jueves, 26 de marzo de 2020

El Gobierno: un foco muy infeccioso




Por Isaac Ibáñez García



Parece evidente que el Gobierno y el Partido Socialista tenían firmemente decidido, contra viento y marea y a pesar de los datos que conocían, que había que alentar las manifestaciones del 8 de marzo; pues consideran que el feminismo (mal entendido) es para ellos una industria-caladero de votos (junto a otras, como esa mamarrachada de la memoria histórica, ideada como estratégica política para dividir a los españoles). La Vicepresidenta del Gobierno, “Carmen Calvo animabaa las mujeres a acudir a la manifestación del 8-M: "les va la vida enello". Calvo respondía así al ser preguntada sobre qué le diría a una mujer que duda en ir o no a la manifestación, "que les va seguir tomando decisiones para proteger su seguridad".

“La cronología del coronavirus y los 43 días que tardó el Gobierno en actuar: 8 de marzo: 674 casos diagnosticados en España y 10 muertos. El PSOE asegura en su cuentade Twitter que «hay que salir a llenar las calles» en la manifestación del Día Internacional de la Mujer. Desde Europa, se desaconsejó su celebración para evitar la propagación del virus.

La aplicación de la Ley de Transparencia está suspendida, pues se le aplican las previsiones del Decreto-Ley de medidas urgentes sobre el estado de alarma en cuanto a la suspensión de los procedimientos administrativos. Medida ilógica si tenemos en cuenta que dicha ley se aplica principalmente de forma telemática, a través de los mecanismos del Portal de la Transparencia. No sabemos si el Gobierno soltará los informes y documentos sobre la posible influencia del coronavirus y el 8 de marzo.

La magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid ha abierto la puerta a investigar al Gobierno por permitir la celebración de la manifestación del 8 de marzo, día de la Mujer, así como otras reuniones multitudinarias que tuvieron lugar entre el 5 y el 15 de marzo, a pesar de haber recibido el 2 de marzo un informe sobre el virus COVID-19 del Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades. En las diligencias que está realizando 
la jueza insta al médico forense a que recabe la documentación sanitaria que precise «de las autoridades o responsables sanitarios que entienda oportuno, debiendo siempre velar por la protección de datos personales de especial relevancia, como son los datos personales de carácter sanitario».
Asimismo, la magistrada solicita a la Policía Judicial de la Guardia Civil que averigüe, y se lo traslade en un atestado, 
«cuál fue el órgano de recepción oficial del informe sobre el coronavirus del Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades en nuestro país, difusión que del mismo hizo entre las autoridades y, concretamente, si se remitió a la Delegación del Gobierno en Madrid (fechas, texto literal remitido y cuanto resulte relevante para esta investigación)».
También que se le ponga en conocimiento de 
«si por parte de las autoridades competentes españolas se remitieron recomendaciones sanitarias a la Delegación del Gobierno en Madrid en relación con las manifestaciones programadas desde el 5 de marzo en adelante o si, por el contrario, se dio algún tipo de instrucción o indicación escrita relativa a que las manifestaciones deberían tener lugar en todo caso sin restricción alguna». 
Del mismo modo, la jueza pide la «relación de las comunicaciones hechas a la Delegación del Gobierno de Madrid en relación con reuniones y manifestaciones en lugares de tránsito público para su celebración entre el 5 y el 14 de marzo (fecha del Real Decreto 463/2020 por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19)».

De las informaciones aparecidas hasta la fecha en los medios de comunicación se encuentran las siguientes evidencias:
“El Gobierno alertó a médicos y enfermeras del riesgo del virus mientras jaleaba el 8-M. Dos altos cargos de Sanidad pidieron a los Consejos de Médicos y Enfermería cancelar los eventos científicos por riesgo de contagio”  
“Sanidad admite que la última semana de febrero fue clave en el contagio masivo. Salvador Illa ha situado hoy en la semana previa al 8M el contagio "importante" del coronavirus en algunos territorios de España. Por otro lado, José Luis Escrivá que ha detallado la tramitación de 130.000 bajas laborales relacionadas con el coronavirus, casi el triple que de casos 47.610.
“Un informe de Sanidad alertó el 6-M de que el coronavirus se transmitía entre humanos a 2metros. El documento, que incluye entre sus firmantes a Fernando Simón, advertía dos días antes del 8-M de la peligrosidad del coronavirus y de la forma en que se transmitía ( ). 
“España pide ayuda a la OTAN y fija un día después del 8-M el inicio del «desastre»” .
“El CSIC alertó enenero de la “letalidad” del Covid-19. Un informe del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, confirma que los expertos alertaron al Gobierno de la necesidad de tomar medidas «desde el primer momento» para combatir el virus”. 
La epidemia decoronavirus era evitable”. El infectólogo Oriol Mitjà, que lidera un ensayo para cortar la transmisión del microorganismo, reclama responsabilidades por “la falta de previsión” en la gestión de la crisis. 
“Sánchez desoyó larecomendación de la UE de impedir actos masivos. “La cancelación puede reducir la transmisión del virus”, avisó una agencia europea el día 2 de marzo”.  
La mayoría de los ciudadanos tenemos sentido común, pero determinados responsables políticos, que deben velar por la salud pública lo que tienen es mala fe (en el sentido ofrecido por Javier Marías en su artículo “El alto precio que aumenta de día en día”. El país Semanal, 15 de marzo de 2020). Además, está el elemental “principio de precaución”. A esto se refiere un reconocido experto que hadicho:
“– ¿Tiene sentido anular las clases en los colegios un día después de haber permitido manifestaciones multitudinarias?– Hay que tener sentido común. La manifestación se pudo pasar a otro momento o suspenderla por causa mayor y no hubiera pasado nada. A partir de ahí que cada uno saque sus conclusiones.– Ese día ya debían tener datos.– Aunque no tengan datos. No acabamos de entender que los microbios no tienen fronteras, que el punto más lejano de España es Australia y que estamos a 26 horas en avión. El planeta es muy pequeño y vemos China como algo muy remoto. Pero es que Italia está ahí al lado y Madrid más cerca. Si estás viendo las barbas del vecino, parece que es razonable pedir a quien organiza una manifestación que la pase a otro momento”.
Y otras opiniones de sentido común dichas por expertos:
 “Reuniones masivas de personas, como convenciones o manifestaciones, fueron críticas en la propagación a gran escala”. Opinión del virólogo Estanislao Nistal 
“Silvia Carlos, microbióloga de la Universidad de Navarra: «Fue un gran error no cancelar actos multitudinarios como el 8M». Las decisiones de cierre de colegios, centros de mayores o decretar el estado de alarma "han sido acertadas pero han ido llegando sobre la marcha, a medida que se nos ha echado el tiempo encima", reflexiona la doctora”.
Moncloa barajó elevar la alerta sanitaria por el coronavirus seis días antes del 8-M. Un informe fechado el 2 de marzo advierte que el Gobierno valoró "pasar a la fase de mitigación en algunas áreas". Ocurre que ese mismo día un informe del Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades de la UE desaconsejó permitir "multitudes" para evitar transmitir el coronavirus. Y lo hizo con una frase demoledora: "Durante la fase de mitigación, las cancelaciones de actos multitudinarios antes del pico de epidemias o pandemias pueden reducir la transmisión del virus". Ésta es una evidencia científica sustentada en "los datos provenientes de los modelos de gripe estacional y pandémica" ().
Veremos el recorrido de las acciones judiciales que se emprendan para exigir responsabilidades y esperemos que no sean en vano.

1 comentario:

JAVIER dijo...

https://informacionlegal.es/coronavirus-inicio-proceso-penal-contra-el-gobierno/

Interesante artículo sobre el inicio de acciones judiciales contra el gobierno.

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