Evacuación de civiles en diversas ciudades Biblioteca Nacional de España
En un nuevo artículo en EL PAÍS insiste el magistrado jubilado don Perfecto Andrés, en que el juez Hurtado ha prevaricado. Porque ha imputado a García Ortiz sin aportar, según él, un solo indicio de la culpabilidad del fiscal general en la filtración a la prensa - ¿vía Gobierno? - de información confidencial que, de publicarse, podía afectar gravemente a la reputación y a la situación procesal de un particular que, para su desgracia, es novio de una política de la oposición.
El sr. Andrés Ibáñez insiste en la mentira que consiste en afirmar que no hay ningún indicio de que García Ortiz (o alguien con su consentimiento, conocimiento, tolerancia o inducido por él) haya podido tener parte en la filtración. Y la mentira de Perfecto Andrés es tan patente que merecería una demanda de protección del honor del juez Hurtado. Veamos los indicios
1. García Ortiz pidió personalmente que le mandaran los documentos que se filtraron a la prensa el mismo día pero antes de que se publicaran y pidió que se los mandaran a su correo privado, no al de la fiscalía general.
2. Instruyó a su 'criado-para-todo-Villafañe' para que se encargara del asunto y éste pidió que le enviaran los documentos completos.
3. A la pregunta de: "Álvaro, ¿lo has filtrado tú?" responde "Eso ahora no importa".
4. De la conversación con la también imputada fiscal de Madrid se deduce clarísimamente el móvil que tenía García Ortiz para que esos documentos se hicieran públicos.
5. Cuando se publicó en la prensa amiga el documento confidencial, García Ortiz no abrió una investigación para averiguar cómo se había filtrado el documento, siendo así que tenía un 'deber de garante' al respecto. Se sabía cómo había llegado al público el correo del fiscal al abogado de González Amador pero no se sabía cómo había llegado al público el correo previo del abogado al fiscal. ¿Por qué no inició García Ortiz, como era su deber, no el de emitir una nota pública para que no le "ganaran el relato", una investigación para averiguar quién facilitó a la prensa el correo del abogado al fiscal?
6. Se ha negado a declarar ante el instructor (no se ha ofrecido en ningún momento a declarar voluntariamente), lo que tiene perfecto derecho a hacer en cuanto investigado, pero que resulta incompatible con el cumplimiento de sus deberes como fiscal general.
7. Hay una correlación temporal muy estrecha entre el envío de los documentos confidenciales por parte de Salto, el fiscal encargado del caso, a la fiscalía general y la filtración.
8. Hay pruebas documentales y testificales de que el correo confidencial del abogado de González Amador a la fiscalía proponiendo una conformidad estaba en manos de la presidencia del gobierno antes de ser publicado en El Plural y hay pruebas de que desde presidencia del gobierno se envió a Lobato antes de ser publicado en la prensa muy amiga - su directora, Angélica Rubio ha sido agraciada con un cargo público, con una elevada sospecha de que lo ha sido por los 'servicios prestados' al presidente del gobierno.
9. El fiscal general se ha negado a colaborar con la instrucción. Si, como ha sugerido en su declaración, habría que "mirar hacia otro lado" para averiguar quién filtró el documento, ¿no es su obligación como Fiscal General aportar las pruebas que tenga y que pueda recabar utilizando los poderes que le otorga su cargo para acabar con el "cáncer" de las filtraciones? Imaginemos que el que ha filtrado los documentos a Moncloa (y Moncloa a la prensa) fue Villafañe. ¿No tiene el fiscal general obligación de suspenderlo cautelarmente en tanto se aclara su participación? Y lo propio con la segunda de a bordo. ¿Cómo es posible que se encargue ella de ejercer la acusación en un asunto en el que el investigado es su jefe? ¿Qué criterios de asignación de asuntos tienen en esta Fiscalía General?
10. El fiscal general, en lugar de guardar cuidadosamente todos los documentos físicos y electrónicos relativos a un asunto tan delicado (como le advirtió la fiscal superior de Madrid al negarse a publicar ella misma la nota) que permitieran, en una revisión imparcial de su conducta, (i) comprobar que había actuado en todo momento conforme a Derecho y (ii) asegurar que se podría encontrar al culpable de la filtración en la medida en que permitiría delimitar qué individuos tuvieron acceso a la documentación, lo que hizo fue borrar cualquier huella de su comportamiento en las fechas relevantes utilizando el correo privado para un asunto oficial (¿se acuerdan de los correos de Hillary Clinton?). El gobierno y García Ortiz insisten en que estaba en ejercicio de sus funciones cuando requirió la información que acabó formando parte de la nota de la fiscalía.
Todos estos indicios aparecen expuestos en el Auto de imputación del juez instructor. De manera que no entiendo, salvo que, repito, sea cosa de la avanzada edad de Perfecto Andrés, que nadie en su sano juicio pueda negar el carácter de indicios razonables de culpabilidad de García Ortiz.
Alguien razonable podrá discutir si es suficiente ('más allá de toda duda razonable') para condenar al fiscal general pero, si nos ponemos en ese plan, ¿cuál es la estrategia del abogado que defiende a alguien acusado de un asesinato? Ofrecer al juez o al jurado a un asesino alternativo a su cliente.
Lo gracioso en el caso de García Ortiz es que esta estrategia no solo es la más conveniente a sus intereses, sino que es una estrategia obligatoria mientras se empeñe en mantenerse como Fiscal General. Porque es su deber averiguar quién filtró esos correos. Y si no ha movido un dedo para averiguarlo (en su lugar, él sí que ha lanzado insidias sobre su compañera) es porque, probablemente - indiciariamente -, el resultado de tal inquisición podría ser perjudicial para sus intereses o los de alguien estrechamente relacionado con él. Teniendo el deber de actuar, destruir eventuales pruebas (de cargo o descargo) no puede calificarse sino de obstrucción a la justicia por parte de alguien cuya misión es hacer todo lo que esté en su mano para que se haga justicia. No digo 'obstrucción a la justicia' en sentido técnico sino, como pretende el anciano magistrado, en el sentido coloquial en el que Alex Grijelmo se refiere a lo que significa llamar a alguien delincuente confeso.
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