Es notorio que la calidad de las normas del llamado Derecho de los Consumidores es muy deficiente. No sé si porque las elaboran en el Ministerio de Sanidad y Consumo y en la Comisaría de Consumidores de la Comisión Europea en lugar de hacerlo en el Ministerio de Justicia o porque una suerte de maldición cayó hace mucho tiempo sobre este conjunto de materias jurídicas llevando a los más ignorantes y con menos capacidad de expresión escrita a dedicarse a redactar sus normas.
Se me había escapado que la ley "omnibus" modifica el art. 49 del Texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras Leyes Complementarias para introducir una nueva letra k) entre las conductas que se consideran infracciones sancionables por las autoridades de consumo. Dice la nueva norma que se considera infracción de consumo
k. La negativa a satisfacer las demandas del consumidor o usuario, cualquiera que sea su nacionalidad o lugar de residencia, cuando su satisfacción esté dentro de las disponibilidades del empresario, así como cualquier forma de discriminación con respecto a las referidas demandas, sin que ello menoscabe la posibilidad de establecer diferencias en las condiciones de acceso directamente justificadas por criterios objetivos.
Un primer comentario. La Ley omnibus tiene, como objetivo, según reza su Preámbulo
"En primer lugar, adapta la normativa estatal de rango legal a lo dispuesto en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios ... En segundo lugar, con objeto de dinamizar en mayor medida el sector servicios y de alcanzar ganancias de competitividad en relación con nuestros socios europeos, extiende los principios de buena regulación a sectores no afectados por la Directiva, siguiendo un enfoque ambicioso que permitirá contribuir de manera notable a la mejora del entorno regulatorio del sector servicios y a la supresión efectiva de requisitos o trabas no justificados o desproporcionados. El entorno regulatorio resultante de la misma, más eficiente, transparente, simplificado y predecible para los agentes económicos, supondrá un significativo impulso a la actividad económica".
La norma que examinamos es, pues, una simple estafa del legislador. Los del Ministerio de Consumo la han metido de tapadillo y como nadie se entera, se aprueba. Pero es claramente contradictorio con una Ley liberalizadora de la actividad que se incluyan nuevas prohibiciones de conducta a los operadores económicos cuya actividad se pretende hacer más sencilla. No puede ser constitucional incluir normas "sorprendentes" y que lo hagan los de Consumo, manda narices, cuando imponen obligaciones de transparencia por doquier. ¡Un poco de seguridad jurídica!.
Por suerte, no se aplicará (véase lo de las "normas de escaparate"), pero lo que dice es una barbaridad. Entendida literalmente, la norma permite a la Administración sancionar a cualquier comerciante que se niegue a contratar con un consumidor determinado. Por ejemplo, un cliente me parece cargante y decido no hacerle el dictamen o llevarle el pleito o repararle el automóvil. Simplemente porque es un pesado. Pues - y si lo es, lo hará - podría dirigirse a las autoridades de consumo a pedirles que me sancionen por mi "negativa a satisfacer las demandas del consumidor". Es decir, viene a establecer una suerte de eficacia horizontal del derecho a la igualdad imponiendo a los particulares la obligación de tratar por igual a otros particulares. Claro que también puedo hacer otra cosa. Y es cobrarle 2 millones de euros por el dictamen pagaderos por adelantado. Pero, en tal caso, el cliente cargante podrá acusarme de discriminarle en relación con otros consumidores ya que el único alegato que podré hacer en mi defensa - que es un pesado y no quiero hacerle el dictamen - no es una "razón objetiva" para cobrarle mucho más que a otro cliente en su situación. En consecuencia, le mentiré. Le diré que tengo mucho trabajo y no puedo atenderle. Como eso es incomprobable, el pesado no podrá justificar que me impongan una sanción por negarme a contratar con él.
¿Hacía falta una norma legal de este tipo para resolver los problemas que se pueden plantear cuando un comerciante o prestador de servicios se niega a atender a un cliente por razones inaceptables (porque es negro, gitano o porque es una boda gay)? Para resolver esos problemas es para lo que están los jueces. Son problemas entre particulares en los que se ven afectados, no derechos económicos de los consumidores - si hay competencia cualquier otro empresario estará encantado de atenderle - sino derechos fundamentales (dignidad, sobre todo).
Y cuando se matan moscas a cañonazos, como sucede con esta norma, se infringe el principio de proporcionalidad que es, precisamente, el que esta Ley pretende generalizar en toda la normativa legal reguladora de las obligaciones de los empresarios de servicios.
PS.
La lectura de las otras letras de este artículo mueve a reflexiones parecidas. Por ejemplo, ¿a qué escuela (no ya a qué Facultad de Derecho) fue el que redactó esta? e) El incumplimiento de las normas reguladoras de precios, la imposición injustificada de condiciones sobre prestaciones no solicitadas o cantidades mínimas o cualquier otro tipo de intervención o actuación ilícita que suponga un incremento de los precios o márgenes comerciales.o esta j) Las limitaciones o exigencias injustificadas al derecho del consumidor de poner fin a los contratos de prestación de servicios o suministro de productos de tracto sucesivo o continuado, la obstaculización al ejercicio de tal derecho del consumidor a través del procedimiento pactado, la falta de previsión de éste o la falta de comunicación al usuario del procedimiento para darse de baja en el servicio.
