Para igualar el crecimiento del PIB per cápita obtenido entre 1997 y 2023, el crecimiento de la productividad en Francia e Italia tendría que triplicarse en las próximas tres décadas. En España, tendría que cuadruplicarse de aquí a 2050
según un informe de McKinsey del que se hace eco el FT que explica cómo afecta al crecimiento económico el colapso de la fertilidad en los países desarrollados. España tiene la tasa de natalidad más baja del mundo tras Corea (y el Vaticano). Más baja que Japón o Italia.
¿Es probable que se produzca semejante aumento de la productividad? Esta columna de Janan Ganesh da en el clavo
El problema de Gran Bretaña es que casi todo el mundo dice que el crecimiento económico es su prioridad, pero casi nadie lo dice en serio. Cuando el crecimiento económico entra en conflicto con cualquier otra consideración, ya sea geopolítica, ecológica, cultural o igualitaria, ésta prevalece y se sacrifica el crecimiento. El resultado es el peor de los mundos: no impulsamos la economía para crecer más rápidamente pero tampoco aceptamos, como consenso nacional, que debemos adaptarnos, sin dramatismos, a una vida futura de estancamiento. Ambas opciones son aceptables entre adultos. Ambas tienen ventajas e inconvenientes. Lo que es infantil es sostener en abstracto que el crecimiento económico es deseable pero sacrificarlo en concreto a cualquier otra consideración
Dos directivos están delante de un concesionario de Porsche y uno le dice al otro: 'Ese es el Porsche que yo quiero' y el otro replica: 'No lo quieres'. La moraleja es que si lo quisiera, de verdad, estaría dispuesto a sacrificar cualquier otro objetivo al de comprarse el Porsche. Pues bien, eso ocurre con el crecimiento económico. Y si eso ocurre en Gran Bretaña, imagínense ustedes en España donde no queremos hacernos ricos. Los españoles no quieren hacerse ricos (acuérdense del tabernero gallego que cerraba cuando venían los madrileños a dejar su dinero en el bar).
Piensen que
- hemos prohibido el fracking pero no del gas extraído mediante esa técnica
- hemos prohibido la búsqueda de petróleo o gas,
- hemos limitado el precio de los alquileres,
- hemos decidido no mantener abiertas las centrales nucleares,
- hemos aumentado los impuestos que pesan sobre las actividades económicas,
- hemos limitado seriamente las inversiones extranjeras en España, sometiéndolas a autorización previa y bastante discrecional por parte del Gobierno
- hemos subido notablemente las ya muy altas cotizaciones sociales,
- hemos aumentado los impuestos al trabajo,
- hemos aumentado las obligaciones fiscales y administrativas de las empresas en relación con sus trabajadores haciendo imprevisible el coste de terminación de una relación laboral y favoreciendo el comportamiento oportunista por parte de los trabajadores deshonestos,
- hemos aumentado las obligaciones de gestión de sus facturas y de sus relaciones con sus proveedores y clientes a las empresas,
- hemos elevado los costes de funcionamiento regular de las sociedades,
- hemos hecho más costoso y lento registrarse en un hotel,
- hemos hecho más inseguro y costoso arrendar
- hemos hecho más lento conseguir que nos paguen una deuda,
- hemos empeorado la formación de nuestros estudiantes,
- hemos ralentizado la atención sanitaria,
- hemos dificultado el crecimiento de las inversiones en vivienda, especialmente de vivienda para alquilar,
- hemos elevado los costes de producir bienes en una zona de España y venderlos en otra,
- hemos dificultado la movilidad de los españoles dentro de España,
- hemos desincentivado el trabajo independiente...
- y hemos aumentado, en general, extraordinariamente, las cargas administrativas de las empresas porque, cuando se negocian las normas en Bruselas, no nos negamos a introducir nuevas obligaciones.
"El problema de la política industrial no es que el dinero no se pueda gastar bien, sino que es muy probable que no se gaste bien". Luis Garicano
El indulto anticipado no está prohibido por la Constitución, así que el PSOE puede dejar impunes a los familiares y amigos de Sánchez.
La economía de Alemania se contrajo por segundo año consecutivo en 2024, lo que subraya la gravedad de la recesión a la que se enfrenta
El gobierno de España ataca a las juezas
Angulo solicita amparo al Consejo y pide que adopte las medidas necesarias para que, tanto desde el despacho de abogados que lleva a Rivas, como desde los distintos Ministerios del Gobierno de España y otros cargos se deje de difundir información sobre su persona que vulnere su independencia judicial y que tenga la intención de influir en su libre capacidad de resolución. Se refiere en concreto a las ministras Ana Redondo y Sira Rego, a Irene Montero, Pablo Iglesias y Victoria Rosell.
¿Esto es sensato?
Una funcionaria federal que trabaja en la oficina de Múnich (Alemania) de la Deutsche Patent- und Markenamt (Oficina alemana de patentes y marcas) sufrió un accidente de tráfico que tuvo lugar el 8 de marzo de 2020 en España durante un viaje de vacaciones. La responsabilidad civil del vehículo de alquiler que colisionó con dicha funcionaria mientras esta circulaba en bicicleta estaba asegurada por una compañía de seguros española, Mutua Madrileña Automovilista (en lo sucesivo, «compañía de seguros»). Como consecuencia de las lesiones resultantes de este accidente, la funcionaria estuvo en situación de incapacidad laboral del 8 al 16 de marzo de 2020. Durante este período, su empleador —el Estado alemán— siguió abonándole su remuneración. Mediante escrito de 25 de enero de 2021, el Estado alemán reclamó al representante designado por la compañía de seguros en Alemania para liquidar los siniestros (6) el reembolso de la remuneración abonada, es decir, un importe de 1 432,77 euros. Por considerar que la funcionaria fue la causante del accidente, dicho representante denegó el pago.
¿Creen ustedes que es justo que el Estado alemán pueda demandar a Mutua Madrileña en Alemania cuando el accidente que causó los daños tuvo lugar en España, donde se encontraba la víctima y el dañante?
Pues el Abogado General dice que eso es lo que resulta del Derecho Europeo aplicable a pesar de que acepta que
"el Reglamento (UE) n.º 1215/2012 busca proteger a la parte más débil en litigios de seguros. Esto es claro cuando se trata de la víctima de un accidente contra la aseguradora, pero se complica cuando un empleador se subroga en los derechos de la víctima".
Siendo un foro excepcional - el del demandante - ¿tiene sentido derogar el foro general - el del demandado o el del lugar del accidente o el del lugar de celebración del contrato de seguro etc - cuando el demandante no es el propio asegurado o la víctima - en los seguros de responsabilidad civil?
La lucha contra la meritocracia de la izquierda española
¿Cuántos funcionarios de la alta dirección han dimitido en los últimos seis años? El ingeniero Barriga tiene razón: hemos dejado a la política tomar las decisiones técnicas (¿recuerdan los progresistas españoles el desprestigio de la meritocracia?. EL PAÍS ha lanzado en los últimos años una auténtica campaña contra la meritocracia alabando a Sandel sin más finalidad que justificar la presencia de gente sin conocimientos, formación y experiencia en cargos públicos que requieren expertise. Pero esto viene desde Zapatero. Cualquier día nos encontramos con que nos opera alguien que aprobó la mitad de las asignaturas de Medicina en sexta convocatoria. ¿Saben que en la Administración general del Estado hay 14 directores generales que no son funcionarios? ¿Qué conocimientos, formación y experiencia tienen los miembros de los gabinetes de los ministros y de los secretarios de Estado? A pesar del Covid, ¿cuántos expertos en gestión de pandemias hay ahora en el ministerio de Sanidad? ¿Y las políticas feministas que siguen pidiendo el 50 % 'en todo' (lo bueno)? También eso deteriora la meritocracia.
El resultado ha sido lo del barranco del Poyo. ¿Alguien nos explicará 'por lo menuito' qué hicieron los funcionarios de la AEMET y los de la Confederación Hidrográfica del Júcar? ¿Insistieron ante los políticos? ¿Dimitirán Mazón y Sánchez/Marlasca?
Dice Barriga:
Sí, el arroyo del Poyo, también conocido como barranco del Poyo, ha sido cartografiado en los mapas de peligrosidad y riesgo de inundación elaborados por la Confederación Hidrográfica del Júcar. Estos mapas forman parte del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables y están disponibles para consulta pública. Cualquiera puede acceder a ellos a través del visor cartográfico del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Se supone que sus funcionarios habrán trasladado la necesidad de los deslindes y eliminación de zonas urbanas y edificaciones. No debería haber nada allí. Y si lo hay será porque estaban antes de las delimitaciones y no se las ha llevado el agua, lo que nos obliga a actuar sobre los cauces.
Además, tienen perfecto conocimiento de las obras necesarias para encauzamientos y retenciones y laminación de avenidas, planificadas hace años y pendientes de asignación presupuestaria para su construcción.
De igual manera, tenemos los medios para detectar las tormentas y los canales informativos suficientes para, una vez analizados los datos en tiempo real, y consultables en abierto en los Sistemas Automáticos de Información Hidrológica (SAIH) de cuencas, poder avisar con antelación.
... ¿Por qué no se ha hecho todo esto y ahora lamentamos miles de víctimas y cuantiosos gastos? En mi opinión, hay una dejación de contrapoder de la función pública respecto a los políticos, que son los que destinan dinero a unas necesidades u otras con los presupuestos que aprueban anualmente.
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Matt Levine contra el juez O'Connor sobre ESG
La inversión en medio ambiente, social y gobierno corporativo (ESG, por sus siglas en inglés) es bastante controvertida ahora, con muchos críticos conservadores. Y así, naturalmente, se le pidió al juez O'Connor que declarara que es una violación del deber fiduciario que un gestor de inversiones considere los factores ESG al tomar decisiones de inversión, y el viernes pasado lo hizo. Esta es la sentencia.
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