Hay izquierda caviar, izquierda nacionalista, izquierda socialista, izquierda a la izquierda del PSOE pero lo que más abunda es la izquierda subnormal en el sentido literal de describir a alguien o a un grupo cuya inteligencia está por debajo de lo que es "normal", es decir, lo más frecuente en la población con la que los de izquierdas interactúan
Informa la Cadena Ser de una encuesta de "The Left" de la que se desprendería que los españoles son partidarios de prohibir que nadie tenga más de tres viviendas.
La siempre disparatada y osada Inés Herrero, fiel escudera de cualquier caballero de extrema izquierda y, por ello, vocal del CGPJ, ha publicado varios tweets aplaudiendo la medida. Cree que la "sociedad española está preparada para una intervención fuerte en el mercado inmobiliario" como la que sugiere la encuesta. Esta señora es jurista, una mala jurista y, por ello, ha sido premiada con ascensos, como muchas otras mujeres que han ascendido gracias a su lealtad a los postulados más disparatados del feminismo jurídico-woke. Una buena jurista no podría tragar tanta bazofia como la producida por la extrema izquierda gobernante en los últimos ocho años pero una buena jurista, sobre todo, descartaría una propuesta semejante como inconstitucional (aunque gracias a que otras malas juristas están ahora en el Constitucional, - Segoviano, Montalban, Balaguer - ni siquiera es seguro que el TC se cargara una medida así)
Le he preguntado a Chat GPT y a Gemini qué consecuencias podría tener una medida semejante y tras una algo larga conversación me la ha resumido como sigue.
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El núcleo del análisis es que una medida como limitar a tres viviendas por propietario no cambia el número total de casas, pero sí altera profundamente quién las posee, cómo se usan y qué incentivos tienen.
Eso, en un mercado tan heterogéneo como el español, no produce un efecto único, sino una fuerte segmentación: mientras que en el interior rural —donde la demanda es inexistente— la medida condena a miles de inmuebles al abandono definitivo al eliminar al comprador con capacidad de reforma, en las grandes ciudades el impacto se desplaza íntegramente hacia el mercado del alquiler.
Al forzar la salida de inversores profesionales con horizontes temporales largos, el mercado queda fragmentado en manos de pequeños propietarios con decisiones mucho más erráticas y una mayor aversión al riesgo.
Esta atomización de la oferta transforma la naturaleza misma del acceso a la vivienda, forzando un tránsito del intercambio impersonal al intercambio personal (Arruñada). En un mercado profesionalizado, el acceso se rige por la capacidad de pago y contratos estandarizados; sin embargo, un propietario amateur, para quien el piso que alquila concentra buena parte de su riqueza, no busca necesariamente el precio más alto, sino el riesgo más bajo. El resultado es una barrera de entrada donde el alquiler ya no lo consigue quien puede pagarlo, sino quien ofrece mayores garantías de cumplimiento (conexiones personales o estabilidad de un puesto en la administración pública), excluyendo de facto a jóvenes, inmigrantes, a familias con hijos pequeños y trabajadores temporales, justo los que necesitan recurrir al alquiler.
Es decir, aunque no desaparezca el mercado de alquiler, sí se reduce y fragmenta: menos inversores con carteras amplias, más pequeños propietarios con decisiones menos estables (uso propio, cambios de idea, venta). Esa reducción de oferta de alquiler no tiene que ser enorme para generar efectos grandes, porque la demanda es rígida. En consecuencia, una caída del 10–20% en la oferta puede traducirse en subidas muy superiores del alquiler, precisamente porque el ajuste se produce en el margen: el último piso disponible fija el precio para todos los demás. El resultado es un mercado más caro, más volátil y más excluyente, incluso si la propiedad se ha “democratizado”.
Además, los agentes no son pasivos: intentarán adaptarse mediante estructuras contractuales, acuerdos privados o selección estratégica de compradores. Esa “astucia” no elimina el efecto de la norma, pero sí lo distorsiona: hace el mercado más complejo, menos transparente y, en muchos casos, menos eficiente. A la vez, la inversión en vivienda para alquiler se reduce, lo que refuerza el problema a medio plazo. En conjunto, la política no solo redistribuye arbitrariamente, sino que reconfigura el sistema con efectos secundarios importantes, algunos previsibles y otros no. A largo plazo, la prohibición de la especialización impide capturar economías de escala en el mantenimiento y la gestión, lo que deriva en una obsolescencia acelerada del parque inmobiliario. El capital profesional no espera a un cambio de ciclo, sino que huye hacia otros activos, dejando tras de sí un mercado de "viviendas zombis" y una inseguridad jurídica que se filtra a toda la estructura productiva.
Una medida así es, en la práctica, un experimento a gran escala sobre un mercado muy sensible. El problema es que los costes de equivocarse no recaen sobre quien diseña la política, sino sobre terceros: inquilinos que pagan más, jóvenes que no pueden emanciparse, propietarios que ven alterado el valor de sus activos, o territorios que se degradan aún más. La responsabilidad política existe en términos formales (elecciones, rendición de cuentas), pero no hay un mecanismo claro que internalice esos daños de forma directa. Por eso, en economía se insiste tanto en la prudencia: cuando los efectos son inciertos y potencialmente amplios, el coste de “probar” puede ser muy alto y, además, difícil de revertir una vez que el mercado ha cambiado de equilibrio. Es el problema de la histéresis: el daño institucional es difícil de revertir incluso si la ley se deroga, ya que la confianza y el tejido empresarial destruidos no se recuperan automáticamente.
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Stalin no tenía reparos ni escrúpulos en matar de hambre a los campesinos ucranianos en el altar de la colectivización y la industrialización a marchas forzadas de la Unión Soviética. Ningún dictador los tiene. Sánchez no es Stalin pero tiene tan pocos escrúpulos como él. Si cree que una medida así, que empobrecería mucho a los españoles, le puede proporcionar unos cientos de miles de votos de gente tan ignorante y osada como Inés Herreros, sin duda, lo hará.
Lo acaba de demostrar con la regularización masiva. Es una medida cuyos efectos son inciertos y potencialmente amplios. El coste de "probar" puede ser muy alto y los efectos pueden ser irreversibles. Exactamente lo mismo que la ocurrencia de las tres viviendas como máximo.
Donde Sánchez se asemeja más a un dictador es en realizar la gran regularización por medio de la modificación de un reglamento y contra la voluntad mayoritaria del parlamento. Pero, al igual que con esta ocurrencia, la izquierda subnormal ha aplaudido la medida y ha insultado a la derecha tildándola de "inhumana" (el subnormal de Pedro Simón), de "racista" (el subnormal de Antonio Lucas) por oponerse a la regularización.
Si los opinadores de extrema izquierda se permiten insultar a los de derechas, creo que es justo denunciar que muchos de ellos son unos ignorantes cuya escasa inteligencia les condenó al periodismo (no podían ser astronautas, matemáticos o ingenieros, ni siquiera juristas), que opinan sobre cuestiones de las que ignoran todo y lo hacen desde una altura moral que ríete tú de Tomás Moro.
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