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El caso contra el Fiscal General - y el gobierno de Pedro Sánchez - se resume en estas líneas publicadas en EL MUNDO
un correo electrónico que el abogado de un ciudadano particular llamado Alberto González Amador había mandado a la Fiscalía, ofreciendo un pacto sobre dos presuntos delitos fiscales, fue reenviado a la cuenta privada de Gmail del fiscal general a petición de este y fue publicado poco después en la cadena Ser, primero en antena y después en una información en su página web.
Así de simple. El presunto delincuente Álvaro García Ortiz utilizó una cuenta de correo privada para despachar asuntos oficiales. A la presunta delincuente jefa de la fiscalía de Madrid no le llamó la atención que su jefe le pidiera que le enviara documentos reservados y oficiales a una cuenta de correo privada del Fiscal General. Si esta es la conciencia de la antijuricidad que tienen el fiscal general y la fiscal jefe de Madrid ¿qué podemos esperar de los funcionarios de "a pie"?
Que no sea delito que el fiscal general del estado utilice, dolosamente, cuentas privadas para gestionar asuntos oficiales es de aurora boreal
Recuerden el caso de Hillary Clinton. Durante su mandato como Secretaria de Estado, Clinton utilizó un servidor de correo electrónico privado instalado en su residencia para enviar y recibir mensajes relacionados con su trabajo oficial, en lugar de usar una cuenta gubernamental. El director del FBI afirmó que no se encontraron pruebas de que Clinton hubiera actuado con dolo ni que hubieran intentado obstruir la justicia. Pero Clinton eludió los sistemas de archivo y supervisión del gobierno federal. En particular, la Ley de Libertad de Información (FOIA), que garantiza el acceso público a documentos gubernamentales. Desde el punto de vista de la seguridad, el uso de un servidor privado implicaba un riesgo considerable que expuso información clasificada a ciberataques o accesos no autorizados. Clinton no había solicitado ni recibido aprobación para usar un sistema privado.
Álvaro García Ortiz utilizó gmail para despachar asuntos oficiales. Destruyó pruebas relacionadas con trámites llevados a cabo por la Fiscalía General respecto de un asunto que se tramitaba bajo su supervisión. Se comunicó por cauces fuera de los oficiales para dar instrucciones a sus subordinados y se ha negado a cooperar con la justicia en la aclaración de los hechos. Peor aún. Ha intervenido en la actuación del fiscal que lleva el asunto ante el Tribunal Supremo y sigue diciendo que todo eso lo hizo en cumplimiento de sus funciones.
Comparen las varas de medir. El derecho español es durísimo con los particulares y blando con los cargos y funcionarios públicos. ¿Qué programa de cumplimiento normativo tenía en vigor la fiscalía general del estado para evitar que se revelaran secretos por parte de fiscales o funcionarios de la fiscalía? ¿Qué control de las comunicaciones del fiscal general con periodistas o personal del gobierno?
Todo este escándalo es posible porque la izquierda española - y los nacionalistas - consideran que no hay separación entre la actividad política de los partidos y la Administración Pública. Sánchez ha montado la sede del PSOE en la Moncloa y pagamos con nuestros impuestos a todos los que trabajan, no para el Estado y los españoles, sino para el partido socialista. Mil asesores. Y ahora, por lo que se ve, también, la Fiscalía General del Estado. Pilar Sánchez Acera debería ir a la cárcel, no por revelación de secretos, sino por trabajar para el Partido en lugar de hacerlo para el Estado cuando estaba en la Secretaría de Estado de Comunicación. ¿Qué tenía que ver con sus funciones en esa secretaría de Estado las gestiones que hizo con Lobato?
Sánchez no solo está a punto de acabar con la separación de poderes en España. También ha acabado con la separación entre el Estado y el Partido. Eso es lo que caracteriza a las dictaduras comunistas: la invasión del Estado y la Administración Pública por el partido. Pero, oye, ¿cómo vamos a votar al PP si somos progresistas?
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