Para qué sirve una votación (II)

foto:barco trirreme, National Geographic

Te ofrezco cambiar todos mis bienes por todos los tuyos. Si rechazas mi oferta, estarías confesando que eres más rico que yo, de modo que eres tú el que debe sufragar el coste de un barco (trirreme) para la flota de Atenas

David Friedman ha publicado en su Substack una reciente entrada sobre los mecanismos inventados por la Humanidad para hacer que la gente se comporte con sinceridad y revele datos que sólo ella tiene. La columna es muy interesante y útil para examinar muchos problemas jurídicos. Comienza con el juicio de Salomón y nos explica que tiene un fallo: "depende de que la segunda mujer no se percate de la astucia de Salomón" porque si se da cuenta, ella también diría que no mate al niño y que se lo entregue a la otra mujer y con una respuesta idéntica de ambas mujeres, Salomón no habría tenido forma de saber quién era la madre del niño vivo. Es decir, que la segunda mujer podría actuar "estratégicamente" y ocultar la información - y su preferencia - de la que dispone imitando la conducta de la mujer que revela que es la madre diciendo, generosamente, que sea la otra la que se quede con el crío. 

Luego cuenta el caso del impuesto griego que obligaba a los ciudadanos más ricos a sufragar un "bien público" (como unas fiestas populares o un barco trirreme para la flota). El problema es, como siempre que los ciudadanos tienen incentivos para decir que no son más ricos que sus vecinos, para que sean éstos los que paguen y no ellos, de manera que la "autoliquidación" no funciona. La solución: Obligar al "propietario a indicar qué valor atribuye al bien que es objeto de gravamen y obligarle seguidamente a vender a ese precio a cualquiera que esté dispuesto a comprarlo". El inconveniente de esta solución es que puede llevar a la gente - dice Friedman - "a pagar impuestos sobre el valor más alto (el que incluye el valor sentimental, o el efecto renta) o a arriesgarse a tener que vender a un precio al que no quiere". Este efecto no es, sin embargo, el peor porque se formarían precios de mercado que harían desaparecer el "valor sentimental" como se ha demostrado que pasa con el efecto renta. El problema mayor es que se elevan los costes sociales porque los propietarios pierden parte de los incentivos para maximizar el valor de sus bienes con el objetivo de hacerlos menos atractivos para el recaudador de impuestos y para los terceros potenciales adquirentes. Recuérdese cuando se pagaban impuestos sobre inmuebles en función del número de ventanas. Friedman se pregunta "por qué muchas personas sienten que es justo gravar a alguien sobre el valor de mercado de la propiedad, su valor para otras personas, pero no sobre el valor adicional para el ocupante actual. La respuesta es fácil: porque eso es lo que es más ajustado al objetivo de un sistema fiscal: utilizar una 'vara de medir' objetiva para determinar cuánto ha de contribuir cada uno a sufragar los gastos públicos. 

Y luego nos cuenta el invento de Clarke para resolver un problema que merma la utilidad de las votaciones para tomar decisiones colectivas. A saber: si todos los votos valen lo mismo, no expresan "cuán intensa" es la preferencia del votante por un resultado. La solución de Clarke: "pon tu dinero donde pongas tu voto" y dinos cuánto estarías dispuesto a pagar porque tu candidato (Feijoo - opción A - o Sánchez - opción B -) o tu proyecto (en relación con la construcción del parque infantil - opción A - o de la pista de voleybol - opción B -) sea el ganador. Como no entendía bien la explicación de Friedman, le he pedido a Copilot que me lo explique (lo he resumido porque, como saben, la IA es verborreica) 

El sistema Clarke pide a los votantes que digan cuánto valoran su opción preferida en dinero. Por ejemplo: Ana dice que A vale para ella 500 €. Luis dice que B vale para él 300 €. Marta dice que A vale 200 €. Se suman, de manera que la opción A tiene, en el ejemplo un valor de 500 + 200 = 700 € mientras que la opción B tiene un valor de 300 €. Gana A - porque 700 es más que 300 no solo porque dos de los tres votantes la han preferido. Si Ana dice que vale para ella 50 y Marta dice que 50 la opción A perdería frente a la B que seguiría habiendo obtenido 300 €. 

El ingenio de Clarke consiste en hacer pagar a los votantes del lado ganador cuyo voto fue decisivo y sólo en la medida en que su voto fue decisivo. En el ejemplo, aunque Ana "ofreció" 500, su voto fue decisivo (si no es por su voto, la opción B habría ganado porque Luis ofreció 300 y Marta solo 200). Pero ¿en cuánto fue decisivo? en 100 (300 de Luis - 200 de Marta). Ergo, Ana paga un impuesto de 100. 

Si Ana quiere mentir (dice que la opción A vale para ella 500 pero en realidad vale 50 pero miente para ganar), el tiro le sale por la culata porque si su voto es decisivo puede terminar pagando más de lo que valora el resultado de la elección (en el ejemplo, paga 100 aunque la elección vale para ella solo 50). Y viceversa. Si miente para no tener que pagar mucho en ningún caso, puede acabar saliendo la opción que ella no prefiere. 

El fallo de este sistema está en que no está definido quién se lleva el dinero recaudado, lo que genera el riesgo de que el sistema colapse porque la gente no quiera participar si, aunque gane su opción pueden terminar teniendo que pagar, es decir, soportando un coste de forma particular.  

¿Cuándo es útil asegurarnos de que es sincera la gente que participa en una decisión colectiva adoptada mediante la forma de un acuerdo, esto es, a través de una votación sobre una propuesta? 

La respuesta es: no respecto de cualquier decisión colectiva. Sólo respecto de aquellas en las que la votación es un mecanismo para agregar preferencias. Pero, como sabemos, las votaciones sirven para agregar preferencias o para agregar información. Y la utilidad social del mecanismo del voto para adoptar decisiones colectivas es tanto mayor cuanto mayor es su capacidad para agregar información (la sabiduría de las masas) y es tanto menor cuanto más incompatibles sean las preferencias de los miembros. De esto se deducen muchas consecuencias importantes respecto de 

1. en qué grupos debe recurrirse a la votación y en cuáles no para adoptar decisiones colectivas (en los grupos pequeños donde la comunicación explícita entre todos los miembros es poco costosa las votaciones deberían ser excepcionales); 
2. cuando lo decisivo sea agregar información y los resultados de la decisión se reparten igualitariamente entre los miembros del grupo, la votación está especialmente indicada. Así, las decisiones relativas al negocio social o al negocio corporativo en una gran sociedad anónima o en una gran asociación son de este tipo. Las votaciones tienen por objeto acumular la información de la que disponen los accionistas o los socios respecto de un asunto en el que hay incertidumbre acerca de qué es lo mejor para maximizar el fin común (maximizar el valor del patrimonio en el caso de una sociedad anónima o maximizar los títulos de la Champions en el Real Madrid) y los beneficios - o pérdidas - de acertar o equivocarse recaen igualitariamente sobre todos los accionistas y asociados. No se trata de agregar preferencias. Todos los accionistas de Telefonica y todos los socios del Real Madrid quieren lo mismo: que suba el precio de la acción y que el Madrid gane la Champions. Si alguien (Murtra, Florentino) o algo (vender la mitad de la empresa, contratar a Zidane de entrenador) pudiera garantizar ese resultado, todos los accionistas y asociados deberían votar - si votaran de buena fe - a favor de ese alguien o algo. El problema no es, por tanto, de preferencias. Es de incertidumbre. La participación de muchos en la decisión reduce la incertidumbre del resultado.
3. En grupos grandes pero en los que haya una minoría vulnerable no debe recurrirse a la votación para adoptar decisiones colectivas importantes.
4. En general, la votación no es un mecanismo eficiente para agregar preferencias salvo en grupos muy grandes y respecto de cuestiones de poca importancia. 
1. En grupos pequeños, la formación de consensos es casi siempre preferible. 
2. Y, respecto de cuestiones de gran importancia, someter a votación la propuesta corre el riesgo de dividir irremisiblemente al grupo y acabar con él. Por eso, los referendos constitucionales solo se celebran cuando hay muy pocas dudas acerca del resultado y eso explica también porque la celebración sistemática de referendums - como ocurre en Suiza - por cuestiones de variada trascendencia y repercusión social evita la división del grupo (a veces estoy con unos - cuando se trata de prohibir los minaretes - y a veces con otros - cuando se trata de aprobar los acuerdos comerciales con la UE -). Imagínese que se prohíben los altavoces en las mezquitas llamando al rezo (¡cinco veces al día!) pero no se prohíbe que suenen las campanas de las iglesias (una vez a la semana). Un referendum permite 'racionalizar' la decisión colectiva, es decir, obliga a los que defienden una regla discriminatoria a avanzar argumentos para convencer a los demás. 

En algún momento escribiré algo respecto a las consecuencias que tiene este tipo de reflexiones sobre la impugnación de acuerdos sociales y los deberes fiduciarios ¡de los socios! de una corporación societaria. Solo adelantaré que, cuando se trata de agregar información, como ocurre según se ha explicado en las decisiones típicamente adoptadas por una junta de accionistas, los accionistas de control - aquellos cuyo voto es decisivo - están sometidos a un deber fiduciario: han de votar lo que, de buena fe, - sinceramente - crean que es mejor para maximizar el valor de Telefonica o para que el Madrid gane todas las Champions. Pero, en general, los accionistas no están sometidos a ningún deber fiduciario porque su voto no es, normalmente, decisivo. El de los socios del Real Madrid, nunca es decisivo porque en una asociación se vota por cabezas. En una sociedad anónima, sin embargo, el voto de un accionista significativo puede ser decisivo. De modo que, cuando lo es y el resultado de la votación es, a juicio de otros accionistas, "contrario al interés social", el acuerdo debe ser impugnable. ¿Cómo sabemos que el accionista significativo no ha votado "sinceramente" lo que él creía que era lo mejor para todos? Porque obtiene un beneficio del acuerdo efectivamente adoptado, es decir, porque está incurso en un conflicto de interés. Esto explica los requisitos para anular un acuerdo social del artículo 204 LSC. 

¿Y qué pasa con el voto de los diputados? Que les hemos liberado de sus deberes fiduciarios. Aunque los votos de un grupo parlamentario sean decisivos para adoptar una decisión del Congreso o del Senado, no exigimos que voten, de buena fe, lo que creen que es mejor para España. El Tribunal Constitucional ha tenido la desfachatez y la osadía ignorante de afirmar que el voto emitido en incumplimiento de sus deberes fiduciarios por los diputados (la ley de amnistía es un buen ejemplo) es válido y la norma aprobada con los votos decisivos de estos diputados desleales no es inconstitucional. Y lo propio ocurre con el voto de los vocales del CGPJ que parecen creer que tampoco pesan sobre ellos deberes fiduciarios. Que haya "contratos" entre facciones en el CGPJ para repartirse los nombramientos entre asociaciones de jueces es igual de vergonzoso. Por eso, sólo la propuesta recogida en el Informe de la Comisión de Venecia es aceptable. Los vocales del CGPJ no son los domini de los intereses sobre los que deciden. 

¿Y qué pasa con los ciudadanos? Que como el voto individual nunca es decisivo, tampoco los ciudadanos votan 'popperianamente', es decir, no votan lo que creen, de buena fe, que es mejor para España. Votan de acuerdo con sus preferencias, cuando el objetivo de la votación política no es ese: es, como decía el sabio Karl Popper, tener malos gobiernos el menor tiempo posible derribando a los malos gobiernos sin derramamiento de sangre. Y la votación política lo que ha de hacer es agregar la información que tienen los ciudadanos sobre el desempeño del gobierno; sobre lo bien o lo mal que lo ha hecho el gobierno. Pero los ciudadanos votan para maximizar sus intereses económicos (las menos de las veces) o para maximizar sus preferencias ideológicas o identitarias y eso conduce a que los malos gobiernos se eternicen en el poder, sobre todo, en combinación con un sistema electoral proporcional.