Creo sinceramente que en España tenemos un grave problema de falta de aprecio por la profesión académica. No existe nada parecido al espíritu de cuerpo de los altos cuerpos funcionariales, que salta rápidamente cada vez que se quiere tocar en lo más mínimo su reputación o, especialmente, los sistemas de acceso. Por ejemplo, cuando en los últimos años voces autorizadas han propuesto implantar el 'examen de Estado' alemán o una especie de 'MIR jurídico' para garantizar un determinado nivel de formación jurídica general y como puerta de acceso, en función de la puntuación obtenida, a los distintos cuerpos funcionariales (que exigirían, lógicamente, una formación adicional), eliminando la pérdida de tiempo y de capital humano que actualmente produce el sistema de oposiciones, la resistencia ha sido inmediata y radical desde la defensa del prestigio de los distintos cuerpos, cifrado en su sistema de acceso. Puedo comprenderlo (aunque me parecen innegables las ventajas del modelo de 'MIR jurídico', que no tiene por qué perjudicar a los cuerpos), pero resulta llamativo el contraste con la profesión académica, en la que los criterios de acceso se modifican radicalmente cada pocos años sobre la base de 'documentos' que ni siquiera son normas jurídicas y que en estos momentos parecen encaminarse a facilitar el acceso de forma que cualquiera pueda conseguirlo a base de años. También es llamativo el contraste entre la furibunda reacción de algunos sectores jurídicos y corporativos ante la más mínima crítica a su actuación, con la posición de las universidades públicas, permanentemente aleccionadas y sermoneadas desde cualquier tribuna e incluso desde dentro, puesto que (a diferencia de lo que ocurre en otros ámbitos), muchos profesores se realzan criticando a los demás, especialmente a los de la siguiente generación.
El interés corporativo de quien ha invertido años y esfuerzo en alcanzar una determinada posición profesional/funcionarial en que la misma no se devalúe, que recientemente ha sido reconocido por la jurisdicción contencioso-administrativa como título de legitimación activa para la impugnación de convocatorias carece de toda relevancia cuando llegamos al ámbito académico. Los profesores se encuentran inermes frente a intereses como el de algunas comunidades autónomas en construir sus propios modelos de profesorado (rompiendo los cuerpos estatales o creando otros paralelos), o frente a la pretensión de llevar al ámbito académico, de forma totalmente equivocada, la idea de estabilizar a los interinos en situación de temporalidad excesiva, confundiendo al profesorado asociado (que es una ocupación esencialmente temporal y añadida a la profesión principal, y respecto al que no se debería aspirar a ninguna estabilidad), con el colectivo de empleados públicos interinos, que son personas que trabajan en la Administración normalmente a tiempo completo.
La universidad, sobre todo pública, no se defiende adecuadamente frente a actuaciones personales y colectivas de evidente intrusismo (de fraude profesional, de quienes se hacen pasar por lo que no son), ante las que en otros ámbitos se reaccionaría de inmediato. Curiosamente, se critica constantemente a la universidad, pero, a la vez, casi cualquier profesional quiere ser - o dice ser - docente universitario (sobre todo en áreas fuertemente profesionales como el Derecho). A este paso, si cualquiera es profesor o puede serlo con la misma capacidad que el académico profesional, la universidad tendrá dificultades para defender, ante quienes aprueban su financiación, la necesidad de contar con esos profesores 'profesionales' que tienen un largo período de formación y una actividad no solo docente"
Alejandro Huergo, Prólogo al libro de Diego Rodríguez-Cembellín, Potestad Sancionadora y Grupos de Empresas, Madrid 2024
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