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Los socialistas no dicen la verdad ni al médico. Cada vez que un socialista o alguien pagado por un socialista abre la boca es para soltar una mentira o una afirmación engañosa. Dice el gerente de la empresa pública navarra de suelo y vivienda en EL PAÍS
La clave de bóveda de todos estos esfuerzos es que la VPO no pase nunca a ser vivienda de mercado. Que se pueda residir en ella, sea posible alquilarla o venderla, pero que permanezca siempre dentro de un circuito de vivienda regulada para que sea hoy y siempre vivienda protegida y pública. Básicamente, el Plan apuesta por elevar a nivel estatal aquello que en Euskadi se hace (con éxito) desde el 2003, así como en Cataluña (2019) y Navarra (2022). Desgraciadamente, Comunidades Autónomas muy importantes como Madrid y Andalucía caminan en la dirección contraria: descalificaciones de VPO en tan pocos años como 15, 10 o incluso siete. Eso hace irrelevante su nivel de producción de VPO porque toda la vivienda protegida termina siendo de mercado pasado el cortísimo tiempo de calificación. El Plan afronta este tema de la única manera posible, dada la jurisprudencia del Tribunal Constitucional: los fondos estatales dedicados a vivienda solo se aplicarán a proyectos de VPO en las que haya calificación indefinida. No se financian proyectos que acaban siendo de mercado y en muchos casos especulativos. Solo se financian proyectos asequibles hoy, mañana y siempre.
La tomadura de pelo está en equiparar viviendas calificadas como de VPO con viviendas asequibles. Hay que creer en los gnomos para pensar que, el hecho de que se prohíba vender a precios de mercado las viviendas protegidas tiene efectos sustantivos sobre la oferta de vivienda a precios asequibles en el mercado, sobre todo, en un país en el que el 20 % de la economía está sumergida y los sobres con billetes circulan más rápido que los trenes. Le he preguntado a ChatGPT y, tras advertirle adecuadamente, me ha contestado lo siguiente:
¿Qué datos permitirían evaluar si una comunidad autónoma está favoreciendo el aumento de la oferta de vivienda asequible?
Para responder con precisión, hay que distinguir entre indicadores de resultado y indicadores de política. Los primeros miden lo que efectivamente ocurre en el mercado; los segundos, lo que las administraciones hacen para influir en él.
Indicadores de resultado relevantes:
- Evolución del parque de vivienda protegida en alquiler (no en propiedad, que tiende a desprotegerse).
- Número de viviendas protegidas con calificación vigente y duración de dicha calificación.
- Ratio de vivienda social por cada 1.000 habitantes.
- Proporción de vivienda protegida sobre el total de viviendas construidas cada año.
- Precio medio del alquiler en zonas tensionadas vs. no tensionadas.
- Tasa de sobrecarga por vivienda (porcentaje de ingresos destinado a pagar alquiler).
- Edad media de emancipación y su evolución.
- Número de adjudicaciones de vivienda protegida en alquiler por año.
- Evolución del stock de vivienda pública en manos de administraciones autonómicas y locales.
Indicadores de política:
- Presupuesto autonómico destinado a vivienda asequible.
- Número de promociones iniciadas con fondos públicos o en colaboración público-privada.
- Aplicación efectiva del derecho de tanteo y retracto.
- Normativa sobre duración de la calificación de VPO.
- Existencia de mecanismos de control de precios en zonas tensionadas.
- Planes específicos de vivienda asequible en alquiler.
- Uso de suelo público para vivienda protegida.
Según el Boletín Especial de Vivienda Social 2024 del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y el Observatorio de la Vivienda Asequible, los datos más recientes indican lo siguiente:
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Madrid: Es la comunidad con mayor número de calificaciones definitivas de VPO en alquiler en el primer semestre de 2025 (1.698), lo que representa el 56% del total nacional. Esto sugiere un esfuerzo significativo en la promoción de vivienda asequible, aunque no necesariamente en su conservación como tal a largo plazo.
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Cataluña: Ha recibido más de 628 millones de euros en transferencias estatales para vivienda asequible y ha aplicado límites al alquiler en 271 municipios. Sin embargo, el número de contratos ha caído un 21,5%, lo que indica un posible efecto negativo sobre la oferta.
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Navarra: Ha incrementado la promoción de VPO en 2023, pero los datos están contaminados por irregularidades en adjudicaciones. No hay aún evidencia clara de que la calificación indefinida esté generando un aumento sostenido de la oferta.
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País Vasco: Tiene el mayor parque público por habitante (17,7 viviendas protegidas por cada 1.000 habitantes), pero ese dato refleja una política acumulada desde 1981, no necesariamente el efecto de la calificación indefinida desde 2003.
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Andalucía y Comunidad Valenciana: Han activado planes de vivienda asequible (Plan Vive, Plan Adha), pero con resultados aún limitados en términos de aumento del parque público.
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