En el artículo publicado ayer en EL PAÍS, Ferrajoli da indicios de que sufre un cierto deterioro cognitivo. Los que le quieran bien deberían editar rigurosamente lo que salga de su pluma. Tiene 84 años y no debería publicar comentarios sobre cuestiones de actualidad de un país que no es el suyo y respecto de las cuales puede haber recibido información sesgada. Perfecto Andrés Ibáñez, que traduce el texto, debería haber velado por la reputación del profesor Ferrajoli.
Como todos los artículos malos, el autor comienza con generalidades sin interés, desdibujando la distinción entre poderes públicos y particulares:
En cualquier sistema jurídico, el papel de la jurisdicción es asegurar la efectividad del derecho, o sea, el respeto de la ley por los ciudadanos y, en particular, por los poderes públicos. Sin jurisdicción, sin la aplicación de la ley a sus violaciones, es decir, a los actos ilícitos y a los actos inválidos, ningún ordenamiento podría funcionar y sobrevivir. Además, en el Estado constitucional de derecho, la jurisdicción es esencial para asegurar la igualdad y la garantía de los derechos fundamentales de las personas frente a las violaciones provenientes del ejercicio arbitrario de los poderes, públicos y privados.
¿De verdad puede creerse que corresponde al Derecho, de la misma forma, controlar el ejercicio del "poder" por parte de los órganos del Estado (legislador, gobierno y administración pública en general y jueces) y por los particulares? Ferrajoli no desconoce la diferencia entre poderes públicos y particulares en lo que se refiere a los mecanismos de control de la conducta de unos y otros porque, inmediatamente, cita la famosa afirmación de los revolucionarios franceses: “No hay Constitución donde no están aseguradas la separación de poderes y la garantía de los derechos”. Es obvio que la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 estaba afirmando que sin control del poder político, - que ha de dividirse para que no se convierta en un Estado absolutista y para que no se utilice el poder correspondiente para infringir los derechos de los ciudadanos -, no puede decirse que esa nación disponga de una Constitución. No se ve, en tal declaración, ninguna preocupación por los "poderes privados". Los mismos revolucionarios ¡qué poder tan extraordinario tenía el legislador! acabaron con todas las corporaciones privadas poco después. ¿Qué papel para los jueces sino ser la boca del legislador?
A continuación, resume lo que considera intentos de líderes populistas de todo el mundo por impedir que los jueces controlen "la legalidad del ejercicio de los poderes públicos" equiparando las críticas a los jueces italianos por haberse cargado el proyecto de deportación de inmigrantes irregulares de Meloni (¿qué esperaban que dijera Meloni? Lo que importa es que Meloni ha acatado la decisión de los jueces) con la supresión de la independencia de los jueces en México (por cierto, realizado a través de una reforma constitucional).
Hasta ahí, el artículo carece de interés. Lo interesante y el deterioro cognitivo de Ferrajoli se refleja en los dos últimos párrafos
En España, lamentablemente, la separación de poderes sufrió una grave lesión merced a la reforma de 1985, que, con la elección parlamentaria de todos los integrantes del Consejo General del Poder Judicial, (CGPJ) convirtió a este en un órgano político. El que, según la Constitución, debía ser un órgano de gobierno autónomo de la magistratura, garante de su independencia, se convirtió en un órgano político de heterogobierno, colonizado por los partidos presentes en él como tales.
Si uno lee este párrafo, queda turulato cuando lee el siguiente:
La prueba más evidente de esta mutación regresiva la ha dado la insólita negativa del Partido Popular a renovar el mandato del Consejo durante más de cinco años, con el sorprendente consenso de todos sus vocales.
Supongo que se refiere a los vocales del CGPJ. Todo el mundo sabe que en estos cinco últimos años si algo no ha habido en el CGPJ ha sido consenso, lo que pasa es que los vocales del PSOE estaban en minoría. A Ferrajoli se le olvida que el PSOE impidió que el CGPJ en funciones pudiera ejercer sus competencias y se le olvida también que el Tribunal Constitucional - un órgano más politizado, si cabe, que el CGPJ - dijo que esa ley era constitucional. Ferrajoli no tiene nada que decir al respecto. Eso no le parece un ataque gravísimo a la independencia judicial.
Lo que le deja a uno turulato es que Ferrajoli critique la reforma de 1985, que supuso la colonización del CGPJ por los partidos, para, sin solución de continuidad, considerar que la negativa a seguir jugando a ese juego por parte del PP es "la prueba más evidente de esta mutación regresiva", prueba de que el PP quería "mantener un gobierno de parte sobre la magistratura". ¡Aunque era el PSOE el que se negaba a modificar el sistema de elección de los vocales! ¿Qué le habrán contado al anciano Ferrajoli para que escriba estas cosas?
Pero lo peor es lo que dice en el último párrafo, en el que ofende directamente a centenares o miles de jueces españoles. Ferrajoli acusa al PP y a "la gran mayoría" de los jueces y magistrados españoles de "tal gravísimo escándalo". De esta 'colusión' entre los jueces y el PP sería prueba
la espectacular protesta de los jueces en toga en la puerta de los tribunales contra el simple anuncio de una posible ley de amnistía de los independentistas catalanes condenados;
Ferrajoli miente, claro. Se comporta como el del chiste. Los jueces que se manifestaron lo hicieron contra las acusaciones de lawfare que se contenían en el acuerdo que había firmado el PSOE con Junts. Pero lo siguiente es mucho peor. Ferrajoli califica el procedimiento penal que se sigue contra García Ortiz - que, recuérdese, abusó aparentemente de su poder para perjudicar a un particular - como
"preocupante persecución judicial del fiscal general del Estado y de la fiscal jefe de Madrid"
lo que, unido a lo anterior, son
"síntomas inquietantes de la indebida politización de una parte relevante de la magistratura española. Con la que resultan inevitablemente comprometidas la credibilidad de la jurisdicción y la confianza de los ciudadanos en la institución, que dependen enteramente de la independencia de los jueces de condicionamientos de parte y de su segura imparcialidad.
Es tremendo. Ni una palabra sobre la legitimidad constitucional de la Ley de Amnistía. Sobre la 'okupación' de la Fiscalía General por el Gobierno; sobre la designación de ministros y directores generales como magistrados del Tribunal Constitucional. Lo que Ferrajoli considera "síntomas inquietantes" es que los jueces critiquen que en un acuerdo firmado por un partido golpista y el partido que gobierna se diga que, cuando el Tribunal Supremo cumple con sus deberes, está haciendo lawfare.
Recuérdenme, cuando tenga la edad de Ferrajoli, que no publique nada que no haya visto y autorizado antes alguien que me quiera bien.
1 comentario:
Aunque he leído algún libro de Ferrajoli, siempre me ha dado la impresión de que este hombre ni ha pisado nunca un juzgado ni ha tenido que resolver ningún problema jurídico práctico.
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