El Supremo casa una Sentencia de la Sección 28ª de la AP Madrid: la prohibición de votar en conflicto de intereses

En otra entrada nos hicimos eco – aprobatoriamente – de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 12 de febrero de 2010 que no consideró aplicable la prohibición de voto en un acuerdo para liberar a los administradores sociales de la prohibición de competencia que pesa sobre ellos en una sociedad limitada porque el comportamiento de los impugnantes del acuerdo era contrario a la buena fe ya que, cuando se constituyó la sociedad, todos los socios realizaban actividades competidoras con la sociedad y ésta se constituyó con plena consciencia de dicha actividad.

Menos mal. La reducción de la multa por prácticas colusorias a la filial beneficia casi “automáticamente” a la matriz

En el caso, la Comisión había sancionado a Pegler por participar en acuerdos colusorios. Y, aplicando la doctrina sobre la responsabilidad de las matrices por las conductas de sus filiales, había extendido la responsabilidad por el pago de la multa a su matriz Tomkins. En la Decisión, sin embargo, no se hacía ninguna referencia a que Tomkins hubiera cometido la infracción ella misma ni que hubiera participado en modo alguno en la infracción cometida por la filial.

¿Queda algo por decir sobre cómo distinguir la agencia “genuina” de la que no lo es en el Derecho de la Competencia?

... the appropriate inquiry for discerning genuine agency should focus on the business justifications for the parties’ adoption of an agency model. That is, in the absence of the desire to get around the antitrust rules against vertical constraints, would the parties choose the contractual form of agency instead of distribution?

¿Por qué eliminan las compañías las acciones sin voto o de voto reducido?

Muchas compañías cotizadas en Europa, EE.UU y el resto del mundo tienen acciones con distinto derecho de voto. En los últimos años se ha observado una tendencia a la unificación, esto es, a convertir todas en acciones ordinarias eliminando las acciones de voto reducido o sin voto. Según los autores, la razón que explica estos proceso de unificación se encuentra en que las compañías necesitan aumentar el valor de sus acciones para realizar adquisiciones (“pagan” en acciones y, por lo tanto, cuanto más valgan, menos costosa es la adquisición) o emitir nuevas acciones para financiar proyectos (las acciones sin voto cotizan, normalmente, con descuento respecto de las ordinarias y los inversores a los que se les ofrece una emisión de acciones sin voto o con voto reducido están dispuestos a pagar menos por ellas). Ante una perspectiva semejante, los insiders están cada vez más dispuestos a eliminar la existencia de dos clases de acciones, salvo que estén obteniendo elevados beneficios privados del control lo que les hará reacios a eliminar la estructura accionarial que les permite apoderarse de tales beneficios.

Canción del viernes: To Kill A King - "Rays"

Gracias Elena! http://inquietanzas.blogspot.com.es/

Operaciones de autocartera y responsabilidad de los administradores

Andreas Achenbach

INMOBILIARIA COLONIAL, S.A. es la cabecera de un grupo de sociedades con las que consolida sus cuentas anuales. Tiene como objeto social la actividad inmobiliaria (arrendamiento de inmuebles, desarrollo de suelo y promoción residencial y promoción y gestión de centros comerciales), y sus acciones han sido admitidas a cotización en las Bolsas de Madrid y Barcelona. 

La predecesora de INMOBILIARIA COLONIAL, S.A. fue GRUPO INMOCARAL, S.A. Las Juntas Generales de ambas sociedades aprobaron la fusión en febrero de 2007, adoptando la absorbente la denominación social de la absorbida. 

¿Cómo hay que impugnar el balance de liquidación y el proyecto de división entre los socios del activo resultante?

Una de las modificaciones más notables que resultaron para el régimen de la anónima y la limitada de la promulgación del Texto Refundido de las Sociedades de Capital se refiere a la liquidación. Como se recordará, el régimen de ésta era mucho más completo en la LSRL que en la LSA y, en el texto refundido se optó por unificar el régimen bajo los artículos 371 ss. En concreto, en el art. 390.2 LSC se ha recogido la regla que antes contenía el art. 118 LSRL y no la que se contenía en el art. 275-2 LSA.

Error de prohibición en infracciones del Derecho de la Competencia

Para resolver el primero de los motivos no podemos soslayar los límites de esta Sala a la hora de examinar la culpabilidad declarada en la sentencia recurrida en casación. Al residir normalmente la presencia de dicho elemento subjetivo en una cuestión de hecho, cuya valoración probatoria corresponde al Tribunal de instancia, su impugnación se encuentra con el obstáculo de la inviabilidad de cuestionar en este recurso extraordinario, a salvo de supuestos excepcionales, la apreciación de la prueba. Por esta razón hemos reiterado que la conclusión alcanzada por el Tribunal de instancia en relación con la culpabilidad es en muchas ocasiones una cuestión puramente fáctica y, por ende, no revisable en esta sede (últimamente en sentencias de 9 de febrero de 2012, RC 4612/2008 , y 23 y 26 de abril de 2012 , RC 562/2010 y 3357/2009 ).

Puesto que el Colegio sancionado fundamenta la falta de culpa en el error, para determinar el verdadero alcance de esta circunstancia debemos acudir a las categorías que presenta en el Derecho Penal, donde solo posee efecto eximente en caso de ser invencible (artículo 14 del Código vigente). Tal consecuencia ha sido también apreciada por esta Sala en no pocos pronunciamientos, como recuerda nuestra reciente sentencia de 8 de marzo de 2012 (RC 4925/2008 ). Ahora bien, si el error es vencible y recae sobre uno de los elementos de hecho constitutivos del tipo, que es la hipótesis que aquí acontecería en la versión que defiende el recurrente, la infracción sería sancionada como negligente. Tal consideración no difiere del criterio de la instancia; la Audiencia Nacional consideró que el error que aducía el Colegio únicamente sería susceptible de afectar a la graduación de la sanción, pues la responsabilidad en el ámbito sancionador es exigible aun a título de mera negligencia, según expresamente prevé el artículo 10.1 de la Ley de Defensa de la Competencia .

Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de diciembre de 2012

La Unión Europea exige transparencia a los particulares pero oculta los salarios de sus más altos funcionarios

El otro día y, mientras escribía la entrada sobre la injerencia política en la Justicia y las consecuencias dañinas que provocaba, hacía referencia a que los Jueces del Tribunal de Justicia tenían un sueldo muy bueno, pero que no sabía su cuantía exacta, así que pregunté a EuropeDirect que es una especie de buzón de la Unión Europea. He aquí la respuesta

Prescripción de las sanciones: STS 20 de diciembre de 2012

El antiguo Tribunal de Defensa de la Competencia le puso una multa a Telefonica que ésta recurrió. Entre 1999 y 2006 (4 años para la Sentencia de la Audiencia Nacional y 2 para la casación) se tramitó el procedimiento judicial sin que Telefonica consiguiera que se suspendiera el pago de la multa. No obstante, la CNC reclamó el pago de la multa solo en 2007 y Telefonica se opone alegando prescripción - no de la infracción sino - de la sanción.

El Supremo (no) concreta las consecuencias de la asistencia financiera

En la Sentencia de 2 de julio de 2012, el Tribunal Supremo ha tenido ocasión de ocuparse de otro caso de asistencia financiera. Con un resultado completamente distinto. En esta ocasión, el Supremo dice que la prohibición de asistencia financiera se aplica inmisericordemente y, por tanto, que la prenda de créditos efectuada por la sociedad a favor de un banco como garantía para que éste concediera a determinadas personas unos préstamos para que estas personas adquirieran acciones de la sociedad entra sí o sí en la prohibición de asistencia financiera y, por tanto, la prenda es nula. Hay una diferencia entre ambos casos que justificarían la distinta solución y es que, en el otro caso, la ratio decidendi no era la existencia de asistencia financiera sino la denegación al demandante de legitimación activa para reclamar la nulidad (lo cual es discutible si se trata de una nulidad de pleno derecho) derivada del hecho de que el demandante era socio al 94 % de la sociedad que proporcionó la asistencia financiera (en forma de hipotecas de unas fincas a favor de los bancos prestamistas) "al no tratarse de un tercero de buena fe ajeno al negocio cuya nulidad se pretendía".

¡El juego que dan los colegios con forma de sociedad limitada! Modificación sustancial del objeto social y asistencia financiera

En una Junta de una SL se adopta el siguiente acuerdo: "Ampliación del objeto social de la Mercantil COLEGIO EL PRAT SL en el siguiente: Destinar el producto obtenido por beneficios, aportaciones de los socios, venta de activos a la inversión mobiliaria e inmobiliaria, con la finalidad de obtener la mayor rentabilidad y en definitiva, darle la redacción técnica, adecuada para la aprobación por el Registro Mercantil de la ampliación del objeto social a dicha inversión".

Publicado el informe de la CNC sobre profesiones colegiadas

Se encuentra aquí.

Como reconoce que la legislación estatal ha liberalizado notablemente las profesiones, este nuevo informe se centra en la regulación autonómica y la interna de los colegios. De lo que atañe a la legislación estatal, nos quedamos con esto

En suma, por las razones señaladas, se considera absolutamente necesario que se delimite por una ley estatal qué profesiones deben estar sujetas a colegiación obligatoria en todo el territorio nacional, sobre la base de principios de justificación, proporcionalidad y no discriminación...

justificación, proporcionalidad y no discriminación (que) debe comprender no sólo la exigencia de colegiación, sino también los requisitos de acceso al Colegio Profesional. Tales requisitos deben permitir acceder al Colegio Profesional al máximo número de profesionales salvo que existan motivos de interés general, que justifiquen una limitación. Además, ... el acceso a estos Colegios no debe supeditarse a la posesión de títulos formativos concretos, sino a que el profesional cuente con la capacitación técnica que se estime necesaria, que debe poder demostrarse por cualquier vía que acredite suficientemente la preparación necesaria...

Finalmente, es preciso hacer una reflexión sobre las profesiones sin colegiación obligatoria. En teoría, en profesiones sin colegiación obligatoria, los Colegios Profesionales tienen funciones similares a las asociaciones profesionales, y de hecho compiten con ellas en la representación de los profesionales, y en tal caso no parece que esté justificado que los Colegios mantengan un estatus privilegiado.

¿Puede tener valor negativo un derecho? El caso del derecho de voto

Ravenna, @juancla

Si el voto es un derecho, y no una obligación, tiene que tener un valor positivo. Eso significa que las acciones con voto deberían cotizar por encima de las acciones sin voto. Si no lo hacen, esto es, si hay un "negative voting premium", la razón tiene que estar en alguna otra característica de las acciones sin voto que las hace más atractivas para los inversores y que impide hablar ceteris paribus.

La principal característica que puede explicar una cotización superior de las acciones sin voto es su mayor liquidez. Recuérdese que el valor de cotización bursátil refleja el valor que las acciones tienen para los accionistas dispersos y que éstos valoran la liquidez, es decir, la posibilidad de convertir rápidamente en dinero sus acciones. Si las acciones con voto no se negocian frecuentemente (porque están en manos de los insiders, por ejemplo, de la familia que controla la compañía o porque los inversores extranjeros no pueden adquirirlas), los accionistas dispersos preferirán tener acciones sin voto de las que puedan desprenderse con facilidad.

Seminario en el Auditorio Garrigues el próximo 1 de febrero sobre Derecho de la Competencia

Seminario sobre Desarrollos recientes en materia de acuerdos restrictivos de la competencia Dentro del XVI Curso de Derecho de la Competencia Europeo y Español Coordinadores: Fernando Castillo de la Torre Eric Gippini Fournier

Viernes, 1 de febrero de 2013

12:00 - 14:00 horas: Conferencia inicial introductoria “Objeto y efecto” y condiciones de exención en el contexto del art. 101 TFUE desarrollos recientes. Luis Ortiz Blanco, Abogado, Garrigues Viktor Bottka, Miembro del Servicio Jurídico, Comisión Europea, Bruselas. Pablo Ibáñez Colomo, London School of Economics, Londres. Moderador: Fernando Castillo de la Torre, Miembro del Servicio Jurídico, Comisión Europea, Bruselas.

16:00 - 18:00 horas: Segunda Conferencia. Desarrollos recientes en materia de sanciones (multas, clemencia y acciones por daños y perjuicios). Cani Fernández, Abogado, Cuatrecasas María Luisa Tierno Centella, DG Competencia, Comisión Europea Moderador: Fernando Castillo de la Torre, Miembro del Servicio Jurídico, Comisión Europea, Bruselas.

18:30 - 20:30 horas: Tercera Conferencia. Distribución electrónica y de obras digitales: desarrollos recientes en la aplicación del artículo 101 TFUE. Lorena Boix Alonso, DG Connct, Comisión Europea, Bruselas. Ainhoa Veiga, Abogado, Araoz&Rueda, Madrid. Helena Larsson-Haug, Miembro del Servicio Jurídico, Comisión Europea, Bruselas. Moderador: Eric Gippini Fournier, Miembro del Servicio Jurídico, Comisión Europea, Bruselas.

Información: Secretaría del Curso de Derecho de la Competencia Comunitario y Español IEB – Ignacio González Mesones (Telf. 639 86 37 28) e-mail: competencia@ieb.es INSTITUTO DE ESTUDIOS BURSÁTILES C/ Alfonso XI, 6 – 28014 Madrid Tel.: 91 524 06 15 Fax: 902 190 200

web: www.ieb.es

Cuesta 200 €; 100 € para los socios de la AEDC

Sobre “objeto y efecto” hemos escrito algunas entradas aquí