sus derechos.

Lo bueno de un derecho subjetivo (property right) es que, normalmente, está protegido con una property rule en lugar de una liability rule. En dos palabras, el titular de un derecho subjetivo puede excluir a terceros del uso de su derecho. Cuando el derecho no está protegido por una property rule, tiene derecho a una indemnización de los daños que la injerencia del tercero en su esfera jurídica le haya causado.

Los derechos de propiedad “fetén” (el derecho de propiedad sobre un reloj, sobre una finca o sobre una máquina) están protegidos con una property rule lo que significa que el propietario puede reivindicar la cosa si otro se apropia de ella, incluso del tercero de buena fe que le haya comprado la cosa al ladrón; puede pedir a un Juez que prohíba a un tercero acceder a “su” cosa; tiene acciones de protección de la posesión y puede pedir una orden judicial de cesación de la conducta del tercero que interfiere con el disfrute exclusivo de su propiedad. Cuando la protección es sólo a través de una liability rule, el titular sólo tiene derecho a que le entreguen una cantidad de dinero, pero no a excluir el uso de la cosa por el tercero. 

La SOPA – y, si se aplica sin tiento, la Ley Sinde – tienen de peligroso precisamente que proporcionan a los titulares de derechos de propiedad una protección desmesurada de su derecho. Básicamente, porque los titulares de derechos pueden obtener una orden judicial (o administrativa/judicial) para que un tercero – que está infringiendo sus derechos – cese en su actividad, pero no solo en su actividad infractora, sino en su actividad tout court.  Eso es lo que significa cerrar páginas web (y ordenar a todos los proveedores de internet que “corten” la comunicación con el ordenador o la dirección de donde procede la actividad infractora). Una medida tan drástica está justificada cuando es proporcional a la infracción. Y sólo podemos suponer que es proporcional (y, por tanto, que no merece la calificación de inconstitucional) cuando el Juez/la Administración ordenan el cierre de una página web que es un instrumento de la comisión de infracciones de derechos de terceros, pero no cuando, en una página web hay usos ilegítimos de derechos de terceros. Ahí, lo sensato es que el titular del derecho pueda – como sucede ahora – requerir para que se retiren los materiales infractores y que los que se dedican a almacenar o distribuir información sobre contenidos aportados por terceros o alojados en sus páginas establezcan sistemas que permitan la retirada rápida de esos contenidos.

Obsérvese que la SOPA y la Ley Sinde otorgan una suerte de legitimación activa amplísima puesto que basta con que un titular de derechos pueda justificar que sus derechos se han infringido para que la orden de cierre beneficie a todos los titulares de derechos porque hay que suponer que esas páginas web no se dedican a infringir los derechos de un determinado titular. O sea, cada titular es vicario de los derechos de todos los titulares. La regla general, en el ámbito de los derechos reales es que los derechos subjetivos los protege su titular exclusivamente. Es decir, los terceros no pueden interponer demandas para proteger mi derecho subjetivo precisamente porque decidir cuánto quiero proteger mi derecho es una decisión que el Ordenamiento me reserva a mí como parte del contenido de mi derecho. Es por eso por lo que podemos abandonar la propiedad de una cosa que, entonces, deviene nullius.

Let’s change the metaphors about patents and copyright

Patent Law and, in general, intellectual property are at the center of the debate on innovation and economic development for good reasons. Its importance as a building block of the institutional organization of the economy can not be overstated. And economists and lawyers have struggled to make proposals that can be widely accepted.

Although I am not an expert on the subject, I think there are some fundamental tenets that could be widely shared

First, the analogy between intellectual property and property over goods should not be pushed too far. Lawyers think analogically and analogy serves us well in most cases (we use known categories and frames to apply them to new facts or cases when we find that they are similar to the old ones) but analogy can lead us to the disaster if we are not able to properly distinguish the old and the new cases (“causes are never seen, only inferred”). It happens very often that tools can be effectively given new uses till we overstretch them and, for instance, we end by calling “persons” to contracts (as it happens with the analogy between individuals and legal persons) or “administrative contracts” to State commands. The problem does not lie on how do you call things. The problem lies in the legal rules you are going to apply to the new “thing” based on the chosen name for it. We should stop transferring the Law of Property to Intellectual Property and Patents.

Legal rules on intellectual property are very crude means to attain the said goals of promoting innovation and intellectual creations. Rules on physical property are as old as agriculture but intellectual property laws are a relatively recent phenomenon. Therefore, we have refined the Law of Property and we can be fairly sure that the arrangements are efficient. On the contrary, we are pretty sure that the Law of Intellectual Property and Patent Law are inefficient. The reason why is that the problem is so difficult that 300 years is probably not enough to solve it reasonably.

Both domains are very different, at least, in two important respects. On the one side, assigning property rights (right to exclude others from the use of a good) makes sense when scarcity abounds. Absent market failure, we know that private property is the best institutional arrangement to achieve efficient use of scarce resources or assets in order to avoid overexploitation and underinvestment. Works and inventions are not scarce. Therefore, other good reasons should be advanced to apply the Law of Property to inventions and intellectual works.

Many consequences result from this difference the most important being the public good nature of inventions and intellectual works and the insignificant cost of producing an additional unit (a feature accelerated by the digital revolution when “units” are copies of the product or work). Moreover, rights over inventions and intellectual works are very difficult to define. It is easy to put a fence between two pieces of land but it is very difficult to assign the rights when the property can be possessed by millions of people simultaneously. Uncertainty about the extent and the legitimacy of the claims also abounds.

On the other side, as analogy is the base of legal reasoning, imitation is the mother of innovation and economic development. You start copying and end by making a new artifact. This is, in my view, the main source of inefficiencies in the Law of Patents and Intellectual Property. A sensible legal system should promote innovation without preventing copy or imitation.

In very general terms, these two principles should help to put in place a much more efficient system of intellectual property.

First, if possible, patents that provide the patentee with a monopoly over a product should not be granted. It is clear that patents seldom grants a monopoly. We already know that patents are an important tool to promote innovation in the pharmaceutical field and not so much in other sectors. Most of classical patents awarded to manufacturers gave them no monopoly at all as only a specific procedure or application was claimed as the object of the patent. A monopoly over a medicinal is created only if there is only a product that can cure an illness. Therefore, same results could be obtained without infringement by trying a different path to achieve the same result. No patents should be granted to “texts” (software) or “results”, let alone to business formats or ideas.

Infringement of a patent can not be equated to stealing another (physical) property. If I take your cake I will be depriving you of it. If I copy your machine or your circuit you are still using it.

The general available remedy should be damages and not injunction or orders to desist. In cases of bad faith infringement, general Contract Law provides for overcompensatory damages. And, in order to correctly decide the compensation the inventor deserves, Jugdes should take a look at the patent granted and its merits. Not all patents are born equal. A system – again, an analogical use of the Law of Property – based on the validity or nullity of the patent (0/1) is most useful when we can be sure at a low cost that the claimant is the “legitimate owner” and the defendant is a trespasser or a thief but not in any other case. 

Let’s change the metaphors we currently use. The case where an individual uses a patented product or process or reads a copyrighted work without paying a fee bears little resemblance to the thief who breaks into a house and takes over the TV set and much more with a hiker walking on a public land that decides to rest profiting from the shadow cast by a tree located on a private estate. If the owner of the farm is also the tree owner and the tree has been planted to give shade and the farm owner is entitled to all income produced by his asset, Does that mean we have to give the tree owner a right to prohibit the hiker to take advantage of the shadow cast by the tree? The owner can always cut the tree or place it in such a place that its shadow casts only inside his property borders. However, we do not want him  to do neither (positive externalities). But should him be granted the right to prevent the hiker resting in the shade of the tree?

If we continue with the metaphor and we assume that there are other trees along the path that cast shadows on the road and that all of them are planted in private estates, we understand immediately that if the owners of all allongside properties agree to charge hikers thousand euro to rest in the shade or if they agree to cut down all the trees except one, the offenders are now the land owners (cartelists) since they are creating scarcity in order to maximize profits. The problem with copyright lies on the monopolistic character of distribution of protected works. Markets for distribution of copyrighted works are monopolistic and should be competitive because we can not get right prices without competition. Copyright owners (rectius, firms that aggregate copy rights and distribute them to the public) are a few (private firms or state-sponsored associations of authors) and – as the state owners – are able to control the route to market of copyrighted works. This must be put to an end. The inventor or the author that “publish” its invention or its work shall not be allowed to restrict distribution. They should be given only the right to get a fair share of the social benefits of its work. By fair I mean one that takes into account the fact that there is no such a thing as a sole inventor.

No más copias. Ni piratas, ni legítimas

Al escribir sobre el Derecho de las condiciones generales, la parte más divertida de tratar era la referida a las cláusulas sorprendentes. En alemán, más divertido todavía porque se dice Überraschende Klauseln.  Una cláusula sorprendente es aquella condición general que contradice de tal modo las expectativas del consumidor (del que se adhiere a las condiciones generales) que no puede considerarse aceptada y, por tanto, no pasa a formar parte del contenido obligatorio del contrato celebrado y en el que se han incorporado las dichas condiciones generales.

Mi ejemplo favorito – no inventado como ninguno de los que utilizo – era el de una cláusula incluida en un contrato de alquiler de un televisor (seguro que en Alemania se alquilaban televisores. En España, creo que solo en los hospitales) en la que se obligaba al arrendatario del televisor a adquirirlo a la finalización del plazo de duración del arrendamiento. O sea, que si alquilabas el televisor por cuatro semanas, cuando transcurría el plazo te encontrabas con la factura enviada por el arrendador por el precio del aparato de televisión. El carácter sorprendente deriva del hecho de que el consumidor “esperaba” haber celebrado un contrato de arrendamiento para encontrarse con que había celebrado un contrato de compraventa. O las cláusulas frecuentemente incluidas en recibís en las que el que firma declara que no tiene nada más que reclamar, que está completamente satisfecho y que renuncia a cualquier reclamación adicional.

El fundamento de la nulidad – no incorporación – de semejantes cláusulas es que no pueden quedar cubiertas por el consentimiento del adherente. Son las cláusulas contrarias a la buena fe por excelencia porque incluirlas en las condiciones generales es un comportamiento indecente por parte del predisponente: sabiendo que el consumidor no va a leerla, se la cuelan de tapadillo. Caso señero de deslealtad contractual.

Acabo de leer este breve artículo de William Patry sobre el Derecho de la Propiedad Intelectual donde el autor explica muy bien cómo lo más intolerable de nuestro actual sistema de derechos de propiedad intelectual no está en el objetivo de recompensar a los autores sino en su estructura monopolística y en el control que, sobre el mercado, ejercen algunos distribuidores que crean artificialmente escasez. También tiene mucho interés lo que dice acerca de que no puede seguir estando basado en la copia como centro del sistema en un mundo en el que los usuarios no quieren ser propietarios de una copia y consumen “fugazmente” enormes cantidades de obras protegidas. Es como si en El Corte Inglés sólo encontráramos bolsas de 20 kilos de naranjas y cuberterías de 24 servicios. Pero, además, dice lo siguiente

That’s not the only way in which the new copyright laws place the public in a worse position in the digital world than in the analog world. A venerable principle of copyright law is the first-sale doctrine: Once a lawful copy of a book or other work is sold or given away, the owner of that copy can turn around and resell it or give it away without permission or payment. That’s why we can have second-hand bookstores. But if the transaction is considered a license, as with e-books, then the first-sale doctrine doesn’t apply, as thousands of startled Amazon.com purchasers found out when their copies of George Orwell’s “1984” were remotely removed from their Kindles by Amazon, after Amazon determined that its source wasn’t authorized.

Digital locks can be used not just with individual consumers, but also with libraries. Last March, HarperCollins stunned the library world by announcing that a license to lend its e-books will expire after 26 loans.

Creo que mi ejemplo favorito de cláusula sorprendente va a variar. Ahora será la de HarperCollins.

PS: Patry ha publicado una segunda parte de su artículo

PS: Patry ha publicado una tercera parte de su artículo (es más flojo porque se mete en los temas más económicos. No me convence su apuesta por la discriminación de precios – precios más bajos en países más pobres). Lo que hace falta es precios mucho más bajos en todos lados

La infatigable extensión… (II)

Viene de esta otra entrada

Y para que vean que lo que decimos de la Unión Europea es verdad, vean el Informe elaborado por la Comisión Europea respecto de la extensión de la duración. Según la Comisión Europea, eso que dicen los economistas de la entrada anterior es una estupidez porque los consumidores no sufren daño alguno de la extensión, es decir, que ésta es una comida gratis para los artistas y los productores de fonogramas:

Empirical studies show that the price of sound recordings that are out of copyright is not lower than that of sound recordings in copyright. This is true in relation to statutory remuneration claims and for the sale of CDs. The 'single equitable remuneration' due for broadcasting and performances of music in public venues would remain the same as these payments are calculated as a percentage of the broadcasters or other operators' revenue. As far as CD sales are concerned, very few studies analyse the price between prices of in-copyright and out-of copyright recordings. A study by Price Waterhouse Coopers concluded that there was no systematic difference between prices of in-copyright and out-of copyright recordings. .

¡Qué desfachatez! la Comisión Europea alega las restricciones a la competencia que cometen las entidades de gestión para justificar por qué aumentar la duración de un monopolio no perjudica a los consumidores. Obsérvese que los precios de los CDs no varían porque la distribución de música grabada es un oligopolio estrecho donde nadie tiene incentivos para fijar un precio distinto en función de la demanda del cantante. Y, sobre todo, que ya han dicho los tribunales que cobrar a los usuarios un porcentaje de sus ingresos a cambio de una licencia basada en la disponibilidad del repertorio y no en el uso efectivo es abusivo. Las sanciones a a AGEDI en España por parte de la CNC y la jurisprudencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo lo confirman.

La infatigable extensión del derecho de autor: un poco de análisis de los costes y beneficios

He encontrado el escrito de alegaciones – amicus curiae – de un grupo de economistas de 2002 para mover al Tribunal Supremo norteamericano a declarar la Ley que extendió el derecho de autor desde los 50 a los 70 años, inconstitucional. la carta la firman varios premios Nobel. De acuerdo con el art. 26 de la Ley de Propiedad Intelectual española, el plazo de 70 años tras el fallecimiento del autor está en vigor en España y en toda Europa por efecto de la Directiva 2006/116, cuyo considerando 12 dice que se hace

… Para lograr un nivel de protección elevado, que responda a la vez a las exigencias del mercado interior y a la necesidad de crear un entorno jurídico propicio para el desarrollo armonioso de la creatividad literaria y artística en la Comunidad, procede armonizar el plazo de protección del derecho de autor, fijándolo en un período de setenta años tras la muerte del autor o setenta años desde el momento de la primera difusión lícita entre el público, y, por lo que se refiere a los derechos afines, en cincuenta años desde el momento en que se produce el hecho generador

Es decir, que la Unión Europea considera que el fundamento del reconocimiento de los derechos de autor es generar los incentivos “para el desarrollo… de la creatividad”. Como en otras ocasiones, la Unión Europea cree que eso de favorecer el desarrollo de la creatividad es una “comida gratis” que no tiene ningún coste, es decir, que puede perseguirse – como finalidad – ad infinitum.

La carta va firmada por economistas , que, naturalmente, hacen un análisis coste/beneficio de semejante extensión (no como la Unión Europea). En cuanto a los beneficios, lo plantean en términos de incentivos de los autores para producir más obras: a más duración del derecho de autor, más incentivos para crear. Sucede, sin embargo, que dado que los efectos están muy alejados en el tiempo, al actualizarlos, su impacto sobre los incentivos de los autores para producir obras “hoy”, es muy pequeño. De manera que los beneficios, en estos términos, de extender la duración del derecho de autor son muy reducidos. ¿Y los costes? Pues también muy reducidos en términos de mayor precio por el uso de las nuevas obras (aquellas que se van a crear precisamente porque el autor va a disfrutar de derechos hasta 70 años después de su fallecimiento en lugar de 50).

Pero, sobre las obras existentes, los costes – para la Sociedad – son brutales, especialmente para todas las obras que habrían devenido de dominio público y que no lo van a estar por efecto de dicha extensión. Estos costes son muy altos porque afectan no solo al consumo de obras originales, sino a la producción de obras derivadas, esto es, obras que utilizan obras precedentes. Si, además, es costoso localizar a los titulares de los derechos, los costes de transacción se multiplican.

En un estudio reciente, otros economistas han calculado que las empresas titulares de patentes que no las explotan sino que, simplemente, viven de licenciarlas, estarían imponiendo a la economía norteamericana más de medio billón de dólares en costes para las empresas tecnológicas (el cálculo está hecho sobre la reducción de la capitalización bursátil de estas empresas por efecto de los pleitos que interponen las titulares de las patentes).

Especialmente contradictorio con la finalidad de fomentar la creatividad es el coste que el alargamiento de los derechos de autor impone sobre la creación de nuevas obras que podrían utilizar – sin coste – las obras preexistentes que habrían entrado en el dominio público si no se hubiera producido la extensión. Y como aquellos barros traen otros lodos, en el mes de septiembre pasado, el Consejo de la Unión decidió extender los derechos de 50 a 70 años de – no ya los autores – sino los artistas – ejecutantes y de los productores de fonogramas. La Directiva está aquí. O sea, más costes para los usuarios de las grabaciones de los Beatles o de Fórmula V?

Un análisis económico reciente, aquí

¿Una suscripción única a todo el contenido de pago?

Eli Dourado sugiere salvar el periodismo de calidad en Internet mediante la fijación de una cuota única que dé acceso a todo el periodismo de pago. La sugerencia tiene buenas bases económicas. Si me hacen pagar 3 por el producto X de calidad 9 y 0 por el producto Y de calidad 4 y X e Y son sustitutivos ¿por qué voy a pagar 3? Esta lección la han aprendido en sus carnes muchos empresarios fracasados y, al revés, muchos empresarios de éxito (si la diferencia de calidad entre las cápsulas de café de Nespresso y de Sara Lee es enorme, estaré dispuesto a pagar tres céntimos más por las de Nespresso. Pero si Sara Lee me las vende a la mitad de lo que cuestan las de Nespresso, me pasaré a Sara Lee aunque haya una diferencia de calidad significativa). Todo depende de la elasticidad de la demanda.

Igual que hace Netflix, Telefónica u ONO podrían ofrecer acceso a internet con acceso a todos los contenidos de “calidad” cobrando un sobreprecio. Digamos que tres tarifas de 50 megas: una más barata sin acceso a contenidos de pago, otra más cara con acceso a contenidos escritos de pago y una más cara todavía con acceso a contenidos audiovisuales. ONO o Telefonica deberían negociar con los proveedores de contenidos los contratos correspondientes, lo que además, les permitiría distinguir su oferta de las demás y les dotaría de un incentivo para bloquerar el acceso de sus usuarios a páginas que permiten descargarse ilícitamente contenidos protegidos. Lo que observamos en la telefonía móvil va en esa línea pero el “buffet libre” no termina de imponerse y lo que se observa es la aparición de supermercados – Applestore, Market de Android – en los que se puede comprar toda clase de productos digitales.

El buffet libre debería merecer una oportunidad. Es cierto que, al igual que ocurre con la gestión colectiva de los derechos y, al margen de las ineficiencias de toda gestión colectiva, el resultado puede distar mucho del óptimo, esto es, que reciban mayor remuneración aquellos autores – productores de contenidos – preferidos por los que utilizan internet. Pero las compañías de telecomunicaciones podrían tener los incentivos adecuados para hacer un reparto “justo” de las tarifas premium pagadas por los usuarios de internet. Telefonica podría negociar los correspondientes contratos y pagar menos, por ejemplo, a Le Figaro, si los clientes de Telefonica no entran en las páginas de Le Figaro y más a La Vanguardia si estos clientes prefieren leer La Vanguardia.

Si, además, esta tarifa premium se hace fácil de usar (que no tenga que dar ninguna contraseña al entrar a cada sitio web de pago porque el sitio web me “reconozca” como usuario de la tarifa premium de Telefonica) y el operador me ofrece sugerencias de contenidos literarios o audiovisuales, quizá pueda asistirse al renacimiento de aquellas empresas que surgieron en los 90 y tuvieron un crecimiento fulgurante para desaparecer al poco tiempo: ¿se acuerdan de Terra, Wanadoo, T-online….?

Lo que cuestan los libros

Estoy escribiendo unas páginas sobre los pactos parasociales con terceros, es decir, sobre los límites a la validez y ejecutabilidad de acuerdos entre un socio y un tercero acerca de cómo ejercerá el socio sus derechos – singularmente el de voto – en la sociedad. Por ejemplo, el socio de X.SL se obliga frente a Y, que le presta dinero para que pueda adquirir su participación en X, a votar a favor de que X.SL reparta dividendos y a que reduzca capital en el futuro.

No hay literatura española sobre el tema más allá de la existente sobre los créditos sindicados y financiación de proyectos donde este tipo de cláusulas – covenants – son frecuentes aunque suelen implicar a la sociedad que recibe la financiación y no solo a los socios de ésta. En la literatura en inglés, el tema más próximo es el del voto vacío que se produce cuando alguien que no tiene interés económico en la sociedad, se hace con los derechos de voto pidiendo prestadas las acciones, por ejemplo.

El tema más general es el de los límites a la influencia de terceros en las sociedades. Los alemanes lo discuten como un problema de “soberanía” o autonomía de la sociedad (la sociedad ha de estar gobernada por sus socios y ha de limitarse la influencia de terceros) o como un problema de indivisibilidad de la participación social (Abspaltungsverbot) lo que significa que los derechos que componen la posición de socio (derecho al voto, derecho al beneficio, derecho a la cuota de liquidación, derecho a administrar…) no pueden transmitirse separadamente. La acción o participación social es inescindible. El planteamiento más correcto, a mi juicio, pasa por verlo como un problema de conflicto entre vinculaciones.

La literatura alemana no está disponible – gratis – en internet. Me han fotocopiado algunos trabajos y he utilizado algunos libros que tengo en casa. He encontrado uno que parece el de referencia. Christoph Weber, Privatautonomie und Ausseneinfluss im Gesellschaftsrecht. Se publicó en el año 2000 y cuesta, en Amazon, 99 euros. Gracias a Google Books, he podido leer algunas páginas del libro y comprobar que el planteamiento del autor parece muy razonable y coincide con el mío en lo que se refiere, sobre todo, a la comprensión de la autonomía privada (el socio tiene derecho a vincularse con un tercero en relación con su participación social) y sus límites y al rechazo a una comprensión institucional del Derecho de Sociedades que imponga límites a la autonomía privada carentes de fundamento legal.

Estoy seguro de que el libro está en la biblioteca de la UAM. Iré a consultarlo ahí. Las bibliotecas están para reducir los costes de los usuarios de los libros. No tiene sentido que me compre un libro que voy a consultar una vez. Sería como comprarse un coche para cada viaje (aunque lo vendiera como de segunda mano, los costes de transacción harían ineficiente la adquisición en primer lugar. Para eso se inventó el alquiler). Coste (privado) de consultarlo en la UAM: 25/100 euros (desplazamiento). No incluyo los costes públicos del mantenimiento de la biblioteca de la UAM. Coste de consultarlo en Google Books si estuviera íntegro: 0 euros (coste privado, no incluyo el coste de Google Books). Solución eficiente: acabar con los derechos de autor/editor. Coste de esa solución: ¿que Christoph Weber deje de escribir libros? ¿que las editoriales jurídicas desaparezcan? Improbable y, aunque pasara, no es seguro que sea un daño. La autopublicación en formato electrónico es más simple que nunca.

Solución eficiente: ius librorum que decía Ihering. La realidad es que hoy, los países desarrollados subvencionan las publicaciones de libros técnicos obligando a sus bibliotecas a adquirir ejemplares de cualquier libro que publican sus profesores. La eficiencia de un sistema virtual es, pues, evidente. Que todo el mundo tenga acceso a los libros técnicos que están en las bibliotecas públicas porque están colgados en Internet. Las bibliotecas seguirán pagando un ejemplar de manera que si, por ejemplo, en Alemania hay 500 bibliotecas universitarias o “parauniversitarias”, el autor tiene derecho a la cantidad correspondiente a 500 ejemplares y el libro se cuelga inmediatamente en internet de acceso libre. Esta sí que es una tarea para la Unión Europea: promover la difusión de los libros técnicos a lo largo y ancho de toda Europa.

Recuérdese que Alemania es lo que es gracias a que su población tuvo acceso a los libros técnicos en masa y a base de no reconocer derechos de autor.

Por qué no debe haber derechos de propiedad intelectual en la moda

First, the optimal level of IP protection varies inversely with how useful it is to create small variations off other people’s innovations. In a field in which every innovation is something truly new, you want more extensive IP protection. But in fashion, most innovations are similar to past innovations. To enforce IP in such an industry would be to create what Michael Heller calls The Tragedy of the Anticommons.

The tragedy of the anticommons is analogous to the tragedy of the commons. The latter occurs when too many owners have the right to use some property, leading to overuse. The former occurs when too many owners hold rights of exclusion, leading to underuse.

“Too many owners” may be even one owner. If every fashion design now in existence were assigned to a single owner with the right to exclude use of the design, it would be a nightmare for anyone trying to create new designs. Every new design is similar to an old one, which entails costly negotiations and royalties to be paid to the originators. It’s better just to let everyone rip everyone else off.

The second reason to oppose IP protection in fashion is that it is an industry that is almost entirely about signaling. Inframarginally, signaling generates information and serves a useful social function, but at the margin, it’s better if fewer resources go into signaling. For instance, if you impose a tax on the signal that causes everyone to signal half as much, information is preserved and the status of every individual remains the same, but fewer resources are consumed.

We can prevent resources from flowing into the fashion industry at the margin by ensuring that innovators are not rewarded. If necklace designers on Etsy die in poverty and obscurity that is partially a good thing, because it encourages other people not to become necklace designers. But if instead they were getting payments from Urban Outfitters for their designs, this would draw valuable human capital into the fashion industry and away from some other more socially useful field.

Música libre de derechos

Muchos establecimientos comerciales tienen música ambiental (gimnasios, librerías, cafeterías, centros de belleza, centros comerciales). Poner música ambiental se considera por la Ley como un acto de comunicación pública de la música y los titulares de esos establecimientos han de pagar por ello a las entidades de gestión colectiva de los derechos de los autores de esa música, a los intérpretes y a los productores de los fonogramas.

Por otro lado, la “autoproducción” de la música es hoy una posibilidad real para los creadores. Un músico prolífico puede generar gran cantidad de “música ambiental” y puede grabarla en su propio estudio. Los medios técnicos y los costes de hacerlo se han reducido estrepitosamente gracias al software y a internet.

¿por qué no pueden los músicos contratar individual y directamente con los titulares de los establecimientos? Los segundos comprarían la música directamente a los compositores (¿a través de una página web?) y podrían difundir la música en sus establecimientos sin tener que pagar a los productores de los fonogramas (porque esos fonogramas no estarían incluidos en el repertorio de la entidad de gestión colectiva) ni a la entidad de gestión colectiva de los derechos de los autores porque éstos estarían cobrando directamente.

El Supremo reitera su crítica a las tarifas generales de las entidades de gestión

En el caso de la Sentencia de 23 de marzo de 2011, el Supremo considera que las tarifas generales, adoptadas unilateralmente por las entidades de gestión y basadas en los ingresos del usuario, en cuanto no estén basadas en el uso efectivo del repertorio, no pueden servir de parámetro para determinar el lucro cesante de la entidad de gestión. Los dos fundamentos de Derecho relevantes son los siguientes

QUINTO. Respecto de la cuestión planteada en este segundo motivo, hemos declarado – sentencias 55/2009, de 18 de febrero , 228/2009, de 7 de abril , 543/2010, de 15 de septiembre , y 541/2010, de 13 de diciembre -:
1º) Que no es correcto afirmar, como hace el Tribunal de apelación, que, para calcular el lucro cesante, haya necesariamente que estar a las tarifas generales comunicadas por las entidades de gestión al órgano de la Administración competente, por el hecho de que el mismo no hubiera formulado objeciones, puesto que el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril , no le atribuye facultades de aprobación de aquellas, sino, además de las de mera recepción de la comunicación, las propias de una genérica vigilancia del cumplimiento de las obligaciones y requisitos legales. Lo que implica un grado de tutela muy leve y, en todo caso, insuficiente para entender que se ha trasladado a la Administración y a la jurisdicción contencioso-administrativa el control de la corrección de las tarifas.

2º) Que la existencia de un proceso negociador previo no justifica la aplicación de las tarifas generales, con independencia de su carácter equitativo. De modo que el fracaso de las conversaciones previas no basta para que las entidades de gestión las impongan a la otra parte.

3º) Que no cabe aceptar para la determinación del lucro, un criterio que atienda exclusivamente a los rendimientos obtenidos por la infractora con el desempeño de su actividad, prescindiendo de cual haya sido el efectivo uso del repertorio, pues es éste el que se trata de retribuir.
4º) Que también hay que atender a los acuerdos a que hubiera llegado la entidad de gestión con otras personas o entidades para autorizar el uso de su repertorio, dada la estrecha relación de la equidad con la inexistencia de desproporción injustificada en supuestos semejantes.

SEXTO. Los mencionados criterios no han sido seguidos por el Audiencia Provincial para determinar la remuneración que hubiera percibido la entidad de gestión actora si, de acuerdo con lo que dispone el artículo 140, apartado 2, letra b), del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril , la demandada hubiera pedido autorización para utilizar los bienes inmateriales objeto de los derechos por ella gestionados. Razón por la que procede estimar este motivo y, al fin, el recurso.

Ello se traduce, en definitiva, en la necesidad de someter la suma liquidada en la sentencia de apelación a los correctivos que se establecen en el anterior fundamento a la aplicación de las tarifas generales de la actora respetando los límites máximos que impone la congruencia, para lo que no estimamos sea necesario un nuevo proceso, ante la aptitud de la ejecución para soportar en sus cauces la aplicación de los mismos.

No hay monopolio que cien años dure ¡ni siquiera con la garantía del Estado!

En el blog nos hemos ocupado a menudo de la cuestión de los derechos de propiedad intelectual. Y hemos sostenido, más o menos, que el problema está en que la distribución es monopolística. Que los precios deberían ser mucho más bajos dado que el coste marginal de distribuir un “ejemplar” ha devenido prácticamente nulo.

Pues bien, hoy en Business Insider se narra este caso

“26-year old Amanda Hocking is the best-selling "indie" writer on the Kindle store, meaning she doesn't have a publishing deal, Novelr says.

And she shouldn't. She gets to keep 70% of her book sales -- and she sells around 100,000 copies per month. By comparison, it's usually thought that it takes a few tens of thousands of copies sold in the first week to be a New York Times bestselling writer.

The comparison isn't entirely fair, because Hocking sells her books for $3, and some $.99. But that's the point: by lowering the prices, she can make more on volume, especially impulse buys. Meanwhile e-books cost nothing to print, you don't have to worry about print volumes, shelf space, inventory, etc. And did we mention the writer keeps 70%?

¿se acuerdan cuando decíamos “please sell songs for a song”? Los músicos han empezado. Los escritores también. Si lo que los editores aportan no añade valor, es lógico que Amazon se los quite de en medio. Al fin y al cabo, y a diferencia de lo que sucede con los artículos científicos, ni siquiera se necesita de peer review para que podamos fiarnos de una novela. O nos gusta, o no.

Yglesias sobre la música grabada

 Since digital copies of recordings are non-rival and basically free to make, any non-zero sale price entails some deadweight loss. And since concert tickets are necessarily scarce, any sub-market price entails some deadweight loss. The optimal strategy for a popular band that wants to do something nice is market pricing for concert tickets, plus free recordings.

Y muy interesante el debate en los EE.UU sobre una proposición de Ley semejante a la Ley Sinde. Esta es la carta de un grupo de profesores y este es el artículo del NYT a favor de la Ley, diciendo, más o menos, que Shakespeare no habría existido sin copyright (aunque el Estatuto de Ana es muy posterior a la muerte de Shakespeare). Y este un comentario crítico con dicho artículo

We should pay artists for their work, but there are complexities in questions like "how much" and "how often" and "for how long" that are worth asking. There is no vacuum, and just as the authors of this article contend that the work of Shakespeare would probably have suffered for want of adequate compensatory model, so too would the work of Shakespeare have suffered if he had to buy the rights to many of the story lines or passages of text he cribbed in his plays.

Parece seguro que Shakespeare era un copión.

Pagar en internet

Que Internet ha tenido efectos disruptivos sobre un gran número de negocios es una obviedad. Sobre todo respecto aquellos que venden información, es decir, productos que se pueden distribuir a través de internet. La distribución a través de Internet reduce a casi cero los costes de distribución con lo que permite distribuir los costes fijos de producción entre un número de unidades casi ilimitado y, por tanto, reducir en gran medida el precio final si hay competencia. En este vínculo se explican las tendencias de inversión en tecnología para 2011. Una de las tendencias se refiere a los videos online. Según

6. YouTube killed the video star: Distribution and monetization of online video After years of free online video via YouTube, you’d think it’s impossible for anyone to make money online. But on the contrary: Apple, Netflix, and Hulu are laughing all the way to the bank, and even YouTube itself is rumored to be close to break-even. Massive distribution and monetization platforms are now a reality for online video, which should translate into tremendous opportunities for startups. We’ve already invested in video monetization startup Brainient and education video site Udemy; and we have several other video distribution and promotion investments we will announce soon. Expect more innovation and development in video, as millions of iPad and other tablet devices become mainstream, and as YouTube continues to expand its influence on global culture and entertainment. Here’s lookin’ at you, kid.

Una forma obvia de obtener ingresos es la inclusión de publicidad en los videos. Ya lo hacen en los que están incrustados en las páginas de los periódicos on-line. Pero otra vía podría ser la de cobrar por “colgar” en You Tube los videos. La pregunta es quién estaría dispuesto a pagar por colgar contenido. Y la respuesta es que muchas empresas. Por ejemplo, la información sobre cómo utilizar una tableta o un aparato reproductor de música. Es decir, los “prospectos” y la información sobre productos puede darse de forma mucho más clara y comprensible a través de un video que a través de un texto. Si la gente ve los videos en You Tube y no los ve si se cuelgan en la página web del anunciante, habría un mercado con pagos en dinero.

Los costes de promocionar artistas

Uno de los argumentos para defender los derechos de propiedad intelectual tal como están configurados hoy es el de que los productores fonográficos no pueden promover a nuevos artistas si se reducen los ingresos por venta de discos o de descargas. En otras entradas hemos insistido en la necesidad de que bajen los precios – y mucho – de los productos que incorporan derechos de propiedad intelectual, simplemente, porque los costes de distribución han desaparecido. En cuanto a los costes de producción, The Economist decía en su número de enero, en relación con los videos musicales:

Production costs have fallen even faster than budgets. High definition cameras, editing software and computer processing power are all much cheaper. Jill Capone, head of marketing of Universal says she might spend a mere 3000-5000 dollars on a video to promote a new artist or 75000 for an established act . Gone are the days of the 600000 video she smiles

O sea, que si los precios de los productos finales debieran bajar proporcionalmente, deberíamos pagar un 1 euro por un CD por el que pagamos 20 o, como mucho 4 euros o, en otros términos, no más de 0,1 euro por canción (de a 20 euros el CD).

La importancia de tener grandes empresas innovadoras y la propiedad intelectual

En la entrada anterior nos referíamos a un Informe de la Fundación Kauffman

“las empresas muy innovadoras son las que generan el crecimiento en términos de producción y de trabajos en gran medida por el exceso de beneficios para la Sociedad que generan y que van más allá de la recompensa que reciben, en términos de ganancias, sus fundadores, sus accionistas y sus trabajadores”

Que se lo apunten los que defienden la propiedad intelectual sobre la base de que el creador/inventor tiene derecho a los frutos de su trabajo. Ni siquiera en relación con las innovaciones materiales la sociedad permite al innovador quedarse con todo el valor de la innovación. La mayor parte del valor de las innovaciones se distribuye en forma de reducción de costes y de acceso a nuevos productos para todos que no hubieran sido posibles sin la innovación pero de buena parte de los cuales el innovador no recibe ni un céntimo. Es más, según Nordhaus, los inventores reciben solo el 4 % de las ganancias sociales que generan sus inventos. De ahí deduce el autor del informe que se necesitan unas pocas grandes empresas innovadoras cada año para acelerar el crecimiento económico.

¡Please sell songs for a song!

“The average songwriter in Finland earns €1,600 a year before tax, discounting performance fees. Just 200 songwriters earn more than €20,000 a year. That has come about because we live in a world
where €1 is considered extravagant for a music download, but a couple of euro is considered reasonable for a Starbucks coffee.”

Teemu Brunila, Cantante de The Crash

Un chico listo, Brunila (no sé cual es el nombre y cual el apellido). El problema no es que un euro sea un precio “extravagante” por una canción. El problema es que es un precio “extravagante” por “cualquier canción”. Si yo quiero tomarme un café puedo elegir cientos de miles de sitios para hacerlo la inmensa mayoría de los cuales me van a cobrar la mitad o un tercio de lo que me cobra Starbucks. Pero las canciones, tengo que pagarlas todas a un euro, sea quien sea el compositor, el cantante y la casa discográfica. Dice además Brunila que se llevó una sorpresa al comprobar que, en Lituania, los 10.000 asistentes a su concierto se sabían las canciones pero que su grupo sólo había vendido 200 discos en Lituania. ¡Pobre Brunila! ¿acaso cree que los jóvenes lituanos hubieran ido al concierto – 20/30 euros seguro – si se hubiesen comprado el disco?

En inglés se dice “to sell something for a song” para expresar que algo se vendió por muy poco dinero. Pero, gracias al sistema de organización de los derechos de propiedad intelectual, las canciones no se venden por una canción. Los que culpan a la piratería de todos los males de la industria deberían explicar cómo es posible que una canción siga costando un euro (aunque el compositor lleve muerto 200 años porque entonces todo lo que se hubiera llevado él se lo lleva el intérprete, el productor del disco…); que una película cueste 30 o 50 y que un videojuego cueste hasta 60 o 100 y un libro 25 euros. Es obvio que, a precios monopolísticos, se maximizan los ingresos del monopolista pero se reduce la oferta disponible. ¿cuántas canciones se venderían legalmente si costase un céntimo de euro bajarse una canción? (un precio superior al coste marginal de distribuir una canción y, por lo tanto, que proporcionaría algo para cubrir los costes fijos de producirla y distribuirla) ¿es posible que se vendieran 300 veces más de las que se venden ahora? La libertad de distribución y de fijación de precios al consumidor es fundamental para combatir la piratería. Estas son algunas frases de un Informe de la IFPI sobre el estado del mercado en 2010. La IFPI “represents the recording industry worldwide,

The crippling effects of illegal filesharing are clear. Overall music sales fell by around 30 per cent between 2004 and 2009. The worst-affected markets are countries where, despite the industry’s efforts, legitimate digital services have had little chance to take root. In Spain where legal problems have frustrated the ability to take action against piracy, sales fell by around 17 per cent in 2009 and the market is now about one third of its level in 2001. In Spain and elsewhere the victim has been investment in local acts. The number of local artist album sales fell by 65 per cent between 2004 and 2009. In France, the number of local repertoire album releases plummeted from 271 in the first half of 2003 to 107 in the same period of 2009. In Brazil, local full priced artist album releases by the five biggest music companies slumped 80 per cent between 2004 and 2008

O sea, que corremos el riesgo de que no haya artistas nuevos etc. Tendremos menos variedad, pero ¡gratis! ¿qué mundo es mejor? Desde luego, no era mejor el de los años ochenta y setenta donde un estudiante tenía que ahorrar durante un mes o dos para poder comprarse un LP. Un argumento más atendible es el relativo a las empresas que proporcionan acceso a internet. Con precios muy muy bajos por descarga, sería razonable un sistema de cobro de una cantidad incluida en el acceso en función del ancho de banda y solo para los consumidores (no para las empresas). En mercados donde el coste marginal de distribución es cero, sólo el buffet libre tiene sentido.

Europa va detrás de EE.UU en el predominio de lo digital en la música grabada y las razones no tienen que ver con la piratería – al menos no solo – sino con este maravilloso mundo de sociedades de gestión de derechos de carácter nacional.

Steven Johnson: más sobre la propiedad intelectual y la patentabilidad de los genes

Un artículo en el New York Times

In my research, (su libro aquí) I analyzed 300 of the most influential innovations in science, commerce and technology — ... First, there is the classic solo entrepreneur, protecting innovations in order to benefit from them financially; then the amateur individual, exploring and inventing for the love of it. Then there are the private corporations collaborating on ideas while simultaneously competing with one another. And then there is what I call the “fourth quadrant”: the space of collaborative, nonproprietary innovation, exemplified in recent years by the Internet and the Web, two groundbreaking innovations not owned by anyone…

Why has the fourth quadrant been so innovative, despite the lack of traditional economic rewards? The answer, I believe, has to do with the increased connectivity that comes from these open environments. Ideas are free to flow from mind to mind, and to be refined and modified without complex business development deals or patent lawyers. The incentives for innovation are lower, but so are the barriers.

Consider a recent start-up called Kickstarter, which embodies many of these complex values. Kickstarter is a site that allows individuals to fund creative projects, like movies, art installations, albums and so on. Donors may get special gifts in return for their contributions — signed copies of the final CD or an invitation to the opening — but they don’t own the creations they help support. In just two years of existence, Kickstarter has raised more than $20 million for thousands of projects, taking a small cut of each transaction.

Y su charla en TED

Lo mejor es cómo cuenta el nacimiento del GPS.

Y aquí, un artículo que explica que los EE.UU han cambiado su política respecto a la patentabilidad de los genes. Aquí las alegaciones “amicus curiae” del Gobierno norteamericano. Básicamente, que el DNA genómico aislado del genoma humano, sin modificación alguna, no puede ser patentado.

Y aquí un excelente artículo sobre las rentas derivadas de la innovación y cómo las empresas tratan de convertir lo que debe ser efímero – la obtención de ganancias supracompetitivas – en permanentes: Microsoft es “A company whose sources of rent have largely tipped from innovation to those based on barriers to exit (lock in), policy (lobby against open source), and patronage (let's bring the entire USAF IT staff to Redmond for a conference and feed them ice cream at every break!)”