Publica en EL PAÍS esta politóloga un artículo titulado "Tenemos una justicia del siglo XIX para problemas del siglo XXI".
El titular es, en sí, una bobada. También tenemos en el siglo XXI reglas jurídicas que "inventaron" los romanos hace 2000 años y que siguen valiéndonos perfectamente. La Academia de la Lengua es una institución del siglo XVIII que sigue teniendo sentido, tal como se inventó en el siglo XXI.
La autora se refiere a la "administración de la Administración de justicia". Y dice que los juzgados en España funcionan mal por "falta de personal judicial y su alta movilidad, el colapso en muchos juzgados, la escasez de oficinas de atención a las víctimas o las dificultades en la digitalización". Dice que gestionamos mal los recursos, que no son inferiores a los que gastan, por habitante, Francia o Italia.
A continuación, explica que las cosas tienen que funcionar mejor. Y da algunas ideas para que funcionen mejor. Como ella es una politóloga-política sólo presenta las soluciones difíciles, las que requieren un profundo cambio en la Sociedad. Las fáciles e intuitivas se las deja a otros que no hayan estudiado Políticas y que no se hayan dedicado a la política (¿cómo reducimos la movilidad de los funcionarios de justicia? ¿por qué ningún juez se quiere quedar en Cataluña?)
Así que prefiere decir que lo que hay que hacer es "reformas organizativas". Acabar con los juzgados unipersonales y ¿sustituirlos por tribunales de primera instancia? No se moja, ella habla de
mayor especialización, un trabajo colaborativo y la mancomunación del apoyo judicial. Y con mayor proximidad en la primera atención y los trámites sencillos.
También hay que "digitalizar" (llevamos décadas digitalizando la Justicia). Aquí, de nuevo, la politóloga dice que lo que se ha hecho es poco y que, además, no se ha hecho lo que se "requiere" que es "transformar la propia manera de trabajar y de relacionarse entre los operadores y con la ciudadanía". ¿En qué sentido? Ni idea. La politóloga no nos lo dice. Ella tiene bastante con decirnos que hay que "transformar". Como ella es nacionalista catalana, no dice una palabra sobre lo difícil que es mejorar las cosas cuando las competencias sobre la materia corresponden a 17 comunidades autónomas que, por obra del nacionalismo catalán y vasco, no cooperan entre sí.
Después de las bobadas en forma de generalidades vienen las bobadas en forma de literatura cursi y barata. Habrán adivinado que la politóloga utiliza la palabra "apostar". ¿Por qué hay que apostar? "por devolver el conflicto a las partes". ¿No es maravilloso? Supongamos que la politóloga quiere decir "reducir la litigiosidad". Porque este difícil problema tiene soluciones que no son fáciles. Así que ella, como politóloga vuestra que es y consejera de Justicia de Cataluña que ha sido, se limita a soltar unas cuantas bobadas:
Esta apuesta requiere de estrategias de amplio espectro, desde fomentar la acción comunitaria y la construcción de una ciudadanía densa (sic, aquí "thick democracy") que pueda facilitar la gestión de ciertos conflictos sociales, al desarrollo de la mediación y otros sistemas alternativos para su resolución en ámbitos tan distintos como el familiar, el empresarial o el administrativo —sea promovida a nivel extrajudicial o intrajudicial—; o la introducción de la justicia restaurativa en el ámbito penal. Un cambio cultural de enorme envergadura. La justicia será cada vez menos sinónimo de sistema judicial.
No se salva ni una línea. Pero el objetivo - quedar impune - lo consigue: ¿quién va a estar en desacuerdo con promover mecanismos de resolución de conflictos que no pasen por un juzgado? Eso de la Resolución Alternativa de Conflictos es más viejo que el hilo negro y no parece que haya tenido mucho éxito.
Acaba proponiendo una remodelación de la "demarcación y planta" judiciales. ¿Cuánto tiempo llevamos con eso? ¿Alguna idea concreta? Ninguna. Habla del fracaso de los juzgados "especializados en violencia sobre la mujer" sin reconocerlo, claro, y dice que se podría "explorar" (son muy aventureras las podemitas)
"la superación de las fronteras (sic) de algunos partidos judiciales para aumentar el porcentaje de ciudadanía atendida por los juzgados especializados en violencia sobre la mujer puede ser un primer paso para una profunda reorganización territorial del sistema"
Y la coda con cita de Hirschman y su famoso artículo sobre la reacción. Le he dicho a copilot que mejore la redacción. Escribe la politóloga
Albert O. Hirschman exponía que frente a escenarios de cambio de época surgen pulsiones conservadoras que se pueden sintetizar en tres tesis: perversidad, futilidad y riesgo. La tesis de la perversidad del cambio apunta a la lógica de la fatalidad. Parte de la idea de que todo cambio empeora la situación de partida, interpretación que llevaría a forjar estrategias de inmovilismo y resistencia. Pero las dimensiones de cambio de época pueden ser leídas también como coordenadas de mejora y progreso, de adaptación de un sistema a su tiempo. Esta debería ser la sintonía que atravesara leyes y políticas públicas de la Administración de justicia que viene. Y para eso se requiere de una amplia implicación de instituciones, actores políticos y operadores jurídicos.
Dice copilot:
Albert O. Hirschman argumentaba que ante cambios significativos emergen reacciones conservadoras resumibles en tres tesis: perversidad, futilidad y riesgo. La tesis de la perversidad sugiere que cualquier cambio agrava la situación existente, lo que conduce a estrategias de estancamiento y oposición. Sin embargo, los cambios pueden interpretarse también como oportunidades de mejora y progreso, adaptando un sistema a su era. Esta perspectiva debería guiar las futuras leyes y políticas públicas en la administración de justicia, lo cual demanda un compromiso amplio de instituciones, políticos y profesionales del derecho.
La politóloga cita a Hirschman en vano, porque no hay ninguna oposición - reactiva - a las propuestas de reforma de la administración de justicia. Pero siempre queda bien citar a Hirschman.
Lo que echo de menos es alguna palabra sobre la responsabilidad de los políticos como ella en que la Administración de Justicia preste un servicio tan deficiente (como todos los servicios públicos, a decir verdad).
Por ejemplo, ¿no deberían centralizarse las competencias bajo una única Administración? Mejor aún, ¿no deberían los legisladores regular las relaciones entre particulares y las relaciones entre particulares y la Administración Pública de forma que se reduzca la litigiosidad? Nuestro Derecho Laboral, por ejemplo, incita al pleito y la conducta de la Administración Pública también. Qué decir del Derecho fiscal. Cuando se instauraron tasas, los políticos las suprimieron bajo la presión de los abogados. Hay más abogados que cerezas y, naturalmente, la oferta genera su propia demanda.
De todo eso no dice nada la politóloga porque lei non dice mai niente.
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