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miércoles, 11 de julio de 2018

¡Qué pena que Celáa no sea testiga de Jehová!

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Dice El Periódico

La ministra de Educación, Isabel Celaá ha manifestado este miércoles sobre la inmersión lingüística en Catalunya que los datos oficiales del ministerio corroboran que "la competencia en lengua castellana de los alumnos catalanes es equivalente a la media del resto del Estado". Celaá dejó claro el "respeto absoluto" que su gabinete tendrá hacia las competencias autonómicas."Estos datos avalan que Catalunya cumple con la cooficialidad de las lenguas en cuanto a conocimiento y expresión de los alumnos", ha asegurado la ministra, quien ha defendido que "la excesiva ideologización de unos y de otros debe ser abandonada a las puertas de la escuela".

A la ministra no le consta que se hayan podido producir "abusos" en relación a la inmersión lingüística o al adoctrinamiento en los libros de texto en Catalunya. Celaá ha afirmado que va a buscar en el ministerio los informes encargados por su antecesor, Íñigo Méndez de Vigo, sobre el presunto adoctrinamiento en los libros de texto. "Desgraciadamente, no estaban encima de la mesa. No los conocemos, pero los vamos a buscar (...) A ver si los encontramos y los podemos analizar", ha dicho en la Comisión de Educación del Congreso, en contestación a la portavoz educativa de Ciudadanos, Marta Martín, que le había requerido el resultado de dichos informes.

1. Una ministra de Educación (¡portavoz del Gobierno!) no puede expresarse en esos registros lingüísticos tan pobres. Cataluña no puede cumplir o incumplir con la “cooficialidad” de las lenguas “en cuanto a conocimiento y expresión de los alumnos” porque la cooficialidad no tiene nada que ver con el conocimiento y expresión de los alumnos. La cooficialidad resulta de la Constitución y de las leyes, no del conocimiento concreto que tengan unos niños o unas niñas del catalán, el castellano o el gallego. A lo que debería referirse la ministra es a si se están cumpliendo la ley y las sentencias del Tribunal Constitucional, del Supremo y del TSJ de Cataluña en el sistema escolar catalán. Y, dado que estas sentencias han dicho que el castellano tiene que ser lengua vehicular y que, al menos, el 25 % de la docencia debe impartirse en castellano, o la Ministra miente o la Ministra no se entera de lo que ocurre en sus áreas de competencia.

2. La Ministra de Educación no debería poder mentir. La Ministra no puede decir que la competencia en castellano de los niños y niñas en edad escolar de Cataluña es semejante a la de los niños y niñas del resto de España porque nadie lo sabe. No hay pruebas homogéneas del nivel de dominio del castellano a las que se haya sometido a todos los niños de España. Como puede leerse en este magnífico post sobre el tema de Iván Teruel (lo que dice lo dice en relación con un artículo de EL PAIS):

Ocurre, sin embargo, que el artículo, a la hora de interpretar comparativamente los datos que arroja cada una de las pruebas, parte de sendas premisas que, como veremos más adelante, resultan erradas: la primera es considerar que la prueba de Lengua Castellana de las PAU es la misma en todo el territorio nacional o, como mínimo, equivalente entre comunidades en cuanto a estructura, contenidos evaluados y criterios de corrección, de tal forma que sus resultados se puedan considerar homologables; la segunda consiste en dar por sentado que en la EGD la competencia en comunicación lingüística se evaluó en castellano en todas las comunidades autónomas; la tercera y última se fundamenta en una relación deductivamente dudosa: creer que la comparación entre los resultados en lengua castellana y en lengua catalana dice algo sobre el dominio del castellano de los alumnos catalanes con respecto al de los alumnos del resto de España (para que se entienda: como si el promedio global de la prueba de inglés, solo cinco décimas por debajo del promedio global de la prueba de lengua catalana en los resultados de 2017, dijera algo sobre el dominio real del inglés de los alumnos catalanes con respecto al dominio de dicha lengua de los alumnos británicos).

3. El PSOE – y lo que es peor, el Gobierno de España - sigue instalado en la equidistancia entre los que controlan la escuela pública en Cataluña y los que la padecen pero no tienen participación alguna en su dirección y gestión. Celáa deja claro que no va a mover un dedo por proteger a la comunidad castellanoparlante en Cataluña. Ni un dedo. El PSOE y el Gobierno remachan su mensaje a la comunidad catalano-española: no estamos interesados en vuestros votos y en vuestra suerte. Ahí os quedáis. Sólo os garantizamos que no os darán patadas.

4. El número de teléfono de Íñigo Méndez de Vigo es el 655667659, ¿a quién pretende tomar el pelo diciendo que no encuentra los informes encargados por el anterior ministro? En Derecho Procesal se dice que los hechos notorios no requieren prueba. Cualquier persona que haya vivido en España en la última década – incluido el Sindic de Greuges – sabe que ha habido casos escandalosos de violación de los derechos fundamentales de familias castellano-parlantes en Cataluña. ¿Y a la Ministra “no le consta”?

¡Pobre comunidad catalano-española! No hay nadie en el Gobierno de España que los defienda de unos sectarios racistas como Torra o Borrás.

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