Cómo era la quiebra de un banco cuando los accionistas tenían responsabilidad ilimitada por las deudas sociales

Mr. Joyner, a long inactive partner of a bank in Romford that failed in 1825: “He delivered to the bankruptcy commisioners everything he had – including some £32,0004 – and they returned to him £100 and his pocket watch.

Now, I say there never was a greater abuse of any word in the English language, than the word “bank.” We have had in this town the “Northern and Central” squander. We have had the “Imperial” squander. We have had the “Commercial” squander. We have had the “Manchester and Liverpool” squander and as if the town had not been sufficiently disgraced, we are called together this day to testify to the “Manchester” squander, which, though last, is, I am sorry to say, not the least”

En 1878 quebró el City of Glasgow Bank. En la época, los bancos eran sociedades que no limitaban la responsabilidad de sus accionistas por las deudas sociales. La quiebra se produjo porque el banco falseó la contabilidad para ocultar las pérdidas que había sufrido por créditos fallidos (fue la última gran quiebra fraudulenta de un banco británico en el siglo XIX) y, sobre todo, porque el banco tenía concentrados sus riesgos en unos pocos prestatarios (cuatro representaban tres cuartas partes de los créditos otorgados por el banco). La bolsa no reaccionó inmediatamente a las malas noticias, en parte, porque el banco empezó a comprar sus propias acciones, lo que retrasó la caída en picado una vez que se supo que estaba en quiebra.

Homologación de acuerdos de refinanciación

¿Es el auto de homologación un título ejecutivo? Disposición Adicional 4ª LC

Resumimos, a continuación, el Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona que se cita al final de la entrada

Grupo Celsa formalizó con sus acreedores bancarios, en el año 2010, una primera refinanciación de su deuda mediante dos contratos denominados Contrato Jumbo Original y Contrato Marco Original. Mediante el primero se pactó una espera hasta el año 2013 para el pago de la deuda dimanante de los contratos de préstamo. Mediante el segundo, Grupo Celsa y una parte de los acreedores financieros formalizaron una novación modificativa de una serie de contratos de financiación, fundamentalmente operaciones de comercio exterior y de descuento de efectos comerciales, denominados Contratos Bilaterales. Esa novación consistió en modificar determinados extremos, tales como tipo de interés y comisiones aplicables, condiciones de disponibilidad de la financiación, las causas de vencimiento anticipado y su plazo de vigencia, que se fijó para todos en fecha 6 de junio de 2013.

Canción del viernes en martes. Patrick Park, We Fall out of Touch

As usual, gracias @elnalfaro

¿Puede haber CDS en los que la prima sea negativa?

En los CDS (credit default swaps) que no son puramente especulativos, la “causa” es de seguro. El Acreedor quiere asegurarse frente al riesgo de que su Deudor no le pague al vencimiento y contrata con X para que éste asuma el riesgo de impago por parte de D. Para que X quiera asumir el riesgo – se convierta en asegurador – tiene que pagarle una prima. Esa prima será, normalmente, inferior a los intereses que esté cobrando A por el crédito y tenderá a cero en la medida en que el riesgo de impago por D sea muy pequeño ¿Qué sucede cuando los intereses que proporciona el crédito asegurado son negativos? Que los intereses sean negativos significa que los acreedores perciben el riesgo de impago por D como muy pequeño, puesto que el interés que cargan los A se calculan en función de dicho riesgo. Por tanto, si un D puede emitir deuda a intereses negativos, ¿no debería ser negativa también la prima que cobran los aseguradores por cubrir el riesgo de impago?

“Dos estrategas de Citigroup preguntaron a más de 200 personas y resultó que casi un tercio de los preguntados contestaron que, técnicamente, era posible que un CDS tuviera una prima negativa una vez que los intereses de los títulos de deuda pública europea por valor de miles de millones de euros devengan negativos”. Obviamente, una prima negativa en una permuta financiera de crédito (CDS) – pagar a alguien y asegurarle frente al impago del crédito, esto es, de la deuda pública – es un negocio jurídico con valor neto presente negativo y, en sentido estricto, un mal negocio pero siempre hay explicaciones técnicas. <<Alguien puede estar dispuesto a pagar para deshacerse de un crédito si el coste de seguir siendo acreedor es mayor que el coste de deshacer el contrato (de terminarlo) debido a las exigencias de capital que las normas de supervisión bancaria imponen al acreedor>> ¿De verdad? Sería una señal de que la regulación del capital de los bancos es absurda si conduce a que los bancos realicen transacciones que son estrictamente idiotas”

Matt Levine

Si el acreedor (Hacienda) concede aplazamiento, el pago antes de la fecha es rescindible cuando el deudor cae en concurso

El artículo 1292 del Código Civil - con precedente en el 1180 del Proyecto de 1851 y en el 1038 del Código de Comercio de 1829 - dispone que serán rescindibles los pagos hechos en estado de insolvencia por cuenta de obligaciones a cuyo cumplimiento no podía ser compelido el deudor al tiempo de hacerlo. Pese a que, en tal supuesto, el acreedor cobra lo que se le debe, aunque sea antes de tiempo, y es regla que no comete fraude quien ejercita su derecho - " qui suum recepit nullum videre fraudem facere " -, el legislador entendió que, estando el deudor en insolvencia, pagar a un acreedor antes de que la deuda sea exigible, constituye una alteración de la " par conditio creditorum ".

La división interna de la responsabilidad solidaria por infracción de las normas de competencia

Por Patricia Pérez Fernández

El Tribunal Supremo alemán sienta reglas sobre el reparto interno de una multa impuesta solidariamente a varias sociedades pertenecientes al mismo grupo

En su sentencia de 18 de noviembre de 2014, el Tribunal Supremo alemán señala que la matriz no tiene que hacer frente obligatoriamente al total de la multa impuesta por la Comisión Europea de forma solidaria a distintas empresas que forman parte del mismo grupo. El alto tribunal alemán aclara que, internamente, deberá procederse a dividir el importe de la multa entre las distintas empresas que hubieran participado en el ilícito anticompetitivo, teniendo en cuenta en qué medida han participado y/o contribuido a la comisión del ilícito cada una de ellas, así como las ganancias u otras ventajas obtenidas como consecuencia del mismo.

El fraude

Venus, Cupido, la Locura y el tiempo, Bronzino

 Para un ejemplo de una lección 'honestamente difícil" sobre el abuso de la verdad por el poder (se dice una cosa pero se quiere decir otra), me gustaría utilizar algo más críptico que lo que nos proponen Orwell o Lewis Carroll. La Alegoría con Venus y Cupido,de Bronzino que se encuentra en la National Gallery y aparece en la película de Fred Wiseman, es una obra de una voluptuosidad inmediatamente seductora que tienta el pensamiento con sus magníficos misterios. 

Según Panofsky, la joven que mira al espectador desde detrás del alegre niño representa el Fraude. El Fraude tiene un enjambre en una mano y con la otra, tras su espalda, sujeta una pequeña bestia excitada y venenosa. Su rostro es dulce, pero no se ve del todo bien: es anormalmente amplio en sus cejas, la mirada es fija e inexpresiva, un poco robótica, sobre todo en comparación con las animadas expresiones de las otras figuras que dibujan el nudo revirado de la pasión - la desesperación, la rabia, la consternación, la alegría, la ternura, el amor. 

La verdadera naturaleza del Fraude se revela principalmente por su potente cola de reptil que se tuerce hacia abajo, hacia las máscaras en la parte inferior derecha de la pintura. Si miras con atención, dice Panofsky, verás que sus manos son imposibles, están pintadas del revés: la que debería ser su mano derecha es la izquierda y viceversa. La doblez está representada como inversión, la tortuosidad escondida tras la inexpresividad, tras una belleza formal y congelada. El engaño de la belleza melosa de la joven impacta intensamente al que mira la pintura.

Learning My Lesson: Marina Warner on the disfiguring of higher education, London Rev. of Books Vol. 37 No. 6, 19 March 2015

Meritocracia, regeneración pública y control judicial del nombramiento de altos cargos de organismos públicos

Se abren brechas en la libertad de elección del personal directivo

Alejandro Huergo Lora. Catedrático de Derecho Administrativo. Universidad de Oviedo

Uno de los vicios de la política y la administración españolas más necesitado de reforma urgente es la aplicación del viejo esquema “amigo-enemigo”, según el cual todo político necesita rodearse, en los puestos directivos que de él dependan, de personas “de su confianza”. Esta actitud, retratada de forma un tanto caricaturesca –pero sobre un fondo de realidad-, explica que, en muchos organismos y centros de trabajo, a todo el personal se le exijan requisitos académicos y la superación de un concurso o una oposición, menos al jefe, para el cual la confianza de quienes le han nombrado es la única cualidad realmente imprescindible y necesitada de permanente actualización. A la vez, el hecho de que una parte importante de los cargos directivos públicos se cubran sólo por criterios de confianza, desincentiva a quienes procuran prepararse y adquirir los méritos académicos y de experiencia que les capaciten para aspirar a esos puestos, en la medida en que saben que existe un nivel que sólo se puede alcanzar si logran la confianza de un responsable político, lo que en muchos casos supone integrarse en un grupo que funciona como una comunidad de apoyos mutuos que se reparte los puestos cuando el partido está en el poder y se convierte en cesante (o se refugia en alguna Comunidad Autónoma) cuando pasa a la oposición.

¡Le llamaban imputado!

Por Juan Damián Moreno. Catedrático de Derecho Procesal (UAM).

Entre las modificaciones que el gobierno pretende impulsar en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que acaba de dar a conocer se encuentra una que tiene por finalidad rebajar el efecto corrosivo que la imputación provoca en el sujeto que es objeto de estas actuaciones, sustituyendo el término imputado por investigado y reservando el término encausado a quien, tras la instrucción, es objeto del acto formal de acusación, es decir, acusado. Se trata de una modificación que es pues coherente con el reforzamiento del sistema de garantías procesales que pretende promover.

Misión imposible (ii): redactar la cláusula estatutaria de retribución de los administradores

Fuente. Wikipedia

Si la última diatriba contra algunas calificaciones registrales les pareció excesiva, lean la calificación que ha sido objeto de recurso en la Resolución de la DGRN de 19 de febrero de 2015. Les adelanto que, esta vez, la DGRN es la sensata en la historia.

Depósito de cuentas y derecho de información del accionista

La DGRN sigue sin entender su papel; el del registrador mercantil y el significado del depósito de cuentas

Ya hemos publicado varias entradas explicando que el control registral en la inscripción de acuerdos sociales es excesivo – e ilegal – y que lo es, en particular, en relación con el depósito de cuentas, respecto del cual, la función del registrador se limita, legalmente, a verificar que lo que se depositan son “las” cuentas de la sociedad. Nada más. La Resolución de la DGRN de 18 de febrero de 2015

English Tips for Spanish Lawyers (iv) “to the extent”

Por Nick Potter

In this series we look at real-life examples of the most common mistakes in English by native Spanish lawyers. These and a whole host of other invaluable tips are available in a new ebook/paperback, here: 50 English Tips for Spanish Professionals.

Luxemburgo ens roba

Fuente

En el blog, hemos criticado a Suiza. Pero ¿quién necesita a Suiza cuando tenemos al enemigo dentro de casa? Luxemburgo se comporta, con mucha frecuencia, como un depredador de los recursos de otros Estados europeos. Las intolerables declaraciones de Juncker acerca de que la troika había tratado indignamente a algunos pueblos europeos se vuelven aún más repugnantes cuando se examina la Sentencia del Tribunal de Justicia de 5 de marzo de 2015.

¿Somos ciudadanos de una democracia industrial?

Dice Larry Summers que

“los ciudadanos de las democracias industriales siguen valorando su libertad y la oportunidad de participar en las tareas del autogobierno. Pero también esperan de sus sistemas políticos que creen un entorno en el que puedan usar sus capacidades y su trabajo para conseguir un estándar de vida decente para sí mismos y para sus familias”

Dudo mucho que esta afirmación, tan aparentemente compartible, se aplique a los españoles si hay que atender a las encuestas sobre los valores más aceptados y que hemos reflejado en el gráfico. Las diferencias entre 2007 y 2012 son suficientes para explicar el auge de grupos como Podemos.

Junta convocada por administrador cuyo nombramiento es anulado con posterioridad a la convocatoria

Es una sociedad de tres hermanos que se llevan mal. Uno de ellos se dedica a impugnar las Juntas de la sociedad. Consigue que se anule el nombramiento de uno de ellos como administrador y, antes de que el Tribunal Supremo inadmita el recurso de casación contra la sentencia que anuló dicho nombramiento, este administrador convoca una junta. El hermano discrepante asiste a la junta pero deja claro que no acepta que se considere una junta universal. Luego, impugna la junta por convocatoria por alguien que no era competente. Pierde en las dos instancias. 

Canción del viernes en miércoles: Philippe Rombi: Dans la maison

Gracias, Francesc Pujol @NewsReputation

Una información sobre una compañía es “privilegiada” aunque no pueda saberse si hará subir o bajar la cotización de hacerse pública

Sentencia del TJUE de 11 de marzo de 2015

Una “permuta de rendimiento total” (total return swap TRS) es un acuerdo por el cual A, que quiere ser el dueño en sentido económico de unas acciones, obtiene la promesa de B de que éste le entregará las acciones en una fecha determinada. Hasta que llegue esa fecha, A paga a B una cantidad periódica a cambio de los derechos económicos y políticos sobre las acciones. Y B se "cubre" adquiriendo las acciones en el mercado o una opción de compra sobre esas acciones para poder entregárseleas a A cuando llegue la fecha establecida. 

Concepto y naturaleza jurídica del leasing–arrendamiento financiero

Lo que sigue está sacado de la Voz Leasing de la EJB que publicamos en 1995

Se trata de un contrato por el que la sociedad de leasing se obliga a financiar la posibilidad de utilización de un objeto por un empresario (usuario) comprándolo al suministrador según las instrucciones de éste y transfiriéndolo directamente al usuario contra el pago de cantidades periódicas calculadas en relación con los costes de adquisición, previéndose, para el término del período pactado una opción de compra a favor del usuario (v. disp. ad. 3ª Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito).

La Sentencia Aziz de la Audiencia Provincial de Barcelona

Soberbia sentencia, especialmente, para los que no sabemos Derecho Procesal. Hacía tiempo que no veíamos una tan elaborada sobre los temas procesales y sustantivos que generan las cláusulas abusivas en contratos con consumidores en un “entorno” especialmente complejo como el que deriva de la sucesión de un procedimiento ejecutivo (ejecución hipotecaria) y uno declarativo posterior con cambios en la legislación aplicable durante el proceso. Da gusto leerla porque encaja, como debe hacerse por los que practicamos la dogmática jurídica, las necesidades que debe satisfacer el Derecho con el imprescindible respeto de la idea de ordenamiento y el argumento sistemático en la interpretación de las normas. Las normas de protección de los consumidores y el respeto a los principios que rigen los procesos civiles tienen que ser coherentes entre sí. Estos últimos no pueden ser despreciados sin grave merma de la protección de los derechos fundamentales recogidos en el art. 24 CE y el respeto a la libertad y dignidad de los individuos (art. 10 CE).

Mas cuestiones prejudiciales idiotas

Claude Marie Dubufe

La responsabilidad de la absorbente por las multas impuestas por infracciones cometidas por la absorbida antes de la fusión

Si el artículo 19, apartado 1, de la Directiva 78/855 debe interpretarse en el sentido de que una «fusión por absorción», en el sentido del artículo 3, apartado 1, de dicha Directiva, supone la transmisión, a la sociedad absorbente, de la obligación de pagar una multa impuesta mediante una resolución firme posterior a dicha fusión por infracciones del Derecho del trabajo cometidas por la sociedad absorbida antes de la citada fusión. 

Con arreglo al artículo 19, apartado 1, letra a), de la Directiva 78/855, una fusión por absorción implica ipso iure la transmisión universal del patrimonio activo y pasivo de la sociedad absorbida a la sociedad absorbente.

…una multa impuesta tras la fusión por absorción de dicha sociedad por infracciones cometidas antes de la citada fusión, forma parte del patrimonio pasivo de esa misma sociedad, (porque)…  el artículo 19, apartado 1, de la Directiva 78/855 dispone que una fusión por absorción implica ipso iure y, por tanto, de modo automático, no sólo la transmisión universal de la totalidad del patrimonio activo y pasivo de la sociedad absorbida a la sociedad absorbente sino también, en virtud de dicha disposición, letra c), que la sociedad absorbida deja de existir. De ello se desprende que, si no se transmitiera a la sociedad absorbente la responsabilidad por infracciones, como elemento del patrimonio pasivo de la sociedad absorbida, dicha responsabilidad se extinguiría.

Como señaló el Abogado General en el punto 61 de sus conclusiones, esa extinción contradice la propia naturaleza de una fusión por absorción, como se define en el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 78/855, puesto que, según la citada disposición, una fusión de ese tipo consiste en una transmisión de la totalidad del patrimonio de la sociedad absorbida a la sociedad absorbente a raíz de una disolución sin liquidación.

(En cuanto a los accionistas y acreedores de la absorbente)…, como señaló el Abogado General en el punto 61 de sus conclusiones, los accionistas de la sociedad absorbente pueden quedar protegidos, en particular, mediante la inclusión de una cláusula de declaraciones y garantías en el acuerdo de fusión. Además, nada impide a la sociedad absorbente ordenar la realización de una auditoría pormenorizada de la situación económica y jurídica de la sociedad que pretende absorber para obtener, junto con los documentos e información disponibles en virtud de las disposiciones legislativas, una visión más completa de las obligaciones de la citada sociedad.

En consecuencia, procede responder a las cuestiones prejudiciales primera a tercera que el artículo 19, apartado 1, de la Directiva 78/855 debe interpretarse en el sentido de que una «fusión por absorción», en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la mencionada Directiva, supone la transmisión, a la sociedad absorbente, de la obligación de pagar una multa impuesta mediante resolución firme posterior a dicha fusión por infracciones del Derecho del trabajo cometidas por la sociedad absorbida antes de la citada fusión.

 Como dijimos en otra entrada, las idioteces son imparables. Es la Sentencia del Tribunal de Justicia de 5 de marzo de 2015

Evolución del blog

Este es el gráfico de las visitas (no visitantes únicos) del blog desde su inicio hasta la fecha. En el mes de febrero de 2015 (que tiene menos días), las visitas superaron las 90.000, y la moda se aproxima a las 4000 diarias. Los picos más bajos se corresponden con el mes de agosto.

Responsabilidad de la sociedad escindida por las deudas transferidas a la beneficiaria de la escisión

Partimos una realidad no cuestionada:

i) la sociedad prestataria, que asumió la obligación de devolución del préstamo, Inversiones y Aplicaciones Técnicas, S.A., fue absorbida por la demandada, Gutiérrez y Martín Grupo Inmobiliario, S.L., quien asumió con la absorción la totalidad de la deuda;

Criterios de cálculo de la indemnización por inclusión indebida en un registro de morosos

Es la Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de febrero de 2015 y hay que leerla con la que comentamos en esta entrada. Véase también la STS de 11 de febrero de 2015 que no considera excesivo que se tardasen 48 horas en rectificar los datos en el registro de morosos una vez pagada la deuda por parte del demandante.

Vodafone había comunicado a un registro de morosos el impago de facturas por parte del demandante indebidamente y así permaneció durante 10 meses. Los jueces de instancia conceden una indemnización por daños morales muy pequeña aduciendo que la deuda denunciada era muy pequeña y que no se había probado que el demandante se hubiera visto afectado en sus posibilidades de obtener créditos por dicha inclusión.

El Supremo anula otra cláusula de redondeo

Yo no sé cuándo van a arreglar el CGPJ y la Comunidad de Madrid los Juzgados de Arganda. Vean las fechas. Es la Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de febrero de 2015

En fecha 26 de marzo de 1992 el Banco de Fomento S.A. suscribió con D.ª Evangelina , D.ª Petra y con D. Bernabé, todos ellos representados por D. Sabino según amplio poder otorgado el día 24 de julio de 1991, un contrato de préstamo con garantía hipotecaria sobre la finca sita en Arganda del Rey, y en virtud del cual, los prestatarios recibían en concepto de préstamo la cantidad de quince millones de pesetas.

Dudas interpretativas del nuevo régimen de remuneración de administradores en la Ley 31/2014

Por Aurora Campins

Estas últimas semanas he acudido a distintos foros sobre la reforma operada por la Ley 31/2014 en materia de gobierno corporativo de las sociedades de capital. La crítica que se ha repetido con más frecuencia es que si bien algunas de las modificaciones legales resultan adecuadas en el ámbito de las sociedades cotizadas, no lo parecen tanto respecto de las no cotizadas.

La reforma del régimen de remuneración de consejeros es un buen ejemplo. En sede de cotizadas, el legislador ha reconocido explícitamente la existencia de dos clases de remuneraciones separadas, una para los consejeros “en su condición de tales” (art. 529 septdecies LSC) y otra para los consejeros que desempeñen funciones ejecutivas (art. 529 octodecies LSC). 

El Tribunal Constitucional anula el art. 50 de la Ley de Consumidores

Es la Sentencia 10/2015, de 2 de febrero de 2015

Concretamente el citado art. 50 LCU, bajo la rúbrica «Graduación de las infracciones» establece en su apartado primero que

«las infracciones podrán calificarse por las Administraciones públicas competentes como leves, graves y muy graves, atendiendo a los criterios de riesgo para la salud, posición en el mercado del infractor, cuantía del beneficio obtenido, grado de intencionalidad, gravedad de la alteración social producida, generalización de la infracción y reincidencia».

Por qué da Vinci no pudo volar y por qué el Gobierno no nos deja

Fernando Alfaro empieza su clase sobre innovación y “huella digital” preguntando a los alumnos por qué no pudo volar Leonardo da Vinci (para ver el curriculum vitae de Da Vinci, pinchar aquí). Parece que no obtiene buenas respuestas cuando la clase la da a alumnos jóvenes y que éstas son mejores cuando los alumnos son más “viejos”. Le digo que ha formulado mal la pregunta y que cuando se habla de que los profesores deben dejar de “dictar clases” o dar lecciones magistrales y “acompañar” a los alumnos en el aprendizaje lo que se quiere decir es que ser capaz de formular las preguntas correctamente es una de las aportaciones más valiosas del profesor. 

La enfermedad italiana (Italian Disease)

Los autores tratan de explicar por qué la productividad dejó de crecer en Italia desde finales de los años noventa hasta hoy. Hay tres fenómenos exógenos que influyeron: la entrada de China en la OMC (Organización Mundial del Comercio), que permitió a China acceder en condiciones de igualdad a los mercados de todo el mundo; la introducción del euro y la revolución de las tecnologías de la información. Estos tres choques afectaron a todas las economías europeas pero de forma mucho más destructiva a Italia.

Compensatio lucri cum damno

En el capítulo sobre el daño en el libro “Practicum Daños 2015” que han coordinado Pedro del Olmo y Ana Soler, se recoge un apartado sobre la compensción, a efectos de determinar el daño resarcible, entre el daño sufrido por el demandante y las ventajas obtenidas como consecuencia de la conducta dañosa (Este capítulo ha sido redactado por Ana SOLER PRESAS, Pedro DEL OLMO, Rosa DE COUTO GÁLVEZ, Ángel JUÁREZ TORREJÓN, Íñigo NAVARROMENDIZÁBAL, Xabier BASOZÁBAL ARRUE y Beatriz GREGORACI FERNÁNDEZ). Dicen los autores:

Excluimos así que la llamada compensatio lucri cum damno merezca el reconocimiento de una «regla de principio», porque nunca lo ha tenido en nuestro ordenamiento ni estaría justificado que lo tuviera. Entendemos, de acuerdo con F. PANTALEÓN PRIETO (en Comentario al Código civil, «Artículo 1902», 1991, págs. 1987-1990), que la misma cautela que debe ponerse en la determinación del daño objetivamente imputable a la conducta a cargo del demandado debe desplegarse ahora en la imputación de lucros, evitando desplazarlos injustificadamente al causante del daño mediante la rebaja de la indemnización.

Citan dos sentencias del Tribunal Supremo, una errónea y otra acertada. La STS de 15 de diciembre de 1981 es la errónea. Los hechos

Las demandantes tenían su vivienda y su negocio de pastelería en un inmueble de Éibar. El día de autos, el camión asegurado por la demandada se empotró, por razones que no constan, contra otro estacionado junto a la panadería, destrozando el local. El inmueble estaba incluido en el Polígono del Plan General del Ayuntamiento de Éibar en concepto «de fuera de ordenación según plan parcial aprobado para la Zona», por lo que no podía reconstruirse y, habida cuenta de que la mayor parte de la indemnización solicitada se hacía depender de la ulterior demolición del edificio y desaparición de la industria de panadería, la Sala de Instancia estimó que el factor decisivo de los daños y perjuicios no fue el accidente descrito, sino la situación urbanística de la finca como «fuera de ordenación » y la legal consecuencia de estar destinado a desaparecer, independientemente de la «causa coyuntural» de los daños por la colisión dicha.

Pero el Supremo casa esta admisible argumentación para desestimar la imputación de la ruina total del edificio a la demandada arguyendo que «si el camión no se hubiera empotrado en el edificio, éste ni había sido declarado ruinoso ni demolido, porque la Ley del Suelo no hubiera sido aplicada sino en otro momento, en su caso, o de otro modo»; para terminar confirmando el importe indemnizatorio reducido concedido por la Audiencia en base a otro argumento, inaceptable, como es que «la demolición del inmueble afectado por el accidente, lejos de irrogar perjuicios a los demandantes, les ha supuesto muy sustanciosos beneficios significados por la compensación de la venta del inmueble solar a un tercer constructor, calculados en un 25% del valor del nuevo edificio ya construido (72.300.000 pesetas), del que recibieron dos viviendas nuevas y otras sumas complementarias, que las actoras no niegan, lo cual le lleva a la conclusión de valorar el real perjuicio sufrido en los términos que la sentencia indica, en cantidad notablemente inferior a la solicitada». Concluye citando como justificación del fallo el supuesto principio de la compensatio lucri cum damno, pese a admitir que «sólo debe aplicarse cuando exista relación entre el daño y la ventaja deducida».

Y la correcta: STS de 17 de octubre de 1998

Aquí, la arrendataria de un local de negocio recurre en casación alegando «infracción de jurisprudencia sobre el principio compensatio lucri cum damno y solicita que se reduzca la indemnización por las rentas que dejó de pagar y la pérdida de clientela a la que había sido condenada por la instancia alegando que la posterior venta de la finca por los actores les produjo un lucro patrimonial y ello supone enriquecimiento injusto».

El motivo es desestimado pues «la relación arrendaticia estaba extinguida al tiempo de efectuarse la venta pública, sin que sea relevante, a efectos de las obligaciones arrendaticias asumidas por la recurrente (...). Es indiferente que los arrendadores hubieran realizado una buena venta, como también si no lo fuera. (...) La posible ventaja que hubieran obtenido los demandantes al desalojar el local la recurrente, ellos no la propiciaron (...) La jurisprudencia que declara qué ha de deducirse de la indemnización resulta limitada al tiempo en que el local permaneció desocupado. No es el caso de autos, pues no se probó que el local hubiera sido arrendado de nuevo, en la vigencia de la locación de los diez años pactados

Para la aplicación de la compensatio lucri cum damno en daños derivados de conductas anticompetitivas v., esta entrada.

Canción del viernes Imagine Dragons - I Bet My Life

¡Gracias @ElnAlfaro

Reglas de Derecho Transitorio en la Reforma de la Ley de Sociedades de Capital: impugnación de acuerdos de la Junta

Ignacio Farrando ha publicado un breve trabajo sobre los problemas que plantea el régimen transitorio en la reforma de la Ley de Sociedades de Capital. Resumimos sus conclusiones extraídas de las Disposiciones Transitorias del Código Civil.

Uno.—Los acuerdos adoptados antes de la reforma que vulneren el reglamento de la junta podrán ser actualmente impugnados pese a que, en el momento de su adopción, ese motivo no se reconocía como causa impugnatoria en vigor de la reforma.

English Tips for Spanish Lawyers (iii) “relevant & eventual”

Por Nick Potter

In this series we look at real-life examples of the most common mistakes in English by native Spanish lawyers – and how you can avoid them. These and loads more invaluable tips are available in my e-book / paperback, 50 English Tips for Spanish Professionals.

relevant and eventual

Más sobre el art. 160 f LSC

Fernández del Pozo ha publicado un artículo sobre el nuevo precepto de la LSC relativo a la adquisición o enajenación (o aportación a otra sociedad) de activos esenciales. Entre las cosas interesantes que dice se encuentran las siguientes:

Obviamente, por ser cuestión ajena al «ámbito de las decisiones estratégicas y de negocio» la actuación de los administradores en relación con decisiones sobre activos esenciales no queda cubierta por la nueva norma de «Protección de la discrecionalidad empresarial» contenida en el art. 226 LSC.

El contrato de administración con el consejero-delegado

En nuestra opinión, y siguiendo las palabras de la Comisión de Expertos, el contrato es necesario para fijar el régimen de retribución del consejero ejecutivo, sólo cuando exista esa retribución y no esté limitada a la estatutaria que reciba en su condición de administrador, aunque no sea igual a la de los otros consejeros. En estos casos el Consejo de Administración negociará con el interesado los términos de su retribución, y ambas partes habrán de suscribir el oportuno contrato…

¡Pobrecito de mi! Yo solo quería ganar un pastizal especulando en la burbuja

Fuente

Los empresarios amateur que comprometen su patrimonio personal actuando como fiadores de una sociedad que recibe un préstamo y que está infracapitalizada

En los años que vivimos endeudadamente, mucho particular se metió a promotor y se convenció de que se podía hacer rico sin poner un duro. Bastaba con tener un amigo en alguna de las cajas dedicadas a prestar a promotores como si no hubiera mañana para conseguir la financiación necesaria para comprar los terrenos, construir y vender. Luego, los compradores de las viviendas se subrogarían en la deuda contraída con la caja y los socios-promotores podrían jubilarse con lo ganado. Pero eso solo le salió bien a algunos y al comienzo de la burbuja. A muchos otros les salió mal. Y como las cajas han sido rescatadas por el Estado, los deudores de las cajas han intentado que no se les exijan las garantías personales que prestaron a las cajas que les dieron créditos a las sociedades de las que eran socios. El ponente de la Audiencia Provincial de Pontevedra no tiene mucha paciencia con el argumento de que fueron – poco menos que – engañados por la Caja de Ahorros, simplemente porque se habían montado un cuento de la lechera en sus cabezas cuando constituyeron la sociedad limitada con 6000 € para promover 400 viviendas (no diez ni quince, 400).

Nuevo varapalo del Tribunal Supremo a la Sección 6ª de la Audiencia Nacional

Participación en un cártel y proporcionalidad de la sanción

Que el Tribunal Supremo le diga a un tribunal superior que no ha motivado sus decisiones y que no ha respondido a las alegaciones de las partes debería avergonzarle. Que le digan que se ha equivocado, no. A lo mejor el que se equivoca es el Tribunal Supremo. Pero, por Dios, que no te digan que no has motivado tu decisión o que no has respondido a las alegaciones del demandante. Eso te lo tienes que hacer mirar. O eres tonto o eres un vago, características ambas incompatibles con la profesión de Juez. Y esos tontos o vagos son los culpables de la pérdida de reputación de la judicatura en general. Una terrible externalidad negativa en un país en el que la seguridad jurídica no está entre sus cualidades más señeras.

Mesa redonda sobre Grecia en la UAM

La semana que viene el Máster en Democracia y Gobierno organiza una mesa redonda. El acto lleva por título "Grecia: una oportunidad para repensar Europa" y en él participarán la Profesora Irene Martín y el Profesor Ignacio Tirado, que acaban de codirigir un libro titulado Grecia: aspectos políticos y jurídico-económicos de la crisis editado por CEPC. También contaremos con la presencia de Elías Nicolacopoulos, Catedrático de la Universidad de Atenas y experto en sociología electoral, el profesor Ignacio Molina, experto en política de la Unión Europea, y María Antonia Sánchez-Vallejo, que es periodista especializada en Grecia y enviada especial de El País en Atenas.

La mesa redonda se celebrará el próximo lunes, día 9 de marzo a las 12:30 de la mañana en el Salón de Grados de la Facultad de Derecho, Planta Sótano, del Edificio de Ciencias Jurídicas, Políticas y Económicas.

Más información: ignacio.tirado@uam.es

¿Cuándo es deseable que la gente cumpla las normas?

Aplicación al Derecho de la Competencia

Parto de la base de que el objetivo del Estado al promulgar normas es maximizar el bienestar social. Los legisladores, que diseñan normas para promover el bienestar social, hacen uso de una información que, en algún sentido, es superior a la que tienen los individuos y que los individuos tienen información que es relevante para el bienestar social pero que no está reflejada en las normas jurídicas.

El sentido del Derecho Privado en una sociedad libre: stat pro ratione, voluntas

The Interlace, Singapore, OMA/Ole Scheeren (2007-13)

Hace algunos años, escribimos lo siguiente

Es en Alemania donde se califica a las sociedades occidentales de “Sociedades de Derecho Privado” Privatrechtgesellschaften, en contraposición a los países comunistas o socialistas (y ahora diríamos, también, las islámicas).

Jornada en la Complutense sobre “Segunda oportunidad y reducción de carga financiera”

Es el día 11 de marzo en el Salón de Grados de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense. Es gratis para profesores. Los demás, han de pagar entre 150 y 200 euros. Más información jmegias@ucm.es

Control registral y defectos en el orden del día de la convocatoria de la Junta

La Resolución de la DGRN de 6 de febrero de 2015 es una buena muestra de lo que queremos decir cuando sostenemos que las acciones de impugnación de los acuerdos sociales son acciones de incumplimiento y, por tanto, que el control de legalidad de los registradores no se extiende a los acuerdos sociales que no sean nulos de pleno derecho, esto es, en la expresión del legislador en el art. 204 LSC, contrarios al orden público.

¿Se puede redactar la declaración manuscrita de aceptación de la cláusula suelo por representante?

El artículo 6 de la Ley 1/2013 (ya saben esa Ley dictada para proteger a los deudores que han tenido que cambiar ya a través del RDLey 1/2015 y que ya ha sido objeto de una Sentencia del Tribunal de Justicia porque era tan bondadosa con los deudores que consideraba lícitos intereses moratorios de 3 veces el interés legal del dinero) ha incluido la ocurrencia de exigir

Sistemas piramidales de venta

Por sistemas piramidales de venta se entiende la utilización de los propios clientes como agentes de venta(1) (art. 24 LCD). El primer grupo de supuestos lo componen los conocidos como sistemas de "bola de nieve" o piramidales de venta constituyen actos de engaño y a menudo ilícitos penales.

Para comprender la estructura de estos sistemas, supongamos que una empresa de cafés X envía una publicidad en la cual se ofrecen paquetes de café a 3 є (precio habitual en las tiendas) y ofreciendo dicho paquete gratuitamente si el cliente consigue que otras cinco personas compren dicho café. A estas personas se les hace una oferta similar. Si no se consigue cliente alguno, el café cuesta 3 + 0,6 є de sobreprecio. Por cada cliente que se consiguiera se conseguía una rebaja del 20 %. Para que funcione el sistema piramidal es necesario que existan muchos participantes aun cuando, tarde o temprano –matemáticamente (2)- se llega al agotamiento del sistema dejando insatisfechos a un cierto número de adquirentes.

Donación por una sociedad limitada: fin común y libertad de disposición

Una sociedad limitada que tiene un único socio dona tres inmuebles a otra. La registradora de la propiedad no inscribe la escritura de donación porque considera que una sociedad limitada con fin lucrativo – causa/fin común – no puede donar. La Dirección General revoca la nota del registrador sobre dos argumentos

1º La capacidad general de las sociedades limitadas y anónimas,

2º El carácter “neutro” respecto del desarrollo del objeto social que puede tener una donación efectuada por una sociedad con ánimo de lucro:

Por imbéciles, nos toman por imbéciles

Mandé al Presidente una propuesta de Ley de designación de cargos públicos. Unos meses después me contesta con una carta-tipo en la que, por supuesto, no aborda la cuestión planteada en mi escrito y se limita – se ve – a contestar “según el tema”. Se ve que en el gabinete responden estereotipadamente en función del tema al que se refiera – o crean los funcionarios que se refiere – la solicitud del ciudadano y la mía entró dentro del capítulo de “corrupción”.

Cláusula suelo cuando el prestatario es un empresario

La cuestión objeto de recurso ha sido reiteradamente resuelta por esta Sala de apelación. Se trata de determinar si en un contrato de constitución de hipoteca concertado entre dos empresarios existen cláusulas abusivas, cuales sean sus efectos y cuál la técnica de control con que se opera.

English Tips for Spanish Lawyers (ii) "referred"

 

By Nick Potter

Here’s the second in a series looking at real-life examples of the most common mistakes in English by native Spanish lawyers (even if they don’t admit it). These and a whole host of other invaluable tips are available in a new e-book and paperback, 50 English Tips for Spanish Professionals.

referred

Legal work involves a lot of referring. Courts refer cases to other courts. Judges and lawyers refer to precedents to support their arguments. If you have to refer to, say, the sadly repealed German law on beef labelling called

Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz,

you might want to refer to it as “the Act”. 

¿Son consumidores los abogados que compran un local para alquilarlo cuando piden un crédito hipotecario para pagarlo?

La Audiencia de Pontevedra dicta una sentencia “modelo” de análisis de las cláusulas-suelo, de vencimiento anticipado e intereses moratorios

En el caso, unos abogados habían comprado en común un local para destinarlo a alquiler. Es decir, no para utilizarlo en el marco de ejercicio de su profesión sino como una forma de invertir sus ahorros. Los “actos de inversión” de los particulares no encajan nítidamente en la definición de consumidor que se utiliza en el Derecho de los Consumidores. Normalmente no es un problema porque existen normas en el ámbito de los mercados de valores que protegen a los inversores “minoristas” y cuya aplicación no depende, pues, de que el inversor sea un consumidor en el sentido de alguien que adquiere bienes o servicios para satisfacer necesidades personales o familiares. En la Sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra de 14 de diciembre de 2014 se plantea la cuestión de si eran de aplicación al caso las normas que protegen al adherente frente a cláusulas predispuestas abusivas en el contrato de préstamo hipotecario que estos abogados solicitaron para comprar el local.

V for Varoufakis | NEO MAGAZIN ROYALE mit Jan Böhmermann - ZDFneo

Vía @egocrata

A propósito de la RDGRN de 25 de enero de 2015

Françoise Giraud


En esta entrada comentamos la RDGRN citada en el título y el abogado que suscitó la misma nos envía lo siguiente

Por Carlos I. Álvarez Cazenave

Para centrar de la mejor manera el asunto entiendo que no puede perderse de vista el caso concreto donde el precepto que fue modificado no es el general del régimen de transmisión de participaciones (que se limita a reproducir el art. 107 LSC), sino una cláusula que podríamos llamar “antibloqueo” en virtud de la cual el socio mayoritario, titular de la clase A, y a la vez administrador único, tiene un derecho de compra forzosa a los socios minoritarios, titulares de las clases B y C. Socios fundadores todos ellos (titulares de las clases A, B y C) que se incorporaron a la Sociedad con aquella cláusula antibloqueo donde se estableció, desde el principio, que en caso de ejercicio del derecho de compra –que sólo tiene la clase A- la valoración se llevaría a cabo por un auditor designado por el Registro Mercantil.